La Policía Comunitaria de Rincón de Chautla del municipio de Chilapa que pertenece a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), insistió en que las personas retenidas incluido el comisario de San Jerónimo Palantla, están bajo un proceso de investigación por su presunta responsabilidad en el homicidio de un consejero y de tres mujeres que viajaban en una Urvan.
Pidió al Frente de Defensa Popular (FDP) Francisco Villa no proteger a delincuentes, en respuesta al plantón que esa organización instaló el lunes frente a Palacio de Gobierno en la capital para pedir la liberación de los retenidos.
Uno de los coordinadores regionales, Margarito González Nava, dijo que los detenidos están en proceso de investigación por su presunta responsabilidad en el múltiple homicidio, pero pueden visitarlos sus familiares y reciben sus alimentos.
González Nava dijo que la Policía Comunitaria no defiende a la delincuencia, y dijo al Frente de Defensa Popular, que encabezan Clemencia Guevara Tejedor y Efraín Gómez Fierro, que exigir al gobierno que proteja a la delincuencia no es el camino.
Pidió que exijan apoyo para los pueblos con obras públicas, pero que no pidan proteger a los presuntos delincuentes.
El coordinador de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla dijo que las acciones de justicia están respaldadas por 18 pueblos de los municipios de Chilapa y Hueycantenango, y que también pueden movilizarse para exigir al gobierno que detenga al resto de los responsables del asesinato de las cuatro personas.
En un comunicado, la Policía Comunitaria informó que los familiares de las víctimas han señalado como responsables materiales y cómplices a 12 personas, y ha detenido a cuatro, entre ellos al comisario municipal Alfonso Orgín Castro.
En el documento se expone, “le recordamos nuevamente a los gobiernos municipal, estatal y federal que la actuación de la CRAC-Policía Comunitaria es legal y legítima, la ley reconoce su función como actos de autoridad. Tenemos el aval de las comunidades y el reconocimiento de leyes y tratados internacionales, así como la Ley 701 del estado de Guerrero”.
Trascendió que los coordinadores de la Policía Comunitaria de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) podrían ser acusados ante el Ministerio Público del fueron común de privación ilegal de la libertad.