Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Pobladores de la comunidad de Los Bayados, municipio de Ajuchitlán del Progreso, denunciaron que este martes hallaron sus casas saqueadas cuando retornaron para recoger algunas de sus pertenencias, a pesar de que desde el día que salieron desplazados el 19 de febrero pasado hubo presencia del Ejército y de la Policía Estatal, también contaron que las autoridades pretendían obligarlos a quedarse pero nadie de los 246 habitantes se quedó porque no hay condiciones de seguridad.
Exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se investigue para dar con los responsables del saqueo de sus viviendas y las cuatro tiendas de abarrotes que había en el pueblo, y solicitaron apoyo al Alto Comisionado de la ONU para que se atienda su desplazamiento.
Como lo informó El Sur el domingo 19 de febrero, 246 habitantes de Los Bayados, comunidad ubicada en la sierra, entre la colindancia de los municipios de Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, abandonaron su comunidad con lo único que tenían puesto y lo poco que pudieron cargar ante las amenazas de un grupo delictivo de que los atacarían si no salían antes de las 12 del día, y los quemarían con sus viviendas.
Este martes 28 de febrero, los pobladores resguardados por militares, agentes de la Policía del Estado, de la Fiscalía General del Estado y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos salieron a las 6:45 de la mañana de El Súchil, Tecpan, hacia su localidad, para recoger algunas de sus pertenencias y ver cómo se encontraban sus hogares.
Ayer entrevistados vía telefónica, un grupo de pobladores que pidieron la discreción de sus nombres contaron que cuando comenzaron a llegar a la localidad vieron que algunas de las casas, sus puertas estaban abiertas, otras cerradas, “pero muchas fueron saqueadas”.
Los pobladores expusieron que tras varios días de haber salido de su localidad, su retorno lo hicieron con ilusión, pero también con tristeza de tener que regresar, esta vez con resguardo militar.
Explicaron que al entrar a sus viviendas se percataron de que les robaron dinero, alhajas, electrodomésticos pequeños, cobijas, ropa de hombre, mujer y niñas, e incluso en algunas casas se llevaron los comales y trastes de las cocinas.
Además vaciaron las cuatro tiendas que había en la comunidad, “se llevaron todo lo que era comida, bebida, dejaron lo que son detergentes y cosas así, pero todo lo demás se lo llevaron”.
Uno de los pobladores expuso que este martes al ver sus hogares saqueados sintieron consternación y rabia, dijo que algunas mujeres entre el llanto expresaron su impotencia a los militares y personal de Derechos Humanos que fueron a la localidad.
Contaron que fue un duro golpe observar sus casas saqueadas y muchas cosas destruidas, “había evidencia de que algunas viviendas fueron habitadas”, por lo que expresaron que su exigencia es que se investigue y se haga justicia, porque preguntaron quién se hará responsable de reponer todo lo que perdieron, y cómo era posible que pasara si la comunidad desde la tarde que salieron llegaron militares y policías estatales.
Expresaron que los enviados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos levantaron las evidencias del saqueo casa por casa, y esperan que también ellos reporten las condiciones en que encontraron sus viviendas.
Otro de los pobladores manifestó que ese martes el delegado del gobierno estatal, Juan Méndez Nogueda y las autoridades militares les insistían que se quedaran en la localidad, pero nadie se quedó porque no había condiciones para hacerla, ropa ni cobijas.
Según el habitante, los militares les explicaron que era necesario que hubiera presencia de los pobladores porque si no, no tenía caso instalar un cuartel o una base militar, afirmó que sí piensan regresar pero no bajo esas condiciones, además de que emocionalmente ningún poblador estaba dispuesto a quedarse tras ver sus viviendas saqueadas.
Precisó que las personas que robaron sus casas no se llevaron electrodomésticos grandes como refrigeradores o televisores, sólo aparatos pequeños.
Los pobladores informaron que cerca de las 5:30 de la tarde regresaron a Tecpan y a las 10:30 de la noche todos habían vuelto a los lugares donde se han refugiado, y acordaron con las autoridades que se reunirán en los próximos días para continuar con el proceso de un posible retorno permanente.
Aseguraron que el gobierno del estado les está dando dos despensas por semana, tiene servicios de salud y una maestra está atendiendo a las niñas y los niños, aunque señalaron que no hay condiciones porque no tienen pizarrón ni mesas, sólo sillas en las que los menores se acomodan para tomar clases.
“Hay mucho ruido porque estamos todos en la misma casa, entonces los mismos niños se distraen, le hablan a la mamá, no hay condiciones para que se concentren, la maestra con mucha disposición entiende el contexto y está tratando de ayudar a los niños”, manifestaron.
Expusieron que el martes se dio respaldo a los pobladores de Los Bayados, pero sabían que otros desplazados de La Trinidad regresaron a sus casas, aunque sin conocer bajo qué condiciones o si fueron acompañados por autoridades.
En un breve video se observa al delegado del gobierno estatal en la Costa Grande,  Juan Méndez Nogueda que les comenta que el gobierno estatal les está brindando el apoyo y que están en el proceso para que se instale en Los Bayados una base de operaciones mixtas como se hizo en Santa Rosa de Lima, en El Durazno y en el crucero de San Antonio de las Tejas.
Pidió a los pobladores que nombraran a un representante que estuviera subiendo y bajando de la comunidad, ya fuera el comisario o comisariado ejidal o un poblador, para que este diera fe de que cualquier persona que llegue a la comunidad, sea identificado por ellos, de sí es o no uno de los habitantes, y no cualquier persona entre a las casas.
Agregó que el martes fueron entre 25 y 28 cabezas de familia quienes acudieron a Los Bayados, y expuso que a propuesta de un teniente militar encargado de la seguridad, debían decidir quienes ya habían entrado a sus casas y verificado que “algunas están bien, otras no, esas las van a cerrar, les van a poner candado, ver quién se va a llevar sus cosas, quién deja sus cosas, quién va a continuar, quién no va a continuar, quién se queda, quién se va”.
Por otra parte, los habitantes desplazados reprocharon que el subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Irving de Jesús Jiménez Sánchez,  dijera que no eran desplazados y que se movían en la zona, lo que aseguraron demostraba su “insensibilidad y el desdén” hacia ellos.
Exigieron al presidente de la República que se investigue a los responsables del saqueo de sus casas y que se cumplan los seis puntos de sus demandas, principalmente combatir las causas de la violencia en la sierra y un verdadero plan emergente de pacificación, ante un problema que como las autoridades les dicen llevará un proceso para el retorno a su comunidad.
Demandaron el apoyo del Alto Comisionado de la ONU para desplazados y el apoyo de los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para atender no sólo su caso, sino los de varias comunidades de la sierra de Guerrero que se han dado tras una pugna entre grupos delictivos.