Defiende Osorio a Astudillo y critica a jueces federales que liberaron a El Deivid

Sobre los mensajes intimidatorios al gobernador Héctor Astudillo Flores por la detención de David Palma Analco, El Deivid, presunto jefe de la plaza del cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco, el secretario de Gobernación dijo ayer que cuando se detiene a “este tipo de criminales por supuesto que hay reacciones y acusaciones, pero son acusaciones porque no les queda otra más que dañar a la propia autoridad”.
Miguel Ángel Osorio Chong dijo que si hubiera algún acuerdo no estaría detenido éste ni Alberto y/o Edilberto Bravo Barragán El Gavilán, y que si hubiera habido un acuerdo con El Deivid durante el “rechazo de la competencia de dos jueces, tal vez la autoridad local se hubiese volteado, si hubiera acuerdos, y por supuesto estarían libres estos delincuentes y por eso quieren inculpar a la autoridad”.
Recordó que también en su momento se dijo que el gobierno federal iba a pactar con la delincuencia y “qué buenos somos para hacer acuerdos porque llevamos 100 de los 122 detenidos a nivel federal”.
Indicó que los acuerdos son con la sociedad, para su seguridad y tranquilidad y lo mismo sucede en el estado, “y están detenidos hoy estos delincuentes y la mejor prueba de honestidad y buen desempeño es que estamos haciendo todo para que no solamente estén detenidos sino probar que han cometido actos que dañaron a la sociedad y que tengan que pagar en la cárcel los hechos que durante varios años hicieron contra la sociedad”.
Osorio Chong añadió que de los 20 objetivos prioritarios en Guerrero ya se ha detenido a diez, y en 15 días se detuvo a los dos que “todos conocían el grado de violencia que generaban, particularmente en Acapulco, con la novedad que dos jueces no aceptaron su competencia y entonces, afortunadamente estaban seguidos por averiguaciones en lo local y es así como se logró detenerlos, si no estarían libres, con esas adversidades nos hemos encontrado”.
Indicó que era un asunto que se tenía que resolver, porque fue un trabajo que se hizo durante mucho tiempo, de seguimiento, y que la PGR ha dado instrucciones, así como el gobernador a la Fiscalía del estado para que “a todos nuestros objetivos se les hagan sus expedientes para cuando se detengan se tenga el sustento necesario al respecto, y eso afortunadamente funcionó en estos dos casos de hombres muy peligrosos para la sociedad guerrerense”.
Palma fue detenido el 5 de junio, mientras convalecía en un hospital en Cuernavaca, Morelos junto con la agente federal de la Gendarmería, Abril Acosta Fuentes, su compañera sentimental.
El Deivid estaba en una lista de 50 blancos prioritarios, como uno de los principales generadores de violencia en Acapulco, por la disputa con el Cártel Independiente de Acapulco (Cida).
Apenas este sábado 16 de julio fue liberado por un juzgado federal, pero fue reaprehendido por la Policía Ministerial de Guerrero con apoyo de la de Morelos.
Palma fue consignado por homicidio por la Fiscalía de Guerrero y se atribuye a ese hecho el ataque a balazos el lunes por la noche a las oficinas de la Notaria Pública 19, cuyo titular es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado.
El mismo fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, encabezó el mismo lunes las audiencias desarrolladas en los Juzgados Primero y Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Tabares, donde Palma Analco rindió su declaración preparatoria como presunto inculpado en el delito de homicidio calificado, bajo la causa penal número 125-1/2015.

No es garantía que los jueces sean nombrados por el Congreso, dice el juez español Andrés Ibáñez

Roxana Ibarra

 

 

El que los jueces sean designados por el Poder Legislativo, no es garantía porque a los Congresos llegan representantes de los partidos políticos y entre los partidos políticos se reparten a los jueces. El juez no debe estar inscrito en ningún partido político ni tampoco a sindicatos, aunque sí tienen derecho a asociarse, dijo el magistrado del Tribunal Supremo de España, Perfecto Andrés Ibáñez quien impartió la conferencia Estatuto de Juez y Ética de lo Jurisdiccional.

En la conferencia llevada a cabo la tarde del viernes en el salón de usos múltiples de la Universidad Americana de Acapulco, asistió la magistrada del Tribunal Electoral del Estado y ex presidenta del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Virginia López Valencia, además de otros                       magistrados y jueces del TEE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Además de abogados y estudiantes que llenaron el lugar.

El autor del libro Justicia/Conflicto y colaborador del diario El País dijo que no hay que tenerle miedo a la independencia judicial, a que los jueces puedan ejercer poder legítimo, aunque sí se les debe fijar límites rigurosos de legalidad, pues el juez no es un ángel y puede ser un demonio. “El juez deber actuar de forma tal que su poder esté dispuesto a dar la máxima efectividad a los derechos fundamentales. El juez es un sujeto situado, con conciencia de cuáles son sus opciones político culturales para prevenirse de parcialidad por esa razón”, agregó.

El ponente explicó que el juez debe actuar de forma autocrítica y autocontrolada para que sus prejuicios, sus actitudes, sus afinidades no le jueguen una mala pasada a él porque será parcial y sobre todo al justiciable.

“Me da risa cuando oigo que un juez que tenga posibilidades para incidir sobre las ilegalidades del poder anula las posibilidades de ejercicio de política democrática”, contó y señaló que entre los indiferente para el Derecho y el Código Penal hay un espacio más grande que la bahía de Acapulco, pensar que la política legítima, democrática, no tiene espacio y podría verse ahogada por la presión del juez en un contexto de legalidad exigente “me parece que es una broma”, pero que sin embargo es un argumento que se maneja y se blande.

En el presidium estuvieron el presidente                       del TSJ, magistrado Raúl Calvo Sánchez; la presidenta del TEE, magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros; el presidente del TEPJF, magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo; el rector de la UAA, Israel Soberanis Nogueda y la directora de la casa de la Cultuta Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Susana Margarita Velasco Nava.