A casi tres años de que fueron exhumados los restos de dos campesinos que fueron asesinados por elementos del Ejército mexicano en el combate a la guerrilla de Lucio Cabañas en el municipio de Atoyac, no han sido entregados a sus familiares por trámites burocráticos.
“Tardaron 40 años desaparecidos y ahora por la burocracia no se los entregan a sus familiares”, denunció el ex integrante de la Comisión de la Verdad, (Comverdad) Nicomedes Fuentes García, quien se encuentra a cargo del seguimiento del caso.
Se trata de quienes en las investigaciones realizadas por la Comverdad fueron identificados como “G-1”, Eliseo Flores Vázquez, originario de Chilapa, y a quien le viven dos de sus hijos y su esposa y que a pesar de que aportaron las muestras para identificarlo y lo han reclamado, no han recibido los restos.
El otro es quien fue ubicado como “G-2”, Martín Arios Organis, originario de San Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac, a quien le sobreviven tres de sus hermanas, y las que aportaron muestras que sirvieron para su identificación genética.
Los restos de las dos personas fueron exhumados a principios del mes de junio del 2014 como parte de las investigaciones que los miembros de la Comverdad realizaron para encontrar a los desaparecidos de la llamada guerra sucia.
Nicomedes Fuentes informó que los dos fallecieron el 8 de septiembre de 1994 en la comunidad de El Posquelite municipio de Coyuca de Benítez, en un paraje que ahora se conoce como Las Claveyinas, en donde fueron exhumados.
“Tardaron 40 años desaparecidos y no es posible que ahora por trámites burocráticos todavía sus familiares no puedan recibir sus cuerpos para darles sepultura”, se quejó el ex integrante de la Comisión de la Verdad.
Explicó que después de que fueron exhumados los cuerpos fueron llevados a la Ciudad de México para que se realizaran los estudios y quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, a petición de los miembros de la Comisión de la Verdad.
Fuentes informó que en junio del 2016 se identificó la osamenta a la que identificaron como G-II y que creyeron que era muy sencillo el trámite para la entrega a sus familiares pero que en el 2016, casi dos años después de haber concluido el mandato de la Comisión de la Verdad no habían podido entregar los restos y pensaron que lo de menos era que el Gobierno del Distrito Federal entregara los restos a sus familiares.
Agregó que hicieron una petición utilizando el criterio de que los había recibido en resguardo y custodia la Comverdad como institución y que ahora tendrían que entregárselo a una institución y ellos (los integrantes de la Comverdad) visualizaron que tendría que ser al gobierno de Guerrero el receptor de los cuerpos para que los entregara a sus familiares, a pesar de que el gobierno de Guerrero no había apoyado ni participado en nada con respecto a la investigación y no tenía mayor intervención.
Explicó que lo que le pareció lógico a la Comverdad fue que la Procuraduría de la Cdmx entregara los restos directamente a su familia pero que eso no ocurrió, porque el gobierno de la Ciudad de México había establecido el convenio con la Comverdad.
Fuentes explicó que, incluso, de la Fiscalía le preguntaron que “cómo le entraban, porque no tenían ningún conocimiento del caso y que él les aclaró que tenía informaron de que la Ley de Salud señala que después de más de 5 años de estar los cuerpos en un lugar clandestino se consideran restos áridos y no tienen ninguna implicación en la ley de salud.
Pero dijo que la condición de la Procuraduría capitalina fue que debería de haber un oficio de colaboración de la Fiscalía de Guerrero en el sentido de que no había ningún problema para que ellos entregaran los restos.
Añadió que el problema fue que cambió el director de Averiguaciones Previas y llegó un elemento de la PGR, “entonces se negaron a firmar el oficio y el Ministerio Público que lleva a el caso se negó a realizar un trámite distinto”, dijo Fuentes García.
El integrante de la extinta Comisión de la Verdad dijo que, sin embargo apenas se están desahogando los trámites y que en los próximos días los restos de G-I y G-2 van a regresar a Guerrero para ser entregados a sus familiares.
“Lo complicado es la tramitología burocrática de los organismos de investigación y de impartición de justicia”, insistió el ex comisionado, quien denunció que por las irresponsabilidades no se han agilizado la entrega de los cuerpos.
Denunció que el retraso en la entrega de los cuerpos es por la actitud de las autoridades estatales, “y por otro lado es porque las autoridades federales no quieren tocar el tema, quisieran que estuviera olvidado, enterrar una etapa de mucho sufrimiento para la sociedad y quedar impune todo lo que hicieron”, dijo.
Agregó que ojalá “hubiera sido para bien, pero las cosas siguen igual, siguen utilizando los mismos actos represivos para atender las mismas demandas sociales”.
Denunció: “siguen maltratando a sectores de oposición, a líderes sociales, contra ellos se van, no han cambiado las cosas”.
Nicomedes Fuentes informó que será hasta la primera semana de abril cuando posiblemente sean entregados los dos cuerpos a sus familiares y que mientras tanto, están arreglando el caso de las fosas para que “a pesar de que ya pasó mucho tiempo se les devuelva su identidad, su personalidad, es decir mencionar de manera pública quienes son y llevarlos en a espacio público”.
Fuentes García agregó que después de tanto tiempo que estuvieron en la clandestinidad ahora ni siquiera se sepulten en un lugar público y anunció que por ello van a convocar a las organizaciones sociales para la inhumación pública de los dos restos.
“Pensamos que se debe hacer un evento con familiares, con medios de comunicación, con organizaciones de la sociedad civil y con organizaciones de derechos humanos”, dijo.
Anunció que hay una propuesta en el sentido de recibir los cuerpos en el parque hundido de la Alameda Granados Maldonado, en donde se dé a conocer su semblanza y de allí acompañar a los familiares a sepultarlos al panteón.