A casi siete meses de la desaparición de vecinos de Chilapa tras la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal entre el 9 y el 14 de mayo pasados, los familiares de los desaparecidos reprocharon que el gobierno envíe policías a Chilapa, pero no investiga.
Como cada miércoles, familiares de 55 desaparecidos de Chilapa, se reunieron en el centro de la ciudad, y en esta ocasión reprocharon que, a pesar de que a la ciudad llegan policías federales, estatales y militares, estos “no investigan” el paradero de sus familiares.
Desde que comenzaron a exigir la presentación de sus desaparecidos, los familiares se han encontrado con funcionarios federales como el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; y con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Éber Omar Betanzos.
Los tres se comprometieron a coadyuvar en la localización de los desaparecidos, sin embargo, los familiares siguen sin saber el paradero de sus parientes.
El 9 de mayo, civiles armados irrumpieron en la cabecera municipal; entonces dijeron que venían en busca de líderes criminales; permanecieron en la ciudad hasta el 14 de mayo, cuando acordaron su salida con el Ejército.
Entonces, vecinos de Chilapa reportaron la desaparición de 30 familiares durante ese lapso, aunque sólo han denunciado 16 casos.
Después se fueron sumando más casos de desaparecidos de antes de esa fecha y posteriores a ese tiempo.
Los familiares vinculan con un grupo delictivo a los civiles armados, ahora constituidos como Policía Comunitaria por la Paz y Justicia AC, pero en una reunión que tuvieron con el alcalde Jesús Parra García en el auditorio municipal, aseguraron que sí retuvieron a los pobladores pero los entregaron a la Gendarmería.