Etiqueta: Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh)

Urgen organizaciones la sentencia del caso de Inés Fernández; no esperará otros 20 años, dice

Inés Fernández y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario, en conferencia de prensa que ofrecieron después de la reunión que sostuvieron en los juzgados del Poder Judicial de la Federación, en Acapulco Foto : Carlos Carbajal

Karina Contreras

Organizaciones sociales acudieron ayer al edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la zona Diamante para reunirse con el juez segundo de distrito, José Artemio Navarrete Sánchez a quien preguntaron por qué se ha tardado en emitir la sentencia sobre la tortura sexual que sufrió la indígena me´phaa Inés Fernández Ortega por elementos del Ejército mexicano en 2002.
En declaraciones en su lengua -a través de un traductor-, Inés Fernández dijo que le manifestó al juez que no va “esperar otros 20 años para que le hagan justicia”.
“Yo personalmente le comenté al juez que quiero que la sentencia salga en estos días, que ya no quiero esperar otros 20 años desde que ocurrieron los hechos para que se dicte la sentencia y lo que dijo el juez es que están analizando el expediente y que probablemente ya en estos próximos días puede que se dicte la sentencia”, indicó.
Aseguró que lo único que exige es justicia debido al ataque sexual que padeció el 22 de marzo del 2002, en su casa localizada en Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres.
Fernández Ortega comentó que han pasado más de 20 años sin que hayan sido castigados los responsables de su agresión y por eso “la visita que hicimos al juez, no fui sola sino varias organizaciones quienes también acompañan mi caso y lo que dijo el juez es que por lo menos no va a tardar. Le reitere que no vamos a estar dispuestos a esperar que pasen otros 20 años más”.
Por su parte, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar informó que el juez dijo que está analizando el expediente para dar una sentencia, pero que se va llevar un poco de tiempo porque son más de 20 tomos y anexos de la causa penal 56/2013.
Sin embargo, resaltó que Navarrete Sánchez no dio ninguna fecha probable, “solamente nos dijo que está en estudio de dictamen”.
Vicario Aguilar manifestó que el de Inés Fernández es un caso emblemático que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) quien dictó una sentencia en el 2010 y es debido a ésta que se “sigue el proceso penal dentro de este juzgado”.
Recordó que a finales de octubre del año pasado se llevó a cabo la audiencia de vista y en ella “se cerró el proceso y actualmente se está en espera de que el juez segundo dicte una resolución”.
Añadió que las organizaciones que acompañaban a Inés Fernández creen que “sí hay pruebas suficientes y contundentes para que el juez dicte una sentencia condenatoria” contra el agresor de Inés Fernández quien está preso desde el 2013 en el Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México.
Señaló que antes del fallo, Inés Fernández y las organizaciones acudieron a ver al juez para saber cuál es la situación del caso y cuándo se dará sentencia.
Vicario Aguilar precisó que el juez debe tomar en cuenta varios estándares al momento de dictaminar, sobre todo porque en este caso “doña Inés es una mujer indígena; son varias perspectivas que tiene que tomar en cuenta el juez”.
En su intervención, la abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Melissa Zamora señaló que acudieron con el juez segundo para expresar que el caso de Inés Fernández es emblemático y “representa y visibiliza muchas de las violencias y violaciones graves a derechos humanos que han vivido muchas otras mujeres en el país”.
Dijo que presentaron un amicus curiae (amigo del tribunal) como una forma “de exigir justicia para Inés Fernández”.
A la abogada se le preguntó qué fue lo que argumentó el juez respecto a la tardanza de su sentencia, Melissa Zamora respondió que Navarrete Sánchez les manifestó que por la “dimensión del expediente, que son muchos años y tomos que conforman la investigación, que les toma su tiempo, pero que estaría próximo a resolver”.
Dijo que es una investigación que desde que la Coidh sentenció al Estado Mexicano contaba con muchos elementos de prueba y más bien “lo relevante es que se apliquen los estándares que dictó la Corte Interamericana para acreditar y darle valor a las pruebas que ya constan en el expediente que son bastantes”.
Añadió que como Centro Pro y la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación lo que hicieron fue “presentar un escrito de amicus curiae donde se expresan diferentes consideraciones, estándares que deben ser aplicados al resolverse el caso de Inés porqué son hechos que constituyen violaciones graves a derechos humanos como violencia sexual y tortura”.
Agregó “lo que solicitamos es que se apliquen los estándares al resolver el caso. Un estándar principal, que surge a partir de la sentencia de la Corte Interamericana, que en caso de violencia sexual contra las mujeres que se le dé prioridad y valor pleno a las testimoniales precisamente porque los actos de violencia sexual acontecen en circunstancias donde no hay otro tipo de evidencia que pueda corroborar, de acreditar como son otro tipo de delitos y por eso es importante que estos estándares se apliquen al resolver”.

Exige Tlachinollan la declaración de la alerta de género para Guerrero ante los feminicidios

 

En el Día Internacional de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigió a las autoridades municipales, estatales y federales la declaración inmediata de la alerta de género, ante el incremento de feminicidios en el estado, y que se atiendan las recomendaciones internacionales para erradicar la violencia de género.
Mediante un comunicado, Tlachinollan pide respeto a los derechos de las mujeres, un alto a la violencia institucionalizada, y el cese de la criminalización en casos de legítima defensa ante una situación de violencia, que las autoridades gubernamentales no han atendido.
Explica que Guerrero es una de las entidades más afectadas por la violencia de género, pero que ha sido minimizada por las autoridades; recalca que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la ONU-Mujeres, el estado se ha mantenido en los primeros lugares en el índice de feminicidios durante los tres últimos años.
Detalla que por eso organizaciones de mujeres, desde el año pasado han solicitado a las autoridades la declaratoria de alerta de género en el estado, pero que han evadido el planteamiento y optan por acciones que no combaten el problema desde el fondo.
Las mujeres siguen padeciendo discriminación y criminalización del sistema de justicia que atiende a víctimas de violencia, abunda.
En el documento, remarca que el estado es un referente nacional de la violencia institucional castrense ante los casos emblemáticos de Valentina Rosendo e Inés Fernández, que generaron dos sentencias contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), resoluciones paradigmáticas y obligatorias que todas las autoridades tienen que atender y a las que deben dar cumplimiento.
Sin embargo, a siete años de la emisión de las dos sentencias, en Guerrero los jueces y juezas carecen de sensibilidad para tratar adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres y desconocen el manejo de los estándares más altos a nivel internacional, para brindar protección a los derechos de las mujeres, además de denigrar y revictimizar a las mujeres indígenas que se atreven a denunciar a sus agresores y, lo que es peor, se ponen de su lado.
Mencionan los casos de Juana Ramírez Marcos y Elvia Méndez Castillo, dos mujeres indígenas nahuas, víctimas de violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual por parte de sus  parejas, que enfrentan procesos legales por actos de legítima defensa, como responsables de lesiones agravadas que provocaron a sus parejas.
La jueza segunda de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Morelos las condenó a más de un año de prisión y a la reparación del daño en diciembre de 2016.
Juana y Elvia han vivido en carne propia el estigma de “mujeres violentas”, como las calificó la misma jueza, por haberse defendido de sus agresores.
Estos casos demuestran cómo varios jueces y juezas siguen resolviendo de manera rudimentaria y sin perspectiva de género casos de violencia contra las mujeres, sin aplicar los protocolos para la adecuada atención de la violencia de género.
Lamenta que, aunque en Tlapa, en 2015 se haya inaugurado la primera Ciudad Mujer en el país con el objetivo de brindar una atención integral, rápida y eficiente a las mujeres de la Montaña, respetando sus derechos humanos y su cultura, esta instancia desconoce la situación de Juana y Elvia, y de la violencia.
Repudia que en víspera del Día Internacional de la Mujer, la Montaña se enluta nuevamente con el asesinato de Isabel Roque Cortés, madre de familia de 35 años de la comunidad me’phaa de La Taberna, anexo de Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, quien fue asesinada por su pareja Juminiano Galindo el 7 de marzo.