El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, consideró que es urgente depurar a todas las corporaciones policiacas, y a “uno que otro político”, para disminuir los índices delictivos que prevalecen en la capital.
Remarcó que la violencia, que dejó al menos 10 víctimas en el transcurso de la semana pasada, puede prevenirse si se utilizan los sistemas de inteligencia al servicio del estado.
Aunque abundó que de acuerdo con su perspectiva, las corporaciones policiacas tienen perfectamente identificados a los “señores del crimen”, y por eso “siempre es mejor prevenir, que tapar el pozo después del niño ahogado”.
En conferencia de prensa en la curía diocesana de la catedral de la Asunción de María, acompañado del párroco Benito Cuenca Mayo, el prelado informó que los obispos de México extendieron una iniciativa llamada Educar para una Sociedad, integrada de compromisos y tareas para una nueva acción educativa.
Hizo el llamado a los docentes para defender su ejercicio de vocación, ante cualquier otro valor e interés, donde la lucha sindical y gremial por los derechos educativos “debe encontrar caminos mucho más creativos y propositivos, pues dejar a un niño sin clases es un gran contrasentido”.
Asimismo hizo el llamado a las instituciones educativas, la sociedad, Iglesia y el Estado, para poner el debido empeño en el trabajo educativo en el regreso a clases del año en curso.
Por ello, Rangel Mendoza solicitó a los docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), no afectar el ciclo escolar que inicia a partir de hoy en la entidad.
“Hay derechos a la manifestación, pero también existe el derecho al libre tránsito, y me refiero a los bloqueos que fundamentalmente quebrantan dos derechos: el derecho a la educación que tienen niños y jóvenes, y el derecho al libre tránsito”, dijo, en alusión a los bloqueos del magisterio.
Remarcó que los docentes tienen derecho a defender sus prestaciones o conquistas salariales, sin embargo, apuntó que en la sociedad civil “un derecho termina donde empieza el otro”.
A pregunta sobre la advertencia del gobierno federal, de desalojar los bloqueos y manifestaciones del magisterio opositor a la reforma educativa, el obispo indicó que el gobierno de manera “prudente”, tiene el derecho para integrar el orden y la disciplina en la sociedad.
“Si hay personas que quebrantan estas leyes y perjudican los derechos de los demás, el estado está obligado a dar a cada quien lo suyo”.
Aunque aclaró que la intervención del gobierno no debería ser similar a lo ocurrido en Nochitlán, Oaxaca, el 20 de junio, donde civiles murieron tras enfrentarse con agentes de la Policía Federal, “pero vivimos en un estado de derecho, más no un estado anárquico, y nosotros en la Iglesia apoyamos el derecho y no la anarquía”.
Sobre si la iglesia avalaría el uso de la fuerza pública, pese a la recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a la excesiva intervención de la Policía Federal en Tanhuato, Michoacán, donde aparentemente murieron 22 personas, Rangel Mendoza reiteró que el gobierno tiene la obligación de refrendar el estado de derecho.
“Pero claro, no estamos de acuerdo en que se use de manera imprudente la fuerza, porque la violencia siempre provoca más violencia, y el valor más importante es la vida”, dijo.
Respecto a la inseguridad que prevalece en Chilpancingo, donde en la última semana han ocurrido al menos 10 ejecuciones, relacionadas con la delincuencia organizada, por la captura de un presunto jefe de plaza en Leonardo Bravo (Chichihualco), el obispo insistió en que para solucionar el problema de la violencia se debe intensificar el esquema de inteligencia por parte del estado.
Remarcó que en Chilpancingo y en el resto de la entidad, “siempre hay gente más positiva que negativa”, y por ello manifestó que tendría éxito el sistema que deben proponer los diversos niveles de gobierno.
Agregó que de acuerdo con su perspectiva, “los señores del crimen están perfectamente identificados, y yo creo que sí, que el estado tiene el derecho y la manera de cómo frenar esta ola de asesinatos”.
Añadió que la población tiene derecho a vivir en paz, para que de una manera social puedan defenderse y denunciar los índices delictivos prevalecientes en la entidad.
Ante la posibilidad de que haya policías de las diversas fuerzas policiacas infiltradas con el crimen, el obispo reconoció que el gobierno debe “purificar” a las instituciones policiacas.
Asimismo, manifestó su temor de que tanto en el Ejército, Policía federal y las demás instituciones, haya “infiltrados” relacionados con el crimen organizado.
Por ello, finalizó en sugerir que se requiere una necesaria “depuración” de las instituciones policiacas, “incluidos uno que otro político”, para disminuir los índices delictivos.