Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia exigieron ayer que el gobierno federal obligue a declarar a 300 militares que participaron en la desaparición, tortura y asesinato en esa época, y que han sido identificados por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
También insistieron en la inmediata exhumación de ocho cuerpos de víctimas ubicados en fosas clandestinas en Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, porque la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, les dijeron que se haría después de la temporada de lluvias y de cosecha, porque fueron localizadas en campos de maíz.
Ayer al mediodía en conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Reporteros de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, 20 integrantes de las organizaciones que conforman la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia exigieron a los tres órdenes de gobierno la inmediata exhumación de ocho víctimas ya identificadas en fosas clandestinas.
La dirigente de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Estela Arroyo Castro, dijo que los ocho hombres fueron torturados y asesinados en gobiernos priistas de 1967 a 1974, que están en fosas clandestinas ya ubicadas, por ello, a este gobierno de Morena le exigen que los exhume.
Las hijas e hijos de cinco víctimas narraron que el 20 de diciembre de 1967 en la comunidad Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso, los militares asesinaron a Francisco Rojas Nazario y a su hijo de 14 años, Pablo Rojas Terán; a Gervasio Bernardino Durán, Eduviges Ovillada Ortiz y Bartolo Rojas Nazario, quienes fueron enterrados en una fosa clandestina.
Una de las familiares, Antolina Rojas Bernardino narró que cuando tenía 10 años su padre Bartolo Rojas Nazario fue asesinado, al igual que su primo y tío, Francisco Rojas y Pablo Rojas.
“Yo sin saber iba corriendo con él, y las balas pasaban por mis pies, en una casa se refugió, y me dijo, hija ve por tu mamá, que venga con las mujeres para que nos ayuden a salir. Estaba hirviendo de puros soldados verdes y mi papá me dijo que en la casa de Francisco quedó un arma para que nos podamos defender, y yo fui, pero los soldados me amenazaron que me iban a matar y yo le dije a mi papá que no vi nada”, contó.
Su padre también fue asesinado, y aseguró que en Los Espadines las propias mujeres, niñas y niños los sepultaron, “yo me acuerdo porque yo también ayudé a cavar tierra… los soldados nos obligaron a cavar y enterrarlos en una fosa clandestina porque si no nos iban a matar”.
Fidencio Bernardino Hernández, hijo de Gervasio Bernardino Durán relató que su padre fue masacrado en Los Espadines, pero ya fue localizada la fosa clandestina el pasado 16 de junio, durante una búsqueda junto a representantes de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
También Bartolo Hernández Rojas contó que su padre Apolonio Hernández Bernandino fue masacrado, golpeado, mancillado y torturado por el Ejército en la sierra de Guerrero en 1971 junto a su tío, José Isabel Rojas Bernardino, ambos fueron enterrados en una fosa clandestina en el Cerro de las Desdichas, en el municipio de Ajuchitlán el Progreso.
Carlos González Márquez contó que otra víctima fue José Santos González Rojas, detenido el 19 de noviembre de 1974, torturado y asesinado por los militares en la comunidad Las Juntas, pero su cuerpo fue enterrado en una fosa clandestina en el Cerrito del Águila, en el municipio de San Miguel Totolapan.
El asesor jurídico y representante del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano comentó que el 16 de junio se realizó el recorrido de inspección y reconocimiento en el lugar de los hechos por parte de la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Lamentó que las autoridades respondieron a los familiares de las víctimas que las exhumaciones se van a realizar probablemente después de la temporada de lluvias, pero como es una zona de plantíos de maíz, también les comentaron que será después de que se coseche, y parece que “nunca lo piensan hacer”.
Comentó que la mayoría de los familiares son testigos presenciales de los terribles hechos cometidos por el Ejército y después de tantos años que se animaron a denunciar, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, continúa el pacto de impunidad entre el actual gobierno federal y el Ejército.
Sostuvo que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia creada por este gobierno, no ha hecho nada significativo, pero que recientemente les informaron que hay 300 nombres de militares que aún viven, y “que fueron criminales de ese periodo de la guerra sucia”.
Expuso que esos soldados tienen que ser citados a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), y en su caso, ante las tres carpetas de investigación que están abiertas en la Fiscalía General del Estado (FGE), referente a los hechos de las ocho víctimas, si esos militares coincidieron en ese tiempo y en ese lugar “automáticamente son probables responsables y se les tiene que citar a declarar”.
Insistió en que hay una simulación de investigación que con lleva a la impunidad, que no permitirán los familiares de las víctimas, también llamó a los integrantes de la Comisión a que salgan de sus oficinas y acompañen a las víctimas a exigir justicia.
Manifestó que mediante Micaela Cabañas, hija del maestro insurgente Lucio Cabañas, quien está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), solicitaron una reunión urgente con la presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, para pedir que la exhumación se realice lo más pronto posible.
Como representante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y como víctima de tortura por el Ejército, Arturo Miranda Ramírez comentó que a un año y medio de que concluya su periodo de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, “la paciencia se impacienta”, porque ya no se puede esperar más tiempo para tener justicia luego de que están muriendo muchos de los sobrevivientes de aquella época.
Afirmó que además, se dificultará más la búsqueda de los desaparecidos, por ello urgió que el gobierno actual no se convierta en una farsa al no llegar al fondo de la demanda de justicia, “nuestro temor es que mucha gente valiente que se ha atrevido a denunciar los casos de sus familiares y que nada más quede en promesas, nunca más tendrán confianza en ningún otro gobierno”.
Dijo que mientras no se esclarezcan los delitos cometidos en la guerra sucia, la honorabilidad del Ejército seguirá en entredicho, “quizá se vuelva a tener confianza”, y será en el momento en que contribuyan a llevar a juicio a esos responsables de todos los agravios.