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Descartan que comuneros de Acatepec y Zapotitlán incumplan convenios

 

 Las partes inconformes siguen con reuniones en el Tribunal Unitario Agrario, donde se homologó el pacto, informó el subsecretario de Asuntos Agrarios del estado, Esaú Tapia

 El subsecretario de Asuntos Agrarios del estado, Esaú Tapia Abarca, descartó que haya riesgo de que no se cumpla el convenio firmado por comuneros de Zapotitlán Tablas y Acatepec, para resolver el conflicto agrario por la posesión de las mil 700 hectáreas de tierras comunales.

Ello porque –aseguró– las dos partes se siguen reuniendo y los conflictos que han surgido entre habitantes de Zapotitlán Tablas son propios de ese municipio y no tienen que ver con el ámbito comunal.

Informó que los dos grupos se reunieron el martes pasado en el Tribunal Unitario Agrario, donde se “homologó este convenio que ya es cosa juzgada”.

El conflicto resurgió luego de que la semana pasada, el alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Moso Porfirio, acompañó a comisarios a la Procuraduría Agraria, donde informó que habitantes de 30 pueblos habían desconocido a sus autoridades comunales por sospechas de que actuaron de manera irregular en la firma del convenio con las autoridades comunales de Acatepec, promovido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el gobierno estatal

Al respecto, Tapia Abarca dijo que desconoce si se cometieron irregularidades; existe un programa nacional de conciliación agraria y en éste se solucionan los conflictos a través de contraprestaciones que pueden ser económicas, proyectos productivos y otros apoyos como tractores, pero eso es institucional, dijo.

“No creo que hayan irregularidades, yo he estado cerca y no he visto que las autoridades comunales hayan actuado así”, aseguró el funcionario.

Indicó que oficialmente no tiene información sobre la destitución de los representantes comunales porque quien regula esa situación es la Ley Agraria, “y de acuerdo con la ley agraria debe efectuarse una asamblea previa para cumplir con el desconocimiento de los representantes comunales”.

Comuneros de Acatepec culpan a Mosso y al gobierno de que vuelva el conflicto agrario

* Promueve el alcalde de Zapotitlán desconocer el convenio, dicen;

 * Se pone en riesgo la ejecución del convenio del 10 de diciembre, promovido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el gobierno estatal, para resolver el conflicto por las mil 700 hectáreas comunales

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo *

El asesor jurídico y el comisionado de los Bienes Comunales de Acatepec, Reymundo Castro Aparicio y Demetrio Cayetano Santos, responsabilizaron al gobierno estatal y al alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Moso Porfirio de que pueda a reactivarse el conflicto agrario, luego de que el segundo encabeza el desconocimiento de las autoridades que firmaron el convenjio que daba fin a la disputa que comenzó a principios del siglo pasado.

La declaración de los representantes de Acatepec se da luego de que el lunes pasado comisarios municipales de 30 localidades de Zapotitlán Tablas encabezados por el alcalde Moso Porfirio, informaron que los campesinos desconocieron el convenio y a los representantes comunales que lo avalaron, en tanto que el director de Gobernación, Rey Hilario Serrano, admitió que hay riesgo de que se reavive el asunto.

La tarde del jueves, los representantes municipales y comunales de los 12 anexos de Acatepec se reunieron con sus similares de Zapotitlán Tablas, en el Tribunal Unitario Agrario, donde acordarían la ejecución de dicho convenio.

Pero Castro Aparicio y Cayetano Santos dijeron que en esa reunión los comuneros de Zapotitlán, encabezados por el comisionado Enedino Sánchez Villar, se negaron. “Él advirtió que no aceptarán el convenio y que el conflicto continúa”.

Castro Aparicio señaló que esto implica una negativa de comuneros de Zapotitlán, con lo que se pone en riesgo la ejecución del convenio del 10 de diciembre, promovido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el gobierno estatal, para resolver el conflicto por las mil 700 hectáreas comunales de los municipios de Acatepec y Zapotitlán Tablas.

En la reunión en el Tribunal Unitario Agrario asistió como representante de los comuneros de Zapotitlán Tablas, Vicente Espinobarros Candia, quien ya fue destituido por campesinos de las 30 localidades que pertenecen a los Bienes Comunales de Zapotitlán, acusado de incurrir en irregularidades al aceptar el convenio que soluciona el conflicto.

Pero el asesor de los comuneros de Acatepec, Castro Aparicio, dijo que para nosotros “legalmente él es presidente de Bienes Comunales, pues sigue reconocido por la Procuraduría Agraria”.

En dicha reunión no hubo acuerdos debido a que también acudió un representante del grupo inconforme con el convenio representado por Enedino Sánchez Villar, quien advirtió que no lo reconocen.

Castro Aparicio indicó que a pesar de las diferencias entre los comuneros de Zapotitlán, los de Acatepec reafirman su disposición de respetar dicho convenio y resolver el conflicto por la vía del diálogo.

Indicó que a pesar de que quienes más han perdido son los comuneros de Acatepec, pues han cedido tierras a los de Zapotitlán, pues el problema ya ha dejado medio centenar de muertos en los 90 años que lleva.

Castro Aparicio y el comisionado de los comuneros de Acatepec, Demetrio Cayetano Santos, responsabilizaron al gobierno estatal y al presidente municipal Silvino Moso Porfirio de fomentar la inconformidad en Zapotitlán.

Dijeron que el gobierno estatal –a través del director de Gobernación, Rey Hilario Serrano– “en vez de llamar a las partes para que sigan el diálogo y se resuelva de manera definitiva el conflicto, admite que existen riesgos de que una de las dos partes, este caso los de Zapotitlán, desconozcan el convenio y el conflicto continúe”.

Encuentro “casual” entre comuneros y propietarios en conflicto en Teloloapan

* Se reunirían en la Procuraduría Agraria

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Pequeños propietarios y comuneros de Teloloapan en conflicto por la posesión de mil 335 hectáreas, se encontraron casualmente ayer en la Procuraduría Agraria (PA), y mientras los primeros se reunieron con autoridades federales, estatales y municipales, los segundos no aceptaron dialogar con nadie porque esperaban al alcalde Modesto Brito González.

La reunión con los primeros estuvo presidida por el titular de la PA, Fernando Jaimes Ferrel; representantes de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como de la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), de la subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno estatal y representantes del Ayuntamiento de Teloloapan.

Uno de los pequeños propietarios, Celso Cárdenas Bahena, denunció ante los funcionarios que quienes los despojan de sus pequeñas propiedades, encabezados por Margarita Corrales, no son comuneros y que de manera ilegal utilizan sellos para entregar constancias.

Indicó que por tal motivo ese grupo reclamaba 494 hectáreas, y ahora ya son mil 335.

Otro de los pequeños propietarios, Rodolfo Nájera. dijo que “por eso venimos a exigir respeto a nuestras propiedades”, y demandó a los funcionarios su intervención para que la señora Margarita “ya no se conduzca de manera arbitraria en esa zona”.

Pidió que la primera acción es que la PGR recoja los sellos que tiene en su poder, “porque con ellos elabora constancias a los presuntos comuneros”.

Otro de los afectados dijo que “no es posible que gente como esta (los comuneros), que no se dedica a sembrar, se quede con nuestras propiedades para que después nuestros hijos anden pidiendo limosna”.

Denunció que atrás del grupo de comuneros está el ex alcalde perredista y después priista Pedro Pablo Urióstegui Salgado, puesto que dijo que él fue quien llevó al grupo de comuneros para que se posesionaran de las tierras que hoy reclaman.

Antes de que entraran a la reunión, los pequeños propietarios se habían encontrado afuera con los comuneros encabezados por Margarita Corrales; el dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), Pedro Nava, y el abogado Félix Navarrete.

Nava Rodríguez informó que ellos no habían acudido a una reunión conjunta, sino que la solicitaron para que se entrevistaran con el alcalde Modesto Brito, a quien le reclamarían haber pedido a INEGI que suspendiera la medición del Polígono el martes de la semana pasada, con lo que se avanzaría en la solución del conflicto.

Pero como el alcalde sólo envió a un representante decidieron no entrar a la reunión, incluso ni después de los pequeños propietarios.

Margarita Corrales insistió en que son los pequeños propietarios quienes pretenden despojar a los comuneros de las mil 335 hectáreas de tierras que se encuentran bajo el régimen comunal. Insistió que ellos cuentan con la resolución emitida por el presidente Adolfo Ruiz Cortines.

La representante de Bienes Comunales retó, asimismo, al presidente municipal Modesto Brito González que le demuestre que está entregando constancias de comuneros, como lo denunció ayer, y dijo que quienes ocuparon las 60 hectáreas de tierras propiedad del ayuntamiento declaradas como reserva ecológica es gente del mismo ayuntamiento, que no tienen nada que ver con los comuneros.

Finalmente, los dos grupos se retiraron sin haber llegado a acuerdos concretos para resolver el conflicto, aunque de ambos lados hubo advertencias de que existe riesgo de violencia.

Por su parte, el titular de la Procuraduría Agraria, Jaimes Ferrel, dijo que con estas reuniones los funcionarios de las dependencias que deben involucrarse en la solución del conflicto se formarán un juicio y actuarán con imparcialidad.

Niega Modesto Brito que impidiera la medición de predios de comuneros

* Querían invadir terrenos privados, dice

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El alcalde de Teloloapan, Modesto Brito González, se deslindó del conflicto agrario entre pequeños propietarios y comuneros de la cabecera de su municipio, y aseguró que su única intervención ha sido para evitar la violencia entre ambos grupos.

El deslinde del alcalde obedece a la acusación que le hizo la semana pasada, a través de El Sur, la representante de Bienes Comunales, Margarita Corrales Quezada, quien denunció que por la intervención del alcalde ante el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), se suspendió la medición del Polígono para delimitar lo que es propiedad comunal y lo que es pequeña propiedad, con lo que se resolvería el conflicto que lleva más de 50 años.

Entrevistado ayer en Chilpancingo, Brito González dijo que efectivamente existe un decreto emitido durante el periodo del presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, en el cual se reconoce la posesión de tierras por el régimen de Bienes Comunales en Teloloapan en lo que hoy es la Colonia Emiliano Zapata, sin embargo dijo que también en ese decreto se menciona que serán respetados los derechos de la pequeña propiedad que quedaron dentro del polígono comunal.

Modesto Brito informó que dentro del área comunal existen cuando menos 30 pequeños propietarios que son despojados de sus bienes inmuebles por quienes actualmente representan los Bienes Comunales, entre ellos la propia Corrales Quezada.

Incluso señaló que en la misma área comunal hay un terreno del Ayuntamiento, de 60 hectáreas, que fue donado para reserva ecológica, mismo que fue tomado por un grupo de personas que recibieron constancias como comuneros por parte de la representante de Bienes Comunales, para impedir que puedan ser desalojados por las autoridades municipales.

Brito González informó que por este despojo la comuna que preside ya presentó una demanda penal ante la Agencia del Ministerio Público.

Agregó que recurrió a al INEGI no para impedir que se realizara la medición del polígono, sino para advertir a las autoridades del Instituto de que había inconformidad de los pequeños propietarios y que se podrían generar hechos de violencia. Explicó que debido a ello se suspendió la medición que se llevaría a cabo el martes de la semana pasada.

Indicó que para la solución del conflicto deben intervenir tanto la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, así como las autoridades estatales, porque admitió que existen riesgos de violencia, “los pequeños propietarios están muy molestos porque los despojan”.