José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, informó que derivado del Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, solo habrá modificaciones menores en los cabildos de Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
En entrevista al término de una firma de convenio entre el IEPC y el asociación Poder Migrante, Matildes Gama dijo que con la reforma electoral impulsada por la presidenta de la República, en Acapulco bajarían de 20 a 15 regidurías, y se eliminaría una sindicatura, al igual que en los ayuntamientos de Chilpancingo e Iguala.
“Realmente solo en el caso de las regidurías de Acapulco, que tendrán que ajustarse a 15 espacios, tiene actualmente 20, todos los demás municipios quedan como están, no hay modificaciones”.
Agregó que “en el tema de las sindicaturas también se disminuye a una en municipios donde hay dos, que no son muchas, solo Chilpancingo, Acapulco e Iguala son quienes tiene dos sindicaturas, y disminuiría a una sindicatura y todas las regidurías quedarían igual a excepción de Acapulco”.
Explicó que la reforma inicial del Plan B era tener como límite 7 regidurías en los cabildos, pero que eso implicaba sumar una más en varios municipios donde actualmente hay seis regidores.
“Corrigieron ese tema porque hay ayuntamientos con 6 regidurías y eso implicaba subir a 2 mil 500 regidurías en todo el país”.
Agregó que pese a esas modificaciones no habrá cambios en la forma como el IEPC cuenta los votos de la elección de ayuntamientos para determinar cuantos regidores corresponde a cada partido.
“El conteo queda igual, es decir que en Acapulco en lugar de que el Consejo Distrital distribuya 20 regidurías va a disminuir a 15, es decir que el umbral de votación tendrá que ser más alto para quienes quieran alcanzar una regiduría”.
En el caso de la reforma judicial, explicó que tras la modificación constitucional en el estado aún es necesario armonizar la Ley Electoral local, incorporando un capitulo específico que regule la elección judicial, lo que permitirá a las autoridades electorales avanzar en la organización del proceso.
El Congreso tiene como fecha límite el próximo 8 de julio para reformas las leyes secundarias en materia electoral y judicial, a fin de cumplir con los tiempos constitucionales que establecen que las reglas electorales deberán modificarse 90 días antes del inicio del proceso electoral.
Aunque reconoció que des-conoce el avance de las iniciativas en el Congreso, el órgano electoral, dijo, mantiene comunicación con el Legislativo para emitir opiniones técnicas conforme se le requiera, y confió en que los diputados habrán de aprobar las leyes secundarías en los tiempos que marca la ley.