Ayer se cumplieron 51 años de la masacre de los copreros y las cosas siguen igual, hay exceso de violencia del gobierno, “hay impunidad”, dijo el representante legal de la Unión Mercantil de Productores de Coco del estado de Guerrero, Jorge Luis Salas Pérez.
En las instalaciones de la coprera, ubicadas en calle Seis –que se abrió a la circulación–, esquina con avenida Ejido, Salas Pérez pidió a las autoridades indemnizar a las familias de sus compañeros que fueron masacrados, y demandó que esos hechos no vuelvan a ocurrir.
El representante legal de la Unión Mercantil, recordó que el 20 de agosto de 1967 los copreros venían en busca de mejores condiciones de vida, y cuando quisieron entrar al inmueble un grupo de hombres armados empezó a dispararles.
“Las cosas no han cambiado, porque hubo exceso de violencia, los pistoleros de fama de ese momento, de esa época, empezando con Constancio Hernández, quién hizo el primer disparo” y a la fecha no hay ningún resolutivo, explicó Salas Pérez.
Señaló que todo lo que sucedió, en la actualidad pasa “con actores diferentes, y nosotros seguimos exigiendo el Estado de derecho, lo seguimos exigiendo, hablamos con César Flores Maldonado, hablamos con el presidente del Tribunal de Justicia, Alberto López Celis”, y sólo les falta hablar con el gobernador, Héctor Astudillo Flores.
“El proyecto es que se liquide a los familiares de los socios que fueron propietarios de esta empresa mercantil de productores de coco, y se indemnice a los familiares de más de 100 muertos que hubo ese 20 de agosto; en el acto se contabilizaron 35, pero al sumar en los hospitales, en consultorios y casas particulares son más de 100, y eso no es difícil de investigar, pero necesitamos la voluntad del gobierno federal para que se indemnice” dijo.
Consideró que esos hechos no deben volver a suceder, son cosas “lamentables”, temen que vayan a intentar proceder de manera “irregular” a otro desalojo, “ni dormimos, por estar esperando que eso suceda”.
El apoderado recordó el último intento de desalojo, el pasado 29 de junio, cuando llegaron al inmueble policías, civiles armados y maquinaria pesada, “con los mismos actores, pero más agresivos, con maquinaria, al bien inmueble… estamos aquí por cumplir dos meses y no completamos el sueño en la noche”.
“Hay compañeros que se quedan de guardia, pero n tanto tiempo se crea un cansancio, una pesadez, sin dejar de pensar que el mismo Estado, que siento que está protegiendo, va a decir ‘hay poquitos, caigan y denles en la madre’, no, somos gente de estratos campesinos violentos”, comentó el representante legal.
Explicó que quedan cinco socios en la Costa Grande, pero que la mayoría no quiere aglutinarse “porque ven que hay violencia y no queremos entrarle”.
Dijo que solicitaron el apoyo de las organizaciones cuando consideraron que era necesario reagruparse ante el cambio del país, “hace aproximadamente 12 años que el compañero Octavio Santiago Dionisio, me dice ‘oye Salas, es necesario unir esfuerzos’”.
De la situación de la copra, dijo que, “la tenemos muy crítica, ahorita en la Costa Grande en unas primeras reuniones con el Secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca, nos dijo que teníamos que diversificar el cultivo de coco, intercalarle mango porque esto no tendría futuro”, y la gente decidió talar las palmeras.
Salas Pérez abundó que el kilogramo de coco está a 9 pesos, y actualmente una palmera de madera da más ganancia que de producción de coco, “una (palmera) de 50 años te la pagan en 300 pesos y es barata, si están las 100 son 30 mil pesos”.