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Cumple 33 años la acción policiaca contra la toma de palacios municipales en 1990

Luis Daniel Nava

Chilapa

La Operación Relámpago, del 6 de marzo de 1990, puesta en marcha por el gobernador priista José Francisco Ruiz Massieu, para reprimir y terminar con el conflicto poselectoral en 24 municipios, fue documentada por el académico y activista Abel López Rosas.
A 33 años de distancia, el investigador plantea en entrevista, al ahora senador Félix Salgado Macedonio, protagonista de esa época, y a su hija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda: “¿Cuál es su compromiso con el esclarecimiento y la aplicación de la justicia de esos actos de represión, de los que el entonces diputado federal fue testigo?”.
Se trata de la investigación titulada Ahora es el pueblo el que tiene el poder: los ayuntamientos populares de Guerrero 1988-1990, con la que Abel López obtuvo el grado de maestro en Historia y Etnohistoria, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en 2022.
López Rosas es parte de la Organización Campesina Vicente Guerrero, creada por el finado líder social Ranferi Hernández.
López Rosas es licenciado en Historia por la UNAM. En 2020 presentó la tesis Cuando la lucha es el deber. Esbozo biográfico político de Ranferi Hernández Acevedo (1953-2017), para graduarse como maestro en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
En la investigación acerca de los ayuntamientos populares, el investigador contextualiza el conflicto derivado de los resultados de las votaciones locales de diciembre de 1989, desde la lucha cívica y electoral de 1960, la creación del Frente Democrático Nacional y las elecciones presidenciales de 1988.
Algunos protagonistas de esta etapa política y de represión en Guerrero aún hacen vida política, a 33 años de distancia, como el caso del senador por Morena, Félix Salgado, y el priista Rubén Figueroa Alcocer.
También Eloy Cisneros Guillén, en aquella época presidente municipal popular en Ometepec; Saúl López Sollano, ex coordinador regional del PRD, o Adela Román Ocampo, jueza penal y ex alcaldesa de Acapulco.
Del mismo modo aparecen Ranferi Hernández, ese ese tiempo nombrado presidente popular de Ahuacuotzingo, y Guillermo Sánchez Nava, quien era diputado del PRD.
El primero fue hallado asesinado el 14 de octubre de 2017, en Chilapa, junto a su esposa, suegra y ahijado. El segundo se encuentra en estado vegetativo, a causa de una salvaje agresión por parte de brigadistas del PRI y trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo, el 11 de enero de 2011.
De noviembre de 1989 a marzo de 1990, el maestro en Historia documentó 21 militantes perredistas asesinados, cuatro personas desaparecidas y una cantidad importante de personas golpeadas, torturadas y encarceladas.
Ante los cuestionados triunfos de los candidatos del PRI y su toma de protesta en enero por el Consejo Estatal Electoral (CEE), los pobladores que estaban en protesta permanente contra lo que consideraron fraude, decidieron conformar ayuntamientos paralelos, llamados constitucionales populares.
Esta figura contaba con el respaldo de la dirigencia estatal del PRD, encabezada por Rosalío Wences Reza; de la nacional de Heberto Castillo, así como de la entonces poderosa figura nacional de oposición: Cuauhtémoc Cárdenas.
El primero se constituyó y ratificó en Coyuca de Benítez, en diciembre de 1989, y enero de 1990. El presidente popular fue Roberto Salinas Herrera.
Para los militantes perredistas la legitimidad estaba fincada en el apoyo del pueblo, en esa asamblea y no en los resultados de la CEE. Contaba con la aprobación de los comités municipales del Frente Cardenista para la Reconstrucción Nacional (FCRN), Partido Popular Socialista (PPS) y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), indica el texto.
Sin ser reconocido por el gobierno estatal, el Ayuntamiento popular se sostuvo con el apoyo de la población. Se celebraron audiencias públicas, se rehabilitó el mercado con el cobro de impuestos y empleó a la población para levantar obras.
En el mismo enero, los ayuntamientos paralelos se instalaron también en Ometepec, Florencio Villarreal, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa, en la región de la Costa Chica; Tixtla, Mártir de Cuilapan, Juan R Escudero y Leonardo Bravo, en la región Centro; Coyuca de Benítez, Atoyac, La Unión y Coahuayutla, en la Costa Grande; Tlalchapa, Arcelia, Pungarabato y Tlapehuala, en la Tierra Caliente; Ahuacuotzingo, Metlatónoc, Xalpatláhuac y Malinaltepec, en la región Montaña; Teloloapan, Cuetzala y Cocula, en la región Norte.
Ya en marzo, luego de una serie de infructuosas negociaciones, falsas promesas y marchas de perredistas por los asesinatos de sus compañeros y manifestaciones en apoyo al gobierno estatal de sus organizaciones, se preparó en el discurso una justificación a la acción represiva por venir.
Hubo dos avisos. La primera por parte del líder estatal del PRI, Rubén Figueroa, quien declaró tres días antes, en una marcha de huestes priistas, que el 6 de marzo “posiblemente” habría una solución en 10 municipios tomados por militantes perredistas y de otros partidos de oposición.
La segunda del líder del Congreso, Israel Soberanis, quien aseguró recibir una carta del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas, donde exigía liberar a perredistas detenidos.
Así narra Abel López la operación Relámpago del 6 de marzo de 1990: “El gobernador Francisco Ruiz Massieu dio luz verde para reprimir a los pobladores que sostenían los ayuntamientos populares y desalojarlos de los palacios municipales. Como si se tratara de un enfrentamiento con un grupo armado”.
“El gobierno estatatl llamó Relámpago a la acción policiaca, por medio de la cual la policía antimotines y la policía judicial recuperaron por la fuerza ocho de los 24 ayuntamientos tomados por los militantes perredistas”.
“El operativo fue efectuado entre las 3 y las 6 de la mañana. Participaron 800 elementos coordinados por Valentín González Bonora, director de Seguridad Pública de Guerrero, y por Juventino Sánchez Gaytán, director de la Policía Judicial”.
Los ayuntamientos populares desalojados fueron Ometepec, Ahuacuotzingo, Florencio Villarreal, Tixtla, Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa y Juan R Escudero. Las acciones más cruentas fueron en Ometepec y Florencio Villarreal, indica el texto.
“Eloy Cisneros, presidente popular en Ometepec, declaró que fue torturado por dos días en un penal de Acapulco. La juez tercero penal, Adela Román Ocampo, le informó que se le acusaba de usurpación de funciones y uso indebido de documentos, que cometió al proclamarse presidente popular; fijó una fianza de 50 millones para que pudiera llevar el proceso en libertad”, agrega la investigación.
El mismo día, el gobernador Francisco Ruiz Massieu manifestó: “El estado vuelve a la normalidad: todo está en paz, no hay mítines, no hay plantones y no hay movilizaciones”.
El secretario general de gobierno, Jesús Ramírez Guerrero machacó en un comunicado: “Los operativos realizados por las fuerzas de seguridad pública para desalojar varios palacios municipales dan por terminadas las acciones ilícitas, como ayuntamientos ‘paralelos’, supuestas policías ‘populares’, cobros indebidos de impuestos, abusos contra la ciudadanía, así como arrestos administrativos sin justificación”.

El acto de represión política sentó las condiciones para la disolución de los 14 ayuntamientos populares restantes, en algunos, con la entrega de sindicaturas y puestos administrativos a perredistas.
El investigador de la ENAH explica en entrevista, que detrás de la decisión de iniciar la operación también estuvieron los siguientes funcionarios priistas: José Rubén Robles Catalán, procurador de justicia; Ángel Aguirre Rivero, coordinador de campaña de los candidatos del PRI en Costa Chica; Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, y el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
En ese contexto, Félix Salgado era diputado federal, cargo al que llegó en las elecciones de 1988. Participó en las movilizaciones para exigir el reconocimiento del triunfo de los candidatos del PRD en las elecciones locales de 1989 y estuvo presente en algunos de los ayuntamientos populares.
El académico Abel López se cuestiona, a 33 años, cuál es el compromiso del ahora senador Félix Salgado y de su hija Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, con el esclarecimiento y aplicación de justicia de los actos de represión de los que el propio senador fue testigo.
En el ámbito federal, añade, hay una investigación del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, un instrumento de la Comisión de la Verdad, decretada en 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de 1965 a 1990.
“El gobierno federal también tiene la responsabilidad de esclarecer estos hechos represivos, ubicar a los responsables y reparar el daño cometido contra las personas afectadas”, finaliza el investigador en movimientos sociales y armados en México.
El trabajo completo se puede encontrar en la siguiente liga: https://enah.academia.edu/AbelLópez

Celebrar a Alarcón es la entrada al mundo del teatro hecho en México: José Solé

 

En la cuna del ilustre corcovado del Siglo de Oro, Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo homenajeado en pleno siglo XXI, tres creadores teatrales disertaron el Futuro de las Jornadas Alarconianas y criticaron algunas de las fallas cometidas a casi veinte años de su creación.
En un sentido homenaje por parte de los artistas a Ruiz de Alarcón, se vertieron ideas que serán tomadas en cuenta para mejorar la organización y proyección de este festival taxqueño.
En la mesa de trabajo se reconoció la labor del principal impulsor de las Alarconianas, en 1988, el dramaturgo Héctor Azar, de quien dijeron “las mantuvo en un gran nivel”, contando con el apoyo del entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu. Juntos, en la Casa Borda, platicaron ante el público el dramaturgo Tomás Urtusástegui, la actriz Martha Aura y el director teatral José Solé y legaron ideas, propuestas para el festival sin marcar su postura crítica ante las fallas que se cometen como en otros festivales del país.
“El celebrar a Juan Ruiz de Alarcón no es sólo la celebración mexicana de nuestro gran autor, es también la entrada al mundo del teatro hecho en México” dijo José Solé quien agregó que su calidad es el mismo de los grandes monstruos del Siglo de Oro y una de las muestras de su gran valor es que fue imitado en varias de sus obras traducidas y firmadas por otros autores como Corneille, “me refiero, copiando tal cual La verdad sospechosa y firmándola como propia”, dijo José Solé.
En otra vertiente el director de teatro Tomás Urtusástegui dijo que el premio Juan Ruiz de Alarcón es el de mayor importancia que se da a los dramaturgos y que en comparación al resto de las actividades de las Alarconianas, “está muy consolidado”. Dijo que el futuro ideal de este festival sería primero, considerar su presupuesto a invertir, “porque sin dinero es muy difícil hacer todo lo que podríamos proponer. Es importante la aportación del Estado y de la iniciativa privada, principalmente los comerciantes, hoteleros y las agencias de viajes, añadió y consideró que el festival se debería ampliar a todo el estado de Guerrero donde los grupos mexicanos y extranjeros que participan tendrían más oportunidad de presentar su trabajo, al igual que de los creadores guerrerenses en sus diversas expresiones.
Propuso también expandir la publicidad por medio de la prensa, “porque en la ciudad de México no tenemos la información de lo hay aquí, de lo que se va presentar. Si no lo sabemos en la capital, pues menos en el resto de la República”.
Asimismo indicó que se debe mejorar la calidad de los espectáculos para no demeritar el conjunto de expresiones de las Jornadas asi como sus foros de expresión.
La actriz Martha Aura elogió que se le vuelvan a dar impulso, “porque si hablamos de los festivales, eso nos hace el reconocimiento a nivel internacional”. En su opinión para el futuro que les depara anotó que“habrá que pensar en apoyarnos en otros festivales del país y del extranjero, y pedir la colaboración a las distintas embajadas.

En quiebra técnica, las finanzas del estado, confirma Carlos Álvarez




Apenas el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Álvarez Reyes había dicho que la eficiencia en el manejo de los recursos ha desactivado movilizaciones sociales como el de magisterio, cuando unos 100 profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) irrumpieron en el Salón José Francisco Ruiz Massieu, exigiendo que fueran atendidos por los diputados del Congreso del Estado.
En la reunión, el funcionario estatal afirmó que las finanzas estatales están en “quiebra técnica” debido a “adeudos ocultos que afloran en la medida que se conocen los problemas”.
Para este jueves, a las 10 de la mañana, fueron citados los diputados a la reunión de trabajo con los secretarios de despacho, pero a esa hora, como ya es costumbre, no se había completado el quórum de un total de 35 diputados integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Transportes, de Desarrollo Económico y de Evaluación y Vigilancia de la AGE y Artesanías.
Así que se decretó una prórroga de 30 minutos que se prolongó hasta una hora. En la pretendida instalación de la reunión de trabajo sólo estuvieron presentes, los diputados Jorge Bajos Valverde del PAN, Fernando Donoso Pérez por el PRD, Fernando Pineda Ménez de Convergencia y Bernardo Ortega Jiménez del PRD.
Fue hasta las 11 de la mañana que arribaron al Salón José Francisco Ruiz Massieu, los secretarios de Finanzas y Administración (Sefina), Carlos Álvarez; el de Desarrollo Urbano y Obras Pública, Guillermo Torres Madrid; y el de Desarrollo Económico, Jorge Peña Soberanis.
La decisión de empezar la reunión de trabajo corrió a cargo del anfitrión, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Jorge Bajos Valverde, con apenas 13 diputados presentes.
Entonces Álvarez, sin leer un resumen, explicó que el esfuerzo de la Sefina es darle un sentido democrático a la distribución del recurso, con una visión profunda de lucha por la democracia que incorpora las necesidades de la gente.
Dijo que la hacienda estatal es el motor del desarrollo sustentable del estado y se convierte en un factor coadyuvante de la gobernabilidad del estado.
El funcionario estatal ratificó que el objetivo de la Sefina, parte no sólo de su formación académica, sino de la enseñanza generacional de los años 70 a la que pertenece, de buscar siempre alcanzar lo imposible, de comprometerse con un ideal con honestidad, eficacia, lealtad, solidaridad y subsidiaridad en el trabajo.
Lo anterior, dijo, es porque a la fecha existe en Guerrero, “una quiebra técnica del gobierno por adeudos ocultos que afloran en la medida que se conocen los problemas”. Por eso la nueva visión en la administración del recurso, que busca convertir a la Sefina en un eje detonador en el estado, con políticas transversales y de concertación con todos los actores.
Luego comenzó la primera ronda de preguntas del primer bloque de cinco diputados, ya con el nuevo formato de la reunión de trabajo aprobado apenas en la sesión del día anterior, se anotaron, Marco Antonio Organis Ramírez del PRD, Jéssica García Rojas del PAN, Ramiro Solorio Almazán del PRD, Felipe Ortiz Montealegre del PRD y Mario Ramos del Carmen, de Convergencia.
El secretario dijo que el ahorro de los recursos en 2005, a la llegada de Zeferino Torreblanca al poder, no se manejan gerencialmente sólo guardando dinero, porque dijo que sabe que el pueblo no les perdonará quedar como tontos de no reinvertir ese recurso.
Explico que los ahorros son porque han hecho una “purga de funcionarios corruptos” en las diferentes recaudaciones en las regiones del estado.
Dijo que el crecimiento real se sostiene con la recaudación de impuestos, y que el gobierno estatal entregó mil 100 millones de pesos para salvar a la SEG y que este año le dieron más de 800 millones de pesos. Destacó que ningún docente se ha quejado de que no haya habido un pago a tiempo o completo, por eso no hay paros de maestros. Diciendo esto, cuando un murmullo que se convirtió en gritos, carreras de secretarios, funcionarios y reporteros, obligó a Carlos Álvarez a callar.
Los diputados que estaban en el Salón José Francisco Ruiz Massieu, salieron a empujones, dejando a los funcionarios del gobierno estatal, sólo la priísta Érika Lürhs les dijo: “ya ven a sus diputados ya los dejaron aquí, no se preocupen yo los protejo”.
Llegan policías antimotines a las cercanías del edificio legislativo
En el loby, los profesores dirigidos por Félix Moreno Peralta corriendo y lanzando consignas contra el presidente Vicente Fox, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y contra los diputados que provocó un conato de violencia con el equipo de seguridad del Congreso del Estado que pretendía obstruir su entrada.
En el forcejeo, Fernando Pineda les salió al paso tratando de contener a los cetegistas, pero eso motivó de la protesta por su oficialismo y defensa del gobernador Zeferino Torreblanca y del secretario de Educación, José Luis González de la Vega; ante la demanda magisterial, no aguantó los gritos de “vendido” y regresó a trompicones al Salón, atropellándose contra la puerta y la tiró. Luego salió y no se le vio más.
Moreno Peralta logró contener a sus compañeros y se organizaron en una Comisión de 16 dirigentes de las diferentes regiones, para reunirse con los diputados de la Comisión de Gobierno que preside el perredista Carlos Reyes, quien poco antes tranquilizó a su compañera de partido, Rossana Mora Patiño, quien le gritaba:
–Carlos, háblale a Zeferino que mande la fuerza pública.
–Cálmate Rossana, cómo crees que se va a utilizar la Policía vamos a hablar con ellos y atenderlos. No obstante, se pidió la presencia de la Policía Antimotines. No se les vio, pero trascendió que estaban al acecho en una calle alterna.
Luego del encuentro de los diputados con los cetegistas, se reunió la Comisión de Gobierno para tomar acuerdos sobre continuar o aplazar la reunión de trabajo.
Eran las casi las 4 de la tarde, cuando los diputados de la Comisión de Gobierno salieron del cónclave e informaron a El Sur que decidieron suspender hasta el lunes las comparecencias de los secretarios de despacho previstos para este jueves y viernes.
Mientras se reunían los diputados de la Comisión de Gobierno, los profesores salieron del recinto para concentrarse en la explanada del mismo. No hubo necesidad de usar la fuerza pública para desalojarlos como quería la perredista Rossana Mora.

Montiel, “casi segundo gobernador” en el periodo de Ruiz Massieu, dice ex reo

 Francisco Yáñez Molina, quien fue detenido y torturado por el que fuera director de los ceresos y segundo del ex coordinador de la Policía Ministerial de Morelos, Andrés Aguayo Rubio, exige que la PGR investigue por qué fue preliberado éste último por el ex gobernador Angel Aguirre

 El ex coordinador de la Policía Ministerial de Morelos, Agustín Montiel López, era casi el segundo gobernador durante el sexenio de José Francisco Ruiz Massieu, afirmó Francisco Yáñez Molina, quien fuera detenido y torturado por el propio jefe policiaco.

Denuncia que incluso uno de sus “torturadores”, Andrés Aguayo Rubio, fue preliberado por el gobernador interino en ese entonces Angel Aguirre Rivero, cuando aún no cumplía ni 50 por ciento de su condena, por lo que exigió a la Procuraduría General de la República investigue con qué fundamentos se le canceló la sentencia.

Entrevistado en su domicilio, en la comunidad de Tucuruato, Francisco Yáñez Molina, quien se nombra a sí mismo “Chico Tucuruato”, indicó que para Ruiz Massieu las opiniones de Agustín Montiel López, actualmente preso en Morelos por presuntos delitos de protección al narcotráfico, eran casi órdenes.

Todo el poder del estado

Según consta en la recomendación 124/91 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida entonces por Jorge Carpizo MacGregor, Chico Tucuruato fue detenido el 2 de noviembre de 1991 en Tejupilco, estado de México, por los agentes Patricio Mondragón Hernández y Rodrigo Vidal Díaz, bajo las órdenes de Lázaro Reyna Díaz, supuestamente al estar acusado de homicidio.

Se indica que al inculpado lo arrestaron junto con el menor de edad Fulgencio Rivera Bautista, y ambos fueron llevados a la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Agregó que allá los tuvieron sin darles de comer hasta el 5 de noviembre, cuando –según la declaración preparatoria de uno de los policías– fueron entregados a los agentes José Carmen Olvera Morales, Hugo Hernández Rendón, y otro llamado Pedro. La orden fue dada por el entonces comandante regional de la Policía Judicial del Estado en la región de Tierra Caliente, Andrés Aguayo.

Ambos detenidos fueron acusados del secuestro del niño Ralph Maclean Black León, hijo de los empresarios Ralph Mac Black y Berta León Hernández, ocurrido el 4 de octubre de 1990.

Posteriormente los policías los trasladaron a Ciudad Altamirano, donde estuvieron incomunicados.

De acuerdo con la declaración de José Carmen Olvera, la detención de Chico Tucuruato fue manejada por “el Estado Mayor Presidencial” , por lo que nunca llevaron una orden de aprehensión, e incluso “allí iba un abogado del Estado Mayor Presidencial, quien luego que los detenidos fueron presentados a la Agencia del Ministerio Público –después de quince días- pidieron la orden.

Cuando el padre de Fulgencio Rivera Bautista, Antonio Rivera Jaimes, fue preguntar a los separos de la PJE de Ciudad Altamirano, fue encarcelado por el capitán Andrés Aguayo Rubio, quien les pidió “1 millón de pesos” para liberarlos.

Tiempo después, Carmen Olvera y Aguayo Rubio fueron arrestados por los delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión, contra la administración de justicia, entre otros. El jefe policiaco estuvo preso cerca de cinco años, hasta que fue liberado por el entonces gobernador Angel Aguirre Rivero.

Cuenta Chico Tucuruato que fue sometido a las peores vejaciones por los judiciales al mando de Aguayo Rubio.

Con fotografías mostró los efectos de las torturas. “Tuve que tomar agua de cirián durante un año para que se me quitaran las huellas de los golpes”, dijo.

Indicó que en los separos de la policía en Ciudad Altamirano fue torturado junto con Fulgencio Rivera Bautista. Este último, con sólo 17 años de edad, en su declaración señaló que los tuvieron sin comer siete días y que los torturaron física y sicológicamente al ponerles bolsas de plástico en la cabeza y agua de Tehuacán en la nariz, para exigirles que revelaran dónde estaba el niño secuestrado y que firmaran una acta.

“Desde mi celda oía los gritos de dolor de Chico Tucuruato”, narra en su declaración ante el MP.

La mano de Montiel

Pero lo peor estaba aun por venir –cuenta Francisco Yañez– Montiel era en esas fechas el director general de Seguridad Pública y Readaptación Social del estado, y cuando él fue remitido al Cereso de Iguala Montiel lo sometió a un tratamiento inhumano: “estuve incomunicado en una celda, con espacio mínimo, con los ojos vendados, maltratado periódicamente por diversos policías judiciales, además se le privó de agua por órdenes directas de Montiel y era obligado a tomar agua con excremento y del retrete, donde dormía sentado.

Cuando fue llevado a Coyuca de Catalán, por órdenes de Montiel, de inmediato fue transferido al penal de Las Cruces, en Acapulco, con lo que se violó un amparo que la esposa de Francisco Yáñez había obtenido. En su declaración preparatoria, dijo –el 21 de noviembre de 1991– que los judiciales le introdujeron agua de Tehuacán por la nariz, que lo llevaron al río Balsas, en la curva de Changata, lo desnudaron, le pusieron una cuerda entre las piernas y una piedra colgada al cuello y lo sumergieron varias veces, además le dispararon varias veces cerca de la oreja.

“No quiero darme baños de pureza, vivo de mi trabajo y no es justo que delincuentes de cuello blanco sigan haciendo de las suyas en el estado”, pidió Chico Tucuruato, quien actualmente es presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación Ganadera de Cutzamala.