En el Día Internacional de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigió a las autoridades municipales, estatales y federales la declaración inmediata de la alerta de género, ante el incremento de feminicidios en el estado, y que se atiendan las recomendaciones internacionales para erradicar la violencia de género.
Mediante un comunicado, Tlachinollan pide respeto a los derechos de las mujeres, un alto a la violencia institucionalizada, y el cese de la criminalización en casos de legítima defensa ante una situación de violencia, que las autoridades gubernamentales no han atendido.
Explica que Guerrero es una de las entidades más afectadas por la violencia de género, pero que ha sido minimizada por las autoridades; recalca que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la ONU-Mujeres, el estado se ha mantenido en los primeros lugares en el índice de feminicidios durante los tres últimos años.
Detalla que por eso organizaciones de mujeres, desde el año pasado han solicitado a las autoridades la declaratoria de alerta de género en el estado, pero que han evadido el planteamiento y optan por acciones que no combaten el problema desde el fondo.
Las mujeres siguen padeciendo discriminación y criminalización del sistema de justicia que atiende a víctimas de violencia, abunda.
En el documento, remarca que el estado es un referente nacional de la violencia institucional castrense ante los casos emblemáticos de Valentina Rosendo e Inés Fernández, que generaron dos sentencias contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), resoluciones paradigmáticas y obligatorias que todas las autoridades tienen que atender y a las que deben dar cumplimiento.
Sin embargo, a siete años de la emisión de las dos sentencias, en Guerrero los jueces y juezas carecen de sensibilidad para tratar adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres y desconocen el manejo de los estándares más altos a nivel internacional, para brindar protección a los derechos de las mujeres, además de denigrar y revictimizar a las mujeres indígenas que se atreven a denunciar a sus agresores y, lo que es peor, se ponen de su lado.
Mencionan los casos de Juana Ramírez Marcos y Elvia Méndez Castillo, dos mujeres indígenas nahuas, víctimas de violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual por parte de sus  parejas, que enfrentan procesos legales por actos de legítima defensa, como responsables de lesiones agravadas que provocaron a sus parejas.
La jueza segunda de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Morelos las condenó a más de un año de prisión y a la reparación del daño en diciembre de 2016.
Juana y Elvia han vivido en carne propia el estigma de “mujeres violentas”, como las calificó la misma jueza, por haberse defendido de sus agresores.
Estos casos demuestran cómo varios jueces y juezas siguen resolviendo de manera rudimentaria y sin perspectiva de género casos de violencia contra las mujeres, sin aplicar los protocolos para la adecuada atención de la violencia de género.
Lamenta que, aunque en Tlapa, en 2015 se haya inaugurado la primera Ciudad Mujer en el país con el objetivo de brindar una atención integral, rápida y eficiente a las mujeres de la Montaña, respetando sus derechos humanos y su cultura, esta instancia desconoce la situación de Juana y Elvia, y de la violencia.
Repudia que en víspera del Día Internacional de la Mujer, la Montaña se enluta nuevamente con el asesinato de Isabel Roque Cortés, madre de familia de 35 años de la comunidad me’phaa de La Taberna, anexo de Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, quien fue asesinada por su pareja Juminiano Galindo el 7 de marzo.