Encabeza Sonigas en Chilpancingo la lista de gaseras con más quejas, informa la Profeco

En Chilpancingo, la empresa repartidora de Gas Licuado de Petróleo (LP) Sonigas, es la que más denuncias tiene de usuarios por cobros indebidos, mal servicio y cilindros incompletos, informó el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Saúl Montúfar Mendoza.
Ayer por la mañana y parte de la tarde se llevó a cabo un operativo para revisar las camionetas expendedoras de cilindros de gas LP, en el que se inmovilizaron 40 de ellos por encontrarse dañados y tener menos litros de los que deberían.
La operación, encabezada por el delegado estatal, se aplicó en varios puntos de la ciudad, en su mayoría colonias alejadas del centro como la Margarita Viguri y Vicente Lombardo Toledano, en las que se detuvo a dos camionetas de Sonigas y una de Gas Mundial por traer cilindros en mal estado.
El funcionario estatal detalló que fueron inmovilizados 19 cilindros que no tenían la cantidad exacta de litros, mientras que los demás no cumplían con las normas de seguridad.
Parte de la operación fue revisar las camionetas para descartar que tuvieran equipo para “ordeñar” los tanques, así como verificar que los precisos estuvieran exhibidos.
Montúfar Mendoza invitó a los consumidores a que revisen los cilindros que aceptan de las camionetas, ya que deben de verificar la base, así como las etiquetas de seguridad que llevan y de no cumplir con estas normas no los deben de aceptar.
Reconoció que en algunos casos a los tanques de gas en la parte de abajo le colocan algunas adaptaciones para que tengan más peso y de esta forma se simule que cuenta con el líquido completo.
Comentó que en la capital continuarán los operativos y se visitarán incluso las despachadoras que se dedican a llenar los tanques que lleva el consumidor, ya que deben de contar con los precios exhibidos y extender recibos a los clientes, además de las normas de seguridad para los trabajadores, por lo que se invitará a la Secretaría de Protección Civil del estado.

 

Detectó la Unicef cobros indebidos y dobles actas en el Registro Civil, dice la coordinadora

Representantes de la Oficina Nacional de Protección a la Infancia de Unicef en México se reunieron en privado con la coordinadora técnica del Sistema Estatal de Registro Civil, María Inés Huerta Pegueros, para informarle de irregularidades de oficiales de esa dependencia en Guerrero, que cobran y generan un doble registro a ciudadanos con doble nacionalidad.
Este martes en la oficina de la coordinadora, en el edificio Juan N. Álvarez del centro de Chilpancingo, se le informó a la funcionaria sobre esta irregularidad.
Consultada al concluir el encuentro, la funcionaria explicó que el representante de Unicef en México, Leonardo Mier, le expuso los datos y denuncias de que en Guerrero los oficiales del Registro Civil están haciendo cobros indebidos y desacreditando el programa Soy México, que está diseñado para mexicanos repatriados en el que se inscribe la doble nacionalidad, a quienes se les apoya con la traducción del acta y se hace el trabajo en coordinación con el Registro Nacional de Población (Renapo).
“Nos informaron que se está creando un problema muy grave… porque los oficiales generan un doble registro”, dijo.
Agregó que no se resuelve la situación cuando un oficial los vuele a registrar, sino que se complica, porque no entregan sus documentos de manera legal sin crear un nuevo documento.
Señaló que la sede en México de la Unicef detectó que en las oficialías, además, se les está cobrando 4 mil pesos por un trámite que es gratuito, argumentando que es para agilizarlo.
Se le preguntó en qué regiones han detectado esta irregularidad, pero la funcionaria sólo dijo que no se entró en este detalle, sin embargo adelantó que solicitará a los alcaldes de los 81 municipios que revisen esta anomalía.
Recordó que su dependencia aún no cuenta con la independencia para coordinar y vigilar a sus oficiales, ya que dependen de los gobierno municipales, por lo que reiteró su interés en que se vuelva un ente autónomo.
También señaló que se detectó que en ninguno de los municipios se está entregando el registro de recién nacidos de manera gratuita, inclusive se tiene fijadas cuotas que no deberían cobrarse.
Abundó que en la reunión también se planteó que a la Unicef apoyará con equipo de cómputo a la dependencia estatal para mejorar la atención a la ciudadanía infantil, en los próximos días. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Acusan a maestra de Odontología de la UAG de hostigamiento y de cobros indebidos

 

 Estudiantes y directivos exigen que Lourdes Muñúzuri sea sustituida por una interina

 Estudiantes y directivos de la Unidad Académica de Odontología de la UAG, denunciaron públicamente el supuesto hostigamiento que lleva a cabo la maestra Hilda Lourdes Muñúzuri Arana en contra de estudiantes.

La maestra también es acusada de irregularidades, al cobrar el año pasado 12 mil 250 pesos por un curso a estudiantes reprobados.

Los estudiantes inconformes estuvieron acompañados por el director del plantel, Alejandro Vélez Flores, además de maestros y personal directivo que les manifestaron su respaldo, brindaron una conferencia de prensa en el restaurante 100 por ciento Natural.

La jefa del salón 802, Rosario Longares Serna, informó que la maestra titular de la materia de odontopediatría los amaga constantemente con reprobarlos e incluso como responsable de una materia de titulación prolongar su estadía en la escuela. Por todo esto se perdió el respeto en la relación de alumno-maestro.

La estudiante precisó que la profesora se comporta de manera “grosera y altanera”, además “nos ha amagado con reprobarnos cuando nos imparta la materia de ergonomía y la materia para titulación”. Ante este panorama la mayoría de los alumnos de cuarto año de odontología exigen que ya no sean instruidos por Muñúzuri Arana.

Comentó que ante el disgusto de los estudiantes, ahora María Esther Adame es la maestra interina y que 60 de 75 alumnos prefieren recibir clases de la nueva maestra, que de la titular.

Rosario Longares también criticó la apatía de los representantes universitarios de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerenses, a quienes les pidieron su apoyo y un representante –de quien omitió su nombre– se comprometió a dialogar con la dirección, pero “por cuestiones de grupos políticos” no hizo llegar la inconformidad a la Comisión Mixta o al rector Nelson Valle López.

Aseguró que el interés de denunciar públicamente la irregularidad, es para “detener el hostigamiento”, y consideró que están rezagados los procedimientos en el departamento jurídico de la universidad e incluso en la Coordinación Regional de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, ya que su demanda ha sido infructuosa; ante ello preguntó “¿entonces quién nos va a defender como estudiantes?”.

La jefa del grupo 801, Wendy Escobar Suástegui, mostró un informal recibo signado el 1° de julio de 2003 por la maestra impugnada, que recibió 10 mil pesos por el cobro de un curso de Clínica II. La representante estudiantil precisó que después le entregaron 2 mil 250 pesos, porque algunos alumnos faltaron de pagar.

En tanto, el director del plantel mostró un documento en donde sólo autorizó que se abriera el curso, porque no se cumplió con todo el programa de estudio, pero recientemente fue informado del pago de los 12 mil 250 pesos que recibió la docente.

Alejandro Veléz aseguró que la maestra impugnada es una buena académica, pero el conflicto con los estudiantes se debe a la álgida relación personal que existe. Informó que la dirección signó un acuerdo para la incursión de la maestra interina, y garantizarle a Muñúzuri Arana el pago íntegro de las horas de clases, debido a la intervención del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG.

El director de la escuela reconoció que “los alumnos son amagados con la reprobación”, y reiteró que los alumnos son apoyados por el personal directivo de la unidad académica.