Comparecen sobrevivientes de Aguas Blancas en la oficina de la Femospp en Atoyac

Confían en que la Fiscalía lleve a fondo las investigaciones, de lo contrario apelarán a la Corte Penal Internacional, dice el abogado José Sánchez

Francisco Magaña

Atoyac

Comparecen ante la oficina alterna de la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, en respuesta a un citatorio de la PGR.

Los familiares y sobrevivientes fueron encabezados por el abogado del caso José Sánchez Sánchez. El representante legal de los denunciantes indicó que 41 sobrevivientes aportarán sus testimonios de los hechos lamentables que ocurrieron el 28 de junio 1995, en donde murieron bajo las balas de policías estatales 17 campesinos.

En las declaraciones del caso, piden que se les tome también su testimonio a dos sobrevivientes que están en la cárcel, los presos políticos Jerónimo Hernández Refugio y Joviel Rafael Ventura. Dijo que va a precisar las circunstancias del tiempo, modo y lugar de lo que realmente ocurrió la mañana de ese 28 de junio, es una verdad histórica que se debe de conocer, aparte del video que se filtro a los medios.

Comentó que la declaración que realizaron hace 8 años fue diferente, por que en aquella ocasión se realizó bajo un ambiente de intimidación, “los declarantes tenían enfrente a dos judiciales armados”, señaló Carmelo Bernal: “Hoy es sin presión, sólo con la presencia de ustedes los medios”, indicó.

La fiscalía se debe de quitar esa espinita del caso Aguas Blancas. Indicó que siempre apelaron que el asunto lo atrajera una instancia federal, pero se turnaba al estado a través de la procuraduría y ellos exoneraron a los que señalan como autores intelectuales el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y José Rubén Robles Catalán, señaló.

Hoy dijo “tenemos la esperanza que de se investigue a fondo y se castigue a los responsables de ese genocidio”.

Manifiestó que están en el filo de la navaja y pidieron al Ministerio Público Federal que los declarantes del caso, se les garantice su integridad física, por que existen casos lamentables como ocurrió con el testigo de la Fiscalía, Zacarías Barrientos Peralta, que fue asesinado, y por quien están preso cinco inocentes.

Confían que la Femospp, lleve a fondo las investigaciones, de lo contrario apelarán a la Corte Penal Internacional, por que existen tres recomendaciones y ninguna se ha aplicado.

Los sobrevivientes están citados a declarar de 8 por día, en la oficina alterna de Atoyac, será durante mañana y tarde.

Hostiga el Cisen a familiares del arraigado por el caso Peimbert, dice José Sánchez

 

 El abogado José Sánchez Sánchez, defensor de Misael Alejandro Silva Ramírez, quien fue acusado de participar en el secuestro del veterinario acapulqueño, Arturo Péimbert Puente, denunció que agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), están hostigando a los familiares de su defendido.

En conferencia de prensa en el Zócalo porteño, Sánchez Sánchez informó que los agentes del Cisen del Distrito Federal, se presentaron como personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y pidieron información del acusado y de la familia en la colonia ex Campo de Tiro, por lo que calificó estas actividades como “espionaje”.

Los hechos –según Sánchez– ocurrieron el 1 de abril, cuando los agentes del Cisen, Erick Reyes y Juan Hernández Martínez, llegaron a la casa de Misael Alejandro Silva Ramírez, ubicada en la colonia irregular ex Campo de Tiro, haciéndose pasar por visitadores de la CNDH, para preguntar “cómo vivían y de dónde obtenían los ingresos económicos”.

Los pseudovisitadores también les dijeron que no deberían permitir que José Sánchez los defendiera, ya que “estaba confrontado con el Estado”.

El abogado señaló que ante esta actitud los familiares desconfiaron y les pidieron que mostraran sus credenciales, lo que molestó a los dos hombres, que reconocieron que pertenecían al Cisen y empezaron a grabar con una cámara de video a los familiares.

Manifestó Sánchez Sánchez que esta situación de hostigamiento y persecución ha preocupado a los familiares de su defendido, que se encuentra arraigado en la ciudad de México, por la Sub Procuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) por el secuestro del veterinario acapulqueño.

Adelantó que interpondrán una queja en la CNDH por estar usurpando funciones y así mismo pedir al Congreso de la Unión que ordene al Cisen “sacar las manos de un proceso que deben investigar la instancias judiciales, ya que ese no es el papel de ellos”.

El abogado dijo que estas actitudes de espionaje hacia la familia “pueden ser un asunto político y para ver si pertenecen a una red amplia de delincuencia”.

Sánchez Sánchez exigió finalmente al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda –de donde depende el Cisen– detener el hostigamiento de sus “secuaces disfrazados y que dé garantías a esas familias, que son personas honestas”.