El embajador de México en Nicaragua, Guillermo Zamora Villa, felicitó a los dictadores del país centroamericano por el aniversario de la revolución sandinista, en términos que interpelan a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su política exterior.
El diplomático pudo usar una fórmula burocrática para cumplir el compromiso de la relación bilateral, pero escogió términos que requieren explicación. Llamó “compañero” y “compañera” a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Luego, “estimados y apreciados hermanos”. Expresó su “cariño y admiración por nuestro hermano” gobierno de Nicaragua, “que está muy bien representado por ustedes como gobernantes” y envió un “fraterno y cálido abrazo”.
Estas expresiones militantes no son las primeras que se le conocen al embajador mexicano, pero sí las más escandalosas. Coincidieron con el anuncio del dictador de que formalizará un régimen de partido único sin elecciones competitivas, lo que ya ha suscitado una repulsa internacional.
Importa saber si la Secretaría de Relaciones Exteriores aprobó el texto o el embajador se fue por su cuenta. El fondo es, sin embargo, la decisión que ha tomado la presidenta, y en consecuencia la cancillería, respecto al régimen de Ortega-Murillo.
Es un régimen que eliminó a más de 5 mil ONG, incluso las religiosas; persiguió y empujó al exilio a decenas de periodistas, cerró más de medio centenar de medios y a varios les incautó sus bienes; confiscó la emblemática Universidad Centroamericana de los jesuitas y ha perseguido, encarcelado o desterrado a obispos y sacerdotes católicos; expidió leyes represivas, que anularon los derechos ciudadanos y codificó ese sistema en una nueva Constitución.
Ortega se hizo reelegir con todos los candidatos opositores en la cárcel, eliminó los partidos, prohibió las manifestaciones, canceló cualquier crítica. Líderes históricos del sandinismo que siguieron fieles al régimen han sido perseguidos y encarcelados. Humberto Ortega, hermano del dictador, ex jefe del ejército, murió en prisión domiciliaria. Bayardo Arce languidece encarcelado. Hugo Torres, el Comandante Uno, murió preso en un hospital.
Es común la desaparición forzada, la “casa por cárcel”, la tortura y hasta el acoso a los exiliados, a quienes ha despojado de su nacionalidad, de sus bienes y de su derecho a volver a su país, como al escritor Sergio Ramírez. Ex presos políticos, entre ellos la ex candidata presidencial Cristiana Chamorro y la ex comandante guerrillera, Dora María Téllez, fueron liberados a costa del destierro.
México fue retaguardia simbólica de la revolución sandinista. Ese fue el mensaje del presidente José López Portillo cuando rompió relaciones con la dictadura de Anastasio Somoza el 20 de mayo de 1979. Pero casi medio siglo después hay incluso agravios directos y recientes al país.
Una persecución policial impidió a una mexicana cumplir su visita académica en Managua. Un trabajador que decidió volver a México fue detenido sin causa en el aeropuerto. Jóvenes ambientalistas que difundían la cocina ecológica fueron detenidos por una explosión accidental. El empresario Álvaro Baltodano Monroy, que tiene también nacionalidad mexicana, está preso, igual que su padre, el general y ex jefe guerrillero Álvaro Baltodano Cantarero.
Cuando en 2023 Ortega liberó a 222 presos políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que había ofrecido asilo para los excarcelados, pero se abstuvo de reaccionar ante el franco endurecimiento de la dictadura.
México ha apoyado resoluciones sobre Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero se ha abstenido en casos similares en la Organización de Estados Americanos. La política mexicana hacia la tiranía es la ambigüedad, la pasividad y mayormente el silencio.
En Managua requiere México una representación profesional, que acate a su cancillería; que sea puente y no obstáculo para quienes buscan asilo. Pero México requiere, sobre todo, una revisión a fondo de su política hacia una dictadura insaciable.
Dijo la escritora Gioconda Belli al recibir el año pasado el Premio Carlos Fuentes: “Espero que México y su gobierno recuperen la mirada solidaria y comprendan que no hay soberanía cuando ésta no se sostiene sobre la voluntad popular. Es obvio que los tiempos han cambiado”.

* Publicado originalmente en el periódico Reforma

 

 

Parte del mundo quedó incrédula cuando el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, presentó este año en Davos su plan para Gaza: después de que Israel terminara de machacar palestinos, de triturar las ruinas y de segregar a los sobrevivientes, el territorio sería urbanizado y tendría un resort de super lujo.
La guerra de Irán cambió coordenadas en Medio Oriente, pero rasgos del modelo están en camino. Millonarios emigrados reconstruyen Siria tras la guerra civil. Trump levantó las sanciones a Damasco, que saldrá de la lista de “patrocinadores del terrorismo”, según el secretario de Estado, Marco Rubio. Kushner es ahí pieza clave, mostró The New York Times en abril pasado.
La isla albanesa de Sazan en el Adriático, antigua base militar, es un cementerio de edificios ruinosos, desechos metálicos y minas. Ahí Kushner planea un proyecto turístico de gran escala, también con los sirios.
Al otro lado del Atlántico, desde que Trump impuso el cerco energético que aceleró el hundimiento de la economía de Cuba, en enero pasado, ha sido difícil deducir a dónde quiere llegar Washington exactamente. La única certeza, por ahora, es una crisis humanitaria que se multiplica por días.
Los dos gobiernos dicen haber conversado sin llegar a nada. Pero un personaje ha salido a la luz pública a relatar una variante. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, Raulito o El Cangrejo, nieto y jefe de la escolta de Raúl Castro, alega que tiene autoridad para negociar con Trump. A sus 42 años su rango de coronel del Ministerio del Interior está debajo de generales curtidos en las guerras africanas y su experiencia diplomática o política es igual a cero.
Rodríguez Castro creció en los pasillos del poder. Sus abuelos paternos fueron un general de peso y una experta en migración con acceso a las altas esferas. Su madre es la hija mayor de Raúl Castro. Su padre tuvo, como muy pocos, ascendiente en la contrainteligencia, el complejo empresarial militar, el capital cubano en el extranjero y el Partido Comunista de Cuba (PCC). Cuando murió en 2022 era general de División, miembro del Buró Político y asesor del presidente Miguel Díaz-Canel.
El nombre de Rodríguez Castro empezó a girar con versiones que lo ubican como interlocutor de Estados Unidos, incluso de Rubio y del director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe. Luego habló con el sitio digital emiratí The National y con USA Today.
El nieto mostró flancos de su vida personal: viajes al extranjero, gusto por la comida y los vinos caros, ropa de marca. Confirmó así que en la crisis cubana hay ganadores y perdedores. Reveló que tiene acceso a los reportes de inteligencia que llegan a su abuelo y que supervisa el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), el poderoso holding militar, sancionado por Estados Unidos. Confirmó que ha ido más de una veintena de veces a Panamá, según dijo en busca de inversiones.
En sus entrevistas el nieto habló del conflicto con Estados Unidos, un asunto reservado por décadas para un puñado de dirigentes. De niño, dijo, sólo quería ser guardia de seguridad, como esos que abundaban en su casa. Pero ahora, “si en algún momento la revolución (o sea Raúl Castro) necesita que dé un paso al frente, lo haré”.
Los privilegios, la frivolidad y asumir una tarea estratégica sin la experiencia requerida, irritaron a numerosos cubanos, que en redes sociales exigieron una definición oficial. La precisión llegó de manera oblicua: en Facebook un funcionario medio del PCC llamó a Rodríguez Castro “interlocutor del lado cubano, por decisión de la máxima dirección del país (o sea Raúl Castro)”.
Falta saber cómo reaccionaría Rubio ante un acuerdo pragmático sin cambios políticos. Falta saber qué suerte correrán El Cangrejo y sus proyectos si muere su abuelo.
Un país devastado que requiere reconstrucción encaja en el modelo de Kushner. El yerno y el nieto pueden cruzar planes, ahora que la isla asumió la mayor privatización desde 1959.
Ya un político republicano se registró en Estados Unidos como agente del gobierno cubano, después de entrevistarse con Raulito.
Un ciudadano se acercó a Rodríguez Castro en la calle, contó USA Today, y le soltó: “¡Mi sangre!: yo sé que contigo la luz volverá a La Habana”.

* Texto publicado originalmente en Reforma

 

 

¿Habrá en Cuba un McDonalds, un BBVA o un cubano dueño de hoteles en Varadero? ¿Las trasnacionales revivirán el turismo? ¿Capital extranjero impulsará viejos ingenios azucareros, plantaciones de tabaco o una siderúrgica?
Estas y otras posibles consecuencias están en la reforma que aprobó el jueves 18 de junio el órgano legislativo. Es un proyecto de privatización en gran escala, inimaginable aún en los momentos de mayor apertura de los últimos tiempos.
Un día antes la presidenta Claudia Sheinbaum reveló, en una conferencia mañanera, que al hablar sobre Cuba con Donald Trump le dijo al jefe de la Casa Blanca que viera cómo la isla abría su economía.
Sheinbaum implicaba que las medidas de La Habana hasta entonces eran un argumento para instar a Trump a que, al menos, alivie la agresión que asfixia, en primer lugar, a la población cubana.
A la caída del Muro de Berlín en 1989, la comunidad socialista tomó en pocos meses rumbos diversos. Cuba esperó cuatro años para decidir. Desde entonces ha tenido dos planes de apertura económica ejecutados de manera fragmentaria, con límites para el tipo y tamaño del negocio particular y con un vigoroso catálogo de prohibiciones.
Esas barreras se endurecieron con políticas que esterilizaron la inversión extranjera, redujeron el sector privado o sembraron obstáculos.
Fidel Castro aceptó el primer plan y lo detuvo cuando pudo. Su hermano Raúl promovió el segundo y reconoció que debía frenarlo, por la resistencia del aparato dirigente. Miguel Díaz-Canel no intentó movimientos de peso. Sus planes de unificación monetaria y bancarización fracasaron.
El nuevo proyecto, tercero en casi cuatro décadas, repite decisiones, pero incorpora otras con las que rebasa sobradamente a las iniciativas anteriores.
Con el apoyo explícito de Raúl Castro y de una sorpresiva declaración pública de su nieto Raúl Guillermo, ahora hay metas de envergadura, como convertir empresas estatales en sociedades por acciones, abiertas a corporaciones y particulares cubanos y extranjeros; abrir bancos privados con capital nacional y foráneo; permitir a particulares el libre comercio exterior; quitar límites el usufructo de tierra y eliminar la obligación de que un usufructuario trabaje físicamente su parcela.
La reforma elimina la política de tope al enriquecimiento personal y reconoce “el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales”.
Otros objetivos responden a viejas demandas internas, como la libre contratación de personal en firmas extranjeras, sin intermediario estatal; autorizar a una persona tener más de un negocio y que haya más de 100 trabajadores en una empresa; abrir cuentas bancarias con liquidez en divisas y casas de cambio particulares.
El nuevo escenario pasa por episodios traumáticos, también anunciados, como una devaluación progresiva del peso cubano, la quiebra de empresas ineficientes y despidos masivos.
Aún hay dudas sobre el alcance de la planificación central que incluirá a los privados; la suerte del sistema de compras agrícolas centralizadas; el pago de pensiones por vías particulares o si reaparecerán las barreras que derrotaron a las dos anteriores reformas. ¿La restauración de capitales impactará al sistema político? ¿Los nuevos magnates provendrán del partido único y las élites militar y de seguridad, como en Rusia?
El gran problema, por ahora, es que es inimaginable quién quisiera invertir en Cuba, con una economía en picada por la ofensiva estadounidense y los problemas propios, estructurales y de coyuntura. Pero no puede descartarse una rápida acumulación de propiedades mirando al futuro.
Una vertiente del comentario de Sheinbaum es que el argumento para Trump ha embarnecido, con una vía para capitales estadounidenses, de cubanos emigrados y de cubanos residentes en la isla.
La reforma llega con gran retraso, responde a décadas de reclamos internos de la sociedad, de emprendedores y académicos. La paradoja es que el centro de gravedad de las decisiones ahora está en Washington. Cuestión de timing.

Publicado originalmente en el periódico Reforma.
https://www.reforma.com/cuba-reforma-como-argumento-2026-06-21/op315779

 

La explosión migratoria de cubanos de 1994, conocida como crisis de los balseros, alarmó tanto a Estados Unidos que llevó al presidente Bill Clinton a buscar un acuerdo con Fidel Castro. Siguió uno de los periodos de distensión que se han alternado con etapas de empeoramiento del conflicto bilateral.
Un resultado de ese alivio de tensiones fue el inicio de contactos entre el jefe de la base naval estadunidense en Guantánamo, al extremo oriental de Cuba, y un oficial cubano equivalente.
Las reuniones rara vez se hacen públicas, por lo que no es posible saber si se han mantenido de forma regular. Pero cada cierto tiempo hay señales de que la comunicación permanece a pesar de los vendavales de la política.
El viernes 29 de mayo, bajo la peor escalada de tensiones en décadas, la reunión subió de nivel. En la línea fronteriza se saludaron el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan y el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, general Roberto Legrá Sotolongo.
Según las FAR, el encuentro abordó “la seguridad en torno al perímetro divisorio del enclave militar”, un eufemismo poco habitual en el lenguaje oficial cubano, que suele referirse a la base estadunidense como una ocupación ilegal de territorio.
El Comando Sur dijo que Donovan conversó con los cubanos “asuntos de seguridad operativa” y, además, evaluó las condiciones de la zona y de su personal en la base.
Junto con fotos que publicó el Comando Sur, el tono de los relatos evita alusiones a la crispación en curso o a las versiones de amenazas de un ataque militar a la isla.
Esta es la cuarta reunión confirmada entre representantes de ambos gobiernos en el año. En ese incipiente diálogo la tendencia es la bilateralidad, no la búsqueda de soluciones fuera del orden jerárquico cubano.
Tras la visita a La Habana del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, el 14 de mayo, este es el segundo encuentro en el que el tema es la seguridad común.
La bilateralidad como forma y la seguridad como fondo coinciden con la respuesta cubana del 1 de febrero pasado a la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump, que declaró el cerco energético hasta que Cuba muestre que se alinea con los requerimientos de seguridad de Washington.
En la cita en Guantánamo hay también una alta dosis de pragmatismo. Sigue a una ofensiva directa de Estados Unidos contra los militares cubanos: sanciones al Grupo de Administración Empresarial (GAESA), el corporativo económico de las FAR; la detención de familiares de dos generales y la acusación penal contra Raúl Castro, entre otras.
Más aún: Legrá está sancionado desde 2021 con el congelamiento de sus bienes en Estados Unidos (si los tuviera), por su papel en la represión de manifestantes del 11 y 12 de julio de ese año. Era entonces vicejefe del Estado Mayor y director de Operaciones de las FAR.
Otro notable filo pragmático es el que puso a los jefes de la CIA y del Comando Sur frente a dos miembros del Buró Político (ejecutivo) del Partido Comunista, de generaciones posteriores a la histórica, de las últimas promociones en las guerras africanas y con trayectorias que los ubican en la antesala de la dirigencia.
El ministro del Interior Lázaro Alberto Álvarez Casas (1963), veterano de la contrainteligencia militar, ascendió hace un año a general de Cuerpo de Ejército, el grado máximo en el escalafón. Raúl Castro elogió entonces, además de sus servicios militares, su lealtad al sistema, sus aptitudes personales y su “firmeza, serenidad y ecuanimidad para enfrentar y actuar ante diferentes situaciones”, una oblicua referencia a la represión de 2021.
Con estudios en la desaparecida Unión Soviética, Legrá (1945) se desempeñó en mandos de infantería. Por la posición que tiene puede ser el próximo ministro de las FAR, en caso de retiro del actual titular, Álvaro López Miera.

* Originalmente publicado en Reforma

https://www.reforma.com/cita-en-guantanamo-2026-06-01/op314576

 

El conflicto entre Cuba y Estados Unidos pasa al menos por tres carriles, a distintas velocidades. Hay un torbellino de presiones en ascenso sobre la isla, una secuencia de contactos que pudiera dirigirse a una negociación y la cruda realidad en territorio cubano, que se aproxima a la crisis humanitaria.
Las velocidades dibujan el peor escenario: la asfixia material en la isla se acelera en espiral; la presión estadunidense avanza por días y sube la apuesta y los contactos son espaciados y por ahora sin resultados.
En el paquete de presiones hay que sumar desde este semana las sanciones a funcionarios clave en el gobierno cubano y la acusación penal contra Raúl Castro.
El castigo a los funcionarios es el bloqueo de sus activos en jurisdicción de Estados Unidos. Es difícil suponer que a cualquier de ellos se le ocurriera, por ahora, tener alguna propiedad personal o corporativa en ese país, por lo que no hay forma de que la sanción se haga efectiva.
Queda, sin embargo, la amenaza a terceras partes que negocien con los sancionados o a bancos que operen para ellos.
El caso contra Raúl Castro tampoco irá lejos. Fuera del alcance de la justicia estadunidense, de inmediato es difícil suponer que el general del Ejército quisiera viajar a Estados Unidos o a algún otro país en el que fuera posible su arresto.
Pero ambas acciones tienen un doble filo, simbólico y pragmático. La sanción a los funcionarios es, primero, un recordatorio de que está activa la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump, del 1de mayo.
Es una forma de gratificar a un sector del electorado en Florida, tan preciado para Trump y, sobre todo, para el secretario de Estado, Marco Rubio. Al mismo tiempo, es una herramienta para un posible momento en el que tales funcionarios lleguen a tener interés o necesidad de viajar a Estados Unidos.
Los dos casos buscan compensar la imagen de reconocimiento, concertación o diálogo que haya podido dejar la reciente visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a La Habana o cualquiera de los contactos conocidos o la eventualidad de que el conflicto desemboque en un acuerdo sin cambio de régimen político en la isla. Basta observar la forma en que fue anunciada la acusación contra Castro.
El expediente contra el ex mandatario, además, es un nuevo y enorme obstáculo para una posible negociación. Es imaginable que antes de un acuerdo la dirigencia cubana buscará eliminar esa causa, que agravia a la figura hoy reconocida como “el líder al frente de la revolución”.
Estados Unidos queda en la insólita posición de emprender acciones judiciales contra quien tiene la última palabra en cualquier negociación.
En síntesis, no hay señales de que haya quedado descartada la vía negociadora, pero sí hay las que muestran que ese camino es cada vez más difícil.
Difícil pero no imposible. La minera canadiense Sherritt anunció un acuerdo no vinculante para vender la mayoría de sus acciones a Gillon Capital LLC, compañía estadunidense con sede en Texas, dedicada a bienes inmuebles, energía e inversiones. Pactaron nueve meses para cerrar el negocio.
Sherritt había reportado su salida de Cuba por efecto de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo. Con este nuevo anuncio informó, también, que ya no disolverá su emprendimiento con socios cubanos, aunque mantendrá suspendida su participación directa en la isla.
Pero hay dos datos más interesantes aún. Sherritt informó que el Departamento de Estado y el del Tesoro le confirmaron que no consideran al trato con Gillon “contraria a la ley” de Estados Unidos.
Y Gillon es propiedad de la familia Washburne. Su vicepresidente es Ray Washburne, quien dirigió un banco de desarrollo dependiente del gobierno entre 2017 y 2019,
es decir, en la primera administración de Trump; integrante del consejo asesor de inteligencia del mandatario; vicepresidente del Trump Víctor Committee en 2016 y recaudador de fondos del Partido Republicano.

* Publicado originalmente en Reforma

 

Amanecía en Pekín, en el tercer día de la visita de Estado de Trump, cuando Cuba informaba que, horas antes, había estado en La Habana el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.
No es habitual que el director u otro alto funcionario de la CIA hagan públicos sus movimientos. Más raro es que no hay antecedentes conocidos de que un jefe de la agencia haya tenido una reunión formal con sus contrapartes cubanas.
Cuba reflejó el encuentro con la mayor jerarquía posible. Desde la implantación del cerco petrolero a la isla, en enero pasado, esta era la primera reunión bilateral, reconocida oficialmente de inmediato, con al menos un nombre propio.
Según un informe cubano, la conversación fue aprobada por la “Dirección de la Revolución”, una elíptica referencia a Raúl Castro.
De la parte estadunidense no hubo reporte oficial. La CIA publicó en su cuenta de X, como suele hacerlo, fotografías del encuentro, sin comentarios. Versiones de prensa basadas en fuentes anónimas dijeron que Ratcliffe transmitió el interés de Washington por discutir cambios en la isla, sin mayores detalles.
El fondo del asunto remite a la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano del 1 de febrero, inmediatamente después de la Orden Ejecutiva de Trump que amenazó a quienes suministraran petróleo a la isla.
La cancillería ofreció entonces a Estados Unidos una discusión sobre seguridad (terrorismo, lavado de dinero, ciberseguridad, trata de personas o delitos financieros) y garantías para la colaboración. Con su fórmula de bilateralidad y seguridad, Cuba replicaba al intento norteamericano de discutir sólo cambios internos en la isla.
Al allanarse al terreno que quería el gobierno cubano, Trump parece dar un paso al costado. Reconoce el trato entre gobiernos y una agenda de interés común, aunque aún falta saber con precisión qué pedirá a cambio.
El comunicado cubano es op-timista. Dice que el encuentro con-tribuye “al diálogo político”; que pudo “demostrar categóricamente que Cuba no constituye una ame-naza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo”.
Que la isla está comprometida en “el enfrentamiento y la condena de manera inequívoca al terroris-mo”; que hizo evidente que “no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranje-ra en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra Estados Unidos ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación”.
Todo un alegato contra los argumentos torales de las dos Órdenes Ejecutivas de Trump de este año sobre la isla.
Más aún, el comunicado cubano destacó “el interés de ambas partes en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones”. Una convergencia de propósitos que nada tiene que ver con el clima de crispación de los últimos cinco meses.
¿Puede este movimiento significar un rasgo de distensión en el conflicto? ¿Puede abrir el camino a una negociación en firme? Los hechos lo indican, pero es sabido que una cena en Mar-a-Lago o una mala noche en Washington pueden voltear las cosas al revés. ¿Es una coincidencia que este giro ocurra cuando Trump habla con los chinos? No es seguro. Pero no puede descartarse que haya estado en las conversaciones de estos días.
Si el carril del diálogo por ahora marcha, el de la realidad también avanza. El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O, acaba de confirmar que se agotó el crudo que llevó un barco ruso, el único que ha llegado a la isla con combustible este año. El país está sin reservas y el pronóstico de apagón ya es de dos tercios de la demanda. En los últimos días las protestas y cacerolazos se han multiplicado.

 

 

Marco Rubio salió de hablar en el Vaticano con el papa León XIV sobre “temas de interés común en el hemisferio occidental”, entre otros puntos.

Horas después el Departamento de Estado difundió el estreno del secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional como el zar de las sanciones contra Cuba.

El primer castigo bajo la nueva Orden Ejecutiva presidencial 14404, del 1 de mayo, cayó sobre el corporativo militar cubano Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) y su presidenta, la generala Ania Guillermina Lastres Morera.

Pero incluyó, además, un golpe sin precedente a los intereses de Canadá en la isla, a las puertas de la negociación del tratado comercial de América del Norte.

Aún antes de conocerse la sanción, la minera Sherritt había anticipado la catástrofe que se le venía encima. Cuando Rubio aún caminaba por los pasillos pontificios, la minera anunciaba su salida definitiva de Cuba y la renuncia de tres de sus ejecutivos.

“Sherritt no ha sido formalmente designada bajo la Orden Ejecutiva. Sin embargo, esa designación puede ocurrir en cualquier momento”, dijo un comunicado de la empresa, casi cruzándose en el tiempo con la represalia.

La Orden Ejecutiva “crea condiciones que materialmente alteran la capacidad de la corporación para operar en condiciones ordinarias”, agregó.

Hasta el mes pasado parecía que el margen de agresión económica contra la isla ya era ínfimo, pero la Casa Blanca encontró la manera de construir tres nuevos objetivos.

Primero, la nueva Orden Ejecutiva entrega una gigantesca capacidad de decisión a Rubio. En consulta con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, es quien tendrá que decidir qué personas extranjeras resultan sancionadas con el bloqueo de sus bienes en Estados Unidos, por hacer en negocios con Cuba.

El bloqueo de bienes afectará a quienes operen o hayan operado en algunos sectores (energía, defensa, minería, servicios financieros) “o cualquier otro sector” de la economía cubana. El arco de posibles sancionados se abre hasta el infinito. La Orden Ejecutiva, la regulación correspondiente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) y ahora las decisiones de Rubio, forman un laberinto de ambigüedades que permite numerosas inferencias.

Segundo, la Orden Ejecutiva lanza una fuerte amenaza de castigos a bancos que hayan realizado “transacciones significativas” para quienes estén sancionados (por ahora, GAESA y Sherritt y sus socios cubanos). Incluso con las regulaciones acumuladas durante casi siete décadas, nunca había existido una ofensiva tan desproporcionada contra operaciones financieras de terceros países en Cuba.

Tercero, ya sin fronteras en las represalias, Estados Unidos busca ahogar las escasas conexiones cubanas con la economía occidental. Está empujando a la isla a escalar su demanda de apoyos en Rusia y China, exactamente el escenario contrario al de la proclamada “Doctrina Donroe”.

La salida de Sherritt abre un hueco en la explotación de níquel y cobalto, con beneficio en la provincia canadiense de Alberta, que la empresa mantenía en el este de Cuba desde 1990, y que era una de las fuentes seguras de ingreso de divisas que aún quedaban en la isla.

Sherritt también dejará la asociación que tenía con empresas cubanas para la extracción de petróleo en los campos del norte y la operación de una planta de ciclo combinado, ambos emprendimientos vitales para la generación de electricidad.

La disposición del secretario de Estado anuncia nuevas represalias, con cualquier desenlace posible. Con Sherritt funcionó la sola amenaza. ¿Cuántas empresas de cualquier sector estarán valorando su estancia en la isla a estas horas? Una combinación de las nuevas regulaciones alcanza para identificar la venta de petróleo mexicano a Cuba en años recientes como una operación punible. Una potencial amenaza para la refinería Deer Park. ¿Hay ahí otra bala de plata contra la presidenta Sheinbaum?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Díaz-Canel mostró el viernes pasado ante la prensa cubana que es muy poco lo que han alcanzado Cuba y Estados Unidos hasta ahora, en un diálogo incipiente, pero que al menos abrieron cartas.
El presidente cubano tuvo que reconocer implícitamente que está dialogando con un cuchillo en la garganta. Recordó que hace tres meses no entra una gota de combustible a Cuba, con consecuencias agravadas en las últimas dos semanas, al agotarse las reservas internas.
A cambio exhibió un logro: el trato es bilateral, de gobierno a gobierno. Por el lado cubano, dijo Díaz-Canel, dirigen las conversaciones Raúl Castro y él mismo, “en acción colegiada” con el aparato dirigente.
Quiso subrayar este mensaje, hacia adentro y hacia afuera de la isla, al informar del asunto el día anterior a ese mismo aparato dirigente, que además estuvo en la conferencia de prensa, con los militares al frente.
No parece estar en la mesa un cambio de régimen ni de personajes. Por ahora no se repite el esquema venezolano. En este punto Díaz-Canel fue preciso: uno de los objetivos actuales es el de “buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”.
El segundo objetivo revela que los contactos están en una etapa inicial y limitada: “Determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones”. Es decir que no han confirmado aún si mantendrán el diálogo hasta volverlo negociación.
El tercer objetivo es de más calado: “Identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones”. Aquí el escenario cambia: el único punto de agenda visible es la seguridad, el único que ambos gobiernos han explorado explícitamente.
La Orden Ejecutiva de Trump, que estableció el cerco energético a Cuba el 29 de enero, dice que las represalias puede cesar si la isla avanza hacia un alineamiento con los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos.
Al día siguiente la cancillería cubana replicó con la oferta de renovar una cooperación en áreas como terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico, ciberseguridad, trata de personas o delitos financieros.
Con el énfasis en la bilateralidad y en la seguridad, Díaz-Canel saca de la discusión la crisis interna de la isla, un asunto que Trump y Marco Rubio han evocado con insistencia.
Díaz-Canel dijo que ayudaron al acercamiento “factores internacionales”, que por distintas señales se sabe que han sido, al menos, México, el Vaticano y la Comunidad del Caribe (Caricom).
Es posible que, en ese ir y venir de consultas, en la práctica se hayan sucedido acciones unilaterales pero pactadas o sugeridas o reconocidas tácitamente, que han aliviado la confrontación.
Es el caso de la autorización de Estados Unidos para que empresas privadas cubanas compren combustible y la ampliación del régimen legal en la isla para esas transacciones, todo lo cual es sobre todo simbólico, por las dificultades operativas.
También cuenta el tono mesurado de Rubio al reaccionar a la incursión en Cuba de una lancha con una tripulación armada, así como la anunciada cooperación del FBI en la investigación.
Entra en el balance el anuncio de liberación de 51 presos cubanos, que el gobierno expuso como acto de buena voluntad hacia la Santa Sede. También es un gesto simbólico, porque pueden contarse por cientos los detenidos en los últimos años por su participación en protestas populares y cuya libertad es un reclamo creciente en la isla.
La crisis múltiple de la isla persiste y no hay garantías de que el diálogo con Estados Unidos progresará.
El gran dilema es si Trump se detendrá en un pacto de seguridad, en algún acuerdo comercial o querrá reclamar un cambio de fondo en la economía (si no en la política) cubana. Y si cualquiera de las variantes tendrá una respuesta positiva en la “acción colegiada” del aparato dirigente cubano. En rigor, es más lo que falta que lo que hay. El juego apenas empieza.

 

En una mañanera de finales de año, la presidenta Claudia Sheinbaum quiso explicar la relación con Cuba, pero usó medias verdades y llegó a una conclusión falsa, que aún repite.
Con base en informes que, según dijo, le envió la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que México “formalizó” una inversión en una refinería cubana, pactó asesoría y exploración de crudo en la isla, condonó a Cuba una deuda con Petróleos Mexicanos (Pemex) y que “todos los gobiernos” mexicanos han establecido acuerdos petroleros con la isla.
Es cierto que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) comprometió en 1994 una inversión en la refinería de Cienfuegos, pero la oferta nunca se consumó. Meses después Cuba declaró inviable el proyecto.
También es verdad que, en 2012, el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) ofreció asesorías y exploración petrolera en la isla pero, otra vez, la idea quedó en el papel.
Y es cierto que Enrique Peña Nieto (2012-2018) condonó en 2013 el 70 por ciento de una deuda de 487 millones de dólares del Banco Central de Cuba (BCC).
El acreedor, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) de México, explicó el trato como una quita de intereses y recargos y consideró recuperado el principal. No tuvo que ver Pemex.
Sheinbaum omitió, en cambio, un episodio importante: la reestructuración en 2008 de la deuda, fijada entonces en 413 millones de dólares, del BCC con Bancomext.
Era un adeudo comercial, originado en los años noventa, que entró en litigio en 2002, porque Fidel Castro, dentro del conflicto con Vicente Fox (2000-2006), retiró la garantía, que estaba constituida por el flujo de caja en moneda fuerte de la principal telefónica cubana.
El pleito llegó a demandas en París, Turín y La Habana y un embargo a favor de México en Italia. Provocó el cierre del mercado cubano a importaciones mexicanas y causó gastos de cientos de miles de dólares de ambas partes durante seis años.
La condonación de Peña Nieto era sobre la misma cuenta que ya había arreglado Calderón, pero que de nuevo entró en mora.
El 3 de agosto de 1980, el mexicano José López Portillo (1976-1982) y el venezolano Luis Herrera Campins (1979-1984) firmaron en la capital de Costa Rica el Acuerdo de San José, un mecanismo para ofrecer crudo a Centroamérica y el Caribe con créditos blandos.
El fondo político eran las guerras civiles que entonces estremecían a países centroamericanos y el interés por respaldar al resto de naciones empobrecidas de la región.
Ambos países petroleros usaron esa vía para ayudar a estabilizar la zona y tratar de evitar así que el conflicto se desbordara. Cuba quedó fuera.
Para compensar la exclusión, un día antes de la firma del pacto López Portillo hizo una visita oficial a La Habana, en plena crisis migratoria desde el puerto de Mariel. Fidel Castro lo recibió en una Plaza de la Revolución a reventar y ambos cruzaron encendidos discursos elogiosos.
Meses después, López Portillo hizo explorar una segunda alternativa: un enroque de clientes, según el cual iría petróleo soviético a España y crudo mexicano a Cuba. Tampoco prosperó.
Nadie lo dijo entonces abiertamente, pero en privado era reconocido el veto de Estados Unidos.
En resumen, no hay un flujo “histórico” de petróleo crudo entre México y Cuba, como reitera la presidenta y esos productos no están vinculados a los arreglos de deuda, que han tenido otros orígenes y rutas.
Por el contrario, el petróleo crudo ha sido una de las líneas rojas que no habían cruzado ambos países durante décadas.
México ha vendido a Cuba, al menos desde el gobierno de Fox, pequeñas cantidades de derivados (combustóleo, gasóleo, grasas y aceites lubricantes, mezclas y petroquímicos), de acuerdo con registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Andrés Manuel López Obrador emprendió el suministro de crudo y gasolinas, que aumentó con Claudia Sheinbaum, según los informes disponibles.
Durante semanas la presidenta ha ofrecido que hará públicos los datos del flujo durante su mandato, lo que sin embargo no ha ocurrido hasta mediados de enero. Las estimaciones de cantidad y valor circulan a partir de cálculos de fuentes independientes (el mejor seguimiento es el de Jorge Piñón, de la Universidad de Texas; hay datos aislados de informes de Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos).
Además de la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, es poco útil para la presidenta sostener con medias verdades un enfoque vergonzante, que intenta restar relevancia a su decisión.
Ha dado un giro a la relación bilateral, pero parece que intenta presentarlo como parte de una tendencia “histórica” y exponer una imagen de continuidad.
Al quedar, como indican los reportes disponibles, como principal fuente de suministro petrolero a Cuba, en remplazo de Venezuela, México acaba de potenciar su capacidad de influencia en la isla. Fortalece su peso regional, agrega un punto llamativo en la nutrida agenda con Trump y queda en nueva posición tras el reacomodo mundial surgido el 3 de enero.

Lejos de las imágenes clásicas de los golpes militares en América Latina, en Venezuela no hay rebelión ni fractura de las fuerzas armadas ni tropas de ocupación en las calles. El gobierno no se ha derrumbado, ni hay ministros pidiendo asilo en embajadas.
Por el contrario, el Tribunal Supremo de Justicia designó “encargada” de la Presidencia a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hermana del líder del Congreso, Jorge Rodríguez. Este lunes se instaló la Asamblea Nacional en su nueva composición.
Están en sus cargos el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el comandante Estratégico Operacio-nal, Domingo Antonio Hernández Lárez y su hermano, Johan Ale-xander Hernández Lárez, coman-dante del Ejército. Todos nom-brados por Nicolás Maduro, todos provenientes del mismo régimen.
La vicepresidenta a cargo encabezó el domingo 4 un Consejo de Ministros, en el que invitó a Estados Unidos “a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.
En un mensaje junto a su plana mayor, también el domingo, Padrino ofreció lealtad a Delcy Rodríguez y llamó a la población a reanudar actividades ordinarias. Los hechos indican que se inicia una “normalización” del país cuyos perfiles son confusos.
Tan confusos que, en sólo 24 horas, Washington balbuceaba contradicciones. “Gobernará” Venezuela bajo la “dirección” de Marco Rubio y Peter Hegseth, dijo Trump en su conferencia de prensa el sábado 3.
Pero Rubio dijo el domingo a CBS que en realidad hay una “cuarentena” petrolera, por la cual Estados Unidos permite o no el tránsito de buques, hasta que haya “cambios” que le parezcan favorables. Es el “tipo de control” del que habló Trump, aseguró el secretario de Estado.
Y sobre la actual dirigencia venezolana opinó: “Vamos a hacer nuestras evaluaciones de las personas (…) basándonos en lo que hacen, no en lo que dicen públicamente mientras tanto. No en lo que han hecho en el pasado en muchos casos, sino en lo que harán de ahora en adelante”.
Una causa visible de este desarrollo es el debate, que ya lleva meses en Estados Unidos, sobre si ha sido legal o no la incursión militar en el Caribe, las ejecuciones extrajudiciales en el mar y ahora el ataque a Venezuela, todo lo cual ha ocurrido sin autorización del Congreso.
En la polémica resurgen las desastrosas secuelas de interven-ciones estadunidenses recientes –Afganistán, Irak y Libia– y, desde luego, los intentos consuma-dos o no de derrocamiento de gobiernos latinoamericanos.
Un tercer punto es la acusación contra Maduro, base de todo el conflicto. Los últimos informes de la agencia antidrogas (DEA) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) excluyen a Venezuela como fuente relevante de tráfico y la ubican como zona menor de tránsito de cocaína hacia Europa.
Parte de la discusión es el perdón que Trump concedió al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, convicto por tribunales estadunidenses de una vasta operación de trasiego de cocaína hacia Estados Unidos durante su mandato (2014-2022).
Trump dice que escuchó a sus asesores. Rubio dice que no estuvo en las discusiones. Ahora no hay quien saque la cara por esa decisión.
Pero quizás Washington haya optado por tratar con el maduris-mo en el poder también por otras causas. Venezuela lleva un cuarto de siglo de adaptación de su in-dustria petrolera a circunstancias excepcionales: el paro petrolero de 2002, la salida masiva de espe-cialistas, las sanciones de la prime-ra era Trump, el despojo de Citgo, la asfixia financiera de PDVSA y el papel de Juan Guaidó en estos dos movimientos y las sanciones de la segunda era Trump.
La industria petrolera vene-zolana sobrevivió siempre con salidas adaptadas a las turbu-lencias. En la última etapa rozó el millón de barriles diarios con un entramado de exportaciones también sui generis mediante la “flota oscura”, trasiegos en alta mar, una danza de banderas de conveniencia, intermediarios asiáticos y destinos en China. Todo con precios brutalmente cas-tigados.
Una causa más de las deci-siones de Trump quizá sea el con-glomerado de fuerzas irregulares armadas en la frontera con Co-lombia y el sur de Venezuela, con controles territoriales, operaciones e intereses propios. Ni la ope-ración petrolera ni la contención de ese polvorín están al alcance de poderes que desconozcan el terreno. Y una incursión militar en mayor escala desbordaría el debate interno.