Héctor Manuel Popoca Boone

Misión agropecuaria a Cuba

 …la agricultura es la única fuente constante, cierta y enteramente pura de riqueza… José Martí

 Por considerar que es de interés para los lectores de El Sur, transcribo parte del informe que la maestra en ciencias, Margarita Gaytán Hernández, gerente de la Fundación Produce de Guerrero, tuvo a bien entregarme: “Sr. Secretario: Regresamos de Cuba, llenos de motivación y esperanza, un grupo de productores innovadores, investigadores, servidores públicos, un presidente municipal y un diputado local, que patrocinados por la Fundación, participamos en una misión agropecuaria a esa isla del caribe. Los objetivos de esa misión fueron cumplidos e incluso rebasados.

Establecimos relación con la Asociación Nacional de Productores Pequeños (ANAP) y con institutos de investigación agropecuaria cubanos. La finalidad era ver qué podíamos abrevar de ellos, en materia de innovación y transferencia de tecnología para el desarrollo productivo del medio rural de Guerrero.

Tuvimos una estancia en el centro de capacitación Niceto Pérez de la ANAP, donde especialistas del ramo nos detallaron los sistemas productivos de rotación y asociación de cultivos, muy adecuados para las condiciones y los recursos naturales con que cuentan nuestros productores rurales, en las regiones del trópico subhúmedo de Guerrero.

Apreciamos el esquema de producción orgánica que tienen en Cuba y que la Fundación Produce ya está promoviendo en nuestro estado, ante la tendencia creciente de producir y consumir productos agropecuarios sanos, en suelos de cultivos no contaminados.

Los especialistas cubanos nos dieron amplias referencias sobre el manejo y desarrollo de la papaya maradol originaria de esta isla, que en Guerrero puede convertirse en un cultivo estratégico dada nuestra vocación y potencial que tenemos en frutas tropicales.

Visitamos también el instituto de ciencia hortícola y el instituto de ciencia animal, que están estrechamente vinculados con los productores rurales cubanos y son organismos, pese a la estrechez y precariedad de recursos, autofinanciables que no dependen del gobierno.

La información técnica de los especialistas, se reforzó con visitas de campo a cooperativas y unidades básicas de producción rural, donde los propios productores nos convidaron de su experiencia y práctica. Es sorprendente el esquema de organización que tienen para la producción, basado en un estricto reglamento interno que todos cumplen, con funciones bien definidas, sostenidos en principios y valores encaminados a cumplir con los planes de producción, que a su vez forman parte del programa nacional alimentario de Cuba.

Nos entrevistamos con el director general del Ministerio de Agricultura, constatando que los productores rurales cubanos tienen, entre sus paisanos, una alta valoración, pues son responsables de la producción del 80 por ciento del alimento que esa nación requiere y por razones del embargo económico, que por decenas de años les ha impuesto Estados Unidos de Norteamérica, han tenido que ingeniárselas para salir adelante. No cabe duda que necesidad y carencia imponen templanza, laboriosidad y progreso en los pueblos.

Las políticas públicas establecidas por el gobierno cubano para apoyar su sector agropecuario han posibilitado a los productores rurales y sus organizaciones, el acceso al financiamiento, insumos orgánicos, tecnología, capacitación, asistencia técnica especializada y a diversos esquemas de comercialización.

Esta visión integradora emana del compromiso de la revolución cubana con los campesinos y con la sociedad en general; y se ha fortalecido, ante el cerco económico y la desintegración del bloque de países socialistas, para garantizar los alimentos que requieren once millones de cubanos. Condición indispensable ha sido, fundamentalmente, la formación de capital humano, reflejado en el alto nivel de educación tecnológica-científica y ética desde el nivel básico de educación hasta el postgrado.

Le reitero que lo meritorio del esfuerzo cubano es que han salido adelante en su programa alimentario en las peores condiciones que uno se pueda imaginar: sin fertilizantes industrializados, sin combustible para roturar las tierras y transportar los productos, sin alimento balanceado para los animales. Han usado la ciencia para sustituir carencias de productos químicos a los cuales no tienen acceso como herbicidas y pesticidas. Han usado la imaginación creativa para combatir plagas y enfermedades con productos naturales. Han obtenido también nuevas variedades de cultivos y de razas de animales resistentes y adaptables a las variaciones climatológicas.

La lección aprendida que queremos compartir, es la de los productores de Cuba, que con un alto nivel de conciencia y patriotismo, son partícipes activos de un amplio y duradero proyecto económico, social y político de un país con mucha dignidad.”

PD. Rogaciano Alba Álvarez, de triste fama caciquil, es tan torpe y torvo que no alcanza a visualizar que el combate al delito de abigeato y el registro federal de asociaciones ganaderas no le competen a la Secretaría a mi cargo. Con razón su tutor político es Rubén Figueroa Alcocer. Tal para cual.

Convenio para municipalizar los recursos de Alianza para el Campo

Participan autoridades de los tres ámbitos de gobierno. Servirán para atender inmediatamente las necesidades del área rural. Aporta el gobierno federal más de 185 millones de pesos

Karina Contreras Autoridades federales, estatales y municipales firmaron un convenio para la municipalización de los recursos Alianza para el Campo, en su rubro del programa Desarrollo Rural, para que sean los propios municipios los que apliquen los recursos para atender inmediatamente las necesidades de ese sector.

De acuerdo al convenio, la Federación aportará más de 185                     millones que vendrían siendo el 75 por ciento del total; mientras a cada municipio le tocará aportar el 25 por ciento restante. Los recursos serán manejados por el Consejo de Desarrollo Rural de cada municipio, el cual está integrado por productores y servidores públicos, quienes serán los que definan cuáles son las prioridades a atender, y así aplicar los presupuestos asignados a cada uno.

El convenio fue firmado en el salón Záfiro del hotel Fiesta Americana por el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone; el alcalde Alberto López Rosas; el delegado de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Velarde García, así como representantes de municipios de la Costa Chica.

El secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone, informó que el estado es la primera entidad en la que se municipaliza el programa de desarrollo rural y esos los congratula. Explicó que la firma del convenio con los municipios de Acapulco y Costa Chica ayudará al desarrollo del campo guerrerense.

Manifestó que la municipalización de los recursos de la Alianza, indica que van a transferir a cada municipio del estado una cantidad de recursos de acuerdo a ciertos criterios. Ejemplificó que el municipio más pequeño recibirá alrededor un millón 200 mil pesos para atender los programas de apoyo a los campesinos; mientras el más grande estará recibiendo 3 millones 500 mil pesos.

Precisó que ésta es la primera vez que se municipalizan los recursos y para lo cual, según Popoca, están bien preparados, pues desde hace tres años estaban en un proceso de municipalización.

Popoca Boone dijo que es muy satisfactorio que el gobierno federal haya adoptado el esquema de Guerrero para implementarlo a nivel nacional, toda vez que el proceso de municipalización en el estado está sumamente acabado y es profesional.

Explicó que la asignación de los recursos a cada municipio no se da a libre criterio del gobernador,                     del secretario de Desarrollo Rural o del delegado de la Sagarpa, si no mediante una fórmula, por medio de la cual se ponderan varios factores, entre los que están, el tamaño del municipio, su extensión productiva, el número de productores rurales, el valor de la producción agropecuaria y el índice de marginación, todo estos elementos ayudan a asignar los recursos con mayor equidad.

Popoca Boone mencionó que para que no queden los recursos al libre albedrío de los presidentes municipales –de acuerdo a la ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable–, se define que en cada municipio deben establecerse los consejos de Desarrollo Rural Municipal, los cuales van a definir las prioridades a atender y aplicar los presupuestos asignados a cada municipio.

Señaló que los recursos se aplicarán en el momento que cada ayuntamiento haga su depósito correspondiente al fideicomiso de la Alianza. Manifestó que para Acapulco son cerca de 3.5 millones de pesos, de los cuales                     1.1 millón aportara el municipio y el 2.4 el programa Alianza para el Campo.

Por su parte, el delegado de Sagarpa, Francisco Velarde García, dijo que la firma de convenio es muy importante, pues con esto el propio municipio definirá sus prioridades en el campo, y con los recursos de otras dependencias resolver sus múltiples problemas.

Manifestó que los recursos asignados por la federación son alrededor de 185 millones de pesos, además de una cantidad adicional para el ejercicio de la municipalización.

Aseguró Velarde García que se cuidará que los recursos no sean utilizados en procesos electorales, y que habrá un seguimiento de su aplicación por medio de la Secretaría de la Función Pública.

Convenio para municipalizar los recursos de Alianza para el Campo

 

 Participan autoridades de los tres ámbitos de gobierno. Servirán para atender inmediatamente las necesidades del área rural. Aporta el gobierno federal más de 185 millones de pesos

 Karina Contreras Autoridades federales, estatales y municipales firmaron un convenio para la municipalización de los recursos Alianza para el Campo, en su rubro del programa Desarrollo Rural, para que sean los propios municipios los que apliquen los recursos para atender inmediatamente las necesidades de ese sector.

De acuerdo al convenio, la Federación aportará más de 185 millones que vendrían siendo el 75 por ciento del total; mientras a cada municipio le tocará aportar el 25 por ciento restante. Los recursos serán manejados por el Consejo de Desarrollo Rural de cada municipio, el cual está integrado por productores y servidores públicos, quienes serán los que definan cuáles son las prioridades a atender, y así aplicar los presupuestos asignados a cada uno.

El convenio fue firmado en el salón Záfiro del hotel Fiesta Americana por el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone; el alcalde Alberto López Rosas; el delegado de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Velarde García, así como representantes de municipios de la Costa Chica.

El secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone, informó que el estado es la primera entidad en la que se municipaliza el programa de desarrollo rural y esos los congratula. Explicó que la firma del convenio con los municipios de Acapulco y Costa Chica ayudará al desarrollo del campo guerrerense.

Manifestó que la municipalización de los recursos de la Alianza, indica que van a transferir a cada municipio del estado una cantidad de recursos de acuerdo a ciertos criterios. Ejemplificó que el municipio más pequeño recibirá alrededor un millón 200 mil pesos para atender los programas de apoyo a los campesinos; mientras el más grande estará recibiendo 3 millones 500 mil pesos.

Precisó que ésta es la primera vez que se municipalizan los recursos y para lo cual, según Popoca, están bien preparados, pues desde hace tres años estaban en un proceso de municipalización.

Popoca Boone dijo que es muy satisfactorio que el gobierno federal haya adoptado el esquema de Guerrero para implementarlo a nivel nacional, toda vez que el proceso de municipalización en el estado está sumamente acabado y es profesional.

Explicó que la asignación de los recursos a cada municipio no se da a libre criterio del gobernador,                     del secretario de Desarrollo Rural o del delegado de la Sagarpa, si no mediante una fórmula, por medio de la cual se ponderan varios factores, entre los que están, el tamaño del municipio, su extensión productiva, el número de productores rurales, el valor de la producción agropecuaria y el índice de marginación, todo estos elementos ayudan a asignar los recursos con mayor equidad.

Popoca Boone mencionó que para que no queden los recursos al libre albedrío de los presidentes municipales –de acuerdo a la ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable–, se define que en cada municipio deben establecerse los consejos de Desarrollo Rural Municipal, los cuales van a definir las prioridades a atender y aplicar los presupuestos asignados a cada municipio.

Señaló que los recursos se aplicarán en el momento que cada ayuntamiento haga su depósito correspondiente al fideicomiso de la Alianza. Manifestó que para Acapulco son cerca de 3.5 millones de pesos, de los cuales                     1.1 millón aportara el municipio y el 2.4 el programa Alianza para el Campo.

Por su parte, el delegado de Sagarpa, Francisco Velarde García, dijo que la firma de convenio es muy importante, pues con esto el propio municipio definirá sus prioridades en el campo, y con los recursos de otras dependencias resolver sus múltiples problemas.

Manifestó que los recursos asignados por la federación son alrededor de 185 millones de pesos, además de una cantidad adicional para el ejercicio de la municipalización.

Aseguró Velarde García que se cuidará que los recursos no sean utilizados en procesos electorales, y que habrá un seguimiento de su aplicación por medio de la Secretaría de la Función Pública.

Héctor Manuel Popoca Boone

 A enaltecer la política

 Algunos de los acontecimientos políticos ocurridos en estas tierras del sur, en los últimos meses, me mueven a reflexionar sobre ellos con el propósito de sacar lecciones útiles en la ardua tarea de enaltecer la política.

Gobernantes a gobernar. Al calor del entusiasmo suscitado por diversas precandidaturas a la gubernatura estatal, algunos presidentes municipales colocaron públicamente sus corazones al lado del de su preferencia. Pero no nada más exteriorizaron sentimientos con sus declaraciones, sino que las avalaron con presencia física en diversos actos públicos de preproselitismo político. Eso ocasionó descuido en sus tareas de gobernar; es decir, distrajeron atención, tiempo, esfuerzo y recursos dignos de mejor utilización legítima en las tareas del bien gobernar. En algunos casos, incluso, ocasionó conflictos y divergencias al interior de los equipos de gobierno por discrepancias en cuestión de predilecciones; derivando en resquebrajamientos y renuncias. El ejemplo más claro de ello se dio en el gobierno municipal de Acapulco. Es conveniente recordar que el mejor y más acrecentado capital político que le puedan aportar al partido político en el cual militan los gobernantes, para que éste salga triunfante en comicios futuros, es precisamente dedicarse en cuerpo, alma y de tiempo completo a gobernar bien.

Legisladores a legislar. La gestión social no es función sustantiva de los senadores, diputados y regidores. Aun cuando sea legal asignarles y entregarles presupuesto público para tal tarea, por parte de los poderes Ejecutivos, no es ético ni conveniente. Con ello se abre la puerta para la subordinación y tergiversación de responsabilidades, cuando no a la franca corrupción y compra simulada de votos camarales. Ya de por sí es creciente la crítica, tanto en cabildos, congresos locales, como en el federal, sobre la orientación o inclinación de los votos a través de consignas políticas o de su compra subrepticia; demeritando en mucho el ejercicio del libre albedrío y determinación en base a principios, o en función de los intereses mayoritarios del pueblo representado. La última cotización en el mercado de la corrupción política nacional fue de 2 millones de pesos, para que un diputado local del estado de Morelos cambiara de partido político y reducir así las probabilidades de someter a juicio político al frívolo gobernador panista en turno ¡Uff!

Corrupción y perversión política. El uso y el abuso del dinero para hacer política pueden resolver problemas momentáneamente; pero en la realidad se postergan, con mayor costo y complejidad, para un futuro no lejano. Tal perversión termina por pervertir a la larga a quienes la practican. Las últimas corrupciones políticas realizadas, descubiertas y denunciadas hasta su exacerbación en los medios de comunicación masiva, consumadas por colaboradores cercanos al jefe de Gobierno del DF, dan cuenta de la pérdida de la ética y de los principios en la práctica del quehacer político. Independientemente de la ideología que los políticos digan profesar o del partido político en que militan, una vez en el poder, y con recursos económicos a la mano, todos son susceptibles de corromper y de corromperse.

También el usar malas artes para descalificar o anular a un competidor político cae dentro del campo de la perversión en el ejercicio democrático. A estas alturas nadie tiene la menor duda que las corruptelas publicitadas fueron usadas por el gobierno federal, a través de un complot, orquestado con suficiente antelación, para tratar de dañar la estima en el pueblo y la propia personalidad política de Andrés Manuel López Obrador, perfilado como fuerte precandidato presidencial. Ambas acciones reprobables lo único que muestran son las miserias en donde deambula la política mexicana.

PD1. Fernando Pineda Ochoa: a la pregunta ¿quién determina si son infundios, tergiversaciones o críticas razonables, lo vertido contra el gobernador René Juárez Cisneros? La respuesta es: la veracidad de los dichos y de los hechos. Ahora que si filosóficamente nos preguntamos, como lo hiciera Jesucristo ¿qué es la verdad?, ya nos fregamos. En todo caso me atengo al principio axiológico que dice que la verdad siempre será revolucionaria; por más que grupos de interés, de todas las ideologías, en todos los tiempos, hayan, siguen y seguirán tratando de ocultarla o matizarla.

Acepto el papel de amanuense del gobernador. Reconozco mi aporte en los principales documentos de gobierno de esta administración estatal, los cuales fueron fruto de un esfuerzo y un liderazgo colectivo. Convendrás conmigo que Guerrero ya no requiere de más caciques o caudillos de cualesquier naturaleza.

Por lo demás, a muchos les consta mi práctica cotidiana de crítica y autocrítica como método recurrente para buscar la superación, la congruencia, la autocorrección y por tanto el perfeccionamiento en la concepción, conducta y labor cotidiana. Claro está que dicha práctica la hago, no exenta de cierta dosis de ironía o sarcasmo para no caer en la depresión o tener que ir al terapista de la autoestima personal y situacional cada quince días.

Precisiones del secretario de Desarrollo Rural

Señor director:

Con relación a la nota periodística del día de hoy (viernes) publicada en su prestigiado diario, permítame precisar el contexto y el sentido de mis expresiones verbales, realizadas en tribuna durante la comparecencia colectiva que tuvimos los secretarios y el procurador del gobierno del Estado ante los diputados locales durante los días 27 y 28 de los presentes.

1) No dije ni aseguré que el capital privado no llega a Guerrero porque la mayoría de los productores son mañosos. Expresé que la banca privada no le apuesta al campo guerrerense porque no hay garantías de arraigo (hipotecarias) para respaldar los créditos en virtud de que alrededor del 85 por ciento de la tierra rural es propiedad social, esto es, son ejidos o bienes comunales.

2) Ante el cuestionamiento de un diputado por la entrega de apoyos en forma discriminada a cooperativas pesqueras por razones políticas de parte de la Secretaría bajo mi responsabilidad, manifesté que no era así y que la única discriminación que hacíamos era para con los productores mañosos de los que no lo eran. Asimismo afirmé que los padrones de los pescadores cooperativistas estaban inflados con personas que no se dedican a la actividad pesquera, con el único propósito de recibir apoyos económicos del programa de empleo temporal. A esos, como a los beneficiarios del programa de fertilizantes que no siembran, los califiqué de productores nylon, tratando de hacer un símil con los cheques de hule.

 Atentamente
Lic. Héctor Manuel Popoca Boone

Héctor Manuel Popoca Boone

Liberalización del comercio y agricultura mexicana

 (Segunda parte)  

Analizadas las consecuencias de la operación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) en México, en los años de su existencia, el estudio comentado concluye que no ha sido ni el desastre que sus detractores pronosticaron ni la tabla de salvación aclamada por sus partidarios. Si bien el efecto en general puede resultar ambiguo, para las familias rurales, en general, el cuadro es muy claro y a la vez sombrío. Son los perdedores.

El TLCAN ha acelerado la transición de México a una economía liberalizada sin contribuir a crear las condiciones necesarias para que los sectores público, privado y social se adaptaran a los choques económicos, sociales y ambientales de comerciar con dos de las economías más grandes del mundo. Los ciudadanos más vulnerables de México han enfrentado una vorágine de cambios que supera la capacidad de control propia o del gobierno.

En respuesta a estos retos y desafíos, las familias rurales han creado estrategias de sobrevivencia para hacer frente a sus necesidades básicas de subsistencia. Estas incluyen una combinación de mayor cultivo de productos básicos para el autoconsumo y trabajo fuera de la parcela, a menudo en el sector informal de la economía y en algunos casos en plantas maquiladoras. En la actualidad, muchos trabajadores rurales realizan actividades no agrícolas como su ocupación principal, complementando sus ingresos con labores agrícolas esporádicas y temporales.

La política agrícola gubernamental, en el orden federal, ofrece considerable apoyo a los agricultores comerciales, pero no beneficia a los agricultores de subsistencia. Más que nunca las familias dependen de las remesas de aquellos que emigran a Estados Unidos, con o sin documentación. También para reducir sus gastos, las familias rurales recurren a métodos de quema de leña para cocinar sus alimentos y calentar sus viviendas; además de la quema de arbustos y árboles para abrir nuevas tierras al cultivo con los costos ambientales consecuentes.

A partir de las conclusiones obtenidas, los investigadores Audley, Papademetriou, Polaski y Vaughan pasan a elaborar las siguientes recomendaciones para otros países que quieran seguir el camino emprendido por México:

No es necesario ni ineluctable que los acuerdos comerciales generen este tipo de problemas, anteriormente descritos, para la población pobre de las zonas rurales. De negociarse correctamente pueden abrirse puertas a nuevos mercados y al mismo tiempo protegerse de las tensiones asociadas al participar en la competencia mundial y la mayor presión sobre los recursos naturales.

Asimismo, el comercio mundial puede apreciarse y concebirse como una herramienta para fortalecer y hacer crecer las economías nacionales; siempre y cuando sepan aprovecharse las ventajas económicas comparativas que cada país tiene respecto de otros. Los gobiernos deben de responder a la apertura económica con políticas públicas eficaces, como el despliegue de redes de seguridad social y la asistencia técnica en la adaptación al comercio libre; creando, a la vez, programas que protejan los derechos de los trabajadores y el medio ambiente.

También los países en desarrollo deben de negociar programas de reducción arancelaria más prolongados y graduales para los productos agrícolas importados de los países ricos. Negociar salvaguardas especiales para protegerse contra la práctica de inundar el mercado con cultivos subsidiados por los gobiernos de origen (dumping). Contar con medios de absorción del choque, como lo son los subsidios directos a los productores rurales. Esto último es especialmente importante en los países en donde la agricultura es una de las principales fuentes de empleo.

Necesario es concertar considerable asistencia económica para la transición y adaptación al comercio mundial, con fondos de los socios comerciales más poderosos, de fundaciones y donantes internacionales. Esta debe incluir obligadamente capacitación en nuevas pericias para los trabajadores y agricultores de subsistencia. Accesos al crédito que permitan y alienten a los pequeños agricultores a instaurar prácticas agrícolas acordes al sentido económico del mercado y a la racionalidad ambiental. Todo eso para tener una transición amable a medios de vida sostenibles en el mercado global moderno.

Los convenios comerciales internacionales deberían permitir también a los países en desarrollo adoptar políticas públicas que optimicen el aumento del empleo; promoviendo el surgimiento de proveedores locales que desalienten componentes importados. No importa que las empresas proveedoras sean extranjeras o no; importa que estén radicadas en el país y que generen importante número de puestos permanentes de trabajo.

Otro aspecto relevante a tomar en cuenta, es la adopción de políticas públicas que ayuden a distribuir las ganancias procedentes del comercio de forma más equitativa, mediante mejores sistemas tributarios y de salarios mínimos. Asimismo, el establecimiento de una infraestructura y política ambiental en donde pueda obtenerse ventajas en los convenios comerciales para la atención de la creciente demanda de productos alimentarios orgánicos.

Por último, la migración laboral es una fuerza social y económica de importante consecuencias para tenerse en cuenta en las futuras negociaciones de libre comercio, ya que este aspecto, junto con la protección ambiental, los empleos y salarios, deben formar parte de un esfuerzo de gran aliento y de                         mayor envergadura en el marco de un alto grado de cooperación bilateral y complementación regional.

 PD. Con tanto escándalo público de algunos políticos no hay tiempo para aburrirse; más bien para hartarse.

Héctor Manuel Popoca Boone

Liberalización del comercio y la agricultura mexicana

 (primera parte)  

Las siguientes son las conclusiones producto de dos años de investigaciones que dentro del proyecto Comercio, Equidad y Desarrollo, realizó la Carnegie Endowment for International Peace, sobre el impacto que ha tenido en la agricultura mexicana la liberalización del comercio en el marco del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN)

En la década de los treinta del siglo pasado, la estrategia económica de México de sustitución de importaciones y mayor protagonismo del sector público había incrementado los puestos de trabajo y la producción económica, pero generó asimismo una exagerada deuda externa que desencadenó una importante crisis económica en 1982.

A partir del periodo presidencial de Miguel de la Madrid, la economía se encauzó hacia una economía de exportación, liberalización del mercado y contracción del sector público, que culminó con la firma del TLCAN bajo la presidencia de Salinas de Gortari.

Después de veinte años pueden sacarse algunas conclusiones sobre la forma que ha cambiado la vida de los mexicanos, sobre el grado de capacidad que el gobierno ha tenido para crear condiciones que permitan ofrecer trabajo a los mexicanos, proteger su salud, el medio ambiente y ofrecerles alternativas a la migración laboral.

La primera conclusión es que el TLCAN no ha ayudado a la economía mexicana a mantenerse a la altura de la creciente demanda de puestos de trabajo. Un crecimiento sin precedentes en el comercio, la creciente productividad y el repentino incremento de las inversiones tanto en cartera como extranjeras directas han producido una aumento apenas de 500 mil puestos de trabajo en el sector manufacturero entre 1994 y 2002. El sector agropecuario, donde aún trabaja casi la quinta parte de la población mexicana, ha perdido 1.3 millones de puestos desde 1994.

La segunda conclusión es que los salarios reales de la mayoría de los mexicanos son hoy más bajos que cuando el TLCAN entró en vigor. Sin embargo, este revés en los salarios fue causado por la crisis del peso entre 1994 y 1995 y no tanto por el TLCAN. Sumado a ello, el aumento de la productividad que se registró en la década pasada no se ha traducido en un aumento salarial. A pesar de los pronósticos, los salarios mexicanos no han experimentado una convergencia u homologación con los salarios de Estados Unidos.

La tercera conclusión es que el TLCAN no ha detenido el flujo de mexicanos pobres hacia Estados Unidos en busca de trabajo. En realidad, se ha registrado un aumento espectacular en el número de inmigrantes que llegan a Estados Unidos a pesar del aumento inédito en las medidas de control fronterizo. Los patrones históricos de migración, la crisis del peso y el atractivo de oportunidades de empleo en Estados Unidos constituyen mejores explicaciones del aumento de la migración que el propio TLCAN.

La cuarta conclusión es que el temor de una minimización de las regulaciones ambientales ha sido infundado. Al momento, algunos elementos de la economía mexicana están más contaminados y otros más limpios. El gobierno mexicano estima que los daños anuales ocasionados por la contaminación en la década pasada superaron los 36 mil millones de dólares por año. Este daño al medio ambiente es mayor que las ganancias económicas procedentes del crecimiento del comercio y la economía en su conjunto. Más concretamente, la puesta en vigor del TLCAN aceleró cambios en las prácticas agrícolas comerciales que han sometido al diverso ecosistema de México a un riesgo mayor de contaminación por concentraciones de nitrógeno y otros productos químicos comúnmente utilizados en la agricultura moderna.

La quinta conclusión de la investigación realizada indica que la evolución de México hacia un sector agrícola moderno y orientado a la exportación tampoco ha producido los beneficios ambientales previstos de menor deforestación y labranza. Los agricultores rurales han sustituido el ingreso perdido debido a la baja de los productos básicos por el cultivo de tierras más marginales, práctica que ha resultado en una tasa promedio de deforestación de más de 630 mil hectáreas anuales desde 1993 en las regiones biológicamente ricas del sur del país.

PD1. La voz popular dice que no es lo mismo tener las manos limpias que las nachas ahumadas. Tampoco lo es la prudencia que prescribe la neurona, al arrebato que suscita la hormona.

PD2. Reconozcamos que la clase política mexicana además de improductiva le resulta onerosa al pueblo mexicano.

PD3. En el asunto sobre los derechos humanos, el voto de México en contra de Cuba, de acuerdo con lo instruido a Fox por Bush en su telefonema tempranero, exhibió al gobierno mexicano en una actitud lacayuna respecto a su vecino del norte, una vez más. ¡Uff!

PD4. Estados Unidos se está empantanando en Irak, tal y como le sucedió en Vietnam. Al tiempo.

El gobierno del estado evita mala imagen para el Tianguis Turístico

Levantarán pescadores hoy su plantón después de acordar la entrega de 1.3 mdp

 Con la entrega de 1.3 millones de pesos que dará hoy a las 9 de la mañana el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone, se levantará el plantón que mantienen los pescadores desde hace cincuenta días en la entrada del hotel Quinta Real, para evitar una mala imagen en la edición 39 del Tianguis Turístico a llevarse a cabo el 18 de abril.

El plantón se hizo en protesta por las afectaciones que los desarrollos turísticos que se construyen en Punta Diamante han causado a los mantos ostrícolas de esta bahía.

El levantamiento del plantón es el resultado de las pláticas que iniciaron los plantonistas desde el miércoles con el funcionario estatal y que terminaron ayer por la noche en las instalaciones de Protur.

Popoca Boone les pidió a cambio comprobar el gasto del dinero con proyectos productivos.

En la plática de ayer estuvo presente el presidente de la Sociedad Cooperativa de Pescadores y Buceadores de Puerto Marqués, Pedro Monares Flores, acompañado de miembros de la sociedad cooperativa; quienes fueron testigos de que se acordó también que el gobierno del estado proporcionará un carro a los plantonistas para que trasladen sus pertenencias.

Héctor Manuel Popoca Boone

 Dinero y democracia

La democracia y la política en una sociedad capitalista, en más de un sentido, están determinadas por el dinero. Tan es así que los políticos, sus partidos políticos y sus campañas electorales en la sociedad más capitalista del mundo –Estados Unidos– no se conciben, ni llegan a prosperar, si no tienen el respaldo de fuertes cantidades de millones de dólares.

En México, lamentablemente cada día es más valedera la expresión de que un político pobre, de cualquier ideología, es un pobre político. Frase atribuible a uno de los políticos mexicanos, Hank González, que hiciera muchísimo dinero a través de la política.

Si usted, como un ciudadano mexicano común y corriente, aspira a ocupar un puesto de gobernante o de representante popular y no tiene dinero ni como conseguirlo, mejor absténgase de intentarlo, porque el financiamiento de las precampañas y las campañas electorales rebasan en mucho los presupuestos públicos que reciben los partidos políticos para tal propósito.

Jorge G. Castañeda autoproclamado precandidato sin partido a la Presidencia de la República, en el prólogo que escribe al libro de Lino Korrodi Me la jugué, afirma enfáticamente que “Lino en efecto juntó el dinero, y sin dinero, no hay campaña posible ni en México ni en cualquier otra democracia, incluso en aquellas en donde el financiamiento público aparentemente desempeña un papel primordial”. Sin mayores comentarios.

Los millones de pesos recaudados por la organización Amigos de Fox, dentro y fuera del país, para la campaña presidencial del PAN, corroboran lo dicho por Castañeda; lo mismo pasa con los cientos de millones de pesos que el sindicato de petroleros transfirió al PRI para la campaña de Francisco Labastida.

Lo peligroso de esta tendencia en los financiamientos de carácter privado, muchas veces subrepticios, a las campañas electorales, es lo comprometido que quedan los políticos con sus mecenas. Compromisos bochornosos que van desde los contraídos con empresarios inescrupulosos que pedirán el retorno de su inversión por medio del otorgamiento de contratos de obra o de adquisición de bienes públicos, a aquellos financiamientos provenientes del narcotráfico, a cambio de impunidad para sus actividades ilícitas.

Dejar el financiamiento privado sin restricciones para campañas políticas es poner y exponer, en la práctica, a los partidos y a los políticos a los sobornos del mejor postor interesado. Los barones del dinero, sea éste limpio o sucio, serían los jefes y mandamases, a trasmano, de la política. De ahí la necesidad, por interés público, del financiamiento acotado y transparente a los partidos, a las campañas y a los candidatos para que no se vuelvan franquicias o títeres de la plutocracia.

No fue cosa nueva ni insólita el que un empresario constructor “invirtiera” en campañas electorales de tal o cual candidato, para luego obtener jugosa retribución a través de contratos de obra o de compra de bienes. Es una práctica mas o menos común que se remonta mucho tiempo atrás; como lo es también el tener que dar el famoso diezmo (10 por ciento) como mínimo, al servidor público que tiene la facultad de asignar dichos contratos. Las licitaciones públicas en algunos casos son meras simulaciones. Eso ha sido parte de nuestra tristemente célebre idiosincrasia corruptiva en la administración pública de cualquier orden de gobierno.

Lo que es inusual es la gran proyección mediática que se le dio, principalmente por la televisión, al caso Ahumada-Bejarano; que en su justa dimensión, fue una corrupción de menor cuantía comparada al Pemexgate o el dinero ilegítimo recibido por Amigos de Fox. En el caso del seductor y corruptor del PRD, poco a poco se ha venido dilucidando la existencia de un complot previo, para usar y abusar del evento corruptivo con fines de mellar la figura de Manuel López Obrador y la otrora fortaleza moral del PRD.

Ante eso, dicho partido debe, antes que nada, limpiar su casa; es decir, reconocer la corrupción dentro de sus filas, depurar sus prácticas pragmáticas clientelares y deslindarse aplicando las responsabilidades a que haya lugar, sin ningún tipo de solapamiento, como ya lo está haciendo.

Y después, denunciar la conjura armada con perversidad. No usar ésta para minimizar el hecho de que, en gran o menor medida, con el usufructo del poder, el PRD ha sido tocado por la corrupción y no hay nada que valga para hacer caso omiso de ello, si es que quiere restaurar la ética a su interior, en su práctica de gobierno y como ejercicio de política.

PD1. Reconozcamos que el PRI de Guerrero logró tener un candidato a gobernador más o menos en forma tersa. En cambio, en el PRD de Guerrero se avizora, o mejor dicho, se encuentran los precandidatos ya, en un agarre del chongo de pronóstico reservado.

PD2. La ignorancia crasa que manifiesta tener el gobernador del PAN en el estado de Morelos de los hechos delictivos del señor Montiel, jefe de su Policía Ministerial, sólo se explica por comisión de solapamiento u omisión por ineptitud. En cualesquiera de los dos casos, sale reprobado.

Héctor Manuel Popoca Boone

Campo descapitalizado

 A Heberto Castillo, en la hora de su reconocimiento nacional.

 Para entender en parte porqué el campo está descapitalizado, a pesar de todos los esfuerzos y recursos aplicados, debemos hacer un símil con un barril, el cual queremos llenar de agua pero tiene muchos hoyos por donde ésta se sale. Mientras no empecemos a tratar de taparlos, nuestro esfuerzo gubernamental y el de los propios campesinos será vano y estaremos trabajando para terceros, en última instancia. Veamos.

Primer hoyo. Desde el inicio del proceso productivo, en la adquisición de los insumos para su actividad agropecuaria, es donde empieza a drenar parte de los recursos económicos de los campesinos. Los precios de los insumos, generalmente industrializados, crecen más que proporcionalmente a los precios que ellos obtienen por la venta de sus productos, año con año. El precio de los fertilizantes, semillas certificadas, herbicidas, fungidas y pesticidas, cada ciclo agrícola les son más caros.

Segundo hoyo. El uso y renta de maquinaria agrícola resulta cada vez más oneroso. Por trabajar en condiciones de minifundio, a la mayoría de los campesinos no les es redituable la compra de maquinaria; debiendo pagar maquila de tractor, cuyo precio aumenta anualmente. He ahí otro momento en donde al campesino se le escapan recursos económicos propios.

Tercer hoyo. Si de usar mano de obra de jornaleros se refiere para la siembra, también ésta se pone más cara, a medida que pasan los años. En el momento de la cosecha, en condiciones de minifundio, tampoco tiene recursos económicos para hacerla en forma mecanizada; obligadamente la realiza a mano, lo que le resulta costosa, puesto que el pago de jornales es cada día más prohibitivo. El drenaje económico continúa.

Cuarto hoyo. Dado su tamaño de parcela, no les es dable al campesino contratar asesoría técnica especializada de agrónomos para una atención personalizada. Por lo que es difícil que adopte o tenga acceso a paquetes tecnológicos que le permitan incrementar la productividad y bajar, por ende, los costos.

Quinto hoyo. Para llevar a cabo el proceso de siembra y recolección de la pizca o cosecha tiene que recurrir el campesino a financiamiento particular al no tener acceso a créditos blandos y oportunos de la banca. Cae en manos de los agiotistas del campo que cobran intereses de usura. Sigue la fuga económica.

Sexto hoyo. Por no contar con una infraestructura adecuada para la comercialización como lo son bodegas, empaques, transportes y contratos de venta, el pobre campesino se ve obligado a vender su cosecha a pie de parcela o anticipadamente, a precios bajos impuestos por intermediarios inescrupulosos, es decir, coyotes o acaparadores de los productos del campo. Por este hoyo se vierte y desperdicia gran cantidad del esfuerzo económico del campesino.

Séptimo hoyo. Si por desgracia el temporal no fue bueno o hay presencia de sequía o lluvias torrenciales que hacen perder la cosecha; el campesino no cuenta, hoy en día, con ningún seguro agrícola contra siniestros. Su inversión y esfuerzo quedan total o parcialmente perdidos.

Octavo hoyo. Generalmente la venta de los productos agropecuarios, los campesinos la realizan sin ninguna agro-industrialización de por medio, que les permita obtener una mayor plusvalía. Este valor agregado se lo dan otros actores económicos que son los que obtienen mayores utilidades a la hora de venderlos, ya procesados, al consumidor final.

Para tapar todos estos hoyos y otros más, que son de diverso tamaño, es necesario empezar por el más grande, el gran boquete, que es la mala comercialización. Si el campesino no vende su producto a un precio que le reditúe un ingreso con ganancias, entonces no es negocio la labor en el campo y por lo tanto, la pobreza y la migración seguirán imperando en el medio rural.

El campesino sabe producir; pero no vender bien. Esto explica en parte su baja rentabilidad económica. De nada sirve incrementar la productividad y la producción de una unidad productiva rural si el ganador, al final de las cuentas, será el acaparador, intermediario o coyote.

A lo anterior sumemos que los gobiernos neoliberales durante los últimos veinte años le han dado la espalda al campo, entonces comprenderemos, en toda su dimensión, la descapitalización crónica sufrida.

PD1. Mi reconocimiento a la audacia y a la impunidad con que el lucrador social Gilberto Barrera alias El Copetes, bloquea la planta termoeléctrica de Petacalco cada vez que le da la gana; o mejor dicho, cada vez que se le termina el dinero.

PD2. El perverso del ingeniero Gustavo Labra, burócrata de tercera, maletero del ingeniero Morelos Vargas Gómez, que es a su vez maletero del licenciado Florencio Salazar Adame, se cree tan intocable que ya ni pela a su jefe formal, el delegado federal de la Sagarpa. ¡Habrase visto tamaña fatuidad!.

PD3. Hay que soñar siempre y tratar de vivir nuestros sueños cotidianamente; porque la imaginación y los sueños son tierra fértil donde germina toda proeza humana. Por eso, debemos tener siempre un referente, a manera de paradigma, en donde éstos puedan depositar, en todo momento, la semilla de nuestra esperanza y anhelo.