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Testigo vincula a García Harfuch e Iñaki Blanco con sobornos del grupo criminal Guerreros Unidos

Agencia Reforma

Ciudad de México

Un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, identificado como Juan, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el actual titular de la seguridad capitalina, Omar García Harfuch recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos.
La declaración del testigo protegido, a la que Grupo REFORMA tuvo acceso, refiere a sobornos de dicha organización criminal a distintos mandos militares y policiacos para que les dejaran operar con impunidad en el estado de Guerrero.
“Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”, dice.
Omar García Harfuch era coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero, durante 2014. “Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero, brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas, los de Taxco y los (de) Guerrero, el único que supuestamente no estaba de acuerdo era el señor Dorantes”, asegura el declarante cuya identidad está reservada.
Como testigo protegido, Juan es profuso en detalles sobre cómo ocurrieron los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala donde desaparecieron 43 normalistas y, según su dicho, fueron muertos y desaparecidos al menos 30 personas más, presuntos sicarios de un grupo contrario a los Guerreros Unidos.
La relevancia de su testimonio es que ha dado pie a encontrar restos de normalistas a partir de las coordenadas que él ha señalado y ha fundamentado las órdenes de aprehensión contra 18 militares por su implicación en el caso.
Uno de ellos, el capitán del Ejército José Martínez Crespo, se encuentra detenido y sigue su proceso en la cárcel del Campo Militar Número 1.
En el marco de esa declaración es donde Juan implica a García Harfuch y a otros mandos. Según el testigo, el ahora jefe de la policía capitalina estaba “bien conectado” con la milicia por sus vínculos familiares, en referencia a que es nieto del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional de 1964 a 1970.
Juan refiere que la nómina de Guerreros Unidos incluía a los Batallones 27 y 41 de Infantería, a cuyos militares pagaban 60 mil a 120 mil pesos, según el rango, aunque señala que había un general que recibía hasta 5 millones de pesos.
Otros funcionarios que señala son Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco, secretario de Seguridad Pública y procurador de Guerrero respectivamente, en el gobierno del perredista Ángel Aguirre. Estos funcionarios recibían 50 mil dólares mensuales, según el dicho de Juan.

Guerreros Unidos eliminó a 20 indigentes para tratar de ofrecerle una salida

Guerreros Unidos eliminó a 20 indigentes para tratar de ofrecer una salida a las investigaciones del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que en un principio estuvieron a cargo de la Procuraduría de Guerrero, declaró a la FGR el testigo protegido Juan.
Este plan lo acordaron los miembros del grupo delictivo con el comandante Wenceslao Elizalde Zempoalteca, ex coordinador regional de la Policía Investigadora Ministerial, cuando le entregaron las cenizas de los estudiantes con el propósito de que “sembrara” la evidencia.
Sin embargo, debido a que la relevancia del caso escaló en los medios de comunicación, las autoridades desistieron en tratar de presentar el hallazgo de los restos de los indigentes como si estuvieran relacionados al de los normalistas desaparecidos.
Es por ello que el comandante decidió ir directamente al basurero de Cocula y las zonas aledañas para plantar los restos de los estudiantes.
“En un primer momento agarraron a unos 20 indigentes y los metieron a las fosas, atrás, atrás de Pueblo Viejo, y dado que el asunto estaba muy mediático, dijeron que la Fiscalía, o sea Iñaky (Blanco, el procurador), que no iba a resultar y fueron a los lugares donde en un primer inicio habían tirado los restos de los estudiantes para ir a preparar lo del basurero de Cocula”, dijo Juan.

 

Felipe Romero y Jorge García Jacinto, presuntos asesinos de Chavarría, se negaron a declarar

En la síntesis de la averiguación previa BRA/SC/02/ 1751/2009, de la que la Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General del Estado) retiró las actuaciones del ex procurador Alberto López Rosas que implican al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en el asesinato del diputado local perredista Armando Chavarría Barrera, se concluye que éstas son “afirmaciones sin sustento”.
“Personajes políticos señalan como responsable al C.P. Zeferino Torreblanca Galindo, del homicidio de Armando Chavarría Barrera, sin embargo son afirmaciones singulares sin sustento probatorio”, dice el documento de fecha 26 de junio del 2014, cuando era procurador Iñaki Blanco Cabrera, en la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En el documento ya no están integradas las indagatorias ministeriales realizadas por el ex procurador Alberto López Rosas que apuntan como autor intelectual del homicidio al ex gobernador Zeferino Torreblanca, de acuerdo con las declaraciones del comandante de la Policía Ministerial Trinidad Zamora Rojo, un veterano agente de la extinta Policía Judicial.
Incluso, en dicha averiguación se establece que el ex procurador Alberto López Rosas proporcionó información de personas “probablemente relacionadas con el homicidio de Armando Chavarría Barrera”, pero dice que éstas sólo fueron conocidas a través de una “entrevista” con el hoy occiso comandante (de la Policía Judicial), Trinidad Zamora Rojo, pero que no se trata de una declaración ministerial.
La declaración que hizo el comandante Zamora Rojo al entonces procurador López Rosas refiere que los responsables materiales del asesinato del diputado son los policías ministeriales Felipe Romero Romero, Jorge Luis García Jacinto y Arturo Arellano Pérez, quienes se encuentran purgando condenas por delitos distintos al caso Chavarría Barrera en los penales de Puente Grande, Jalisco, y de Tepic, Nayarit, y que se declararon a declarar cuando fueron requeridos por enviados de la Procuraduría.
Y en la nota que se publicó ayer en estas páginas, titulada “Elementos que apuntarían a Zeferino fueron sustraídas del expediente del caso Chavarría”, se demuestra que López Rosas, citado a declarar por Iñaki Blanco, le entregó al Ministerio Público que lo interrogó 31 hojas que fueron sustraídas del documento, una de las cuales lleva el título de “Declaración de Zamora”. De modo que, contrario a lo afirmado por Blanco, sí se trató de una declaración ministerial en la que el asesinado comandante dijo que el homicidio de Chavarría afuera de su casa en esta capital el 20 de agosto de 2009 fue ordenado por “un alto funcionario del gobierno del estado y de la Auditoría General del Estado”.

Declaraciones ministeriales de perredistas señalan a Zeferino

En el texto de la averiguación, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado asienta las declaraciones de 22 personajes “de la vida pública guerrerense”, entre ellos los ahora ex diputados locales de la 59 legislatura Napoleón Astudillo Martínez, Catalino Duarte Ortuño, Celestino Cesáreo Guzmán, Gisela Ortega Moreno y Sebastián de la Rosa Peláez.
Asimismo, del entonces senador perredista David Jiménez Rumbo y de los ex dirigentes del PRD, Saúl López Sollano y Guillermo Sánchez Nava.
También se encuentran como declarantes el entonces diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, y el entonces auditor General del Estado, Ignacio Rendón Romero, y el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, ya fallecido, Nelson Valle López.
Los declarantes que señalan al ex gobernador Torreblanca Galindo como el posible responsable del asesinato del diputado Chavarría Barrera subrayan el hecho de que le retiró la escolta a la que tenía derecho como ex secretario de Gobierno; sus desencuentros por la actividad que el diputado tenía como presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso y el gobernador; el homicidio de los dirigentes indígenas mixtecos de Ayutla, y el rechazo por algunas iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Legislativo.
La declaración de López Sollano va directamente al caso. Refiere que se trató de un asesinato político porque siendo diputado local Chavarría Barrera, “tuvo diferencias por no aprobar una iniciativa de ley enviada por el gobernador para privatizar los servicios públicos, agua potable y alcantarillado”.
Citó que otra diferencia entre el entonces gobernador y el diputado, fue el homicidio de los dirigentes indígenas mixtecos de Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Otra de las diferencias es la que se encuentra en la declaración del entonces senador David Jiménez Rumbo, quien refirió que “el primer conflicto que se dio con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo fue que una vez electos los diputados locales, el Lic. Chavarría y Carlos Álvarez querían la dirigencia de la fracción del PRD en el Congreso, porque tenía mayoría. El gobernador habló con ambos por separado y arregló el problema al confirmar que el Lic. Chavarría tenía la mayoría de diputados”.
Mientras tanto, la declaración de Sánchez Nava señala que el de Chavarría Barrera “es un crimen político por su trayectoria política, por los cargos políticos que ocupó y luego porque era el aspirante más fuerte a la candidatura a gobernador, y porque era obvio que había diferencias entre el agraviado y el gobernador a raíz de su renuncia a la Secretaría de Gobierno, rechazo que se agudizó con la iniciativa del gobernador de concesionar algunos servicios públicos como el agua potable”.
En las declaraciones de quienes fueron citados se establecen las diferencias políticas por la postulación de Chavarría Barrera como diputado local, y a la postre presidente de la Comisión de Gobierno, el órgano de decisión del Congreso.
La declaración al respecto es de Saúl López Sollano, quien refiere que Zeferino Torreblanca “no estuvo de acuerdo que se postulara como candidato a diputado local, proponiéndole que se postulara como candidato a diputado federal. Después el ex gobernador se opuso a que (Armando Chavarría) fuera nombrado coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, ya que promovió a Carlos Alvarez Reyes”.
Al respecto también declaró el entonces diputado Napoleón Astudillo Martínez, quien dijo que “con la única persona que tuvo algunos desencuentros (Chavarría Barrera) políticos fue con el diputado Carlos Alvarez Reyes, ya que éste pretendió quitarle la presidencia de la Comisión de Gobierno”.
También Catalino Duarte declaró al respecto. Dijo que “tuvo varios desencuentros con el diputado Carlos Álvarez Reyes, llegó hasta los insultos y descalificaciones en tribuna en contra de Chavarría Barrera”.
A su vez Celestino Cesáreo declaró que él se dio cuenta de los desencuentros entre Chavarría Barrera y Álvarez Reyes sólo a través de los medios de comunicación, y declaró “que por los medios de comunicación se dio cuenta de las diferencias que tuvo Chavarría en el Congreso con el diputado Carlos Álvarez”.
En ese sentido David Jiménez Rumbo declaró que el segundo conflicto que se originó entre Chavarría y el entonces gobernador “fue cuando el Lic. Chavarría fungía como presidente de la Comisión de Gobierno, cuando echó para atrás una iniciativa de ley que le convenía al gobernador, ante esto el gobernador intentó quitar de la presidencia al Lic. Chavarría por conducto del diputado Carlos Álvarez, esto originó un enfrentamiento político con el gobernador y el grupo que encabeza el Lic. Chavarría, pero de nueva cuenta se sentaron a dialogar con el gobernador para poner fin a esas diferencias”.
A pesar de los señalamientos de quienes fueron citados a declarar a la entonces Procuraduría General de Justicia, no se establece con precisión la actuación ni la vinculación que el ahora ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, hizo en las investigaciones cuyos resultados implican al ex gobernador Zeferino Torreblanca.
Apenas se toca el caso cuando señala que “en relación a los hechos que se investigan (Alberto López Rosas) proporcionó información de personas probablemente relacionadas con el homicidio de Armando Chavarría Barrera conocidas a través de una entrevista con el hoy occiso comandante Trinidad Zamora Rojo, resultando las personas de nombre Rafael Romero Romero y/o Felipe Romero Romero, Jorge Luis García Jacinto y Arturo Arellano Pérez, policías ministeriales del estado de Guerrero”.

Las diligencias en los penales de Puente Grande y Tepic

Posteriormente se menciona que el 6 de noviembre del 2014 “personal de esta Fiscalía Especializada, con auxilio de personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se constituyó en el interior del Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, con la finalidad de recabar la declaración de Rafael Romero Romero y/o Felipe Romero Romero quien se encuentra recluido por delitos de orden federal y quien en relación a los hechos que se investigan se negó a rendir su declaración”.
También refiere el documento que “el 21 de noviembre del 2014 personal de esta Fiscalía Especializada en compañía de personal de la Fiscalía General del Estado de Tepic, Nayarit, se constituyó en el interior del Centro de Readaptación Social número 4 Noroeste, con la finalidad de recabar la declaración ministerial de Jorge Luis García Jacinto, recluido por delitos federales, quien en relación a los hechos que se investigan se negó a rendir su declaración”.
Estos personajes serían dos de los presuntos responsables materiales a los que el comandante Zamora Rojo implicó en el asesinato de Chavarría Barrera, pero que la ahora Fiscalía no logró obtener sus declaraciones.
Mientras que el comandante Zamora Rojo fue asesinado en junio del 2011. Su cuerpo fue encontrado desmembrado. Sus asesinos tiraron el cadáver bajo un puente vehicular, cerca de la Fiscalía General del Estado en esta capital. Junto a sus restos dejaron una cartulina que decía: “sea quien sea cabrones… a todos los chaqueteros dedos y chapulines esto va para todos ustedes del color más fuerte. Los Rojo (sic)”.