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Comuneros de Cacahuatepec aprueban que la CFE continúe los estudios preliminares de La Parota

 

 En la asamblea, a la que asistieron unos 40 inconformes, no se pasó lista para verificar la asistencia de más del 50 por ciento más uno de los ejidatarios con derechos como marca la ley

 Karina Contreras Cacahuatepec

Campesinos de 22 pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec acordaron ayer por mayoría, en una asamblea ejidal que duró apenas 12 minutos, permitir que continúen los estudios preliminares de la presa hidroeléctrica La Parota.

La decisión se tomó a mano alzada, sin la presencia de uno de los grupos opositores al proyecto, con el aval de los alcaldes priístas de Chilpancingo y Tierra Colorada, y sin que se pasara lista para verificar la asistencia del 50 por ciento más uno de los campesinos con derechos, aunque fue evidente que había unos 2 mil participantes y no los 3 mil 640 requeridos conforme a la ley.

Unos 40 inconformes encabezados Mauro Gallegos Salgado advirtieron que impugnarán la asamblea, la calificaron “como amañada”, y culparon de la manipulación “a la CFE y a las autoridades”.

Aunque no pasaron lista para comprobar la asistencia a la asamblea, el presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, dijo que estaban presentes “aproximadamente 3 mil 640 comuneros”, es decir, el 50 por ciento más uno de los ejidatarios con derechos, con lo que la asamblea y sus acuerdos serían válidos. Sin embargo, los reporteros calcularon menos de 2 mil asistentes, y los agentes de Gobernación hablaban de mil 500.

Debido a que se preveía violencia entre los que apoyan la presa La Parota y los que se oponen, resguardaron la comunidad de Cacahuatepec alrededor de 300 policías motorizados, preventivos y comunitarios.

La asamblea acordada en Casa Guerrero el 15 de abril –según fuentes que estuvieron en esa reunión consultadas por este medio– duró exactamente 12 minutos; comenzó a las 12:30 y fue clausurada a las 12:42 por el presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio.

Lejos de las dos asambleas austeras del pasado, donde la CFE intentó que se aprobará el proyecto La Parota, ahora las autoridades ejidales y los funcionarios estuvieron en un templete de aproximadamente un metro y medio de alto por dos de ancho con toldo y un equipo de sonido de gran alcance.

En el presidium estuvieron las autoridades ejidales, encabezadas por Crecencio Jerónimo Aparicio; el subsecretario para Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Esaú Tapia Abarca; el delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrer; los alcaldes de Chilpancingo y Tierra Colorada, Saúl Alarcón Abarca e Ismael Ávila Romero.

Incluso, para dar legalidad a la asamblea estuvo el notario público Robespierre Robles, destacado miembro del PRI, y en el templete había funcionarios de la CFE.

A las 12:30 comenzó la asamblea ejidal con la intervención del presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, quien leyó la convocatoria y dijo que esa asamblea era “válida”, pues se veía la “multitud de mucha gente” y que el proyecto traerá bastantes beneficios.

Luego, sin pasar lista de asistencia ni verificar que hubiera quórum legal para la validez de la asamblea, el presidente sometió a votación el punto tres para permitir los estudios técnicos, socioeconómicos y estudios y construcción de una línea de transmisión de energía eléctrica de alta tensión de San Isidro Gallinero a La Canastilla.

“¿Están de acuerdo que se terminen los estudios preliminares del proyecto La Parota y que la CFE informe si es viable la construcción de la presa?”, preguntó el presidente, e inmediatamente levantaron la mano la mayoría de los comuneros, y Jerónimo Aparicio declaró la continuación de los estudios preliminares de la presa La Parota, en tan sólo cinco minutos de los 12 que duró la asamblea.

Agregó que los comuneros fueron a decidir la aprobación del proyecto, y no que unos cuantos que se oponen que determinen lo que la mayoría quiere.

Jerónimo Aparicio dijo que si la presa se llega a hacer deben apoyar a los compañeros afectados para que se les pague de acuerdo a lo que valen sus tierras, y que se les paguen directamente, sin la intervención de los líderes, para que nadie los engañe.

Y luego dijo a los asistentes: “ahí hay unas mesas para que pongan su nombre y esto se determine de manera transparente y la mayoría sea quien determine”.

Integrantes de uno de los grupos inconformes con el proyecto La Parota empezaron a gritar que los que estaban aceptando la continuación de los estudios eran “gente vendida y que ni siquiera eran comuneros”.

“No se está manejando transparente el comisariado, pues hay pura gente pagada”, “No se vale compañeros, esa asamble es ilegal”, “Vamos a impugnar”, fueron los gritos de los inconformes.

Ante esto, Crecencio Jerónimo Aparicio dijo: “Compañeros, por lo tanto siendo las 12 horas 42 minutos se clausura la asamblea y pasen a la lista de asistencia”.

Luego, las autoridades se levantaron para abandonar el templete, pero antes de hacerlo, el secretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca, y el presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, dieron sus opiniones sobre esa asamblea y coincidieron que fue legal. Aquí las respuestas textuales a las preguntas de los reporteros.

Es la voluntad del pueblo: subsecretario de Asuntos Agrarios

–Señor Esaú Tapia ¿se considera legal esta asamblea de cinco minutos donde se aprobó la continuación de los estudios de la presa La Parota?

–Bueno, la legalidad se la dio lo que ustedes vieron. Es la voluntada de todo el pueblo, hay quórum legal.

–¿Cuántos asistieron?

–Bueno, pues todo el pueblo. Ustedes lo vieron, todos los anexos aquí están.

–¿Cuántos exactamente tienen en el padrón registrados?

–Bueno, de acuerdo al reporte anunciado por los líderes y por los representantes de los Bienes Comunales hay más de 3 mil 700 gentes. Es el reporte, y ya nada más se pasa a firmas contra 40 gentes inconformes.

“Por eso se quiso que esto fuera muy transparente, debe quedar muy claro que la gente solamente venía a decidir si continúan los trabajos técnicos o no, y la gente decidió que sí se continúe con los trabajos, no se venía a acordar otra cosa.

“No es para aprobar o no la expropiación, sino es apenas es para retomar los trabajos técnicos para que la CFE pueda concluir sus estudios, para ver si es viable o no el proyecto.

“Es una asamblea madre, pues es la comunidad más grande de todos los núcleos agrarios por eso la importancia de la misma.

“Hubo convocatorias previas, y se lanzaron con diez días de anticipación, y se fijaron en todos los anexos.

“La asamblea es válida porque salta a la luz los más de 3 mil 700 gentes contra 40 inconformes, por lo que no hay discusión.

“No hay duda de que le mayoría de Cacahuatepec están de acuerdo en que se reanuden los estudios técnicos”.

–¿Hay resistencia de una fracción disidente?

–Para el gobierno del estado, como lo ha dicho el gobernador René Juárez Cisneros, es muy importante (La Parota), pero corresponde a la asamblea decidir y ya decidió.

“Desde luego el gobierno del estado coadyuvará y seguirá vigilando los pasos a seguir de aceptar, en otra asamblea similar, que hay viabilidad del proyecto.

“Se hará otra asamblea para la reunión cuando se determine la ocupación previa, la construcción de casas, todo lo que esté a favor de los campesinos, todos sus derechos serán respetados.

“El gobierno será garante de que en caso de que se logre este proyecto y de que se expropien las tierras, se les pague conforme a los avalúos previamente establecidos, que se reubiquen las casas para que venga el desarrollo a esta zona,                 porque urge.

–¿El gobierno mete las manos al fuego por la CFE?

–Nosotros metemos las manos al fuego por los campesinos, defendemos los derechos de los campesinos.

–¿Esta asamblea no crea sospechas, pues hubo una reunión privada el 15 de abril en Casa Guerrero con líderes priístas y que han denunciado …?

–Esa reunión fue la invitación para el gobierno del estado para que estuviéramos aquí, para eso fue.

–¿Esta asamblea no se negoció entonces en casa Guerrero?

–No, de ninguna manera, la reunión del 15 fue para que las autoridades invitaran al gobernador para que asistiera.

–¿Era válido que estuvieran líderes priístas y no los comuneros inconformes a La Parota en esa reunión tan importante?

–En esa reunión estuvieron las personas que yo señalé. Los líderes que estuvieron ahí son comuneros y fueron parte de la comisión que fue a invitar al gobernador y la comisión que está analizando la viabilidad del proyecto.

–¿Los inconformes puedan impugnar la asambles ante un Tribunal Agrario?

–Claro. Hay una formalidad previamente cumplida, y el derecho de impugnar está en la ley, pero hay una formalidad.

El gobierno va a dialogar con todos, y el siguiente paso es dialogar con los inconformes. El gobierno es coadyuvante, mediador, pero quien decide si se hace el proyecto o no es la comunidad.

Los que estaban era un aproximado: Crecencio Jerónimo

–Comisariado Crecencio Jerónimo, ¿cómo se tomó en cuenta que había mayoría en la asamblea?, pues aunque levantaron la mano la mayoría de los presentes cómo saber si eran el 50 más uno como lo marca la ley ejidal.

–Nosotros, a través de los comisarios municipales de los lugares de los anexos, porque cada uno trajo un número determinado de gente.

–¿Se comprobó que esa gente llegó?

–Por eso hicimos una reunión previa para ver si iban a venir.

–¿Cuántos comuneros asistieron a la asamblea?

–A través de los comisarios o líderes, la lista es de 3 mil 640 comuneros. Hay unos que apenas están llegando.

–¿Quiere decir que cuando se aprobó la continuación de los estudios no estaban los 3 mil 640 que necesitaban?

–Eran aproximadamente, pero se contaba con los resultados (listas comprometidas en una reunión previa) de los comisarios.

–Comisario, ¿le dio dinero la CFE?

–No, de ninguna manera. La asamblea no es para construir la presa, por lo tanto no es un hecho que se va hacer.

Anuncian comuneros que se oponen a La Parota que no permitirán el paso a la CFE

Denuncian que la asamblea donde se aprobaron los estudios preliminares fue “arreglada e ilegal”. Continuarán con el plantón en defensa de las tierras. Atraen a los campesinos con dinero, asegura el asesor jurídico

Los comuneros que se oponen al proyecto hidroeléctrico de La Parota aseguraron que no permitirán el acceso a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –a pesar de que otros comuneros ya aprobaron a la comisión hacer los estudios preliminares de la obra–, porque el primer paso de la construcción del proyecto se decidió “en una asamblea arreglada e ilegal”.

Los campesinos inconformes se reunieron desde las 10 de la mañana en La Tolva, sitio donde el 28 de julio de 2003 se plantaron para impedir el acceso a los empleados de la CFE, y cumplieron con el anuncio de no acudir a la reunión en Casa Guerrero acordada con los comuneros.

A las dos y media de la tarde, los más de 150 inconformes encabezados por su asesor jurídico, Virgilio Ávila Vázquez, esperaban noticias e informes de los campesinos de su grupo, que acudieron a la asamblea ejidal en la comunidad de Cacahuatepec.

Los campesinos, con machete en mano e inquietos, se acercaban a reporteros para preguntar los resultados de la reunión ejidal definitiva para rechazar o aprobar el proyecto hidroeléctrico.

De esta manera, Ávila Vázquez reiteró que a pesar de haberse aprobado los estudios preliminares del proyecto, no permitirán el acceso a los empleados de la CFE y continuarán con el plantón en defensa de las tierras.

Con un gesto de reprobación, aseguró que “ya esperábamos estos resultados”, al acusar que semanas antes se había comprado el voto de los campesinos, aunque reconoció que no tenían pruebas fehacientes de la acusación.

Pero mencionó como ejemplo del arreglo previo de la asamblea, el hecho de que la convocatoria en algunas comisarías llegó dos días antes de la misma, y además “se repartió dinero a las personas”, incluso “se pagó unos mil pesos a cada camión” para transportar a los comuneros.

Resumió que las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal son los responsables del arreglo y “la manera amañada” de la reunión, por eso “vamos a impugnar a una asamblea ilegal”, porque “se aprovechó el dinero para comprar a la gente”, y aseguró que con esto la CFE violó los derechos humanos de los campesinos.

La inconformidad aumentó porque la paraestatal no se esforzó por un diálogo directo con los inconformes, “sólo se dedicó a atraer campesinos con dinero”, aseguró Virgilio Ávila.

Sin obtener la información detallada de la asamblea, el asesor jurídico anunció que los inconformes analizarán el asunto en una reunión masiva que espera se celebre en estos días, y que a partir de eso decidirán las acciones para manifestar su inconformidad.

En tanto, la campesina Crescencia Mendoza Inés, expresó: “Vamos a defender nuestras tierras y el agua, yo nací y crecí en este lugar y ahora nos quieren quitar nuestras parcelas y el agua se va a terminar, así que a la chingada, no queremos nada de estudios ni proyecto”.

A partir de la una y media de la tarde los inconformes gritaron “¡vaqueros!”, “¡vendidos!” y “¡hambrientos!” al contingente de jornaleros, funcionarios, policías judiciales y preventivos que asistieron a la asamblea ejidal y que forzosamente tuvieron que regresar por el único camino rastrillado para la comunidad central de esa región, Agua Caliente.

En tanto, un muñeco, simulando a un empleado de la CFE, por el color del uniforme y un casco protector, colgaba de una parota que desde el año pasado da sombra a los campesinos inconformes en plantón.

Solicitan policía para la asamblea de comuneros sobre La Parota

Este domingo podría decidirse el futuro del proyecto

 Karina Contreras

Este domingo 25 de abril, se llevará a cabo la asamblea ejidal para tratar el futuro del proyecto hidroeléctrico La Parota que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende construir en tierras guerrerenses. La asamblea ejidal está programada para las 10 de la mañana en la comisaría de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. En previsión de que pudiera haber hechos violentos, por la presencia de grupos con posiciones diferentes al proyecto, las autoridades ejidales solicitaron resguardo policiaco.

Está será la tercera asamblea ejidal para tratar de legitimar el proyecto La Parota, luego de que el 28 de julio fueron suspendidos los estudios preliminares por comuneros inconformes con la construcción de la presa. Las última asamblea terminó enmedio de golpes, entre los que apoyan el proyecto y los que lo rechazan.

Debido a esto, las autoridades ejidales han pedido el resguardo policiaco, lo cual fue confirmado por el director de la Policía Preventiva, Roberto Abizaid Gracían, quien dijo que estarán el domingo en la asamblea para dar la seguridad.

El funcionario municipal manifestó que todavía desconoce cuántos policías acudirán a Cacahuatepec, pero que lo harán en coordinación con la policía estatal.

La asamblea, según fuentes consultadas por este medio, fue acordada en una reunión efectuada el jueves 15 de abril, en la residencia oficial Casa Guerrero, a la cual asistieron el gobernador René Juárez Cisneros; el representante de la CFE para el proyecto La Parota, Eugenio Laris Alanís; el alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas; el secretario de Gobierno, Luis León Aponte; el comisario de Bienes Comunales, Crecencio Jerónimo Aparicio, así como dirigentes priístas, pero ninguno de los grupos inconformes con la presa.

De acuerdo con la opinión, de algunos que estuvieron en esa reunión, los participantes coincidieron que el futuro del ambicioso proyecto depende de la asamblea de mañana, donde se espera la presencia de 4 mil de los 7 mil 200 comuneros empadronados con lo cual se pretende lograr la aprobación, por el voto del 50 más uno, que exige la ley ejidal.

También se informó que esa asamblea será el último intento para lograr la aceptación del proyecto, pues de lo contrario quedara cancelado, pero si hay un consenso,                 se legitimará y la CFE podrá entrar sin problemas a las tierras de los campesinos y no habrá reversa en la decisión.

El grupo inconforme de Gumersindo Joaquín Prudencio dijo que no asistirán a la asamblea ejidal, pues manifestaron que es ilegal y advirtieron que no van a pasar por encima de ellos.

Rechazan comuneros de Zapotitlán el acuerdo sobre el conflicto con Acatepec

 

 La Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria nunca consultaron a los pobladores para aprobarlo, acusó uno de los afectados. Pedirán la intervención del gobernador para poner orden “o lo pondremos nosotros”

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

Comuneros del municipio de Zapotitlán Tablas desconocieron ayer el convenio que firmaron con la Secretaría de la Reforma Agraria y la  Procuraduría Agraria, con el cual se “solucionaba” el conflicto agrario con Acatepec porque “nunca consultaron al pueblo para aprobarlo”.

Asimismo pidieron al gobernador René Juárez Cisneros que intervenga para poner orden, de lo contrario “lo vamos a poner nosotros”.

En conferencia de prensa, uno de los comuneros afectados, Manuel Paulino Ortega, expusó que en Zapotitlán Tablas se viven “serios de problemas”, tanto de índole social como agrario, pero “son estos últimos los que nos preocupan porque se ha incrementado el descontento entre los comuneros”.

Paulino Ortega recordó que el 21 de enero, el gobernador acudió a la comunidad de Ixtlahuazaca –en Zapotitlán Tablas– y aseguró que el conflicto agrario entre éste y Acatepec “estaba resuelto”, de ahí que de las mil 838 hectáreas en disputa 60 por ciento “nos corresponderían nosotros y 40 por ciento a Acatepec”, según el convenio del 10 de diciembre de 2003.

A partir de esa “afirmación” –según Paulino Ortega– entre los comuneros se generó “un gran descontento”, primero porque “la mayoría desconocemos los acuerdos que se firmaron el 10 de diciembre” con la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria; segundo porque “sólo el comisario de Bienes Comunales, Vicente Espinobarros Candia, fue quien firmó ese documento.

Pero “lo que provocó mayor descontento con ese convenio” –indicó– es que “nunca consultaron al pueblo para aprobarlo, es más nuestro representante de Bienes comunales ni siquiera nos dijo que vendría el gobernador”.

Paulino Ortega indicó que a causa de la inconformidad, el 3 de marzo se reunieron los comuneros y pidieron una explicación al comisariado de Bienes Comunales, Vicente Espinobarros, “quien sólo dio un informe de las obras sociales que prometieron dar al municipio a cambio de ceder el territorio, pero esto nos molestó tanto que lo desconocimos y nombramos otro comisariado: Rodrigo Rivera Avila”.

Paulino Ortega aseguró que los comuneros también acordaron “desconocer el convenio y pedir al gobierno del estado que se eche abajo, porque no estamos de acuerdo en que a Acatepec le den 40 por ciento de las mil 838 hectáreas en disputa y a nosotros 60 por ciento, nosotros queremos 100 por ciento porque así lo señala el plano Virreinal         de 1933”.

Dijo que en Zapotitlán Tablas está “el ambiente tenso, sobre todo porque los de Acatepec efectúan el convenio haciendo los deslindes, pero nosotros no vamos a tolerar eso, y le pedimos al gobernador del estado que intervenga para poner orden porque si no lo vamos a poner nosotros, y lo responsabilizamos de los hechos violentos que puedan suscitarse entre los municipios”.

También responsabilizó a la Procuraduría Agraria porque         “no quieren reconocer” a sus nuevas autoridades comunales, y “junto con la Secretaría de la Reforma Agraria nos ponen trabas, incluso uno de los comisionados de la dependencia –Juan Gática– nos dijo que no hay vuelta de hoja porque a quienes firmaron se les dio buen dinero, y nos amenazó que si no aceptábamos ya no iba a haber obras para este municipio”.

Pero “el foco rojo continúa” en Zapotitlán Tablas señaló, y advirtió que “aumenta” a tal grado que comuneros de 33 comunidades de esa localidad “quieren quemar al ex comisariado, y otros quieren subir a Acatepec para defender sus tierras”.

Informa López Rosas de una reunión con el gobernador y con inconformes

Hay avances en las pláticas, dice el alcalde

 Durante el encuentro, en Casa Guerrero, también estuvieron representantes de la CFE

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

El alcalde Alberto López Rosas se reunió ayer con el gobernador Rene Juárez, con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y con los comuneros inconformes con la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota.

El encuentro se llevó a cabo en Casa Guerrero al mediodía. Entrevistado al salir de dicha reunión, López Rosas informó que hay avances en las pláticas y que es muy posible que la obra ya comience.

Indicó que el encuentro de ayer “fue más que nada informativo por parte de la CFE, y de la asamblea de comuneros que habrá de celebrarse próximamente”.

Dijo que hay avances para armonizar los intereses entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, de tal manera que este proyecto pueda salir sin contratiempos y sin afectar a nadie de manera arbitraria”.

En estas condiciones –señaló– es posible que el proyecto prospere; “creo que tenemos que afrontar los retos del futuro, tenemos que tomar decisiones y ojalá que haya esa conciencia en los que viven en el medio rural, yo estoy convencido que el beneficio se ha tardado en llegar a las comunidades rurales y si no se asumen decisiones audaces van a seguir atados a un pasado que ya debemos superar”.

En otro orden, el alcalde indicó que los planteamientos del ayuntamiento ante el gobierno estatal se encuentran suspendidos, sobre todo en cuanto se refiere al rubro de obras, a pesar de que avanzaron las demandas que se plantearon en conjunto con la coordinadora de alcaldes perredistas.

“Pero yo voy a insistir para que destrabemos los asuntos que tenemos pendientes en Acapulco”. Agregó que, por ejemplo, se debe definir la inversión de 200 millones de pesos para ese municipio al no haberse construido el segundo piso de la Costera, como estaba planeado, así como la aportación de 10 millones de pesos del gobierno del estado para el rastro.

Otro asunto pendiente –dijo– es concretar la transferencia de la Administradora de Playas, pues el acuerdo era para enero.

Indicó que por estos “y muchos asuntos más” está interesado en una reunión con el gobernador.

Descartan que comuneros de Acatepec y Zapotitlán incumplan convenios

 

 Las partes inconformes siguen con reuniones en el Tribunal Unitario Agrario, donde se homologó el pacto, informó el subsecretario de Asuntos Agrarios del estado, Esaú Tapia

 El subsecretario de Asuntos Agrarios del estado, Esaú Tapia Abarca, descartó que haya riesgo de que no se cumpla el convenio firmado por comuneros de Zapotitlán Tablas y Acatepec, para resolver el conflicto agrario por la posesión de las mil 700 hectáreas de tierras comunales.

Ello porque –aseguró– las dos partes se siguen reuniendo y los conflictos que han surgido entre habitantes de Zapotitlán Tablas son propios de ese municipio y no tienen que ver con el ámbito comunal.

Informó que los dos grupos se reunieron el martes pasado en el Tribunal Unitario Agrario, donde se “homologó este convenio que ya es cosa juzgada”.

El conflicto resurgió luego de que la semana pasada, el alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Moso Porfirio, acompañó a comisarios a la Procuraduría Agraria, donde informó que habitantes de 30 pueblos habían desconocido a sus autoridades comunales por sospechas de que actuaron de manera irregular en la firma del convenio con las autoridades comunales de Acatepec, promovido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el gobierno estatal

Al respecto, Tapia Abarca dijo que desconoce si se cometieron irregularidades; existe un programa nacional de conciliación agraria y en éste se solucionan los conflictos a través de contraprestaciones que pueden ser económicas, proyectos productivos y otros apoyos como tractores, pero eso es institucional, dijo.

“No creo que hayan irregularidades, yo he estado cerca y no he visto que las autoridades comunales hayan actuado así”, aseguró el funcionario.

Indicó que oficialmente no tiene información sobre la destitución de los representantes comunales porque quien regula esa situación es la Ley Agraria, “y de acuerdo con la ley agraria debe efectuarse una asamblea previa para cumplir con el desconocimiento de los representantes comunales”.

Comuneros de Acatepec culpan a Mosso y al gobierno de que vuelva el conflicto agrario

* Promueve el alcalde de Zapotitlán desconocer el convenio, dicen;

 * Se pone en riesgo la ejecución del convenio del 10 de diciembre, promovido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el gobierno estatal, para resolver el conflicto por las mil 700 hectáreas comunales

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo *

El asesor jurídico y el comisionado de los Bienes Comunales de Acatepec, Reymundo Castro Aparicio y Demetrio Cayetano Santos, responsabilizaron al gobierno estatal y al alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Moso Porfirio de que pueda a reactivarse el conflicto agrario, luego de que el segundo encabeza el desconocimiento de las autoridades que firmaron el convenjio que daba fin a la disputa que comenzó a principios del siglo pasado.

La declaración de los representantes de Acatepec se da luego de que el lunes pasado comisarios municipales de 30 localidades de Zapotitlán Tablas encabezados por el alcalde Moso Porfirio, informaron que los campesinos desconocieron el convenio y a los representantes comunales que lo avalaron, en tanto que el director de Gobernación, Rey Hilario Serrano, admitió que hay riesgo de que se reavive el asunto.

La tarde del jueves, los representantes municipales y comunales de los 12 anexos de Acatepec se reunieron con sus similares de Zapotitlán Tablas, en el Tribunal Unitario Agrario, donde acordarían la ejecución de dicho convenio.

Pero Castro Aparicio y Cayetano Santos dijeron que en esa reunión los comuneros de Zapotitlán, encabezados por el comisionado Enedino Sánchez Villar, se negaron. “Él advirtió que no aceptarán el convenio y que el conflicto continúa”.

Castro Aparicio señaló que esto implica una negativa de comuneros de Zapotitlán, con lo que se pone en riesgo la ejecución del convenio del 10 de diciembre, promovido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el gobierno estatal, para resolver el conflicto por las mil 700 hectáreas comunales de los municipios de Acatepec y Zapotitlán Tablas.

En la reunión en el Tribunal Unitario Agrario asistió como representante de los comuneros de Zapotitlán Tablas, Vicente Espinobarros Candia, quien ya fue destituido por campesinos de las 30 localidades que pertenecen a los Bienes Comunales de Zapotitlán, acusado de incurrir en irregularidades al aceptar el convenio que soluciona el conflicto.

Pero el asesor de los comuneros de Acatepec, Castro Aparicio, dijo que para nosotros “legalmente él es presidente de Bienes Comunales, pues sigue reconocido por la Procuraduría Agraria”.

En dicha reunión no hubo acuerdos debido a que también acudió un representante del grupo inconforme con el convenio representado por Enedino Sánchez Villar, quien advirtió que no lo reconocen.

Castro Aparicio indicó que a pesar de las diferencias entre los comuneros de Zapotitlán, los de Acatepec reafirman su disposición de respetar dicho convenio y resolver el conflicto por la vía del diálogo.

Indicó que a pesar de que quienes más han perdido son los comuneros de Acatepec, pues han cedido tierras a los de Zapotitlán, pues el problema ya ha dejado medio centenar de muertos en los 90 años que lleva.

Castro Aparicio y el comisionado de los comuneros de Acatepec, Demetrio Cayetano Santos, responsabilizaron al gobierno estatal y al presidente municipal Silvino Moso Porfirio de fomentar la inconformidad en Zapotitlán.

Dijeron que el gobierno estatal –a través del director de Gobernación, Rey Hilario Serrano– “en vez de llamar a las partes para que sigan el diálogo y se resuelva de manera definitiva el conflicto, admite que existen riesgos de que una de las dos partes, este caso los de Zapotitlán, desconozcan el convenio y el conflicto continúe”.

Encuentro “casual” entre comuneros y propietarios en conflicto en Teloloapan

* Se reunirían en la Procuraduría Agraria

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Pequeños propietarios y comuneros de Teloloapan en conflicto por la posesión de mil 335 hectáreas, se encontraron casualmente ayer en la Procuraduría Agraria (PA), y mientras los primeros se reunieron con autoridades federales, estatales y municipales, los segundos no aceptaron dialogar con nadie porque esperaban al alcalde Modesto Brito González.

La reunión con los primeros estuvo presidida por el titular de la PA, Fernando Jaimes Ferrel; representantes de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como de la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), de la subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno estatal y representantes del Ayuntamiento de Teloloapan.

Uno de los pequeños propietarios, Celso Cárdenas Bahena, denunció ante los funcionarios que quienes los despojan de sus pequeñas propiedades, encabezados por Margarita Corrales, no son comuneros y que de manera ilegal utilizan sellos para entregar constancias.

Indicó que por tal motivo ese grupo reclamaba 494 hectáreas, y ahora ya son mil 335.

Otro de los pequeños propietarios, Rodolfo Nájera. dijo que “por eso venimos a exigir respeto a nuestras propiedades”, y demandó a los funcionarios su intervención para que la señora Margarita “ya no se conduzca de manera arbitraria en esa zona”.

Pidió que la primera acción es que la PGR recoja los sellos que tiene en su poder, “porque con ellos elabora constancias a los presuntos comuneros”.

Otro de los afectados dijo que “no es posible que gente como esta (los comuneros), que no se dedica a sembrar, se quede con nuestras propiedades para que después nuestros hijos anden pidiendo limosna”.

Denunció que atrás del grupo de comuneros está el ex alcalde perredista y después priista Pedro Pablo Urióstegui Salgado, puesto que dijo que él fue quien llevó al grupo de comuneros para que se posesionaran de las tierras que hoy reclaman.

Antes de que entraran a la reunión, los pequeños propietarios se habían encontrado afuera con los comuneros encabezados por Margarita Corrales; el dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), Pedro Nava, y el abogado Félix Navarrete.

Nava Rodríguez informó que ellos no habían acudido a una reunión conjunta, sino que la solicitaron para que se entrevistaran con el alcalde Modesto Brito, a quien le reclamarían haber pedido a INEGI que suspendiera la medición del Polígono el martes de la semana pasada, con lo que se avanzaría en la solución del conflicto.

Pero como el alcalde sólo envió a un representante decidieron no entrar a la reunión, incluso ni después de los pequeños propietarios.

Margarita Corrales insistió en que son los pequeños propietarios quienes pretenden despojar a los comuneros de las mil 335 hectáreas de tierras que se encuentran bajo el régimen comunal. Insistió que ellos cuentan con la resolución emitida por el presidente Adolfo Ruiz Cortines.

La representante de Bienes Comunales retó, asimismo, al presidente municipal Modesto Brito González que le demuestre que está entregando constancias de comuneros, como lo denunció ayer, y dijo que quienes ocuparon las 60 hectáreas de tierras propiedad del ayuntamiento declaradas como reserva ecológica es gente del mismo ayuntamiento, que no tienen nada que ver con los comuneros.

Finalmente, los dos grupos se retiraron sin haber llegado a acuerdos concretos para resolver el conflicto, aunque de ambos lados hubo advertencias de que existe riesgo de violencia.

Por su parte, el titular de la Procuraduría Agraria, Jaimes Ferrel, dijo que con estas reuniones los funcionarios de las dependencias que deben involucrarse en la solución del conflicto se formarán un juicio y actuarán con imparcialidad.

Niega Modesto Brito que impidiera la medición de predios de comuneros

* Querían invadir terrenos privados, dice

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El alcalde de Teloloapan, Modesto Brito González, se deslindó del conflicto agrario entre pequeños propietarios y comuneros de la cabecera de su municipio, y aseguró que su única intervención ha sido para evitar la violencia entre ambos grupos.

El deslinde del alcalde obedece a la acusación que le hizo la semana pasada, a través de El Sur, la representante de Bienes Comunales, Margarita Corrales Quezada, quien denunció que por la intervención del alcalde ante el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), se suspendió la medición del Polígono para delimitar lo que es propiedad comunal y lo que es pequeña propiedad, con lo que se resolvería el conflicto que lleva más de 50 años.

Entrevistado ayer en Chilpancingo, Brito González dijo que efectivamente existe un decreto emitido durante el periodo del presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, en el cual se reconoce la posesión de tierras por el régimen de Bienes Comunales en Teloloapan en lo que hoy es la Colonia Emiliano Zapata, sin embargo dijo que también en ese decreto se menciona que serán respetados los derechos de la pequeña propiedad que quedaron dentro del polígono comunal.

Modesto Brito informó que dentro del área comunal existen cuando menos 30 pequeños propietarios que son despojados de sus bienes inmuebles por quienes actualmente representan los Bienes Comunales, entre ellos la propia Corrales Quezada.

Incluso señaló que en la misma área comunal hay un terreno del Ayuntamiento, de 60 hectáreas, que fue donado para reserva ecológica, mismo que fue tomado por un grupo de personas que recibieron constancias como comuneros por parte de la representante de Bienes Comunales, para impedir que puedan ser desalojados por las autoridades municipales.

Brito González informó que por este despojo la comuna que preside ya presentó una demanda penal ante la Agencia del Ministerio Público.

Agregó que recurrió a al INEGI no para impedir que se realizara la medición del polígono, sino para advertir a las autoridades del Instituto de que había inconformidad de los pequeños propietarios y que se podrían generar hechos de violencia. Explicó que debido a ello se suspendió la medición que se llevaría a cabo el martes de la semana pasada.

Indicó que para la solución del conflicto deben intervenir tanto la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, así como las autoridades estatales, porque admitió que existen riesgos de violencia, “los pequeños propietarios están muy molestos porque los despojan”.