Lourdes Chávez
Chilpancingo
Un ex trabajador de Protección Civil Estatal, José Isabel Piza Magaña, despedido en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, se instaló ayer en la mañana en huelga de hambre junto a su familia al exterior de la sede del Poder Ejecutivo para pedir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, su reinstalación, o en su caso, el pago de su liquidación conforme a la ley, con salarios caídos.
Indicó que después de 16 años en una plaza estatal –primero como policía y luego de bombero en la Secretaría de Protección Civil–, fue comisionado a una nueva sede en la sierra, en San Vicente de Jesús, Atoyac, para distribuir apoyos a las comunidades más alejadas, en el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez.
En septiembre de 2016, durante el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores fue despedido porque supuestamente era integrante del grupo de Ortega Martínez.
Aclaró que llevó su demanda al Tribunal de Conciliación y Arbitraje porque trabajaba para el gobierno del estado, primero como policía estatal desde el gobierno de René Juarez Cisneros al de Ángel Aguirre Rivero. De ahí lo comisionaron a la base Diamante de Portección Civil, como bombero, después fue encargado de Bodega, y distribuyó insumos a personas afectadas por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, de Papanoa a Barra Vieja.
Dijo que en el gobierno de Rogelio Ortega lo comisionaron como coordinador de la Sierra, donde habían instalado una base de Protección Civil, para atender a las comunidades más alejadas, después de la afectación a la comunidad de La Pintada, donde se desgajó un cerro que sepultó muchas casas.
“En el gobierno del Astudillo me empezaron a atacar con que yo era gente de Rogelio Ortega, porque el Ayuntamiento de Atoyac pidió que me corrieran, no me dejaron ni defenderme”.
Explicó que cuando presentó la demanda, se dieron cuenta de que tenía trayectoria laboral, y argumentaron que era aviador y nadie lo conocía, incluso realizaron audiencias sin convocar a su defensa o a él, para declararlo confeso, pero pudo revertir esa argucia mediante un amparo.
Cuando se iba a hacer el peritaje en la Sierra llegó la pandemia, periodo que el Tribunal usó para prescribir su caso, “dicen que ya está caducado porque mi abogado no se fue a parar”, se quejó.
Adelantó que la procuradora de la Defensa del Trabajo de esta administración, Silvia Agama Cariño, fue a preguntar por el caso al TCA y observó que el Tribunal no debía anular un proceso laboral en medio de la pandemia. Piza Magaña reconoció la ayuda de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que envió a la funcionaria, pero el tribunal no cambió nada.
Aclaró que llegó con sus pancartas a las 9 de la mañana. Sólo después de esta denuncia a medios, un burócrata trató de llevarlo a una oficina, pero Piza se negó a ir con él. Luego explicó que lo conoció en la oficina del anterior secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, conoció su situación y entonces, lo sacó del edificio. Ahora, sólo hablaría con personal de confianza de la gobernadora.
En todo este tiempo, contó que su papá murió de cáncer porque no tenía asistencia médica y ahora tampoco puede ayudar a sus hijos para seguir con sus estudios.
En la huelga lo acompañan sus tres hijos de 8, 16 y 20 años y su esposa.
Por la noche, vía telefónica informó que se retiraba de las escalinatas del ex Palacio de Gobierno, para descansar en casa de un familiar, pero hoy continuará con su protesta con su familia.