El delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), Indalecio Pérez Morones desconoció los acuerdos y pagos anunciados por la minera media Luna a ejidatarios de Real de Limón, en Cocula.
En consulta telefónica sobre los acuerdos económicos dados a conocer por la empresa canadiense en desplegados en la prensa el martes y miércoles de esta semana, el líder sindical aseguró que Torex Gold modificó “tramposamente” el convenio que validaron los ejidatarios en 2017, sin conocer su contenido.
Ratificó que entre las demandas que sostienen el movimiento de ejidatarios que a la fecha mantiene presencia dentro de la mina, en el tajo de Real de Limón, es que haya una renegociación del convenio de arrendamiento, y que se reconozca al Sindicato Minero como representante de los trabajadores, de manera directa, sin recuento de por medio.
Añadió que desde que se declaró el paro de trabajadores de Media Luna el 3 de noviembre pasado, a la que siguió el movimiento de los ejidatarios de Real de Limón y de Atzcala, la minera no ha podido explotar el tajo de tierra donde se encuentran la mayor veta de minerales.
Recordó que el lunes 12 de marzo, en un intento de recuperar el tajo, le empresa envió maquinaria pesada a Real de Limón, con policías estatales para desalojar a los manifestantes, y lesionaron a cuatro mujeres y a ocho hombres.
Aclaró que los policías no contaban con que los pobladores llegarían a apoyar a unos 30 inconformes que se encontraban de guardia, y salieron huyendo del lugar. Aseguró que el comandante de la Policía Estatal, Jesús Hernández, golpeó personalmente a las vecinas Luisa Sotelo y Cleotilde Terán.
El martes en un comunicado, Torex Gold Resuorces, propietaria de la mina Media Luna, indicó que firmó 100 convenios por 603 hectáreas de tierras de uso común del ejido de Real de Limón, por las que convino un pago anual por 61 millones de pesos, de los cuales 43 millones corresponden al pago neto de los ejidatarios, y 17.8 son absorbidos por la empresa para el pago de sus impuestos, de acuerdo con los preceptos de la Ley Minera y la Ley Agraria.
Destacó que durante los primeros dos años, cuando la empresa no tuvo producción, dotó de casas a 169 familias de Real de Limón, y ahora “un grupo minoritario y unos pocos ejidatarios impiden el acceso a los trabajadores desde el 21 de febrero. Hace un mes”.
Insisten en que el bloqueo a las actividades de la mina es un delito, y la empresa llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar el Estado de derecho y los convenios firmados con las comunidades.
En un segundo desplegado, la empresa señala que 90 por ciento de las parcelas ocupadas por la mina fueron pagadas conforme a los contratos de ocupación de tierra temporal, de marzo de 2018 a marzo de 2019, que incluye a todos los ejidatarios de Real de Limón. Asegura que el pago se hizo ante notario público, pese a que un grupo “realiza actos hostiles”, e impide el acceso de los trabajadores a las instalaciones.
Al respecto, Pérez Morones, quien aseguró que también es trabajador ejidatario, insistió en que la empresa miente. Confirmó que el dinero del pago de arrendamiento de tierras fue depositado, pero no fue cobrado porque los ejidatarios en asamblea general decidieron “no tomar ni un centavo, porque la empresa ha violado los derechos de los pueblos”.
Insistió en que se violentaron los acuerdos del convenio, pero más allá de eso, la empresa abusó de los ejidatarios, aprovechándose de que no tienen experiencia ni conocimiento de la actividad minera.
Explicó que en 2017 la empresa modificó el convenio a su favor, sin tomar en cuenta a los ejidatarios, “lo hizo a través de abogados, sólo llevaron los documentos para que los ejidatarios los firmaran, sin darles conocimiento de su contenido, fue una trampa, una burla, un abuso de confianza”.
Aclaró que los inconformes no son un grupo minoritario, sino 135 ejidatarios del núcleo agrario, que cada uno representa a una familia, y que también son trabajadores.
Aclaró que ahora los ejidatarios tienen el control de las tierras donde está el tajo principal pese al intento de desalojo de la semana pasada.
Insistió en que se revisen los convenios de arrendamientos con los ejidatarios, que ya cuentan con asesores, y que se reconozca al Sindicato Minero como representante de los trabajadores de Media Luna, “sin recuento”.
Del proceso sindical, aclaró que el miércoles hubo una audiencia que duró 12 horas, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, y que continuará hoy, para definir los términos del recuento. Sin embargo, señaló que la minera reportó 800 trabajadores sindicalizados para que voten al sindicato que quieren que los represente.
Aclaró que la empresa tenía alrededor de 500 empleados sindicalizados, como máximo, y la Junta local de Conciliación y Arbitraje, en la Ciudad de México aceptó un padrón inflado; y adelantó que no van a aceptar el recuento en estas condiciones.