Los trabajadores de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria 01, de la región de Tierra Caliente, llevan una semana sin salir a trabajar porque no tienen presupuesto para gasolina, además de que el hospital regional de Coyuca de Catalán aún tiene una deuda de casi 700 mil pesos con proveedores.
Los empleados de vectores llegan a la sede que se ubica en Tlapehuala, pero no salen a trabajar porque no hay presupuesto para gasolina, en una época en la que hay reportes del incremento de casos de dengue, zika y chicungunya.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Enrique Robles Romero dijo que la siguiente semana podría llegar el presupuesto para que nuevamente salgan a trabajar los empleados de esta área.
Por otro lado, el hospital regional de Coyuca de Catalán está otorgando todos los servicios subrogados, mediante diversas maniobras, para complementar los estudios médicos que siguen bloqueados ante la falta de pago, porque el gobierno estatal apenas ha cubierto la mitad de la deuda. Se calcula que faltan unos 700 mil pesos.
El director, René Gómez Medina confirmó que los estudios de laboratorio se están cubriendo en el mismo hospital, y que ya no se hacen con particulares porque aún no se paga la deuda.
Desde hace más de dos años, el gobierno estatal ordenó la concentración de todos los pagos en Chilpancingo, es decir, todo el presupuesto lo controlan desde la capital y no pasa por las manos de ningún director o administrativo local, que sólo firman documentos e informan de los pagos y las necesidades, y reciben en especie lo que solicitan, pero el dinero lo controla el gobierno estatal, de tal forma que el hospital regional ya informó que no se habían pagado todos los servicios subrogados durante un año, y que por tal motivo, las empresas particulares requerían el pago para seguir dando servicios de Rayos X, estudios de laboratorio, ultrasonidos especiales y algunas cirugías de mujeres embarazadas que requerían atenciones específicas que no podía ofrecer el hospital.
Los pagos salen del Seguro Popular, que es un presupuesto que aparentemente cubría este servicio, pero se informó que el mismo gobierno federal no estaba liberando el presupuesto, y esto comenzó a menguar los pagos.
René Gómez Medina dijo que el gobierno estatal cubrió la mitad de la deuda, lo que permitió que se restablezcan algunos servicios; pero el mismo hospital está dando el apoyo en laboratorio a los pacientes.
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Toma líder sindical el centro de salud de Coyuca de Catalán para que su hija siga en la administración
El centro de salud de Coyuca de Catalán fue tomado el jueves de la semana pasada por la delegación sindical, que encabeza Cristina Castro Aguirre, para impedir que su hija, Guadalupe Baltazar Castro, sea removida de su puesto como administradora.
La delegada pidió el apoyo de sus compañeros y otros familiares que también ocupan puestos claves, no sólo para evitar que llegue un nuevo administrador, sino para que no remuevan de ese cargo a su hija. Quien ocupa ese puesto recibe algunos recursos y maneja la dotación de suministros del centro de salud.
El administrador regional de la Jurisdicción Sanitaria, Edgar Said Gómez Guzmán, consultado vía telefónica dijo que tiene conocimiento del conflicto de intereses en el centro de salud de Coyuca de Catalán.
A Gómez Guzmán lo retuvieron dentro de las instalaciones de la jurisdicción cuando supieron que haría el cambio, y luego le prohibieron el ingreso.
El movimiento fue apoyado, incluso, por el director del centro de salud, Alejo Montes de Oca, quien es padrino de la administradora. El velador es hermano de la líder sindical, y fue quien inicialmente cerró las puertas e impidió el ingreso de funcionarios de la jurisdicción sanitaria 01 que llevaban un documento ordenado por la misma Secretaría estatal para instalar al nuevo administrador, Sergio Herrera Rodríguez.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Enrique Robles Romero, y el administrador Edgar Said Gómez Guzmán, conocen del caso, pero no han logrado que la orden que les llegó se cumpla.
El administrador anunció que hoy intentarán un nuevo diálogo, pues consideró la medida de la lideresa sindical como “un desacato a lo dispuesto por el gobernador, Héctor Astudillo Flores”.
En la puerta hay un anuncio que dice, “No permitimos la entrada a personas ajenas a este centro de salud”.
Sólo permiten la entrada a pacientes, pero hay órdenes de los integrantes de la familia Castro, de no permitir el ingreso de funcionarios o autoridades superiores de la Secretaría.