Karina Contreras

Maestros del Colegio de Bachilleres plantel 16, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, cumplieron 6 días de paro laboral y denunciaron que ninguna autoridad de ese subsistema los ha atendido para dar solución a sus demandas y hay más de mil 200 alumnos sin clases.
Los trabajadores administrativos de la sección 31 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) a partir de este martes se colocaron afuera de la escuela, su protesta nada más era en la dirección, donde colocaron cartulinas pegadas en el portón con sus demandas y denunciaron que el director general Jesús Villanueva Vega no los atiende.
Acusaron que es una “administración ciega y sorda quien no atiende la problemática del plantel y lo único que sabe hacer es amenazar a los trabajadores administrativos del colegio de Bachilleres”.
Reiteraron que lo que piden es que se respete la minuta firmada con el director administrativo, David Guzmán Sagredo y el jefe del departamento de recursos humanos, Fidencio Ixte Rojas para que sus derechos laborales se respeten y los espacios se den como lo marca el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
Dijeron que exigen la salida del director general Jesús Villanueva Vega y del director administrativo, David Guzmán por no respetar la minuta donde se acordó que no sería renovado el contrato a la trabajadora Azucena Edith Cantú González porque ese espacio le corresponde a un familiar de una trabajadora con 38 años de servicio.
Al iniciar el paro los manifestantes declararon que la hija de esa trabajadora estaba ya laborando en el plantel, pero fue despedida argumentando que no había presupuesto para tenerla, pero durante la pandemia llegó Cantú González y otro trabajador a los que les han estado renovando los contratos cada seis meses.
Denunciaron que al trabajador Alejandro Benítez Hernández le dieron un nombramiento de tiempo ilimitado con lo que se incurrió en una falta administrativa grave porque no se cubrieron los requisitos para ser beneficiados de dicha prestación y pidieron la intervención de la Contraloría estatal para determinar la situación.