Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Para doña Engracia Guerrero López estos días de Navidad y Año Nuevo serán distintos, los pasará sin su único hijo varón Jesús Antonio Moyao, quien fue levantado el 23 de febrero en Chilapa, y sigue desaparecido.
“Habíamos pasado ausencias con él porque trabajaba fuera, pero siempre estaba en constante comunicación, mucho buscaba a su familia, estaba al pendiente, nos hablaba siempre. Ahora será distinto, no sabemos realmente nada de él”, declaró la mujer el 7 de diciembre.
Engracia, quien dijo que antes siempre fue empática con las familias que denunciaban la desaparición de uno de los suyos compartiendo en las redes sociales las fichas con sus datos y decía, “que feo se ha de sentir”, ahora en 10 meses ha vivido su propio drama: está amenazada por quienes se llevaron a su hijo, fue criminalizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) e intimidada por los agentes que investigan el caso.
Jesús Antonio Moyao Guerrero de 29 años y de oficio chofer desapareció después de las 4:40 de la tarde del 23 de febrero, cuando trabajaba la ruta del transporte público Mercado-Centro-San Juan, de Chilapa.
La hora la tiene precisa su madre porque minutos antes habló con él, unos 40 o 50 minutos y quedaron de verse más tarde cuando terminara de trabajar, pero Jesús ya no regresó. Antes de las 40:40 también había hablado con su esposa.
Engracia dijo que a las 5:02 de la tarde le preguntaron si estaba con ella porque no lo encontraban y había dejado abandonada la Urvan. Le marcó y el aparato mando a buzón y los mensajes de Whatsaap no le llegaban.
Contó que Francisco, el propietario de la Urvan anduvo preguntando por él muy molesto porque, dijo, “había abandonado la combi”.
Después supieron que de la Urvan se llevaron a su hijo cuando estaba en la colonia Flor Morada, a un costado de la iglesia.
Ahora, 10 meses después, todavía no tiene ninguna idea de qué pasó con él.
“No sé si está con vida, yo quiero creer que sí, que está en algún lugar, mucha gente comenta que a lo mejor ye le hicieron algo, pero yo no quiero creer eso. Yo tengo la esperanza de que mi hijo está vivo”, expuso.
Se quejó de que ha aportado mucha información a la FGE y ha pedido que se vuelva a indagar, “a las personas o a la persona” de quienes hay sospechas, pero que la Fiscalía no ha hecho nada, “el expediente sigue tal cual”, aun cuando hay una indicación de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos, con quien se reunió los primeros días de septiembre, “pero no hay absolutamente ningún avance”.
El 30 de agosto, durante el mitin afuera de la FGE, después de la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Fiscal se acercó a ella y prometió que la iba atender, tres días después la recibió y le ofreció encontrar a su hijo, “pero de eso ya pasaron tres meses y hasta el momento no sé nada, no hay avances, no hay investigaciones, no hay nada. Todo está exactamente como hace 10 meses”.

No hay personal eficiente, capacitado y con empatía con las víctimas, ni espacios adecuados para atenderlas, informa

“Yo veo que las autoridades no investigan, si quisieran resolver el caso ya toda la información se les proporcionó, incluso existe una sábana de llamadas (telefónicas), muchas cosas se han hecho a través del colectivo (Lupita Rodríguez de Chilpancingo), búsquedas, presiones…”.
Denunció que lo que sí ha tenido como respuesta son intimidaciones de agentes ministeriales.
Contó que una ocasión fueron a su casa y le preguntaron a su esposo que si ella conocía a algún testigo, que si sabía por qué los ocultaba y su esposo les dijo que no conocía a nadie.
“Preguntaron en forma intimidante y altisonante. Eso se lo dije a la fiscal, que no se vale, que nosotros somos víctimas y resulta que las víctimas somos las que nos tenemos que andar cuidando de todo y de todos, y la gente que nos ha causado mucho daño anda felizmente caminando por la calle”, señaló.
Engracia Guerrero también se quejó de la criminalización constante que sufren los familiares de los desaparecidos, nos dicen: “seguramente andaban metidos en algo, seguramente hicieron algo, cuando no es así, o cuando menos no les consta”.
En su caso dijo que la criminalización fue directa y desde el momento que fue a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, donde el agente de turno que la atendió le advirtió, “si encontramos a su hijo y resulta que hizo algo, va a recibir su castigo”.
Contó que su respuesta fue: “adelante, estoy de acuerdo, si hizo algo se lo merece, pero por la autoridad, no por cualquier persona”.
Reprochó que no hay personal eficiente, capacitado y con empatía con las víctimas, así como espacios adecuados para atenderlas, “no hay privacidad, no hay discreción, los escritorios están todos juntos, todo mundo escucha lo que denunciamos o informamos. No hay seriedad en estos casos”.
Recordó que cuando solicitó las sabanas con las llamadas del teléfono de su hijo le dijeron en el Ministerio Público que no se podía por la secrecía de la investigación, “pero resulta que para nosotros no hay, nos hacen las preguntas delante de toda la gente que está ahí y todo mundo escucha lo que decimos y lo que ellos nos dicen a nosotros”.
Denunció que esto tiene que ver con las amenazas y represalias que después reciben los familiares de las víctimas, como las ha sufrido ella.
“Primero fueron económicas, me dijeron que si quería recuperar a mi hijo tenía que dar cierta cantidad, y no creímos porque sabemos que existen personas que abusan del dolor de nosotros para obtener un recurso económico, y no se vale”, mencionó.
Agregó que después siguieron las amenazas y el acoso, le advirtieron que se tenía que ir de Guerrero para que pudiera saber de su hijo. “Me amenazaron que no me querían volver a ver y mis preguntas fueron, ¿yo que les hice?, ¿quiénes son esas personas?, ¿por qué a mí?, ¿por qué a mi hijo?, ¿qué mal les hemos hecho?.
Entre sollozos, Engracia Guerrero explicó que es muy complicado vivir de esa forma, “son personas cobardes que se esconden bajo perfiles falsos”.

Tres veces le han cambiado al agente del Ministerio Público

Dijo que cuando se reunieron con la fiscal Valdovinos Salmerón, supuestamente para informarle de los avances de la investigación, paradójicamente le dijeron que no había resultados.
Contó que estuvo ahí un nuevo agente del Ministerio Público del caso, quien le argumentó que él apenas se estaba empapando del caso, y que es como volver a empezar de cero la investigación.
La madre del desaparecido informó que inicialmente el Ministerio Público que atendía el caso era un licenciado llamado Kevin, a quien destituyeron o cambiaron y que varios meses el caso estuvo sin atenderse, después, hace dos meses se enteró que designaron a una licenciada Doris, pero el 2 de diciembre cuando se reunió con la Fiscal se enteró que hay uno nuevo que apenas está revisando el expediente.
Reprochó: ¿por qué no en lugar de estar cambiando constantemente personal los capacitan o les dicen que hagan mejor su trabajo?
El mismo 2 de diciembre se enteró que desde el inicio de la investigación debía tener un asesor jurídico, y reclamó porque no le habían dicho nada, y la respuesta fue que: “todo está en oficios”.
Dijo que nueve meses después de que presentó la denuncia le explicaron que debe tener un asesor jurídico, “para el acompañamiento y cualquier duda, pero yo no lo tuve, desafortunadamente”.
Explicó que ahora es como si todo lo que denunció e informó a la FGE sobre la desaparición de su hijo lo hubiera hecho ante un escritorio vacío, “les dicté, archivaron y ahí está la información en simples papeles, porque ellos no pueden hacer nada”.
Engracia Guerrero denunció que en su caso, como en el de miles de familias con desaparecidos en Guerrero, están fallando las autoridades.
“Nos fallaron totalmente a todos los que estamos viviendo este drama, y si contamos cuántas familias están viviendo esta situación, nos fallaron a toda la sociedad en general, a todo el estado y a todo nuestro país”, señaló.