El procurador General de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia indicó ayer que no puede informar si existe una averiguación o denuncia en contra de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, identificado por la PGR como el jefe de los sicarios del cártel de Sinaloa que dirige Joaquín El Chapo Guzmán.
El procurador indicó que el hecho de que presuntamente haya solicitado un amparo contra cualquier orden de presentación o aprehensión ante el juez federal cuarto de Distrito del puerto de Acapulco, “no significa que se encuentre en Guerrero”.
“De manera oficial no tengo conocimiento sobre esta situación, yo sólo vi la referencia periodística, pero te puedo decir que todo ciudadano tiene el derecho de promover un recurso legal y depende de la autoridad judicial otorgarlo o no”, expresó el fiscal guerrerense.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera dijo ayer que no tiene conocimiento alguno sobre el caso y adelantó que preguntará al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, acerca de “cómo está ese caso y en función de eso podré dar mi opinión”.
En su edición del jueves 17 El Sur confirmó versiones publicadas originalmente en periódicos de la ciudad de México según las cuales Valdez solicitó un amparo “rastreador”, como se le llama en los medios judiciales, porque sirve para saber si hay juicios en contra de alguna persona.
Entrevistado al respecto en su oficina en Chilpancingo, Murueta señaló que no puede informar si en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) existe una averiguación previa o denuncia en contra de La Barbie, considerado como el responsable del secuestro y asesinato de cuatro presuntos integrantes de Los Zetas que fueron video grabados presuntamente en el puerto de Acapulco.
Acerca del amparo Murueta abundó que como se trata de un área relacionada con garantías individuales, “en cualquier lugar se puede solicitar un amparo” y aseguró que no tiene información que indique que La Barbie se encuentra en el puerto de Acapulco, pues “puede estar en el extranjero y haber ordenado a sus abogados presentar la supuesta solicitud de amparo”.
Consultado a ese respecto por teléfono, Chavarría contestó por su parte que apenas sabe del caso por lo que se publicó aquí ayer.
A pregunta expresa, Chavarría insistió en que no contaba con elementos para afirmar que esa acción indicaba una institucionalización de los representantes de los cárteles; ni tampoco quiso opinar sobre si ese amparo adelantaba más violencia y ejecuciones en la entidad o si demostraba que había compra e intimidación de los narcos a los jueces.
El funcionario indicó que hablaría más tarde con el presidente del TSJ, para conocer en qué circunstancias se dio ese amparo, si así fue; destacó que por eso “ahorita no cuento con elementos, estaría haciendo una declaración en el vacío”.