Lourdes Chávez
Chilpancingo
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, señaló que las labores en seguridad pública del Ejército deben entenderse como una necesidad por la carencia de policías, y que la Guardia Nacional sigue en proceso de formación.
Consultado después de un acto de destrucción de armas en la 35 Zona Militar en la capital del estado, el funcionario habló del tema, tras de la negativa de mandos militares a dar entrevistas, y de la salida apresurada de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de las instalaciones al concluir la actividad protocolaria.
Reynoso Núñez también negó las acusaciones contra el Ejército, de hacer espionaje telefónico a defensores de derechos humanos y luchadores sociales, que reveló el grupo de hackers Guacamaya, y que ratificaron actores sociales.
Dudó de las declaraciones del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, entrevistado ayer mismo en la fiesta patronal del barrio de San Francisco, sobre la intervención del prelado para el rescate de personas en dos secuestros, ante la renuncia del estado a combatir los delitos.
En entrevista a medios, Reynoso Núñez confirmó que Iguala está por recuperar la licencia de portación de armas colectiva para la Policía Municipal, la cual perdió por la colusión con un grupo de narcotraficantes, después de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron detenidos-desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa.
Están en la parte final del proceso de certificación y revisión de los policías con armamento, precisó.
Al insistirle sobre la situación de las corporaciones en el resto de los municipios, respondió que la sigue siendo precaria, pero la Secretaría de Seguridad Pública estatal trabaja por la certificación de los agentes municipales.
Reconoció que los ayuntamientos no invierten en la certificación de sus corporaciones, además de que en el reclutamiento, los aspirantes no siempre cumplen el perfil o aprueban los exámenes de confianza. El plazo mínimo para que un policía esté en la calle es de seis meses.
En el caso de la certificación de la Policía del estado, destacó un avance de 50 por ciento, y siguen trabajando en ello.
De la posibilidad de que el Ejército regrese a los cuarteles en 2023, como se estableció en la Ley de creación de la Guardia Nacional, que se discute en el Senado, indicó que complicaría la seguridad pública del estado, porque las policías municipales no están debidamente conformadas y no han entrado a procesos de certificación.
“El Ejército en temas de seguridad es una necesidad en estos momentos, y se tiene que entender así… hace una excelente labor, ellos son quienes aportan el mayor número de elementos en ciudades como Acapulco, como Chilpancingo, ante la carencia de elementos policíacos. Ellos han apoyado este proceso, y el proceso de que la Guardia Nacional está en plena construcción”, señaló.
Ahora, los planteamientos en el Senado son por la ampliación del plazo del Ejército en las calles que apoya el Morena, y desaprueban el PAN y el PRD.
En cuanto a las acusaciones a la institución, de obstruir el acceso a la investigación del caso Ayotzinapa, y espiar a defensores y luchadores sociales, retomó la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina desde Palacio nacional, “que el Ejército tiene labores de investigación y de inteligencia, pero no necesariamente sobre actores políticos”.
Aseguró que el gobierno del estado no tiene equipo de espionaje ni contratos con empresas como Pegasus, cuando se le cuestionó.
Sin embargo, reconoció que es muy frecuente el hackeo de celulares, incluso de secretarios de despacho, que también han denunciado actores, políticos, sociales y periodistas. Una vez también la gobernadora informó en redes sociales que hackearon su teléfono móvil.
Confirmó que sí les preocupa como gobierno, pero es tema de la Policía Cibernética.