Lourdes Chávez

Chilpancingo

Un tribunal agrario pretende este martes desalojar a unas 30 familias del Campamento Liberación Campesina, una localidad fundada en Copala hace casi 27 años en 36 hectáreas propiedad del gobierno del estado, denunció el representante de la comunidad, Constantino Ramírez Parra.
Vía telefónica, aclaró que no van a permitir que les quiten las tierras donde viven y trabajan más de 100 personas para entregarlas a un grupo de 30 ejidatarios de Copala, que insisten en usufructuar lo que ya no pertenece al ejido.
Recordó que el 23 de febrero cumplen 27 años de estar en posesión de las tierras que tomaron en 1996. Dijo que eran terrenos ociosos, luego de que el gobierno del estado, con Rubén Figueroa Figueroa como gobernador, las compró a un particular, Jesus Gutiérrez Tenorio, para un estudio de coco híbrido.
Ramírez Parra indicó que el gobierno abandonó el proyecto, también en San Marcos, y grupos de Copala han buscado distintas formas de sacarlos de ahí.
Indicó que, en cuatro diferentes momentos quisieron desalojarlos con sentencias, pero los pobladores no han cedido a la presión de autoridades.
Responsabilizan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de lo que suceda en el campamento Liberación Campesina.
Explicó que en la última etapa del proceso legal, los abogados del gobierno del estado se retiraron, y la comunidad perdió el juicio porque les dijeron que habían movido una audiencia programada el 7 de mayo de 2022, para el 10.
Aunque advirtieron que era día de las madres, un funcionario les dijo que ahí no había días festivos, así que llegaron el 10 para saber que la audiencia se celebró el 7, y habían perdido el juicio. “Ahí fue el trueque. Nosotros somos campesinos, trabajamos pacíficamente las tierras, de aquí sacamos el sustento diario, no nos metemos con los ejidatarios”, agregó.
Añadió que hace dos meses, policías estatales llegaron a amedrentarlos con armas, acompañados sólo de 30 ejidatarios, de mil 700 que integran el núcleo agrario.
Explicó que este grupo, reclamó las tierras para construir una escuela, y la comunidad, les ofreció seis hectáreas que se encuentran junto a la carretera federal, que rechazaron, “se ve que tienen otro interés, quieren todo para beneficio propio”.
De la Policía Estatal, indicó que cuando reclamaron a los uniformados que estaban ahí para poner el orden, guardaron sus armas y se quedaron con toletes.
“Cuando el comisariado intentó destrozar los alambres, las mujeres le dieron unos garrotazos, lo dejaron medio atarantado”, contó.
Añadió que entre noviembre y octubre del año pasado, también estuvo en el campamento el subsecretario de Asuntos Agrarios, Daniel Cahua López buscando un acuerdo o negociación, pero quedó demostrado que el ejido no quiere las tierras para una escuela.
Aunque un tribunal otorgó la orden de desalojo, aseguró que nunca lo notifican como representantes del campamento, para poder llamar a sus abogados. Se ha enterado a través de aliados en la Comisaría de posibles fechas.
Les avisaron que este martes volverán con policías a ejecutar el desalojo, de las consecuencias, hizo responsable al comisariado del ejido de Copala, y a Salgado Pineda, que se niega a tomar cartas en el asunto.