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Plaza Pública

De la Madrid y Buendía

 Miguel Ángel Granados Chapa  

Pasado mañana, 30 de mayo, hará veinte años que Manuel Buendía fue asesinado por la espalda. La apreciación más reciente sobre ese artero homicidio aparece en el séptimo informe del ex presidente Miguel de la Madrid, que ese es el tono de su libro testimonial titulado Cambio de rumbo, salido de las prensas hace dos meses.

Una nimia pero elocuente muestra de lo desasido que estuvo De la Madrid de asuntos cruciales en su gestión: cree aún hoy que su director federal de seguridad se llamaba José Antonio Pérez Zorrilla. No extraña, en consecuencia, la referencia hecha al asesinato de Buendía, ordenado por Zorrilla Pérez, como si se tratara de una cuestión ajena, que no implicara consecuencias muy graves para el país, condensadas en el hecho de que el jefe de la policía política, a quien el Presidente ordenó investigar el crimen, fuera el autor del mismo.

Zorrilla había puesto a De la Madrid ante hechos consumados. Minutos después del tiroteo contra Buendía, se presentó en la escena del crimen (la esquina de Hamburgo e Insurgentes, en la Zona Rosa) y desde ese momento encauzó la indagación y hasta las ceremonias luctuosas: él pagó el funeral y designó al orador que dijera el responso al día siguiente. Cuando el Presidente acudió al velatorio, dejó al margen al ministerio público y dispuso que la DFS, Zorrilla mismo, se encargara de la investigación, dato que olvidó consignar en sus memorias administrativas.

La vaga y errónea idea que De la Madrid dijo tener sobre el asesinato probablemente se formó con los informes y comentarios que le ofrecía el propio Zorrilla, directamente o a través del secretario de Gobernación Manuel Bartlett. Por eso se distancia de la opinión generalizada sobre el eficaz ataque: “Esa tragedia fue interpretada por todos, sin mayor cuestionamiento, como un hecho político. Los directores y el personal de los periódicos lo calificaron como un atentado al periodismo nacional y a la libertad de expresión. Los periodistas asumieron que su integridad física y moral estaba en peligro, e hicieron cundir su sensación de incertidumbre y temor ante el futuro.

“Al día siguiente del asesinato, un grupo conocido de periodistas (quizá De la Madrid quiso decir un grupo de periodistas conocidos) formó un comité para vigilar que se llevara a cabo el esclarecimiento pleno del asunto. El primero de junio, la CTM demandó la expulsión del país de los agentes de la CIA y la aplicación rigurosa de la ley a los terroristas de ultraderecha a los que atribuyó el asesinato de Buendía como parte de una estrategia para desestabilizar al país.”

Esas extravagantes versiones eran sin duda parte de una táctica para opacar la investigación. De la Madrid fue, al menos, víctima de tal confusión. En apuntes presumiblemente redactados en los días o semanas siguientes, contemporáneos a los hechos se lee: “Respecto a Buendía, existe ahora la duda de que haya sido un profesional quien lo asesinó. La forma en que lo mataron, el lugar y la hora llevan a la policía a sostener la hipótesis de que seguramente (nótese la contradicción entre hipótesis y seguramente) fue un resentido por una ofensa directa. Sus argumentos suenan lógicos. La policía señala que un asesino profesional siempre tira a la cabeza, en tanto que Buendía recibió tres balazos en el cuerpo; que un profesional tira desde una distancia mayor de la que se le disparó a Buendía, pues ello implica menor riesgo de ser visto o detenido; que busca un lugar más aislado y no un estacionamiento a las seis y media de la tarde o, en todo caso, usa silenciador.

“En fin, con esta nueva hipótesis parece difícil que pueda hallarse al asesino de Buendía, pues el panorama sobre las posibilidades de quién pudo haberlo asesinado se abre aún más. La ofensa directa que supone la policía pudo haber sido de tipo político, ideológico, religioso o privado. Por ahora ya se han hecho exámenes exhaustivos de sus columnas para conocer a sus enemigos. Entre ellos se encuentran la CIA, los petroleros, el Opus Dei, los tecos; en fin, son tantos grupos y tantas posibilidades que no veo fácil que la policía pueda encontrar al culpable”.

Una nota escrita con posterioridad muestra cuán errada fue la apreciación de De la Madrid, que sin embargo no hace notar su equivocación, ni valora la trascendencia de lo ocurrido. Recuerda, eso sí, que designó a Miguel Ángel García Domínguez –ahora diputado en la bancada perredista– como fiscal especial. Y aunque sus investigaciones “no fueron conclusivas durante mi gobierno… sirvieron de base para que seis meses después se localizara al autor intelectual del crimen. Éste resultó ser el licenciado José Antonio Pérez Zorilla, quien fungía, en el momento del crimen, como titular de la Dirección Federal de Seguridad. Al parecer, Zorrilla había observado que las investigaciones que realizaba Buendía sobre el narcotráfico lo estaban alcanzando. Pérez Zorrilla fue objeto de juicio y a la fecha de la publicación de este libro permanece en la cárcel”.

Resultó ser que el asesino era el encargado presidencial de la investigación. Esa funesta dualidad no le merece la mínima reacción a De la Madrid. Y es que, en realidad, ese desenlace no lo sorprendió, pues la vinculación de Zorrilla con el narcotráfico no le fue desconocida. Por ella se le hizo abandonar la DFS pero no rumbo a la cárcel, sino a una diputación federal (¡por Pachuca, para mayor inri!). Y aun cuando después se canceló su candidatura, la lenidad alcanzó a proteger su huida.

Plaza Pública

Despido con infamia  

Miguel Ángel Granados Chapa  

El embajador Héctor Vasconcelos fue informado de que su misión ante la corona danesa había terminado. Pero alguien aprovechó la conclusión de su nombramiento para cobrar una vieja deuda, alimentada durante meses por el rencor silencioso. Y por esa causa se despidió con infamia al representante mexicano en Copenhague.

El medio escogido fue una filtración. Un diario capitalino recogió el martes 25 una notita aparecida casi dos meses atrás en un periódico escandaloso de la capital de Dinamarca, el Ekstra-Bladet, que circula ampliamente pero carece de la influencia que le atribuye la filtración. La versión mexicana agrandó las falsedades aparecidas en aquella publicación danesa. Esta última, sin embargo, tuvo el cuidado de atribuir a testigos la afirmación de que el embajador Vasconcelos mostraba signos de haber bebido. Ese testimonio se convirtió en la afirmación de que se trataba de un borrachazo del que, se asegura fue difundido por periódicos daneses, siendo que sólo uno, en una breve nota, casi el pie de la foto que acompaña a la información, dio cuenta del suceso. Según la filtración, Vasconcelos habría manejado ebrio el auto oficial de la embajada, razón por la cual se introdujo en una céntrica avenida en sentido contrario, lo que produjo varios choques. Para salvarse de la sanción debida, que aplicarían oficiales policiacos llegados en una patrulla con la torreja encendida, Vasconcelos se habría amparado en la Convención de Viena que asegura la inmunidad de los diplomáticos.

La noche misma del martes, entrevistado por Joaquín López Dóriga, el embajador involucrado en este ruin episodio desmintió los hechos narrados en la publicación mexicana y puntualizó lo aparecido en el único diario danés que se refirió al accidente que efectivamente sufrió el 1o. de abril, y del cual tuvo noticia cierta e inmediata la cancillería. En efecto entró en sentido contrario en una calle de Copenhague y chocó contra un taxi, lo que provocó una raspadura en el automóvil oficial. La policía intervino sólo mientras llegó una grúa que retiró los vehículos como lo demandaron las compañías de seguros que se hicieron cargo del asunto. Los agentes policiacos no creyeron necesario someter a Vasconcelos al alcoholímetro, ni formularle cargo alguno, por lo que no fue invocada su inmunidad diplomática.

La suposición de que Vasconcelos manejaba ebrio, en caso de efectivamente haber sido expresada por testigos, carece de fundamento, informó el embajador al periodista: jamás se ha embriagado, por una imposibilidad fisiológica; desde mucho tiempo atrás padece gastritis y colitis, que le impiden beber más de dos copas de vino, pues se le genera enseguida una acidez insoportable.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no necesitaba un pretexto así para hacer concluir la misión de Vasconcelos. Aunque fue coordinador general de asuntos especiales internacionales de la cancillería en tiempos de don Jorge Castañeda, y después cónsul general en Boston, no pertenece al servicio exterior, y por lo tanto puede ser separado de su cargo en cualquier momento. Atendiendo a su ya larga permanencia en Copenhague, se le había comunicado meses atrás que sería sustituido, lo cual finalmente le fue comunicado de modo formal el 18 de mayo, en una decisión que surtirá efecto a fines de julio próximo. Nombrado por el presidente Zedillo en 1999, sirvió en Dinamarca bajo los secretarios José Ángel Gurría, Rosario Green, Jorge G. Castañeda y Luis Ernesto Derbez.

Pero alguien en Tlatelolco u otras áreas del gobierno federal resolvió que Vasconcelos no dejara su cargo diplomático sin pagar la osadía que mostró en marzo de 2003, cuando ejerció sus convicciones personales. En vez de desmentir la especie, lo que no haría pues de allí surgió la filtración, la SRE dio por hecho el borrachazo y abundó en falsas razones para la remoción del embajador, como su inactividad en órganos multilaterales (¡que no existen en Copenhague!).

Vasconcelos había sucrito una firme declaración de principios en defensa del Estado laico, que a juicio de los firmantes del documento estaba en riesgo por el activismo de grupos y figuras situados en posición eminente en la escena pública.

Signada por un grupo de personas que no coincidirían quizá respecto de ningún otro asunto (tanto que consideraron necesario explicar que dejaban de lado “las diferencias que podamos tener entre nosotros”) aquella declaración proclamó el valor y la necesidad política del laicismo:

“Junto con el combate a la pobreza, que es la mayor de nuestras prioridades, nada es más importante que mantener la riqueza y la diversidad de nuestra sociedad. Esto implica que ningún sector particular, sea mayoritario o minoritario, pretenda obtener el control de nuestras conciencias… Las instituciones públicas son de todos y no pueden deformarse para imponer dogmas y cultos… Reiteramos que el laicismo no se opone a las religiones: sólo impide que el Estado favorezca a una sola de ellas”.

Vasconcelos se graduó en ciencia política en la Universidad de Harvard, y es doctor en historia política por la de Cambridge. Cuenta además con formación y sensibilidad artística que le han permitido no sólo encabezar instituciones e iniciativas culturales, sino escribir un libro (Cuatro aproximaciones al arte de Arrau) que como dice en el prólogo el maestro Mario Lavista, es “un amplio e inteligente estudio sobre el pensamiento y la obra del portentoso pianista nacido en Chile y educado en Alemania”.

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  Jaramillo  

Miguel Ángel Granados Chapa  

Como el 8 de agosto de 2001 en sucursales bancarias del Distrito Federal, a primera hora del domingo pasado estallaron tres cargas esplosivas en establecimientos de esa índole en Cuernavaca (en el municipio conurbado de Jiutepec, centro de una vasta zona industrial). El atentado dominguero produjo severos daños materiales, mayores que los de la ciudad de México hace tres años, lo que manifiesta una mayor capacidad de fuego. Un cuarto artefacto fue localizado sin estallar en una sucursal más.

Reivindicó el ataque un Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo, del que las autoridades no tenían noticia previa. El gobernador Sergio Estrada Cajigal había asegurado, cuando el año pasado se inició el conflicto municipal en Tlalnepanla, en el oriente de esa entidad, que había guerrilla en la comarca, y que a ello obedecía la actitud cerrada del sector de la población que protestaba contra un presidente municipal elegido por medio de voto en urnas, como dispone la ley, y no según tradiciones locales, como había venido haciéndose de mucho tiempo atrás.

En las 48 horas posteriores al ataque no se había producido ningún avance en la investigación iniciada por el gobierno local y luego por la Procuraduría General de la República. También ocurrió así hace tres años, aunque cinco días después de los estallidos, el 13 de agosto, fueron capturados cinco presuntos responsables, uno de los cuales tuvo que ser liberado meses más tarde ante la rotunda evidencia de la arbitrariedad de su detención. Agentes de la PGR, con la extraña e ilegal asistencia de miembros del Ejército, detuvieron a los hermanos Cerezo, que continúan presos, procesados por terrorismo, a pesar de que un juez los eximió de los actos materiales de que hubiera podido derivarse el efecto de intimidar a la población en que consiste la acción terrorista. A juzgar por informaciones posteriores, aquella celeridad fue posible proque agentes de inteligencia militar investigaban a la familia Cerezo entera, como presunta participante en actividades guerrilleras. Si es verdadera la perplejidad que ahora muestran las autoridades, significaría que el ataque partió de un origen cuyo entorno no ha sido identificado por el gobierno (que sabe de acciones armadas en varios estados de la república). Podría tratarse de un desprendimiento de grupos en proceso de desaparición, ya por desavenencias interiores o por la captura de algunos de sus dirigentes. No se ha excluido en los círculos políticos de Morelos el que fuera una acción sesgada en provecho del gobernador Estrada Cajigal, contra cuyo gobierno protestaron los atacantes del domingo. El gobernador está sujeto a juicio político por el Congreso local, y perdió un primer lance jurídico en su defensa, cuando un juez federal le negó la suspensión provisional de aquella iniciativa de los legisladores locales.

Podría ocurrir también que los autores del atentado hablen con la verdad y sean efectivamente jaramillistas, lo que implicaría un resurgimiento del activismo armado en Morelos, como el que protagonizó Rubén Jaramillo en los años cincuenta, o como el intento guerrillero de Florencio Medrano, apodado El Güero en los setentas.

Jaramillo fue un precoz zapatista que llegó a capitán del Ejército Liberador del Sur y se mantuvo en la lucha agraria luego del asesinato de Emiliano Zapata y el decaimiento de la fuerza política que fue su causahabiente. Convertido a la acción organizativa, presidió el primer consejo de administración del ingenio de Zacatepec, en 1938 y después fue un promotor del reparto de tierras. Con frecuencia invadía predios otorgados a campesinos pero cuya entrega era estorbada por la ley. De modo que se libraron en su contra órdenes de aprehensión, y para evitar su cumplimiento se remontó a zonas apartadas que logró controlar por acción armada durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. Su sucesor, Adolfo López Mateos, propició un nuevo trato hacia el dirigente agrario que sin embargo se convirtió en una trampa, en una traición.

El 23 de mayo de 1962 (por eso la fecha que bautiza al comando que hizo estallar los artefectos el domingo), Jaramillo fue sacado de su casa, donde trabajaba pacíficamente serruchando una tabla, junto con su esposa Epifania Zúñiga (que estaba embarazada) y sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo, por personas vestidas de civil pero que llegaron a bordo de vehículos militares y mandada por un capitán, José Jiménez. Jaramillo y su familia fueron conducidos a las proximidades de la zona arqueológica de Xochicalco, donde se les mató de frente y se les asestó el tiro de gracia. Nunca se produjo una investigación ni se procesó a nadie por la muerte de seis personas (pues el vientre preñado de Epifania Zúñiga fue especialmente baleado).

Años más tarde, un activista guerrerense revivió los modos de actuar de Jaramillo en la propia Cuernavaca. El Güero Medrano encabezó en abril de 1973 la invasión al predio Villa de las Flores, que estaba en manos de un hijo del gobernador Felipe Rivera Crespo después de sucesivos litigios. En el vasto predio de 64 hectáreas, originalmente expropiado al ejido de Acatlipa, se asentaron mil 500 miembros de la Asociación Nacional Obrero, Campesina y Popular, la agrupación maoísta que Medrano había formado. La colonia resultante se llamó precisamente Rubén Jaramillo. Después de muchos lances de resistencia a la autoridad, Medrano se retiró a zonas boscosas donde inició actividades guerrilleras que se diluyeron. Hay quienes suponen que El Güero vive.

Plaza Pública

Golpista ciudadano  

Miguel Ángel Granados Chapa  

Aunque está curándose del asco que le producen los partidos –se dispone a participar en la fundación de uno o a aprovechar la patente de otro–, Jorge G. Castañeda insiste en proclamarse candidato ciudadano y asegura estar librando una batalla legal que le permita serlo realmente. Montado en el desencanto y el descontento de mexicanos hartos de los privilegios y abusos de los partidos, ganó una presencia pública que le permite figurar en las encuestas y, por lo tanto, en las preferencias de los votantes.

Su pretensión de ser candidato sin partido es más un objetivo político que jurídico, pues su demanda no tiene más salida legal que la negativa, ya que todo el sistema electoral está fundado en la existencia y funcionamiento de los partidos. Es verdad, conforme a su alegato, que según la Constitución todos los ciudadanos tienen derecho al voto pasivo y activo, es decir a votar y ser votados. Pero, igualmente de acuerdo a la Constitución (artículo quinto), todas las personas tienen derecho a dedicarse “a la profesión, industria, comercio y trabajo que le acomode, siendo lícitos”. Pero estaría perdida de antemano la demanda de un destripado de la carrera de medicina que quiera ejercer esa profesión, en la que acaso sea muy ducho, que buscara ejercerla sin el título y la cédula respectiva. No podría ostentarse como “médico constitucional” que basa su desempeño en la norma suprema. Su ejercicio está por fuerza acotado por regulaciones secundarias. Así ocurre con todas las libertades: están necesariamente regidas por limitaciones que las hagan practicables y compatibles con las de otros.

El activismo que ha ejercido durante más de un año, pagado con fondos cuyo origen no ha hecho públicos, ha sido rentable para Castañeda. En la encuesta aparecida ayer en Reforma, figura con 7 puntos de las preferencias, uno más que en la edición trimestral anterior de ese sondeo. Es menos de la cuarta parte de los 31 puntos que, con todo, mantienen todavía a la cabeza del vasto elenco de presidenciables al jefe del gobierno capitalino, que quizá quedara imposibilitado para participar en la contienda respectiva si se consuma la acción penal blandida en su contra por la Procuraduría General de la República.

No obstante aparecer situados en los extremos de la escala de preferencias, Castañeda ha anunciado que quiere debatir con López Obrador, contrastar sus proyectos. Se trata de una propuesta que difícilmente será aceptada. En un momento en que se le cuestiona ásperamente, por actitudes y conductas efectivamente ejercidas y por comportamientos a los que es ajeno, el jefe de Gobierno no está para debates que serían prematuros y arrojarían saldo positivo para Castañeda por el solo hecho de ser considerado interlocutor del principal presidenciable. Pero esas son consideraciones propias del pragmatismo político. Hay otra, de fondo, de principio, por la cual López Obrador y todo otro aspirante a la presidencia debería rehusar medirse con Castañeda. Se trata de una virtual proclama golpista que no debe ser pasada por alto.

En Ciudad Juárez, el miércoles de la semana pasada Castañeda comentó el envión lanzado contra el jefe del gobierno capitalino y la reacción de éste, según la cual el gobierno federal quiere “ganarle a la mala”. Con euforia, el autollamado candidato ciudadano proclamó que hay que ganarle “a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles”; quizá también empleó la expresión “como sea”, o al menos esa fue la correcta síntesis con que la redacción de Reforma presentó la información.

No se requiere explicar la trascendencia de una expresión de ese alcance, en boca de una persona que de más en más tiene acceso a tribunas públicas. Es una invitación a la ilegalidad, aun a la violencia. Es una incitación al empleo de toda suerte de recursos para evitar la participación o la victoria de otra persona. Castañeda quiso, inútilmente, presentar esas opciones ilegales y sediciosas como un mal menor, cuando agregó “es mejor la discusión de propuestas” para obtener el triunfo. Pero si éste se aleja, si su posibilidad es remota, allí están aquellos otros arbitrios: “A la mala y de todas las maneras posibles”.

Castañeda basa la promoción de su candidatura en una prenda personal, sus convicciones democráticas. O llegó al cabo de ellas, o cometió un desliz por el cual traicionó esa condición para que asome un autoritarismo arbitrario. Es irresponsable hablar con trivialidad (pues podrá decir que intentó sólo un juego de palabras) de cualquier medio para frenar una candidatura, la de López Obrador o la de cualquiera. Hace apenas diez años se interrumpió “a la mala”, a balazos (que es una “de todas las maneras posibles”) la candidatura de Luis Donaldo Colosio, y desde entonces no pocas querellas políticas locales se han resuelto de ese modo violento. De modo que el crimen político no es una realidad remota, que se pueda invocar haciendo chistes (suponiendo sin conceder que ese hubiera sido el móvil de la riesgosa afirmación) porque los demonios andan sueltos.

Tras el fracaso (por lo menos provisional) de la estrategia Ahumada para debilitar al jefe del gobierno capitalino, se pasó al capítulo de denunciar el incumplimiento de decisiones judiciales, aunque no haya incurrido en él o aunque procure legalmente revertirlas. Las encuestas muestran, unas, que mantiene su primer lugar en las preferencias electorales y, otras que es clara la intención política de su desafuero. ¿Es la hora del “como sea”?

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Clemente Robles  

Miguel Ángel Granados Chapa  

El lunes pasado comenzó la celebración del centenario del Hospital General de México, fundado el 5 de febrero de 1905. Con sobra de razones, un sector importante de la profesión médica vinculada con ese benemérito establecimiento, y con la salud pública en general, ha propuesto que como elemento central de la conmemoración el HGM sea bautizado con el nombre de uno de sus más distinguidos directores, el doctor Clemente Robles Castillo.

Se hizo ya una saludable costumbre dar nombres propios a los institutos nacionales de salud. De esa manera se ha reconocido la tarea de los doctores Ignacio Chávez, Salvador Zubirán y Manuel Velasco Suárez como fundadores o motores de los institutos de cardiología, nutrición y neurología. Está propuesto que el de cancerología lleve el nombre de Conrado Zuckerman. El primer director del Hospital General de México fue el doctor Eduardo Liceaga, pero la corriente que propugna honrar al doctor Robles Castillo dando su nombre a esa institución busca que de ese modo se le reconozca en vida su eminente personalidad de investigador, pionero o cabeza de tendencias médicas y quirúrgicas de alto relieve. Ya el año pasado, el Día del Médico, fue develado un busto que lo representa, en la explanada de la Secretaría de Salud.

Nacido en San Cristóbal de las Casas el 18 de agosto de 1907, se graduó en la Universidad Nacional en 1929. Desde poco antes había sido alumno ayudante del doctor Gonzalo Castañeda, jefe de enseñanza de cirugía en la Facultad de Medicina, e inmediatamente después, con una beca de la Junta de Beneficiencia Pública se “perfeccionó” (como se decía entonces) en clínicas de Estados Unidos y Europa. A su regreso, inició una carrera docente que culminó con su designación como profesor emérito de la Facultad de Medicina, y su enaltecimiento como doctor honoris de la UNAM. Su carrera hospitalaria comenzó como practicante en el hospital Juárez, hasta llegar a la dirección del Hospital General, de 1960 a 1964.

Él mismo aprecia su paso por ese establecimiento, donde se condensa la patología de la pobreza, como “su aportación más trascendente”, según afirma el doctor Jesús Kumate.

El propio ex secretario de Salubridad, tras justipreciar los trabajos que Robles Castillo en “todos los campos de la cisticercosis” (la aplicación del praziquantel, la operación a cientos de enfermos, su lucha contra el fecalismo ambiente mediante programas sociales de letrinas), agrega que esa tarea “es una parte de la obra de quien ha sido calificado como cirujano total, como lo prueban sus trabajos como fundador de la unidad de Neurocirugía del Hospital General de México en 1937; en el Hospital Infantil desde 1943, en el Instituto Nacional de Cardiología 1945-60 y en el hospital de enfermedades de la nutrición. En 1972 publica Miastenia y timectormía”. En 1997 la Facultad de Medicina publicó su libro Tratamiento de la neurocisticercosis, en cuyo prólogo Kumate escribió las líneas citadas.

Como extensión de su carácter de cirujano total, presidió las academias nacionales de medicina y de cirugía, y la sociedad médica del Hospital General. Es igualmente miembro de las asociaciones mexicanas de cirugía cardiovascular, de cirugía neurológica, de cardiología, del American College of Surgeons, la Academia de Cirugía de París, la Sociedad brasileira de neurología y la de cirugía de La Habana, amén del Colegio de médicos cirujanos de Costa Rica. Durante 10 años fue Consejero de la pastoral sanitaria, nombrado por el Papa Juan Pablo II.

Sobre la institución que llevaría su nombre de prosperar esta iniciativa, escribió Robles Castillo:

“El Hospital General es para mí como mi propia casa, el lugar donde he pasado la mayor parte de mi vida. Ahí sufrí muchas cosas, allí se terminó de templar mi carácter                                 y mi personalidad y representa una de las piezas fundamentales en el desarrollo de mi carrera como médico y como individuo.

“El Hospital General se creó para la atención de todos los enfermos del país. La idea fue y debe ser la de atender a los enfermos menesterosos. Durante mucho tiempo no se cobró nada, la única limitación para el ingreso del enfermo era el cupo. Pero muchas veces había enfermos acostados en el suelo esperando que se desocupara una cama.

“A nuestra institución llegan enfermos de todos los puntos de la República, sólo con la esperanza de curarse, su última esperanza… Nuestra institución representa una tabla de salvación para todo enfermo”.

Al ser designado director del Hospital General –se lee en la historia oficial de ese nosocomio–, Robles Castillo trazó “un programa de trabajo basado en tres puntos: rehacer el edificio, equipar los servicios y volver a depurar el cuerpo médico. A su juicio, este programa pudo cumplir los dos primeros puntos en más de un ochenta por ciento, pero le faltó tiempo para cumplir totalmente el tercero. Sin embargo, al mejorar las condiciones de trabajo del personal médico subió su rendimiento profesional”.

La remodelación y el equipamiento fueron posibles, paradójicamente, por la frustración de un magno proyecto de ampliación del HGM, la construcción del Centro Médico Nacional que a la postre Salubridad vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social. En cuanto a los problemas del personal, el punto más polémico de su gestión, Robles Castillo deploró haber tenido enfrentamientos con un grupo de dirigentes sindicales, porque “en mi labor para depurar de ladrones el hospital, en lugar de apoyarnos defendían a los malhechores”.

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 La audiencia pendiente  

Miguel Ángel Granados Chapa  

El secretario de Gobernación Santiago Creel, reconociendo con su sola referencia al asunto que se trata de un tema político y no de procuración de justicia, dijo que el general procurador general de la República “no tenía para dónde hacerse” al solicitar el desafuero del jefe del gobierno del Distrito Federal. Quiso explicar de ese modo que el ministerio público federal hubiera incurrido en desacato si no inicia el procedimiento para sancionar el que se atribuye a Andrés Manuel López Obrador. Puesto que no conoce el expediente, al leer el cuarto apartado de la extensa comunicación que la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Juditatura Federal hicieron publicar ayer, comprobará que se equivocó. Creel, y todos quienes se impongan del contenido de ese comunicado comprobarán que está pendiente una audiencia en el juzgado noveno en materia administrativa, cuyo resultado es determinante en este caso. No habiéndose aún realizado esa audiencia, el ministerio público no ha contado con todos los elementos para concluir que debe iniciarse acción penal contra el jefe de gobierno capitalino. Y sin embargo se apresuró a hacerlo…después de un prolongado periodo de negligencia.

(Digamos, de paso, que en su apresuramiento la PGR se equivocó de destinatario y de domicilio a los cuales dirigir la petición de desafuero de López Obrador. Debía haberla remitido a la secretaría general de la Cámara de Diputados –como finalmente lo hizo ayer– pues a este órgano del Congreso, a su pleno, corresponde emitir la declaratoria de procedencia solicitada. Pero la petición fue enviada a la Comisión Permanente del Congreso, cuya mesa directiva acordó rechazarla y devolver la solicitud a la autoridad peticionaria. Queda por esclarecer si fue pura ignorancia o descuido, o si algo pretendía el ministerio público federal al dirigirse a un órgano que no está capacitado, ya no digamos para tramitar sino ni siquiera para recibir una petición de semejante alcance).

Pero vengamos a la audiencia pendiente. En septiembre pasado la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó “devolver el expediente de amparo al juez noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, para que oyendo a las partes y mediante el desahogo de pruebas, resuelva si efectivamente existe imposibilidad para cumplir con la sentencia de amparo”.

Dado que el documento de la Corte y el Consejo, de donde proviene esta cita –aunque las cursivas las puse por mi parte– es muy cuidadoso en detallar todos y cada una de las fases de los juicios de amparo, en materia administrativa y en materia penal, iniciados por la Promotora Internacional Santa Fe, así como del incidente de inejecución derivado, podemos presumir que la audiencia que ordenó realizar al juez Alvaro Tovilla no ha tenido lugar. De lo contrario, hubiera sido incluida en la vasta reseña de acontecimientos judiciales aparecida ayer. En consecuencia, podemos concluir que no se ha resuelto “si efectivamente existe imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo”.

En eso consiste la posición del gobierno capitalino, no en desacato. Ha alegado que por las transformaciones de hecho operadas en la porción expropiada del predio El Encino es imposible satisfacer los términos de la sentencia. Pero ofreció el cumplimiento sustituto, regulado por el artículo 107, fracción XVI que, explicaron los ministros, “tutela el daño que pudiera sufrir la sociedad o terceros por el cumplimiento de la sentencia protectora y permite al juzgador sopesar ambos, con independencia del origen de las obras correspondientes”.

Hizo algo más, mucho más importante la segunda sala en su resolución del 24 de septiembre: “ordenó dejar sin efecto el dictamen del 26 de febrero de 2003 emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito”. Ese dictamen, según la propia reseña de la Corte y el Consejo, “declaró fundado el incidente de inejecución de sentencia”. Para la elaboración de ese dictamen, “el tribunal colegiado tomó en cuenta que las autoridades responsables del Distrito Federal se negaron a cumplir con el amparo pese a los requerimientos del juez de distrito, aunque aquellas alegaran imposibilidad para cumplir”. Ese alegato de imposibilidad mereció mejor atención de la segunda sala de la Corte que del Tribunal, y por eso se ordenó la anulación del dictamen y la devolución al juzgado noveno, donde debe realizarse la audiencia ordenada por los ministros.

En la reseña de acontecimientos judiciales que a su vez formuló el subprocurador Carlos Vega Memije el lunes, al notificar el desenlace de la averiguación previa destinada a establecer la probable responsabilidad de López Obrador, no aparece mención alguna ni al dictamen del Tribunal Colegiado, que fue anulado por la Corte, ni a la decisión de la segunda sala. Si se buscó ocultar a la opinión pública que faltaba un eslabón en la cadena de acontecimientos, la oportuna y abundante información ofrecida por el Poder Judicial de la Federación obligará a que la PGR reconozca que estaba imposibilitada para determinar si había o no lugar para la acción penal y, en consecuencia, para el desafuero.

De modo que esta historia procesal, iniciada con el decreto de expropiación expedido en los últimos días de la anterior administración aún no ha concluido, ni debe pasar a la fase siguiente, en la sección instructora, hasta que el juez noveno cumpla la orden de la Corte. O será también acusado por desacato.

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Diálogos  

Miguel Ángel Granados Chapa  

Entre los muchos territorios donde se espera que florezca, en dos principales urge la reanudación del diálogo interrumpido entre partes que necesariamente han de hablar. Se requiere que el gobierno federal y el del DF lo hagan. Y es preciso que se descongele la relación entre Cuba y México.

El presidente Fox y el jefe de Gobierno López Obrador han tomado debida nota de la satisfacción pública que sigue a sus encuentros, que no menudearon en el pasado pero tampoco han sido infrecuentes. En recorridos por la ciudad de México, en acciones relacionadas con su centro histórico, en toda circunstancia en que con sus presencias y sus palabras denotan cooperación y vínculo armonioso, han comprobado que la sociedad aprueba ese talante y no el contrario, ya no digamos el de la rijosidad sino ni siquiera el de la distancia inquinosa.

Cuando se planteó un grave diferendo entre los dos mandatarios, a causa de la designación del secretario de seguridad pública (que por la capitis deminutio que afecta todavía a la ciudad capital debe ser designado por el Presidente de la República, no obstante que dependa del gobernante de la ciudad de México), el diálogo fue la solución a la desavenencia que iba camino a convertirse en conflicto. Y del encuentro entre Fox y López Obrador resultó no sólo la evidencia de que tienen intereses en común (servir en el ámbito de cada cual a la muchedumbre que habita el Distrito Federal), sino que pueden coincidir en una sana y productiva decisión, como lo fue el nombramiento de Marcelo Ebrard para sustituir a Leonel Godoy, que se había marchado a Michoacán.

Cuando creció el ruido del videoescándalo, López Obrador solicitó audiencia al Presidente, que la negó airado, y remitió al jefe de Gobierno capitalino a la oficialía de partes de la Procuraduría General de la República. El envío burocrático se transformó poco después en una virtual acusación, generadora de dos averiguaciones previas. De modo que el diálogo intentado por el tabasqueño con el guanajuatense se transformó en una imperativa cita con agentes del ministerio público federal

En sentido contrario a muchas evidencias, y después de emitir juicios toscos sobre el gobierno de la ciudad, el presidente Fox estableció que nada personal lo distancia de López Obrador ni pretende someterlo a la acción penal. Para que sus dichos no los arrastre el viento (pues ya dictaminó el poeta que las palabras son aire y van al aire), deben convertirse en hechos, el más elocuente de los cuales será un encuentro político de los dos mandatarios, que no persiga siquiera intercambiar explicaciones sobre la gestación del ácido ambiente institucional que los ha enfrentado, y mucho menos convenir la solución de sus diferencias. Basta la sola reunión, la manifestación cara a cara de sus convicciones democráticas, que incluyen el respeto mutuo y la acción gubernamental destinada a mejorar la condición de vida de los ciudadanos.

Si el Pressidente no contribuye mediante ese gesto a paliar el ánimo crispado que hoy priva no sólo en la contienda política sino en el diario transcurrir de la vida pública, aportará su cuota a consolidar la mala tentación que asalta a los enemigos de López Obrador, que consiste en removerlo. El motivo, descrito con peligrosa vaguedad en el texto constitucional, que puede conducir a la remoción, consiste en “causas graves que afecten las relaciones con los poderes de la Unión”. Será posible interpretar, si se inicia el peligroso tránsito hacia la remoción, que la tensión presente configura una de esas “causas graves”, que la mitad de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso (compuesta por 19 diputados y 18 senadores) puede invocar para deponer de su cargo a un funcionario elegido por voto ciudadano y que, según lo muestran claramente diversas encuestas, mantiene un alto asentimiento por su gestión.

Igualmente debe el presidente Fox convertir en hechos el compromiso que emitió al declarar que su gobierno rechaza el injerencismo norteamericano expresado en el endurecimiento del bloqueo contra Cuba, y por lo tanto no se suma a él. Puesto que el propósito del renovado y rencoroso asedio es debilitar al gobierno de La Habana, el de México se anticipó a esa acción de debilitamiento al virtualmente romper con el régimen castrista, mediante la agraviante expulsión del embajador y del consejero político, medidas extremas que no fueron antecedidas por otras cuyo desacato empujara hasta las más violentas de declarar no grato al consejero y despedir en un plazo perentorísimo al embajador.

La próxima semana se reunirá en territorio mexicano la cumbre de mandatarios de Europa y América Latina. La relación del presidente Fidel Castro con la mayor parte de los asistentes no pasa por su mejor momento, pero su participación en una cita multilateral puede favorecer el mejoramiento de sus vínculos bilaterales. Pero difícilmente optará por presentarse en un encuentro al que tiene pleno derecho de participar, si su anfitrión encabeza un gobierno que prácticamente ha roto un lazo que, con altas y bajas se había mantenido indestructible aun en los peores momentos.

La decisión de no contribuir al debilitamiento de Cuba debe por eso, en el caso mexicano, adoptar aspectos concretos, como la normalización de las relaciones, mediante el retorno de los embajadores. Pasen por alto los gobiernos la imputación de la responsabilidad original y proclamen, en aras de la historia de sus relaciones, la decisión de mirar hacia adelante.

Plaza Pública

Morir en Morelos  

Miguel Ángel Granados Chapa  

Braulio Paredes Núñez fue asesinado a los 18 años de edad. Apenas es posible imaginar el corrosivo dolor que padecen sus padres desde aquel Día de Muertos en que su hijo                             fue baleado en el pecho y perdió la vida. Pero su pesadumbre aumentó el 3 de mayo, cuando el homicida fue absuelto y dejado en libertad. Los atosiga aún más la posibilidad de que haya sido el dinero, y no la aplicación del derecho, lo que permitió salir de la cárcel a quien mató a su muchacho.

Con amigos y compañeros de escuela Braulio viajó a Temixco, en las inmediaciones de Cuernavaca al finalizar octubre de 2002. En casa de uno de ellos, en el fraccionamiento Burgos, pasarían los días siguientes. Pero poco después de las ocho de la noche Braulio y José Pedro Sarquís se trenzaron en una discusión enojosa. El segundo estaba acompañado por sus guardaespaldas Juan Carlos Zanatta Ruiz y Raymundo Arévalo Linares. El primero de ellos, al rendir su declaración ministerial, narró que después del desencuentro, y tras volver de hacer una compra en un establecimiento cercano, Sarquís le ordenó entregarle la pistola que llevaba consigo. Aun le anunció que la usaría contra Braulio Paredes, lo que el guardaespaldas no creyó, “porque así se hablaban”. Conforme a ese testimonio, Sarquís se habría colocado el arma en la cintura y enseguida la sacó de allí para usarla contra Paredes.

Asustados por lo ocurrido, los amigos de la víctima y el victimario resolvieron lavar el cadáver, para eliminar los pormenores de la agresión, por lo cual demoraron en llamar una ambulancia. Uno de los paramédicos que atendió la emergencia declaró su sorpresa de que el cuerpo no presentara huellas de sangre, anomalía que más tarde sería explicada por la jueza Guillermina Jiménez Serafín con base en especiosos razonamientos periciales.

Todos los muchachos se fueron del lugar inmediatamente. El 5 de noviembre volvieron y se presentaron ante el ministerio público, que inició una lentísima averiguación previa. Tan demorada fue la investigación, que apenas el 8 de julio, ocho meses después del homicidio se solicitó y obtuvo el arraigo, durante treinta días, de diez personas presentes en el lugar de los hechos. El 23 de ese mes se tomó declaración a los arraigados. En el acta correspondiente, el agente del ministerio público hace constar que “no fueron maltratados, no presentaron lesiones, preguntándoles de igual manera a los arraigados que si habían sido objeto de maltrato y me contestaron que no, que todo estaba bien, dándome las gracias”.

Puesto que las actas ministeriales en general, y en Morelos en particular según se sabe hoy, pueden no merecer fe, cabe tener presente que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, cuya presencia en la Academia estatal de policía, donde se cumplía el arraigo, había sido solicitada por los padres de los indiciados, se manifestó en sentido semejante. El asesor jurídico de la visitaduría regional oriente informó a los afectados que sus padres habían presentado una queja por el arraigo, y les preguntó “si deseaban formular alguna queja o ampliar la que ya habían iniciado, contestándome las personas arraigadas, antes citadas, que no, por lo que el suscrito nuevamente les pregunté cómo los trataban los servidores públicos y las autoridades que se encontraban en el lugar, contestando que bien”. También les preguntó, de modo expreso “si habían sido coaccionados, presionados o amenazados al momento de rendir su última declaración ministerial, contestando que no, que había sido libre”. En esa declaración ministerial, varios de los arraigados inculparon a Sarquís, que fue declarado formalmente bajo proceso por homicidio el 6 de agosto del año pasado. Sus nueve acompañantes lo fueron también, acusados de encubrimiento por favorecimiento, y quedaron libres bajo caución. Fueron siempre objeto de un trato deferente, sin embargo, pues no se les obligó a firmar el libro correspondiente cada semana, como dispone la ley, y el 3 de mayo pasado, al igual que Sarquís, fueron absueltos.

El principal argumento de la jueza consistió en desestimar las declaraciones ministeriales y en dar crédito a otras producidas posteriormente, según las cuales desde el exterior de la casa donde se reunieron, Braulio Paredes había sido alcanzado por el balazo que lo mató.

También atrevió la juzgadora una incursión sicológica. Frente al testimonio original de quienes narraron que la discusión entre Paredes y Sarquís versaba sobre quién tenía más dinero, la jueza consideró que ese motivo “era totalmente inaceptable, pues por lógica natural el hecho ilícito que se analiza, usualmente deriva de contiendas de obra o de palabra de gran trascendencia o consideración”.

Para la juzgadora que así razona, y no obstante la información de la CEDHM, “las declaraciones emitidas por los acusados durante el arraigo fueron el resultado mismo de una coacción física y moral ejercida en cada uno de ellos”. En una equivalencia no sustentada en argumentos, la jueza llama a esa coacción “violencia” misma que “desde luego viene a nulificar toda declaración que con motivo de ella haya sido emitida”. Insiste, al concluir, que las pruebas que incriminan a Sarquís “han sido desvirtuadas o decretada su nulidad, esencialmente las declaraciones que en base a la violencia física o moral les fueron arrancadas a todos y cada uno de sus coacusados”.

Irrecuperable la vida de su hijo, irremediable el dolor de su ausencia, a los padres de Braulio les fue arrebatada también la justicia.

CARTAS ( Proceso a Nazar )


Plaza Pública

 

Miguel Ángel Granados Chapa  

Miguel Nazar es el segundo jefe de la policía política mexicana sujeto a proceso penal. El primero fue José Antonio Zorrilla, que actualmente purga prisión por el asesinato de Manuel Buendía, que cometió infringiendo o cumpliendo sus funciones oficiales. Nazar comenzó a ser procesado a primera hora del miércoles. El juez Guillermo Vázquez Martínez, que en abril del año pasado rehusó ordenar su aprehensión le dictó en cambio el auto de formal prisión.

Aun si el juez hubiera obrado en dirección contraria, y dejado en libertad al ex subdirector y ex director de la DFS, Nazar no hubiera podido volver a su casa de Las Águilas, en el Distrito Federal. Lo hubiera retenido en el penal de Topochico el efecto de una segunda orden de aprehensión, dictada por un juez federal de Naucalpan, ahora por la privación ilegal de la libertad de Ignacio Salas Obregón, señalado como Jesús Piedra Ibarra por haberse levantado en armas y cometido con ellas diversos delitos. Sólo podemos decir que fueron señalados por esos delitos, pero no hubo ocasión de que el Estado formalizara las acusaciones respectivas, ya que agentes suyos como Nazar actuaron contra ellos de modo sumario, sin atenerse a la legalidad en nombre de la cual actuaban. Hay que insistir una y otra vez en ese punto, para mellar el argumento patriótico de los Nazar, que se duelen de que con acciones penales sean pagados los eminentes servicios que el jefe policiaco prestó a la nación. Como a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, no se le juzga por cumplir su deber, sino por lo contrario, porque lo infringió apelando a recursos ilegítimos.

El juez que procesará a Nazar (salvo que lo impida el recurso que ya ha presentado ante un tribunal de apelación, instancia a la que no tuvieron acceso las víctimas del jefe policiaco) no sólo concedió valor a las pruebas presentadas por la Fiscalía Especial (que ha dado un paso de enorme importancia en el esclarecimiento de los crímenes de la guerra sucia) sino que desestimó las de descargo aducidas por la defensa de Nazar. Entre los elementos que consideró relevantes el juez cuarto de distrito para iniciar proceso al ex jefe policiaco está una insólita constancia documental, un papel manuscrito por el director federal de seguridad Luis de la Barreda Moreno donde participa a su subordinado Nazar que enviado desde Monterrey fue recibido en la DFS Piedra Ibarra. Esa pieza, más testimonios y otras constancias, permiten establecer que desapareció en sus manos el presunto miembro de la Liga 23 de Septiembre.

La defensa sacó de la manga la copia de una orden de aprehensión contra Piedra Ibarra girada por un juez del fuero común a pedido del ministerio público local. De existir ese mandamiento no se habría practicado el 18 de abril de 1975 un secuestro, una privación de la libertad sin sustento sino una captura por disposición judicial. Aun si tal orden en efecto se dictara, Nazar no quedaría exonerado, pues la policía política en que tenía funciones de mando carecía de competencia para mantener detenido a Piedra sin presentarlo a la PGR. Pero la copia presentada por la defensa no sólo carece de valor, sino que podría haber sido fabricada ex profeso, hace poco, lo que obligaría por un lado a medir con exactitud la capacidad de reacción de los intereses lastimados por esta acción penal, y por otra parte a denunciar la falsificación e iniciar una averiguación contra quien la realizó o la utilizó.

Igualmente fue desestimada una grabación en que el agente Juventino Romero, prófugo por la inacción policiaca en su contra, no obstante que es localizable como lo prueba el que lo entrevistara un medio de información regiomontano, pretendió desdecirse de su declaración inicial, más atendible que la posterior por haberse realizado ante autoridad judicial. El video de descargo, en cambio, contiene frases cuyo contexto se ignora, sin control formal en su emisión y sin que se sepa si el declarante obraba en libertad o compelido por algún factor de presión o amenaza.

A diferencia del embrollado procedimiento que antecedió a la emisión de la primera orden de captura contra Nazar y De la Barreda, un juez federal con sede en Naucalpan no vaciló en ordenar la aprehensión de esos mismos ex jefes policiacos, y de tres personas más, entre ellas un antiguo procurador de Justicia del estado de México. La interpretación de la Suprema Corte sobre el carácter del delito de secuestro, cuya prescripción sólo empieza a medirse cuando la víctima aparece o se conoce su destino, permitió que el mandamiento judicial fuera dictado sin obstáculos, aunque su tramitación demoró mucho tiempo. Salas Obregón, la víctima en este caso, era reputado como el jefe de la liga después de la muerte de Raúl Ramos Zavala, el líder inicial, y fue detenido por la DFS en Tlalnepantla en abril de 1974, sin que se le remitiera al ministerio público. Anteayer miércoles, el mismo día en que se le inició proceso, Nazar compareció para rendir su declaración preparatoria en lo que puede ser un segundo juicio en su contra.

Podría haber más. Y no sólo aquí. Una declaración del vocero del Departamento de Estado norteamericano que juzgó plausible la detención del ex jefe policiaco vale porque avisa que el caso ha avivado el interés de aquel lado sobre Nazar. No deberá sorprendernos el que se retome el procedimiento iniciado en torno suyo por estar inmiscuido en el comercio de autos robados mientras defendía a la patria desde la DFS.

Plaza Pública

 * Guerra sucia  

Miguel Angel Granados Chapa

Avanza con extrema lentitud el trabajo de la fiscalía creada ex profeso para investigar los crímenes de la guerra sucia mexicana. La Suprema Corte de Justicia acaba de recibir la petición de la Procuraduría General de la República para enfrentar el primer revés que esa oficina especializada del ministerio público recibió hace dos meses.

La Fiscalía solicitó a fines de abril a un juez federal en Monterrey órdenes de aprehensión contra dos ex directores federales de seguridad, es decir ex jefes de la policía política. Al cabo de una paciente labor, la Fiscalía reunió los elementos a su juicio necesarios para procesar a esos antiguos funcionarios por la desaparición de Jesús Piedra Ibarra. A gran velocidad, que permite suponer que no leyó siquiera el expediente, el juzgador rehusó el pedido de la fiscalía alegando que el delito de privación ilegal de la libertad ya prescribió. El ministerio público se inconformó con esa decisión, sobre la base del carácter continuo del delito de que se acusa a los indiciados, que sólo cesaría cuando se tenga noticia cierta de la suerte de Piedra Ibarra. El tribunal de segunda instancia tiene en sus manos la apelación y ha tomado su tiempo, a diferencia de su inferior, para estudiar el caso.

La negativa a girar la única orden de aprehensión hasta ahora solicitada por la Fiscalía Especial, y la lentitud del trámite en la segunda instancia fueron malas noticias para esa oficina investigadora y para el Consejo Ciudadano que, conforme a la instrucción presidencial de noviembre del 2001 fue convocado para dar seguimiento al trabajo de la fiscalía. Otros factores de orden político, por lo demás, aparecieron en el horizonte de trabajo de la oficina de que es titular Ignacio Carrillo Prieto. Y sin que nadie pretendiera interferir en la esfera de las autoridades judiciales, el Consejo estimó que una muestra de apoyo presidencial a la fiscalía, que no se ha hecho explícito desde la creación de la misma, contribuiría a establecer que efectivamente está vigente la voluntad para indagar esa porción de nuestro pasado.

El Presidente Fox recibió el 20 de mayo al consejo ciudadano de la fiscalía y a su titular. En presencia también del secretario de Gobernación y del procurador general de la República, Fox no dejó duda de su decisión de ir adelante, echando mano de los recursos legales posibles para encontrar la verdad y sancionar a quienes resulten responsables de delitos.

Como consecuencia de esa renovada posición, el procurador general de la República pidió la intervención del máximo tribunal. Según la fracción III del artículo 105 constitucional, la Corte “de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal unitario de circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de las sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascedencia así lo ameriten”.

Esta posibilidad de que la Corte atraiga la apelación será resuelta según la interpretación que el propio tribunal asigne a la palabra sentencia. En sentido estricto, el vocablo designa a la resolución judicial que pone fin a un proceso. No es este el caso de que hablamos ya que precisamente la negativa del juez impidió el que tal proceso siquiera comenzara. Se trata de una resolución, un auto que no reviste rigurosamente el carácter de sentencia. Pero ya que es un acto procesal susceptible de producir efectos definitivos y que además es apelable, podrían pesar en la decisión           de la Corte los otros términos del texto constitucional, que le permiten atraer el caso por su “interés y trascedencia”.

La Fiscalía está urgida de un paso definitorio del curso de sus tareas. Si la apelación, resuelta que sea por el tribunal regiomontano o por la Corte, no reconoce el argumento de imprescriptibilidad aducido por el ministerio público, parecerán confirmarse las reticencias, suspicacias y resistencias de quienes vieron en la creación de la Fiscalía una decisión meramente cosmética, y aun engañosa, para evitar la investigación y el castigo a quienes infringieron sus deberes legales en la persecución a las diversas formas de insurgencia armada de los años setenta y ochenta y se convirtieron de ese modo en delincuentes.

La Fiscalía no enfrenta sólo la renuencia de quienes la suponen ineficaz, sino paradójicamente también la resistencia de quienes la temen eficaz. Ese es el caso, probablemente del ex presidente Echeverría. A él mismo, o a su entorno se puede achacar una maniobra por el momento frenada, que pretendió dinamitar desde dentro la tarea de la Fiscalía. Dos agentas del ministerio público sacaron de la nada una serie de observaciones críticas al desempeño de la oficina a la que habían sido convocadas, y buscaron convertirlas en un señalamiento penal. Carecía de fundamento su intento y por eso fue desechado. Pero a las presuntas denunciantes se les vio más de una vez en conversaciones con miembros de la defensa de Echeverría, a cuyo interés conviene desprestigiar y más aún desmontar el aparato de procuración de justicia que puede producir, eventualmente, una acusación en su contra.

La Fiscalía es autónoma según el acuerdo de su creación, pero depende en mucho de la PGR. Entre los varios obstáculos que pueden frenar y hasta impedir su desarrollo, la falta de apoyo del procurador resultaría insuperable. Conseguir que la Corte intervenga en el caso mostrará que ese obstáculo no existe.