Zacarías Cervantes
Chilpancingo
De los ocho policías del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que estaban en la base de Tierra Colorada el sábado durante la operación del Ejército, Guardia Nacional y la Policía Estatal, fueron detenidos siete (y no seis como informó el gobierno estatal), pero un comandante está desaparecido y sólo seis estaban en la tarde en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo, informaron ayer fuentes de la agrupación.
En la noche informaron que también fueron trasladados al penal de Acapulco, y denunciaron que les estaba “sembrando” el delito se posesión de drogas y que fueron detenidos en distintos puntos y en la calle, a pesar se que todos estaban de guardia en la base.
A los familiares de los seis detenidos no les han permitido verlos y sólo han hablado con ellos por teléfono por lo que desconocen la situación en que se encuentran físicamente después de que fueron golpeados, incluso a dos mujeres que están entre los detenidos.
Mientras que familiares de los ocho detenidos en la base de la policía de Buenavista, municipio de Chilpancingo, informaron que fueron trasladados ayer al penal de Acapulco.
La mañana del sábado en operaciones casi simultáneas, autoridades estatales y federales actuaron para replegar de la carretera federal México-Acapulco a tres grupos distintos de autodefensas que operan desde Buenavista a Tierra Colorada, a la policía de Buenavista que desde enero pertenecía a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), a la de El Ocotito de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y que era señalada de pertenecer al grupo delictivo de Los Ardillos, así como a la policía del FUSDEG de Tierra Colorada.
La información que dio a conocer el gobierno estatal después de los operativos fue que en las acciones en Buenavista y Tierra Colorada hubo 14 detenidos, ocho en la primera localidad y seis en la base del FUSDEG.
Pero en declaraciones por teléfono ayer, fuentes de la agrupación de Tierra Colorada precisaron que fueron siete detenidos aquí, entre ellos un comandante quien a pesar de que hay testigos de que se lo llevaron está desaparecido. El comandante es José Dolores Tolentino de 40 años.
“Nosotros tenemos conocimiento que estaban en la guardia ocho policías, pero solo hay seis presos, uno se sabe que escapó corriendo y es el que contó todo, pero al comandante José Dolores sí se lo llevaron preso pero no lo encontramos”, denunció la fuente.
Dijo que todos los detenidos ya se comunicaron por teléfono con sus familiares, pero que no les han permitido que los vean, y a los familiares del comandante José Dolores les han negado que esté detenido.
Las dos policías mujeres son Bonfilia Alejo Prudencio y Alejandra, de la segunda no se precisaron sus apellidos y de los cuatro varones sólo se proporcionó el nombre de Carlos Alejo de 24 años, hijo del comandante Maximino Alejo Prudencio, Comandante Chimino, asesinado en noviembre del 2021.
“Él (Carlos) es un joven profesionista y estaba trabajando, pero colaboraba aquí (con la policía del FUSDEG) sólo por el sentimiento de seguir con el proyecto que inició su papá”, explicó la fuente.
“La exigencia de la sociedad de Tierra Colorada es la presentación con vida del comandante desaparecido y la liberación de los otros compañeros que fueron detenidos sin orden de aprehensión”, dijo, y aseguró que tienen los permisos de las armas que les decomisaron que son de bajo calibre, de las permitidas por la ley.
“Estamos de acuerdo, si se les agarró con armas que no están permitidas por la ley que se les juzgue, ¿pero y por qué los golpearon?, ¿por qué tienen desaparecido al comandante?”, reprochó y denunció que cuando llegó la gente a la base encontraron manchas de sangre.
Agregó que por eso los familiares del comandante José Dolores están preocupados, “porque si desde la base los comenzaron a golpear, imagínate que no les habrán hecho en el camino”.
Agregó que la población está molesta porque le desarticularon a la policía que se encargaba de la seguridad, se violentaron los derechos humanos de los detenidos quienes solamente estaban con el propósito de darle seguridad a su comunidad, y no estaban al margen de la ley “porque las autoridades de nuestros pueblos y colonias nos están respaldando”.
Sin embargo, añadió que los están relacionando con la policía de la UPOEG de El Ocotito, a la que quieren desmantelar después de que detuvieron a su comandante Deivy Barrientos Salazar y después de que pobladores de ese lugar bloquearon el viernes la carretera México-Acapulco en ese poblado, para exigir su liberación.
Barrientos Salazar, quien era señalado de tener vínculos con el grupo delictivo de Los Ardillos fue detenido el 14 de febrero en Puebla a bordo de un Mercedes Benz C350.
Durante la revisión la policía le encontró, según se informó en un boletín de prensa, 62 bolsas “de aparente” cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo.
“Nosotros somos muy autónomos, la policía de Juan R. Escudero no se anda relacionando con ningún otro grupo en los que hay puro pleito. Estamos operando como policía de Juan R. Escudero, ya no tenemos contacto ni con la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo que encabeza Salvador Alanís”, aclaró la fuente.
Dijo que a pesar de que la policía del FUSDEG no está vinculada con ningún grupo delictivo, a diferencia de otros grupos, se actuó en su contra y tras la operación del sábado quedó prácticamente desmantelada en la cabecera municipal, porque se llevaron todas las armas y las tres camionetas con las que patrullaban.
Pero aclaró que sigue funcionando en al menos nueve pueblos del municipio de Juan R. Escudero.
Advierte el Cipog-EZ una fuerte represión hacia el sistema comunitario
El dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, agrupación que respalda a la Policía Comunitaria de la CRAC-PF a la que se había incorporado la de Buenavista el mes pasado, declaró que las acciones del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal del sábado advierte una fuerte represión hacia el sistema comunitario.
“Históricamente nunca reconocieron, ni los anteriores gobiernos priistas ni el actual morenista, la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y nunca lo reconocerán porque no representamos nada para sus urnas electorales”.
Informó que las pláticas que han tenido con ciertos grupos que se amparan en dicha Ley, son sólo acciones mediáticas sobre todo del gobierno emanado de Morena.
Reprochó que sobre todo en este gobierno se ve la mano dura contra los sistemas comunitarios y organizaciones sociales, pero hay mano blanda y hasta protección a los grupos delictivos, a diferencia de la actitud contra los pueblos originarios que se organizaron para combatirlos.
Anunció que la gente de Buenavista va a reagruparse en su Policía Comunitaria pero que por lo pronto va a dar prioridad a la exigencia de liberación de sus ocho compañeros.
Por su parte, familiares de los detenidos en este pueblo informaron ayer que fueron trasladados al penal de Acapulco y que desconocen su situación jurídica.
Uno de ellos denunció que fue evidente que las autoridades actuaron en complicidad con el grupo delictivo que quería entrar al pueblo.
Denunció que a partir de ayer comenzaron a circular en motocicletas “unos cabrones” que andan amenazando a los comerciantes, les dicen que deben cerrar sus locales, “la pinche mañana ya comenzó a trabajar aquí internamente con el respaldo del gobierno”, denunció.
Dijo que la gente que recorre el pueblo de Buenavista en motocicletas llega de El Ocotito, “donde todos sabemos que grupo opera”, dijo en referencia al señalamiento a Los Ardillos.
Agregó que simultáneamente, personal del Ayuntamiento de Chilpancingo estaba citando ayer a los comisarios municipales y autoridades agrarias de los pueblos del valle de El Ocotito, para que se reunieran por la tarde en un local que se llama Zoocarry ubicado en el pueblo de El Carrizal.
“Les dicen que es por parte de la presidenta municipal, pero en realidad no sabemos si es ella, pero les dicen que deben de asistir, y nosotros pensamos que es parte de la misma podredumbre que hay”, denunció.
Añadió que al no haber presencia de la Policía Comunitaria que realizaba guardia en Buenavista “se están aprovechando y ya están operando de este lado también”.
De Buenavista a Tierra Colorada a donde entró el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal el sábado operaban tres grupos distintos que se escindieron de la UPOEG, agrupación que entró al valle de El Ocotito en el 2013.
En Buenavista operaba el retén en la carretera federal la Policía Comunitaria que a partir de enero pasado se integró a las agrupaciones de la CRAC-PF y al Cipog-EZ que tienen presencia en comunidades nahuas del municipio de Chilapa.
En El Ocotito operaba un grupo de la UPOEG, mismo que aunque mantenía las siglas ya no se coordinaba con la dirigencia estatal que encabeza Bruno Plácido Valerio y el grupo vecino de Buenavista los señala de ser parte del grupo de Los Ardillos, que los venían atacando para asumir el control también en ese pueblo.
En tanto que en Tierra Colorada tenía el control la policía del FUSDEG, grupo que en 2016 se separó de la UPOEG luego de que algunos de sus coordinadores acusaron a su dirigente Bruno Plácido de aliarse con el dirigente del Cártel del Sur, Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I.
En este municipio todavía hay policía del FUSDEG en al menos nueve pueblos de Juan R. Escudero, de acuerdo a la coordinación de la agrupación.