Integrantes del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE), separados de su cargo en el 2017, denunciaron que durante la audiencia de este martes, la parte patronal empleó “triquiñuelas” al no notificar de la audiencia al demandante para posponer la siguiente audiencia, y además demostrar que fueron notificados de la separación de su cargo, cuando esta notificación no ocurrió
El 28 de abril de 2017, cinco integrantes del comité central del Sindicato Independiente que encabezó el paro de labores durante tres meses en 2014, fueron cesados de sus puestos sin notificación y ninguna respuesta; el cese de los cinco trabajadores se dio durante la administración de Robespierre Robles Hurtado.
El pasado 2 de mayo en Ciudad Judicial, la comisión sustanciadora actuó indebidamente en el proceso al no notificar de la audiencia al demandante, en este caso el presidente del Poder Judicial, el magistrado Alberto López Celis, que tiene su oficina en el edificio 1 del complejo de justica, a 600 metros de la oficina de la comisión sustanciadora.
La secretaria general adjunta del SISPPJE, Perla Maldonado Rodríguez denunció que en esta segunda audiencia del mes, “como era de esperarse”, la parte patronal, es decir, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dio constancia a la demanda laboral, pero solicitó la suspensión de la audiencia.
“Determinó la regularización del procedimiento para acumular a este procedimiento laboral burocrático, los procedimientos para procesales que inició para notificarnos la rescisión laboral que nunca hicieron, cuya falta fue motivo del amparo, y a la vez del juicio laboral burocrático citado”, agregó.
Insistió en que el Poder Judicial del Estado de Guerrero pretende subsanar las deficiencias que son motivos de transgresión a las garantías de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso.
“Olvidando el señor presidente del Tribunal, Alberto López Celis, que tanto él como el director de Finanzas del Poder Judicial, Rafael Antonio Cancino Calvo, han rendido informes al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y al juez Primero de distrito en el Estado de Guerrero, en los que afirmaron habernos notificado la rescisión citada”, agregó.
Dijo que el actuar de la parte patronal demuestra lo incongruente que es, lo que se podría constituir como delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial en la que se lleva el proceso.
En la anterior audiencia se denunció que la comisión sustanciadora está actuando del lado de la parte patronal, prolongando el juicio que iniciaron el año pasado tras el cese de los cinco trabajadores que encabezaron la huelga de 2014 más de tres mes.