Los representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora de Acapulco, Walter Emanuel Añorve Rodríguez y el secretario general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespier Moreno Benicio, hicieron un llamado al gobierno a que sea sensible y que no aplique sanciones a los maestros que adelantaron las vacaciones por miedo a ser extorsionados.
Consultados por separado, los dirigentes manifestaron que los maestros adelantaron las clases por temor a ser víctimas de los delincuentes que exigen parte del aguinaldo.
El secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, pidió el martes pasado a los maestros que “no utilicen el pretexto de la seguridad” para suspender las clases y adelantar vacaciones porque les aplicarían descuentos.
El viernes, el director de personal de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Joaquín García Mondragón en un oficio informó a los trabajadores que se aplicarían sanciones a quienes no justifiquen su ausencia en las aulas.
Añorve Rodríguez dijo que la decisión del gobierno del estado “no le abona nada al diálogo”. Argumentó que la medida de los maestros de adelantar las vacaciones es para su protección personal, para no ser víctimas de los delincuentes.
“Los compañeros no se fueron de vacaciones, es un resguardo laboral, bajo el clima de violencia que se vive en el puerto, ellos están resguardados en sus casas”, aseguró.
El dirigente dijo que a pesar de que las escuelas son vigiladas por militares, los maestros corren peligro durante el traslado de su casa a la escuela y de la escuela a su casa.
Recriminó también que el gobierno del estado y la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hayan publicado en desplegados en medios impresos las fechas de pago del aguinaldo porque resulta contraproducente, pues los maestros “se ven expuestos”.
El dirigente de la sección 14 del SUSPEG, Moreno Benicio afirmó que no permitirá que maestros sean secuestrados o asesinados por delincuentes como pasó en 2014 cuando fueron privados de su libertad 19 maestros y otros 22 fueron asesinados.
“Nosotros hemos estado trabajando con las autoridades de las escuelas donde se necesitaba seguridad, sin embargo, el problema creció”, expresó.
Llamó a las autoridades educativas a ser sensibles y comprender la situación de los maestros que trabajan en la ciudad. El dirigente también dijo que en la comunidad de Huamuchito, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, fue dejado un cartel donde los delincuentes establecen una cuota mensual que deben de pagar comerciantes, ganaderos, dueños de camionetas de pasajeros, e incluso estudiantes de las escuelas.