Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dirigentes del Frente Popular de la Montaña (FPM) insistieron ayer en conferencia de prensa que les preocupa que el juez que lleva el caso del dirigente social Arnulfo Cerón Soriano, Emanuel Reyna Vélez, resuelva de manera parcial y a favor de los presuntos autores materiales y el intelectual de la desaparición y posterior asesinato del activista.
Los dirigentes de la agrupación argumentaron que hay razones políticas porque el presunto autor intelectual Marco Antonio García Morales, Tony, “financió” la campaña de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y actualmente realiza proselitismo a favor de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum.
Telésforo Aguilar, integrante de la Comisión Política del FPM declaró que sospechan también porque la representante de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Valeriana Inés Basurto, está actuando a favor de los acusados y no de los representantes de los agraviados.
Un contingente del FPM se encuentra desde el martes en Chilpancingo solicitando audiencia con los representantes de los tres poderes, sin embargo, hasta ayer por la tarde sólo se habían reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Cascarrabias Vázquez.
Informaron que personal de la Secretaría General de Gobierno les informaron que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda los recibirá el lunes.
Juan Sánchez Gaspar, uno de los dirigentes del FPM dijo que “como organización nos preocupa que siga imperando la corrupción entre las autoridades que imparten justicia”.
Denunció que desde el inicio vieron que las investigaciones del caso Cerón Soriano no se realizaron a fondo y que muchos elementos no se incorporaron a la carpeta de investigación, lo que podría llevar a que el caso quede impune.
Indicó que por eso su llamado a los representantes de los tres poderes es a que estén pendientes del desarrollo del caso “y exigimos que se hagan bien las cosas, que haya imparcialidad, que se incorporen todos los elementos y que se investigue más a fondo”.
Acusó al juez Emanuel Reyna Vélez de que está actuando de manera parcial, “lo decimos porque somos testigos de los hechos y del proceso que se está llevando a cabo”.
Sánchez Gaspar dijo que también la representante del Gobierno del estado en el caso, la comisionada de la CEEAV, Valeriana Inés Basurto “está maniobrando a favor de la parte acusada, está maniobrando para que salgan libres los asesinos materiales e intelectuales”, aseguró.
Por su parte Ubaldo Segura Pantoja, de la Comisión Política del FPM, informó que desde ayer están en Chilpancingo buscando reunirse con los representantes de los tres poderes del Estado, pero sólo lograron una audiencia con el presidente del TSJ Casarrubias Vázquez la mañana de ayer.
“Nosotros le hemos manifestado la desconfianza enorme que hay hacia el Poder Judicial porque vemos que hay mucha corrupción en la impartición de justicia, pero él se comprometió a estar vigilante de que el juez de la causa, a quien hemos visto muy inclinado hacia la parte acusada, actúe en apego a la ley”.
Segura Pantoja reconoció que el magistrado presidente les dio garantías de que va a estar vigilante “y ojala así sea porque es lo que nosotros venimos buscando a Chilpancingo”.
Informó que, en tanto, en la Secretaría General de Gobierno les dijeron que será hasta el lunes cuando los reciba la gobernadora Salgado Pineda, pero les adelantaron que el Poder Judicial es autónomo del Ejecutivo y que no pueden intervenir.
“Pero nosotros creemos que los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son parte del mismo gobierno y tienen que actuar de manera conjunta y no deslindarse de responsabilidades para que haya una impartición de justicia apegada a derecho”.
Anunció que en la reunión con la gobernadora le van a plantear que no se puede deslindar, y que también tiene responsabilidad en la impartición de justicia, no sólo en el caso de Cerón Soriano, sino en todos los casos que presente el pueblo en general”.
Reprochó que de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, no han recibido respuesta, pero que van a seguir insistiendo.
Otro de los dirigentes, Telésforo Aguilar Villanueva, informó que saben que el juicio oral que se desarrolla en el Juzgado de Tlapa, ha terminado y va a entrar a la etapa de alegatos para emitir su resolución que podría ocurrir el 28 de agosto.
Reiteró que su preocupación es que “gente de la gobernadora está operando para favorecer al presunto autor intelectual del asesinato de nuestro compañero” y señaló directamente a la comisionada de la CEEAV, Valeriana Inés.
El dirigente declaró que se supone que la funcionaria debería estar actuando en coadyuvancia con la Fiscalía General del Estado (FGE), “pero hemos visto que lo hace a favor de la parte acusada”.
Uno de los señalamientos hacia la funcionaria es que impugnó el acta constitutiva del FPM, al que pertenecía Arnulfo Cerón Soriano, ello, según dijo, es con el fin de que al dirigente asesinado no se le considere en el juicio como un activista y defensor de derechos humanos, sino como un ciudadano común.
“Además ha estado operando con los familiares de la víctima y nos hemos dado cuenta que actúa a favor de la parte acusada”.
Indicó que suponen que todas las actuaciones a favor del presunto autor intelectual García Morales son para favorecerlo en razón de que “operó” política y económicamente a favor de la ahora gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la campaña pasada.
“Por eso decimos con preocupación que este caso pudiera quedar impune, porque desde lo más alto de estos poderes hay una parcialidad y puede ser favorecido para pagar favores políticos”.
Además dijo que el presunto autor intelectual está participando como activista en la campaña de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum y él mismo busca la candidatura a la alcaldía de Tlapa.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan) Isidoro Vicario, explicó que dentro del caso Cerón Soriano hay cuatro procesos abiertos y que uno de ellos está en la etapa final pues ya concluyeron las audiencias del juicio oral.
Informó que la última audiencia será el 28 de agosto y que será en esta en la que las partes darán sus alegatos de clausura y posteriormente el juez del Juicio Oral emitirá su sentencia.
El abogado destacó que le pidieron al presidente del TSJ Casarrubias Vázquez “no que se incline a nuestro favor, sino que se resuelva conforme a los elementos probatorios que ya se entregaron en el proceso penal”.