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Desalojan con gases lacrimógenos y macanazos a los ocupantes del predio en Metlapil

 

 Reportan los precaristas nueve lesionados, 26 detenidos y una niña desaparecida, y los policías ocho golpeados. Casi una hora duró el enfrentamiento que comenzó con la entrada al terreno de cientos de motorizados y judiciales del estado y preventivos del municipio de Acapulco. A los golpes, los colonos respondieron con pedradas, dicen desalojados

 Karina Contreras, Jorge Nava y Roxana Ibarra

Por una orden del Ministerio Público, la madrugada de ayer unos 500 agentes de las policías Motorizada y Judicial del estado y de la Preventiva municipal, desalojaron a precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil donde el domingo ya había unas 500 familias.

El procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, informó que el desalojo es parte de las acciones “para combatir el delito de despojo que se ha convertido en el modus vivendi de algunas personas”.

El abogado de los detenidos, el perredista Alvaro Díaz Castro denunció que durante el desalojo hubo nueve precaristas lesionados, entre éstos una adolescente embarazada, y una niña desaparecida de 5 años. Las corporaciones policiacas, por su parte, reportaron ocho agentes con diversas lesiones, cuatro de ellos policías del estado y cuatro municipales, así como varias patrullas con daños.

El fiscal especial para la Atención de Delitos Graves, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fernando Monreal Leyva informó que hubo 26 detenidos que están a disposición del Ministerio Público, donde se resolverá su situación jurídica en 48 horas. Sin embargo, el boletín oficial de la Procuraduría sobre estos hechos, sólo reconoce a 25 personas detenidas.

Entre los detenidos que se encuentran en los separos está el dirigente perredista de La Sabana, Juan Carlos Muñoz Leal, suplente de la diputada local del PRD, Yolanda Villaseñor Landa. En el Sector Central del MP se encontraban 21 de los detenidos, y otros cinco en los separos de la Policía Ministerial (Judicial) de Renacimiento.

El abogado Díaz Castro señaló que entre los 26 detenidos se encuentra el caso de Severo Chapín Abarca, quien era atendido de fuertes lesiones en la Cruz Roja, de donde fue sacado por la fuerza por agentes de la Policía Ministerial para llevarlo a los separos. Por la tarde, se quejó de que el delegado de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo, no permite que Chapín Abarca regrese a la Cruz Roja para ser atendido por las lesiones que tiene en la cabeza y el cuerpo.

La señora Gloria Vargas García, dijo a El Sur que los policías golpearon a su hija Edith Ramírez Vargas, de 16 años, que cuenta con tres meses de embarazo y que por los golpes que recibió presentó un sangrado vaginal.

Según versiones de los ocupantes del predio y de los policías, ambos grupos se enfrentaron durante más de una hora. Del lado de los precaristas la versión indica que se defendieron a pedradas contra los policías cuando éstos llegaron a desalojarlos a golpes con macanas y rociando gases lacrimógenos.

El director de Seguridad Pública del estado, Víctor Hugo Peña López –al mando de 200 antimotines que vigilaban el lugar– aseguró que los policías “conminaron” a los colonos a que desocuparan el predio, pero en lugar de hacerlo “lanzaron piedras y varillas”, y fue cuando tuvo que “entrar” la Policía Judicial.

Según dijo, en la operación de desalojo participaron 150 policías del estado, 80 judiciales, y 120 preventivos. En la PGJE se informó que también participaron 12 agentes del Ministerio Público de diferentes agencias de la ciudad.

No fue orden de desalojo, sólo una inspección ocular, dice el fiscal Monreal

Funcionarios del departamento Jurídico del Invisur informaron a El Sur que el desalojo, ocurrido a las 5 de la mañana de este martes, fue ordenado a raíz de la denuncia Tab/V/073/2004 que presentó el lunes el delegado de ese Instituto, Alejandro López Salgado, por el delito de despojo contra quien resultara responsable, por la invasión a un predio en propiedad de la dependencia.

En un comunicado de prensa de la PGJE, el procurador Ramírez Guerrero explicó que el MP especializado en Despojos “en uso de sus facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política y el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, dio inicio a la averiguación previa TAB/V/073/04 y acudió al lugar de los hechos, con el propósito de realizar el desahogo de la diligencia”.

Ramírez Guerrero advirtió que “acciones delictivas como el despojo que se han convertido en un negocio lucrativo para algunas personas, se seguirán combatiendo enérgicamente por la dependencia a su cargo”.

Asimismo, el procurador exhortó “a los guerrerenses a no dejarse engañar, porque este es un delito de los considerados como graves, que alcanza una penalidad mínima de siete y una máxima de 18 años.

Sin embargo, por la tarde, el fiscal Monreal Leyva negó que se haya tratado de una orden de desalojo, y que los policías sólo acudieron “como apoyo” a una inspección ocular para integrarla a la averiguación que se abrió por la demanda del Invisur.

El delegado López Salgado pidió en la demanda que había presentado ante la Quinta Agencia del Ministerio Público especializada en despojos, la recuperación del predio para ser reintegrado a Invisur, pues está destinado para reserva territorial de esa dependencia para el desarrollo de programas de la comunidad.

Los colonos comenzaron la agresión, dice el delegado de la PGJE

Ayer por la tarde, un grupo de desalojados presentó la queja número Crac/100/04/2004 en la Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), en contra el delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Efrén Suástegui Mayo, de agentes de la Policía Ministerial del Estado, y de agentes de la Policía Preventiva municipal, por violación a los derechos humanos, lesiones, abuso de autoridad y lo que resulte.

Por su parte, el fiscal Monreal Leyva negó que hubiera enfrentamiento y responsabilizó a los colonos de comenzar la agresión.

Indicó que en el momento en que se hacía “la diligencia de inspección ocular”, encontraron en el predio “a mucha gente posesionada en el mismo”. Agregó que los invitaron “a que desalojaran el lugar”, y los colonos comenzaron con la agresión.

Del predio, indicó que quedó a disposición del Invisur, que es el propietario.

Verifica la Codehum la violencia contra los colonos

Por la tarde, acudió a los separos del Sector Central de la Policía Judicial, el coordinador regional de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, donde al concluir su visita a los detenidos habló con algunos de sus familiares sobre el estado en el que se encontraban.

Declaró a reporteros que encontró sólo a 18 detenidos, de los cuales a cinco tienen lesiones en diversas partes del cuerpo, sin atención médica por parte del Ministerio Público. Advirtió que por ello podría fincarse alguna responsabilidad porque el MP debe de verificar en qué condiciones se encuentran los apresados.

Agregó que al encontrarlos en ese estado llamó a la Cruz Roja para que en ese momento fueran atendidos en algún hospital de la ciudad.

Navarrete Magdaleno dijo que quiso verificar la violencia que ejerció la policía contra los desalojados, y señaló que ésta no se justifica.

Más tarde, Navarrete acudió al hospital general del IMSS Vicente Guerrero, y al Donato G. Alarcón de Ciudad Renacimiento, para tomar la declaración a los lesionados por la queja que presentaron sus familiares. Sin embargo, en el módulo de información de la sala de urgencias del Vicente Guerrero no encontró registrado ninguno de los nombres que tenía en su lista de presuntos lesionados.

En el Donato G. Alarcón le informaron que atendieron a Edith Ramírez y Maricela Marcos, pero que ya habían abandonado el lugar. Dijo que pedirá por escrito el informe de las condiciones de salud en las que se encontró a la lesionadas. De la visita, a la que lo acompañó su secretaria Patricia Delgado Rojas, señaló que levantará una constancia.

Agregó que harán intervenir al Ministerio Público adscrito a la Codehum para que en caso de que los policías acusados tengan culpa, respondan de manera legal.

Indicó que la médico legista adscrita a la Comisión, María Soledad Nava Arango, hará un examen médico a los lesionados detenidos en los separos para tener la valoración médica, y que toda la información se integrará al expediente.

Dijo que se pedirá por escrito la versión de los hechos al secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Lima Gómez, al director de la Policía Judicial del Estado, Ricardo Leonel Coronel, y al delegado de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo.

Exigen castigo a los asesinos del hermano de presunto secuestrador

 

 El crimen, en Tixtla, el 20 de abril. Judiciales me obligaron a decir que yo había participado en un rapto y si no accedía matarían a mi familia y están cumpliendo, dice el hermano de la víctima

 Roxana Ibarra

El vocero de los presos políticos perredistas recluidos en el Cereso de Acapulco, Jerónimo Hernández Refugio, pidió al procurador Jesús Ramírez Guerrero castigo a los asesinos de Heriberto Padilla Nava, hermano de uno de sus compañeros, Ismael Padilla Nava, el 20 de abril a las 2:30 de la tarde, en la calle Prolongación Acapulco, de Tixlta, y que no detengan sólo a “chivos expiatorios”.

Hizo un llamado también al PRD y a las organizaciones sociales de izquierda para que exijan justicia, “pues se repite la misma historia de que las personas que simpatizan o son miembros de una organización campesina son asesinados”. Dijo que Heriberto Padilla era miembro de la organización campesina de Tixtla, Vicente Guerrero.

Por su parte, Ismael Padilla Nava denunció que el asesinato de su hermano podría tener tintes políticos, “porque en la tortura que recibí fui amenazado por los judiciales que me detuvieron, quienes me dijeron que si no aceptaba ser particípe del secuestro de Raúl Astudillo –delito por el cual está preso– iban a asesinar a su familia, y creemos que cumplen las amenazas”.

“El 26 de julio de 2000, cuando me detuvieron en el deportivo Vicente Suárez, los judiciales me trajeron por diferentes partes, me vendaron los ojos y me torturaron hasta el 2 de agosto, que me presentaron en el Cereso de Tixtla, y el 18 de agosto me trasladaron al penal de Acapulco”, contó.

Agregó que el asesinato de su hermano ocurrió un día antes de que un familiar le informaran que su sentencia podría dictarse en 15 días. Pidió a las autoridades que su sentencia se apegue a derecho.

Heriberto Padilla Nava es hermano también de Felícitas Padilla Nava, quien fue trasladada sin previo aviso, la madrugada del viernes, del penal de Neza Bordo, luego de que pasó dos años en el penal de máxima seguridad La Palma, en Almoloya, estado de México, al penal de Cuautitlán, ubicado en un municipio alejado del estado de México. Esto lo informó en un comunicado la coordinadora por la Libertad por los presos políticos, Cruz Arteaga.

“Los presos políticos perredistas nuevamente levantamos la voz para exigir justicia y que este crimen no quede sin castigo”, dijo Hernández Refugio.

Hay en Acapulco un “ligero” aumento de la delincuencia, dice el procurador

 

 En el estado hay una “ligera” disminución, complementa Ramírez Guerrero

  El procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero admitió que en el puerto de Acapulco existe un “ligero” incremento en la delincuencia, debido a la falta de mayor coordinación entre el Ayuntamiento y las autoridades estatales y federales.

“La delincuencia se ha incrementado en Acapulco, sin embargo en el estado ha bajado ligeramente la incidencia delictiva en alrededor de un 4.5 por ciento”, dijo Ramírez Guerrero.

Sin embargo, señaló que “no es como para exagerar” y permitir que el Ejército se encargue de las tareas de seguridad pública en ese puerto, como lo han pedido organizaciones empresariales de aquel lugar, lo que hace falta es una mayor coordinación de parte del Ayuntamiento con las autoridades estatales y federales.

“No es tarea del Ejército hacerse cargo de la seguridad, como lo proponen algunos empresarios”, dijo el funcionario.

Entrevistado poco antes de que el gobernador Rene Juárez entregara su quinto informe de labores al Congreso local, Ramírez Guerrero señaló que la coordinación con las autoridades estatales y federales debe propiciarla el Ayuntamiento.

“El Ayuntamiento debe convocarnos para que le entremos las tres órdenes de gobierno, tanto los que directamente tienen la responsabilidad de la prevención del delito, como la PGR y nosotros (la Procuraduría de Justicia del estado) que nos corresponde la investigación de los delitos. Nosotros para coadyuvar y ellos para salir al frente en una tarea de patrullaje y de mayor vigilancia en el puerto de Acapulco”, explicó.

Señaló que en lo que corresponde a la Procuraduría de Justicia del estado “estamos atentos y prestos a colaborar en todas las acciones a que nos invite el Ayuntamiento”.

Sin embargo, dijo que la falta de una mayor coordinación para disminuir la delincuencia en Acapulco, no tiene que ver con las cuestiones políticas, o por el hecho de que el alcalde sea de un partido y el Gobierno estatal de otro, “la seguridad y la procuración de justicia, no tiene colores partidistas”, comentó.

Ramírez Guerrero, no obstante, dijo que la Procuraduría cuenta con avances en las investigaciones de los tres asaltos que se cometieron en los últimos días en Acapulco, pero no quiso adelantarlos, “porque a veces se estropea la investigación”. Informó que de los tres asaltos sólo dos denuncias se han presentado a la Procuraduría.

Con respecto a la iniciativa de reformas al sistema de seguridad pública del presidente Vicente Fox, el procurador señaló que apenas se están analizando las propuestas.

“Tenemos un área en donde se está analizando esa propuesta, pero creo que tiene, sin entrar a profundidad, cosas muy importantes que deben de revisarse con mucho cuidado, para ver las conveniencias propias de nuestra entidad. Tenemos que ir avanzando en toda reforma, analizar cuidadosamente la iniciativa”, concluyó.

No son chivos expiatorios los detenidos de Los Goyos, responde el procurador

* Destaca coordinación con autoridades federales

 * Se investiga el atentado contra Peredo, no al ex comandante que sigue desaparecido, dice Ramírez Guerrero

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El procurador de Justicia Jesús Ramírez Guerrero negó que sean chivos expiatorios los integrantes de la banda de secuestradores detenidos por la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Judicial del Estado (PJE), el fin de semana pasado.

Entrevistado después del informe número 13 del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, ante la Comisión de Gobierno del Congreso local, Ramírez Guerrero dijo que esa acción donde se arrestó a miembros de la banda Los Goyos, es muestra de que la coordinación entre las autoridades estatales y federales para el combate a la delincuencia da buenos resultados.

Informó que la Procuraduría trabaja en coordinación con la PGR en investigaciones “que han dado como resultado la detención de estos secuestradores involucrados en 11 plagios, ocho de los cuales se cometieron en Guerrero y tres más en el Distrito Federal.

En otro tema, Ramírez Guerrero reconoció que la PGJE aún desconoce del paradero del ex comandante Federico Peredo Jiménez, quien recientemente sufrió un atentado en Acapulco y desde entonces no aparece.

Sin embargo, señaló que del caso se investiga el atentado, pero no se persigue a Peredo Jiménez porque –señaló– no tiene ninguna denuncia en su contra.

Ramírez guerrero deslindó también al ex comandante Peredo Jiménez de la recomendación 019, no obstante que la Coddehum acreditó su responsabilidad en la desaparición forzada de ese documento.

“El asunto de Peredo está atendido y no obedece a la 019, porque en la 019 no hay ninguna responsabilidad de Peredo”, aseguró el funcionario.

Preciso que el ex jefe policiaco fue separado del cargo a petición de la Coddehum pero que recurrió a la garantía de amparo, por lo que las autoridades correspondientes ordenaron su reinstalación.

Ramírez Guerrero puntualizó que la recomendación número 19, de 2001, “está muy avanzada”, sin embargo que no se podía finiquitar hasta que se ejecuten las aprehensiones de algunos elementos.

Informó que el incumplimiento en las órdenes de aprehensión contra algunos agentes prófugos de la Procuraduría, quienes participaron en la desaparición forzada de personas, es lo que impide dar por acatada la recomendación 19 / 2002 de la Coddehum.

Las leyes no deben negociarse,asegura el procurador de Justicia

* Orador en el aniversario luctuoso de Benito Juárez

Ezequiel Flores Contreras, corresponsal, Chilpancingo * El procurador general de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, indicó que nadie está por encima de la ley, “a pesar de la legitimidad que puedan tener sus demandas o aspiraciones”.

Durante la ceremonia oficial del 198 aniversario del natalicio del presidente de México, Benito Juárez García, en esta ciudad, el fiscal guerrerense –quien fungió como orador oficial– dijo que la norma jurídica no debe negociarse ni declinar por una pretendida solución de conflictos.

Luego se refirió al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo –sin mencionarlo– que: la honestidad no reside en la apariencia de una lucha democrática y la honradez no radica en el discurso de la esperanza, sino en el ejercicio eficiente y transparente del servicio público.

“Por eso la gobernabilidad democrática requiere de firmeza y eficacia en la aplicación de la ley, a fin de erradicar la corrupción y la impunidad en todas sus manifestaciones”, aseveró.

Ante los representantes del Poder Legislativo, Raúl Salgado Leyva; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez; el secretario de Educación, Daniel Pano Cruz y miembros de logias de masones, y el representante de la 35 Zona Militar, Noé Muñoz Navarro, el procurador del estado consideró que el terrorismo y la violación a la soberanía de los países son una pesada losa para la frágil paz mundial, y planteó como una necesidad retomar los ideales de Benito Juárez.

Enseguida, aseguró que la PGJE se esfuerza en las leyes para lograr una mejor procuración e impartición de justicia, y destacó la participación fiscalizadora del Congreso del Estado.

“Paciencia”, pidió Ramírez Guerrero a Kuri para aclarar la muerte de su padre

* Los asesinos casi no dejaron rastros, dice el deudo

Jorge Nava * El subsecretario general del Ayuntamiento, Felipe de Jesús Kuri Sánchez, informó que el procurador general de Justicia del Estado (PGJE), Jesús Ramírez Guerrero, les pidió “paciencia” para esclarecer la muerte de su padre, Felipe Kuri Estrada.

Kuri Sánchez y su medio hermano Felipe Kuri Ríos tuvieron un encuentro informal con Ramírez Guerrero, el jueves por la noche, luego de que el procurador se reuniera el jueves con organizaciones de mujeres, en el auditorio de la Procuraduría del Turista.

La tarde del jueves 15 de enero, en el rancho El Paraíso, poblado de El Quemado, el ganadero Kuri Estrada fue asesinado de dos tiros.

En declaraciones del viernes, Kuri Sánchez explicó que Ramírez Guerrero les argumentó que estaban abocados al secuestro del joven Carlos Vinalay Mastache, que estuvo privado de su libertad durante 45 días.

Indicó que la promesa de Ramírez Guerrero fue que después de localizar al resto de los secuestradores de Vinalay Mastache, pondrán el empeño para esclarecer la muerte de su padre.

Agregó que en su presencia, Ramírez Guerrero llamó al agente determinador del Ministerio Público adscrito en Ciudad Renacimiento, Esteban Maldonado Sierra, para que ponga atención en el caso.

El funcionario indicó que van a esperar que la dependencia encargada de llevar el caso actúe, porque “no somos gente de armas”, y que confían en lo que pueda hacer la PGJE.

Insistió en citar palabras como calma, tiempo, para que se dé con el o los asesinos de su padre.

Argumentó que “hace un poco tiempo” de lo ocurrido a su padre, por eso señaló que no pueden ponerse a exigir porque no hay condiciones para eso.

Justificó que en el asesinato el o los autores no dejaron muchos indicios.

Aclarar los últimos asesinatos de mujeres, piden al procurador

* Se reúnen grupos femeniles con Ramírez Guerrero

 Jorge Nava * El procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, se reunió ayer con agrupaciones de mujeres para hablar de los avances en la investigación de ocho casos de féminas asesinadas el año pasado.

En el encuentro las asistentes pidieron que les devuelva la confianza, la fe en la justicia, porque “no creemos”; el servidor público se limitó exponer la situación que guardan las averiguaciones previas por la muerte de los ocho crímenes más escuchados en la ciudad durante el año pasado.

La funcionaria de la Secretaría de la Mujer del gobierno del estado, Elsa Zamora, urgió a Ramírez Guerrero para que “haga algo” y esclarecer 30 homicidios de mujeres, según su archivo de notas periodísticas.

De entre los casos que señaló el procurador, están nombres como el de Esthela García Santos, María Elena González, Amada Hernández López, y de la profesora universitaria Leonila Gallardo Román, esta última que falleció a consecuencia de un legrado mal practicado.

En el encuentro algunas mujeres se enfocaron a preguntar sobre el paradero de los presuntos responsables.

Fue el caso que la ex regidora perredista en la administración pasada, Laura Olivia Lopezvictoria López, quien cuestionó que en el caso de Gallardo Román ve que se investiga más a la persona que la acompañó a practicarse el legrado que a los médicos que la hicieron.

Con voz fuerte, Ramírez Guerrero le argumentó que no podía exponer detalles de las investigaciones porque se entorpecen, más, según él, cuando los medios de información publican sobre un caso en particular.

Pidió a los reporteros que ya no se pregunte sobre los avances en las investigaciones, pues citó que en el caso del secuestro del joven Carlos Vinalay Mastache, se logró esclarecer sin que se dieran a conocer los avances.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio de la Procuraduría del Turista, fue privada y a puerta cerrada.

Asistieron la senadora perredista Leticia Burgos Ochoa; la diputada local de ese mismo partido, Gloria Sierra López; la presidenta del PRI municipal, Alma Clarisa Rico; la funcionaria representante de la Secretaría de la Mujer del gobierno del estado en Acapulco, Elsa Zamora; la secretaria de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda; la presidenta del PRD municipal, Beatriz González Hurtado, y la secretaria del Ayuntamiento, María de la Luz Núñez Ramos.

Y estuvieron representantes de asociaciones de mujeres como Josefina Verduzco, Rosa María Cruz Muller, así como la directora de los Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento, Rosa María Gómez Saavedra, entre otras.

Presenta la PJGE a tres secuestradores del joven Carlos Vinalay Mastache

 

 * Se contó con la colaboración de la AFI * Estuvo 45 días privado de su libertad

 Jorge Nava * El Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Jesús Ramírez Guerrero, presentó ayer en esta ciudad a tres presuntos secuestradores del joven Carlos Vinalay Mastache, quien permaneció más de un mes y medio en manos de sus aprehensores.

Los presentados por ese caso son Fidencio Rojas García, Carlos Alberto González Organista y Juan Ramos Morales, El Brujo, los dos primeros avecindados en esta ciudad, mientras que el tercero es vecino de Tecpan de Galeana.

El jueves 8 de enero, el joven de 25 años, Vinalay Mastache fue secuestrado a las 6 de la tarde, luego de salir de la tortillería de su padre Raúl Vinalay Matadamas, ubicada en la calle Rafael Izaguirre del fraccionamiento Costa Azul. Ese día su papá recibió una llamada telefónica, en la que una voz le señaló que tenían a su hijo y para dejarlo libre le pidieron 5 millones.

Del caso el procurador leyó un boletín de prensa, y se negó a contestar preguntas de los reporteros porque refutó que “quieren que les diga y perjudiquemos la investigación”. Dijo que avisó a la Procuraduría General de la República (PGR), porque se trata de “delincuencia organizada”.

Invitó a quienes hayan sido agraviados a que acudan a identificarlos y presenten sus denuncias.

Acerca de las detenciones, en el texto que leyó se indica que tras el secuestro, la familia le pidió que se abstuviera de intervenir hasta que fuera liberado el joven. Hecho que ocurrió el jueves 26 del mes pasado.

Después, se indica que la judicial –hoy investigadora ministerial–, y el Ministerio Público, antes de entregar el rescate registraron los números de serie de los billetes. Esa explicación, la expuso Ramírez Guerrero como la acción que los llevó a detener a los presuntos secuestradores.

Señaló que Rojas García les manifestó que participó en el secuestro, recogiendo el rescate y por eso le entregaron 10 mil pesos en efectivo.

En el caso de González Organista, Ramírez Guerrero lo presentó como la persona que intervino en trasladar al secuestrado de una casa donde lo mantuvieron en cautiverio a otra. Por esa actividad, el procurador aseguró que recibió 15 mil pesos.

Con relación a Juan Ramos Morales, el funcionario dijo que conoció del secuestro del joven, además de limpiar una de las casas donde mantuvieron en cautiverio al secuestrado.

Ramírez Guerrero se limitó a decir que para esta investigación contaron con la participación de policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), adscritos a la Coordinación Antisecuestro de la Subprocuraduría de Investigación especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

En la conferencia de prensa, el procurador declaró que los detenidos le informaron de otros delitos que han cometido en agravio de personas radicadas en esta ciudad.

Ramírez Guerrero estuvo acompañado del director de la Policía Judicial del Estado, Ricardo Leonel Coronel; el subprocurador de Procedimientos Penales, Antonio Nogueda Carbajal, y la mamá del agraviado, Melva Luz Mastache, quien no quisó contestar preguntas de los reporteros porque sólo dijo que estaba satisfecha con el trabajo de la Procuraduría General de Justicia.

Pedirán mujeres información de los ocho homicidios de féminas en Acapulco

* Actividades para el Día Internacional de la Mujer

 * Efectuarán organizaciones femeniles mesas para analizar la reforma política, así como la situación laboral actual de la mujer

 Raquel Santiago Maganda * Representantes de diversos grupos de mujeres anunciaron que entre las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, consideran efectuar mesas redondas para analizar la reforma política, además de que pedirán al procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, información sobre las investigaciones de los ocho asesinatos de mujeres ocurridos en el municipio.

El próximo 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de la Mujer, y grupos femeniles en Acapulco efectuarán actividades culturales y educativas para recordar la lucha de la equidad entre mujeres y hombres.

La presidenta del Colegio de Mujeres Abogadas y también titular del Ministerio Público de Barrios Históricos, Josefina Verduzco Suárez, informó que el 4 de marzo, a las oficinas de la Procuraduría del Turista acudirá el procurador Ramírez Guerrero para informar del avance en las investigaciones de los ocho casos de mujeres asesinadas en Acapulco.

Mientras que la vocal secretaria de la Junta Distrital Ejecutiva 10 del Instituto Federal Electoral, Rosa Inés de la O García, indicó que el 8 de marzo se instalará una mesa de análisis con el tema de la reforma política, en donde participarán representantes de los diversos partidos políticos.

Por su parte, la representante del grupo de teatro Psique, de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Yoalid Villanueva Rebolledo, informó que el 8 de marzo, en el Zócalo se mostrará una obra titulada Sombras en la Noche, que muestra la violencia en contra de la mujer, y allí incluso se aludirá el caso de las 264 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

La investigadora y especialista en el estudio de género, Susana Pont Suárez, como representante de la Red de Mujeres de Guerrero informó que se dará capacitación a las mujeres, y en representación de la Secretaría de la Mujer, Reyna Guerrero Valverde, anunció que en el Zócalo las mujeres tendrán acceso a información sexual, además de que se abrirá un dispensario médico e incluso se realizarán gratuitamente exámenes de Papanicolau, para la detección de cáncer en la matriz.

Antecedentes del Día           Internacional de la Mujer

En este año, el tema de la conmemoración es Todos/ todas juntos pensamos mejor, y el antecedente es que el 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York organizaron una marcha en contra de los bajos salarios, porque los que percibían las mujeres eran inferiores en un 60 o 70 por ciento de los hombres, además de las condiciones inhumanas de trabajo.

Esa ocasión la policía dispersó a las manifestantes, quienes dos años después crearon su primer sindicato, y desde aquel histórico 8 de marzo la fecha ha sido un termómetro de la lucha de las mujeres por el reconocimiento en un mundo de hombres.

Uno de los acontecimientos mundialmente conocidos y lamentable fue el sucedido en Nueva York, en el año de 1908, en la fábrica Cotton Textile Factory de Washington, cuando un grupo de trabajadoras declararon una huelga en protesta por las insoportables condiciones de trabajo.

La demanda era igualdad en los salarios con los hombres, el derecho al descanso dominical, reducción a las 10 horas la jornada, derecho a la lactancia y reducción de la jornada laboral. El dueño no aceptó la huelga, cerró las puertas de la fábrica y le prendió fuego, lo que provocó la muerte de 129 mujeres.

Exagerada, la crítica a Guerrero en el informe de EU, dice el procurador

 

* Causa grave daño y afecta al turismo: Saavedra

 

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, dijo que el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que habla de que en Guerrero hay reportes de asesinatos ilegales cometidos por la policía estatal, desapariciones forzadas y tortura, “es una exageración”.

Añadió que “el estado de Guerrero pide que no se le satanice, que se le respete en su soberanía y que al hacer cualquier aseveración, quien sea, tenga los elementos suficientes para hacer los señalamientos, porque en Guerrero se han ido bajando los índices delictivos, entonces por qué esa exageración, puesto que ha bajado la incidencia delictiva”, aseguró.

Consultado al respecto ayer en la Procuraduría en donde presentó a cinco presuntos secuestradores, Ramírez Guerrero dijo que “por lo que toca a Guerrero “se han bajado las recomendaciones proporcionalmente a años anteriores”.

Indicó también que este estado está dando “buena respuesta en el combate a la delincuencia y en la prevención del delito y no se vale que se hagan señalamientos de este tipo, no sé por qué razones”.

Y luego cuando se le citó el caso del ex comandante de la Policía Judicial Federico Peredo, vinculado con desapariciones forzadas, dijo que “no es justo que por un caso de esta naturaleza, pudiera ser motivo de dar esta exagerada información”.

Aseguró que cuando algún servidor público se ha apartado de la ley “se ha actuado, año con año estamos consignando todo aquél servidor público que se aparta de la ley”.

Añadió que por el propio trabajo que realizan las corporaciones policíacas se ven vinculados con las opiniones, propuestas o recomendaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y señaló que en lo que el año pasado fueron consignados a 57 servidores públicos y a 118 servidores se les aplicó la sanción administrativa.

Mientras tanto el subprocurador de Justicia de derechos humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Manuel Saavedra Flores, dijo que “antes de ver el ojo ajeno, hay que ver nuestra propia casa”.

Entrevistado también sobre el tema en su oficina rechazó de entrada que la impunidad y la violación a los derechos humanos vayan en aumento. Informó que la Procuraduría de Justicia recibió en el 2002, 154 opiniones y propuestas, mientras que en el 2003 sólo 121.

En tanto que en el caso de las recomendaciones, informó que en el 2002 fueron enviadas a la dependencia 30 y en el 2003 13.

Saavedra Flores dijo que Estados Unidos debería de opinar también lo que está pasando en Irak, Afganistán y los refugiados de Guantánamo, así como la discriminación racial que existe en ese país.

Agregó que México ha demostrado voluntad para avanzar en materia del respeto a los derechos humanos y que la política de México se ha ajustado a las políticas internacionales, aceptando diferentes tratados en esa materia.

Señaló que Guerrero fue uno de los primeros estados en donde se creó la comisión estatal de defensa de los derechos humanos con rango constitucional, e incluso explicó que en instituciones educativas como en la UAG se imparte la materia de derechos humanos y la gente cada vez conoce y se informa más.

Sin embargo señaló que debe ser la sociedad quien deba valorar el trato que deba darse a ese informe de Estados Unidos y luego admitió que ese tipo de informaciones provocan un grave daño a México y a Guerrero y que con ello se afecta sobre todo el turismo.

“No estamos en la situación que Estados Unidos pretende etiquetarnos” dijo y aseguró que México a nivel mundial ocupa uno de los primeros lugares en justicia, libertad e igualdad, “pero no lo queremos reconocer por el síndrome malinchista”, dijo.

El subprocurador señaló que las de Estados Unidos son aseveraciones subjetivas “y con propósitos no muy claros, porque, por ejemplo de Haití no dice nada. Es raro que sólo habla de México, cuando aquí no estamos en esa situación de barbarie”.

El funcionario dijo que no se puede negar que algunos elementos de las corporaciones policiacas no se inmiscuyan en ilícitos, “pero son aislados y se aplican las sanciones, no se solapa a nadie”.

En opinión del funcionario a través de los medios diplomáticos México debería de enviar una carta aclaratoria, porque se trata de una agresión a México”.