En Guerrero, donde la historia de la izquierda está hecha de resistencia, memoria y dignidad, el encuentro entre Eloy Cisneros Guillén y Rogelio Ortega Martínez reabrió una conversación que parecía suspendida: la necesidad de que la izquierda guerrerense vuelva a reconocerse para enfrentar la crisis estructural del estado. No fue un acto de nostalgia ni un gesto de cortesía política, sino un recordatorio de que la unidad no es un lema del pasado, sino una condición para el futuro. En un estado fracturado, la frase que marcó generaciones –“la izquierda unida jamás será vencida– recuperó sentido político.
El Frente Socialista Guerrerense, encabezado por Cisneros, representa la izquierda que ha resistido desde abajo: la de las normales rurales, las luchas campesinas, la defensa de los presos políticos y la denuncia permanente del autoritarismo. Ortega, por su parte, no llega desde la comodidad académica, sino desde una vida entera en la izquierda: movimientos estudiantiles, defensa de derechos humanos, acompañamiento a víctimas y, más tarde, la responsabilidad de gobernar en medio de una crisis sin precedentes. Ambos espacios se encontraron para algo más profundo que discutir coyunturas: para recordar que la izquierda guerrerense tiene una historia que no puede ser ignorada por quienes hoy gobiernan.
Cisneros habló desde la legitimidad de las bases: la militancia no puede ser reducida a espectadora mientras se define el rumbo de Morena. Ortega habló desde la experiencia acumulada: Guerrero enfrenta una crisis estructural que no se resolverá con popularidad ni con operadores electorales. Ambos coincidieron en lo esencial: Guerrero necesita ética, proyecto, liderazgo preparado y unidad. La crisis institucional, social, productiva y territorial del estado no admite improvisaciones ni decisiones cupulares.
El encuentro también recordó algo que la política estatal suele olvidar: Guerrero no es un bloque homogéneo, sino un mosaico de regiones con crisis distintas y urgencias propias. La Montaña vive una pobreza que el país decidió normalizar; la Sierra sostiene al estado sin que el estado la sostenga; la Costa Chica resiste entre identidad y abandono; el Centro administra sin conducir; y Acapulco se ha convertido en metáfora de un modelo agotado. Un proyecto de Estado solo puede construirse desde esta diversidad territorial, y la izquierda –cuando se une– es la única fuerza capaz de articular esa visión.
La reunión entre Cisneros y Ortega recordó que la izquierda guerrerense no nació para administrar programas, sino para transformar realidades. Ha sido, históricamente, la conciencia crítica del estado. Cuando se fragmenta, el poder la aplasta. Cuando se une, el poder la respeta. Morena, que hoy gobierna con una legitimidad inédita, enfrenta una responsabilidad histórica: estar a la altura de la izquierda que lo precedió. Escucharla no es un gesto simbólico, sino una condición para construir un proyecto de Estado
El encuentro no fue un acto aislado. Fue un recordatorio de que la izquierda guerrerense –cuando dialoga, cuando se reconoce, cuando se une– recupera su fuerza histórica. En un estado fracturado, la unidad no es romanticismo: es una necesidad política, ética y territorial. Porque en Guerrero, más que en ningún otro lugar del país, la izquierda unida jamás será vencida.

 

En cada proceso electoral surge un fenómeno que erosiona silenciosamente la legitimidad democrática: las candidaturas fantasma. Son perfiles que aparecen en la boleta sin haber construido territorio, sin haber participado en la vida interna del partido y sin haber acompañado a la comunidad en ningún momento. Figuras que emergen de la nada, sin historia política ni arraigo social, pero que de pronto son presentadas como “opciones viables”. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede ser legítimo promover como candidato(a) a alguien que nunca ha estado ahí?
El politólogo Peter Mair advirtió que los partidos, cuando se desconectan de su base social y de su militancia, corren el riesgo de convertirse en “cáscaras vacías”, estructuras que existen solo para competir, no para representar. Las candidaturas fantasma son la expresión más clara de ese vaciamiento: personas que no provienen del territorio ni del partido, pero que aparecen en la boleta como si la representación fuera un trámite administrativo y no un vínculo construido con la comunidad. La ciudadanía lo percibe con claridad: si quien aspira a representarla nunca ha estado ahí, ¿a quién responde realmente?
El costo interno para los partidos es igual de profundo. Angelo Panebianco ha demostrado que las organizaciones políticas se sostienen en la lealtad, la identidad y la construcción de cuadros. La militancia invierte años en sostener al partido en tiempos difíciles, en caminar colonias y comunidades, en organizar comités y en defender un proyecto. Cuando la dirigencia coloca por encima a alguien sin trabajo territorial ni vida partidaria, el mensaje hacia abajo es devastador: el esfuerzo acumulado vale menos que la conveniencia coyuntural. Esa señal desmotiva, fractura y debilita la estructura; convierte a la militancia en un recurso prescindible y refuerza la idea de que las decisiones se toman lejos del territorio y lejos de la base.
El impacto democrático es todavía más delicado. Guillermo O’Donnell subrayó que la representación requiere estabilidad, responsabilidad y vínculos efectivos entre representantes y representados. Un candidato fantasma –alguien que nunca ha estado en el territorio– no ha construido esos vínculos: no conoce de primera mano las demandas, no ha tejido confianza, no ha rendido cuentas a nadie. Su candidatura no surge de un proceso de selección desde abajo, sino de acuerdos cupulares que privilegian la visibilidad, la cercanía con las dirigencias o la utilidad mediática. El mensaje que recibe la ciudadanía es nítido: aquí no se premia a quien trabaja con la gente, sino a quien resulta funcional a la lógica interna del poder.
Promover perfiles sin trayectoria territorial ni partidaria también erosiona la identidad del partido. Las organizaciones políticas existen para representar principios, valores y propuestas, pero también para encarnar una forma de estar en el territorio. Si cualquiera puede ser candidato sin haber construido comunidad ni proyecto, el partido deja de ser una institución con memoria y se convierte en una marca disponible. En contextos de desconfianza institucional, esta práctica profundiza el desencanto y alimenta la percepción de que la política es un espacio de ambiciones individuales, no de compromisos colectivos.
¿Es legítimo, entonces, promover candidaturas fantasmas? Desde la estricta legalidad, sí. Desde la lógica democrática, la respuesta es mucho menos cómoda. Porque cada vez que un partido impulsa a alguien que nunca ha estado ahí, no solo toma una decisión interna: envía un mensaje público. Y ese mensaje dice, en los hechos, que el territorio es decorado, que la militancia es sustituible y que la representación puede improvisarse. Si eso es lo que normalizamos, la pregunta que queda en el aire no es sólo quién será candidato(a), sino qué queda de la democracia cuando se vacía de territorio, de partido y de comunidad.

* El autor es profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero.