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Reanudan labores hoy trabajadores de la CEEAV tras acordar que no les reducirán salarios

Los trabajadores de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) que pararon labores el 5 de julio pasado porque su salario se redujo 30 por ciento, se reunieron con el comisionado, Luis Camacho Mancilla, con quien acordaron que se reestablecerá su quincena, y a partir de hoy reanudarán las actividades.
Una comisión de los inconformes acudió a la CEEAV, ubicada en la colonia Burócratas al sur de Chilpancingo, donde se reunió en privado a la 1 de la tarde con autoridades. En declaraciones luego del encuentro, el asesor jurídico en la región Acapulco, Rodrigo Reyes Rodríguez, informó que, a partir de la primera quincena de julio se pagará a los trabajadores el mismo salario de antes de la reducción, para que también se retomen las labores en seis de las siete oficinas en el estado donde protestaron.
Señaló que, durante la reunión Camacho Mancilla se condujo a los inconformes con “trato amable”, y les explicó que el problema de la CEEAV es que opera con los recursos del año pasado, para éste no se tomó en cuenta que se debía mantener el pago de los trabajadores, es decir, se trata de una situación presupuestal en la que se harán las gestiones pertinentes para evitar que persista.
Si se toma en cuenta el gasto corriente de la comisión, ésta cuenta con 11 millones de pesos para operar, pero necesita 25 millones para mantener sus necesidades y los salarios de los trabajadores de manera anual.
Reyes Rodríguez informó que por el paro laboral se suspendieron las audiencias programadas en las oficinas de la CEEAV el jueves, viernes, sábado y lunes pasados; así como las asesorías jurídicas en el Ministerio Público que es donde inicia el acompañamiento a las víctimas y las audiencias de ejecución de sentencia en los juzgados donde se desahogan las demandas de los sentenciados que piden salir de prisión, entre otras actividades que son indispensables para el funcionamiento de la comisión. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Paran trabajadores de seis de las siete oficinas de la CEEAV; les redujeron sus salarios 30%

Karla Galarce Sosa

Trabajadores de seis de las siete oficinas de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) pararon labores ayer para denunciar que su sueldo se redujo 30 por ciento desde enero, y exigieron que se contrate más personal para que disminuya su carga de trabajo.
Pidieron al comisionado Luis Camacho Mancilla y al gobernador Héctor Astudillo Flores la homologación de salarios con los ministerios y defensores públicos, el pago de un bono de riesgo, las prerrogativas constitucionales en materia laboral como seguridad social, atención médica y acceso a créditos para la vivienda, y la contratación de más asesores porque es “humanamente imposible” atender a las víctimas de todo el estado y los 250 casos que aumentan en promedio cada mes en la entidad.
Mencionaron casos emblemáticos que los asesores jurídicos atienden como el del enfrentamiento entre civiles armados en La Concepción, ocurrido en enero, así como el seguimiento psicológico a las víctimas desplazadas de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, la atención y acompañamiento a integrantes de colectivos de víctimas de personas desaparecidas, así como la muerte de 28 reos en la cárcel de Las Cruces de Acapulco en julio del año pasado.

Violan la ley ante la imposibilidad de atender todos los casos

“Estamos violando los derechos de las víctimas porque no se les atiende como establece la ley”, reconocieron ante la imposibilidad de atender cada uno de los casos, a pesar de que las leyes lo exigen y las víctimas y sus familiares lo demandan.
“A nosotros nos toca el papel de refutar o acusar a los imputados y tenemos contacto directo con ellos en las audiencias, por lo tanto corremos un riesgo inminente porque nos reconocen como parte contraria del asunto que nosotros llevamos a cabo desde la etapa de investigación hasta la del juicio oral”, expuso Rodrigo Reyes, asesor jurídico que habló del oficio que entregaron el 2 de marzo, cuando luego de que no les habían pagado los dos primeros meses del año les pagaron 30 por ciento menos.
Precisaron que las coordinaciones que mantendrán el paro, además de la del puerto de Acapulco que atiende además a los municipios de Coyuca de Benítez y San Marcos, se ubican en Ometepec, sede de la región Costa Chica; en Zihuatanejo, sede de la Costa Grande; Iguala de la región Norte; Coyuca de Catalán de Tierra Caliente y Tlapa, de la región La Montaña.
Los siete trabajadores de Acapulco se quejaron de que el organismo despidió a 18 abogados en marzo y a unos 35 que quedaron en las oficinas de las distintas regiones se les redujo el sueldo a 5 mil pesos quincenales, sin derecho a viáticos ni prestaciones. Precisaron que aunque en el paro no participaron los trabajadores de la capital, sede de la CEEAV, se suman a las demandas.
El coordinador regional en Acapulco, el asesor jurídico Esteban Romero López explicó que el antecedente a la reducción de sus salarios ocurrió luego de que hubo recorte de personal en todas las regiones, lo que ocasionó un aumento en la carga de trabajo.
“Nos hicieron la promesa de que para enero de este año se reincorporaría el personal, porque había problemas presupuestales y por lo tanto no había suficiente dinero para pagar a todos los trabajadores.
En enero debían volver sus compañeros a trabajar y eso no ocurrió.
“Exigimos prerrogativas que por derecho nos corresponden como la seguridad social, porque ningún trabajador tiene Seguro, no se tienen créditos de ningún tipo ni para acceso a vivienda, no se tiene ningún tipo de seguro de vida. No se ha resuelto ninguna de esas peticiones que hicimos formalmente en marzo de este año”, reclamó Romero López.
Comentaron que al existir una alta carga de trabajo sus ingresos son insuficientes para cubrir necesidades básicas como vestido, alimento, esparcimiento y otras como la movilidad, vital para el desempeño de sus actividades laborales, pues se deben trasladar entre juzgados.
“Siete asesores jurídicos que somos no alcanzan para las 16 agencias del Ministerio Público, el Juzgado de Control, el Juzgado de Ejecución, la Sala Penal, de los que se derivan un mínimo de cuatro audiencias por día para cada asesor. Existen reclamos e inconformidad por parte de las víctimas, pero es imposible atenderlos a todos si tomamos en cuenta de que cada mes tenemos de 250 a 300 carpetas de investigación que se suman y por cada asesor de hasta mil carpetas acumuladas”, indicó Esteban Romero.
El salario es una parte del reclamo, aclaró, e indicó que las demandas incluyen la contratación de más personal operativo y administrativo, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, y no se contratan nuevos.
También en Zihuatanejo las trabajadoras se sumaron al paro laboral y a exigir que se les homologue su salario, el cual les fue disminuido desde enero de este año. (Con información de Brenda Escobar).