* Las ejecuciones, por el mercado negro de armas, dice el delegado

 * No hay elementos para atraer la investigación del atentado contra el ex comandante Peredo, indica

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), José Alberto Rodríguez Calderón, admitió ayer que sólo son “evidencias” las que existen con respecto a que hay autoridades municipales y dirigentes sociales que protegen el narcotráfico, pero señaló que la dependencia carece de pruebas para inculpar a alguien en particular.

En conferencia de prensa Rodríguez Calderón dijo también que todavía no hay elementos para que la PGR atraiga el caso del atentado que sufrió en Acapulco el ex comandante de la Policía Judicial del estado, Federico Peredo Jiménez.

El funcionario federal, señaló en otro tema que las ejecuciones y los asesinatos que se han registrado en los últimos días en esta entidad “no son casuales”, pues en esta entidad el problema del mercado negro de armas es grave y admitió que la violación a la Ley General de Armas de Fuego es uno de los delitos que ocupan el primer lugar.

A pregunta del reportero con respecto a la declaración del comandante de la Novena Región Militar, Mario López Gutiérrez, quien dijo en días pasados que existen comisarios municipales y dirigentes de organizaciones indígenas y organismos de derechos humanos que en algunas comunidades protegen el narcotráfico, Rodríguez Calderón indicó que “no tenemos datos concretos o alguna denuncia en particular”.

Dijo que no existen documentos o pruebas y que “jurídicamente no hay elementos para poder imputar a alguien”. Indicó que lo que hay por ahora sólo son “evidencias de algún tipo de relación de gente que tiene una conducta ilícita con gentes que salen en su defensa”.

Y luego añadió que con ello “no pretendo contradecir al comandante de la Novena Región Militar Mario López, pues si lo declaró es porque tiene datos”.

Y cuando al delegado de la PGR se le preguntó cuáles son esas evidencias de las que habló, dijo que por ejemplo en la última operación en Alpoyecanzingo, municipio de Ahuacuotzingo, “nos llamó la atención que a pesar de que el operativo se realizó por disposición de un juez federal, cumpliendo los requisitos formales y con actas de cateo, algunas autoridades municipales presentaron algunas demandas ante la Comisión de Derechos Humanos por supuestas violaciones a sus derechos”.

Incluso señaló que acción se justificó con el decomiso de más de 6 toneladas de mariguana.

En esa ocasión quien encabezó al comisario de Alpoyecanzingo fue el síndico municipal, Florencio Casarrubias Díaz, sin embargo el delegado de la PGR evadió acusarlo directamente.

Por otra parte, Rodríguez Calderón informó que aún no hay elementos para que la PGR atraiga el caso del atentado que sufrió el ex comandante de la Policía Judicial del Estado, Federico Peredo Jiménez o para investigarlo a él directamente por las denuncias de desaparición forzada de personas, por sus presuntos vínculos con bandas de narcotraficantes, por extorsión o por tortura.

Indicó que por el momento las investigaciones seguirán a cargo de la Procuraduría de Justicia del Estado porque se trata de un homicidio, sin embargo añadió que si en el transcurso de estas investigaciones se llegaran a encontrar delitos que deban ser investigados por la federación, la PGR atraería el caso.

Rodríguez Calderón atribuyó, asimismo, las ejecuciones y asesinatos que se han dado en los últimos días en esta entidad al problema del mercado negro de armas.

Dijo que en esta entidad el mercado negro de armas es uno de los delitos más recurrentes y admitió que por ello “no son casuales” las constantes ejecuciones y asesinatos que se registran en esta entidad.

El funcionario federal reconoció que las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), el programa permanente de desarme en el que participa el Ejército y acciones similares de ayuntamientos como el de Acapulco no han sido suficientes para disminuir la alta incidencia de violación a la Ley General de Armas de Fuego.

Informó que actualmente la PGR levanta un registro de armas que se recogen mensualmente y cuántas personas son detenidas por este ilícito, pero también anunció que próximamente se realizarán “operativos especiales” para atacar esta problemática.

Informó que en estas acciones participarán corporaciones policiacas federales, estatales y municipales.

El delegado de la PGR reconoció que la campaña de despistolización que recientemente iniciaron las autoridades municipales de Acapulco “son importantes porque desmotivan a la gente para la portación de armas de fuego.

Dijo que en Guerrero el Ejército también lleva a cabo el programa de intercambio de armas por despensas, sin embargo dijo desconocer sus resultados.

Rodríguez Calderón dijo que “es prácticamente imposible” poner policías en toda la frontera norte y sur para impedir el ingreso ilegal de armas que después entran al mercado negro de estados como Guerrero en donde, insistió, es una de las entidades en donde este delito es recurrente.