Damnificados de 2013 en Petatlán no han recibido sus casas pese a que ya están listas

Familias de Petatlán afectadas por la tormenta tropical Manuel en septiembre de 2013, lamentaron que no les han entregado oficialmente sus viviendas, construidas por el gobierno federal en la colonia Primavera, de la comunidad El Cayuco, en esa cabecera municipal.
El 12 de febrero de este año, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Guerrero (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, supervisó 22 de 64 predios de viviendas para damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid en 2013 y que no han sido entregadas a los damnificados porque las construcciones carecían de servicios básicos como agua potable, drenaje, pavimentación vialidades, energía eléctrica, entre otros.
En esa ocasión, Armenta Tello, fue acompañado por el alcalde perredista de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, a quien el funcionario federal pidió ayuda con la instalación de los servicios básicos en ese asentamiento, mientras se llevan a cabo las acciones legales y administrativas para requerir a las empresas constructoras que no completaron la edificación de las casas.
Esa vez, José Manuel Armenta confió que, a más tardar en tres semanas les entregarían las viviendas a los beneficiados.
Sin embargo, han pasado más de tres meses y los damnificados no han recibido sus casas, pese a que ya tienen los servicios básicos, como se constató ayer en una visita al lugar.
Jefes de familia que tienen ya su vivienda asignada, pero que la ocuparán solamente hasta que se las entregue el gobierno federal, contaron que incluso ya hicieron sus contratos de energía eléctrica, pero no pueden mudarse a las casas mientras no tengan los documentos oficiales que acrediten que son de su propiedad, “pero ya pasaron tres años, a lo mejor vamos a esperar otros tres años más para que vengan a entregárnoslas”, lamentaron.

Deben ser reubicadas 42 comunidades damnificadas en 2013: Sedatu

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello detalló que al menos 42 comunidades de la entidad requieren ser reubicadas, a dos años de las tormentas Ingrid y Manuel.
En una nueva visita, el delegado Armenta Tello acudió a las 5 de la tarde al fraccionamiento El Mirador, ubicado junto a la Autopista del Sol, para escuchar las demandas de los pobladores de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes (Cocoarha), principalmente por la falta de servicios como el agua potable y la energía eléctrica, en las manzanas 1-A y 1-B del predio.
Tras una hora de estancia en el predio, Armenta Tello se comprometió a que los servicios quedarán instalados dentro de unos 20 días, para las más de 100 familias que componen la organización, ya que los proyectos están pendientes de su aprobación ante las instancias correspondientes.
Armenta Tello reconoció que el principal problema en El Mirador es la falta de agua y luz en la mayoría de las manzanas, aunado a las deficiencias que presentan algunas casas con cuarteaduras y filtración de agua cuando llueve.
Comentó que las empresas asignadas a la construcción del predio deberán corregir estos errores, para que la dependencia federal comience a dotar de servicios a las manzanas faltantes, donde habitan las familias damnificadas.
Armenta Tello insistió en que algunas casas presentan deficiencias porque fueron construidas con material prefabricado, y es urgente que las empresas constructores reparen los problemas.
Asimismo, Armenta Tello expuso que el proyecto para la construcción del puente vehicular, que comunique al fraccionamiento con Petaquillas, comenzará a construirse la siguiente semana.
Consultado sobre el número de comunidades que faltan por reubicar, el funcionario federal reconoció que 42 comunidades de toda la entidad requieren de atención inmediata.
Expuso que son alrededor de 2 mil casas las que faltan de asignar, pese a que algunas ya iniciaron su construcción, “aunque yo espero que durante mi administración tengamos una reubicación al completo”, dijo.
D las familias “invasoras” que podrían seguir habitando el predio, el funcionario indicó que optaron por retirarse tras no tener ningún motivo de seguir ocupando las viviendas, y aseguró que las casas habitadas pertenecen en su totalidad a las personas que en su momento resultaron beneficiadas.