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Golpista ciudadano  

Miguel Ángel Granados Chapa  

Aunque está curándose del asco que le producen los partidos –se dispone a participar en la fundación de uno o a aprovechar la patente de otro–, Jorge G. Castañeda insiste en proclamarse candidato ciudadano y asegura estar librando una batalla legal que le permita serlo realmente. Montado en el desencanto y el descontento de mexicanos hartos de los privilegios y abusos de los partidos, ganó una presencia pública que le permite figurar en las encuestas y, por lo tanto, en las preferencias de los votantes.

Su pretensión de ser candidato sin partido es más un objetivo político que jurídico, pues su demanda no tiene más salida legal que la negativa, ya que todo el sistema electoral está fundado en la existencia y funcionamiento de los partidos. Es verdad, conforme a su alegato, que según la Constitución todos los ciudadanos tienen derecho al voto pasivo y activo, es decir a votar y ser votados. Pero, igualmente de acuerdo a la Constitución (artículo quinto), todas las personas tienen derecho a dedicarse “a la profesión, industria, comercio y trabajo que le acomode, siendo lícitos”. Pero estaría perdida de antemano la demanda de un destripado de la carrera de medicina que quiera ejercer esa profesión, en la que acaso sea muy ducho, que buscara ejercerla sin el título y la cédula respectiva. No podría ostentarse como “médico constitucional” que basa su desempeño en la norma suprema. Su ejercicio está por fuerza acotado por regulaciones secundarias. Así ocurre con todas las libertades: están necesariamente regidas por limitaciones que las hagan practicables y compatibles con las de otros.

El activismo que ha ejercido durante más de un año, pagado con fondos cuyo origen no ha hecho públicos, ha sido rentable para Castañeda. En la encuesta aparecida ayer en Reforma, figura con 7 puntos de las preferencias, uno más que en la edición trimestral anterior de ese sondeo. Es menos de la cuarta parte de los 31 puntos que, con todo, mantienen todavía a la cabeza del vasto elenco de presidenciables al jefe del gobierno capitalino, que quizá quedara imposibilitado para participar en la contienda respectiva si se consuma la acción penal blandida en su contra por la Procuraduría General de la República.

No obstante aparecer situados en los extremos de la escala de preferencias, Castañeda ha anunciado que quiere debatir con López Obrador, contrastar sus proyectos. Se trata de una propuesta que difícilmente será aceptada. En un momento en que se le cuestiona ásperamente, por actitudes y conductas efectivamente ejercidas y por comportamientos a los que es ajeno, el jefe de Gobierno no está para debates que serían prematuros y arrojarían saldo positivo para Castañeda por el solo hecho de ser considerado interlocutor del principal presidenciable. Pero esas son consideraciones propias del pragmatismo político. Hay otra, de fondo, de principio, por la cual López Obrador y todo otro aspirante a la presidencia debería rehusar medirse con Castañeda. Se trata de una virtual proclama golpista que no debe ser pasada por alto.

En Ciudad Juárez, el miércoles de la semana pasada Castañeda comentó el envión lanzado contra el jefe del gobierno capitalino y la reacción de éste, según la cual el gobierno federal quiere “ganarle a la mala”. Con euforia, el autollamado candidato ciudadano proclamó que hay que ganarle “a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles”; quizá también empleó la expresión “como sea”, o al menos esa fue la correcta síntesis con que la redacción de Reforma presentó la información.

No se requiere explicar la trascendencia de una expresión de ese alcance, en boca de una persona que de más en más tiene acceso a tribunas públicas. Es una invitación a la ilegalidad, aun a la violencia. Es una incitación al empleo de toda suerte de recursos para evitar la participación o la victoria de otra persona. Castañeda quiso, inútilmente, presentar esas opciones ilegales y sediciosas como un mal menor, cuando agregó “es mejor la discusión de propuestas” para obtener el triunfo. Pero si éste se aleja, si su posibilidad es remota, allí están aquellos otros arbitrios: “A la mala y de todas las maneras posibles”.

Castañeda basa la promoción de su candidatura en una prenda personal, sus convicciones democráticas. O llegó al cabo de ellas, o cometió un desliz por el cual traicionó esa condición para que asome un autoritarismo arbitrario. Es irresponsable hablar con trivialidad (pues podrá decir que intentó sólo un juego de palabras) de cualquier medio para frenar una candidatura, la de López Obrador o la de cualquiera. Hace apenas diez años se interrumpió “a la mala”, a balazos (que es una “de todas las maneras posibles”) la candidatura de Luis Donaldo Colosio, y desde entonces no pocas querellas políticas locales se han resuelto de ese modo violento. De modo que el crimen político no es una realidad remota, que se pueda invocar haciendo chistes (suponiendo sin conceder que ese hubiera sido el móvil de la riesgosa afirmación) porque los demonios andan sueltos.

Tras el fracaso (por lo menos provisional) de la estrategia Ahumada para debilitar al jefe del gobierno capitalino, se pasó al capítulo de denunciar el incumplimiento de decisiones judiciales, aunque no haya incurrido en él o aunque procure legalmente revertirlas. Las encuestas muestran, unas, que mantiene su primer lugar en las preferencias electorales y, otras que es clara la intención política de su desafuero. ¿Es la hora del “como sea”?

Plaza Pública

 La audiencia pendiente  

Miguel Ángel Granados Chapa  

El secretario de Gobernación Santiago Creel, reconociendo con su sola referencia al asunto que se trata de un tema político y no de procuración de justicia, dijo que el general procurador general de la República “no tenía para dónde hacerse” al solicitar el desafuero del jefe del gobierno del Distrito Federal. Quiso explicar de ese modo que el ministerio público federal hubiera incurrido en desacato si no inicia el procedimiento para sancionar el que se atribuye a Andrés Manuel López Obrador. Puesto que no conoce el expediente, al leer el cuarto apartado de la extensa comunicación que la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Juditatura Federal hicieron publicar ayer, comprobará que se equivocó. Creel, y todos quienes se impongan del contenido de ese comunicado comprobarán que está pendiente una audiencia en el juzgado noveno en materia administrativa, cuyo resultado es determinante en este caso. No habiéndose aún realizado esa audiencia, el ministerio público no ha contado con todos los elementos para concluir que debe iniciarse acción penal contra el jefe de gobierno capitalino. Y sin embargo se apresuró a hacerlo…después de un prolongado periodo de negligencia.

(Digamos, de paso, que en su apresuramiento la PGR se equivocó de destinatario y de domicilio a los cuales dirigir la petición de desafuero de López Obrador. Debía haberla remitido a la secretaría general de la Cámara de Diputados –como finalmente lo hizo ayer– pues a este órgano del Congreso, a su pleno, corresponde emitir la declaratoria de procedencia solicitada. Pero la petición fue enviada a la Comisión Permanente del Congreso, cuya mesa directiva acordó rechazarla y devolver la solicitud a la autoridad peticionaria. Queda por esclarecer si fue pura ignorancia o descuido, o si algo pretendía el ministerio público federal al dirigirse a un órgano que no está capacitado, ya no digamos para tramitar sino ni siquiera para recibir una petición de semejante alcance).

Pero vengamos a la audiencia pendiente. En septiembre pasado la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó “devolver el expediente de amparo al juez noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, para que oyendo a las partes y mediante el desahogo de pruebas, resuelva si efectivamente existe imposibilidad para cumplir con la sentencia de amparo”.

Dado que el documento de la Corte y el Consejo, de donde proviene esta cita –aunque las cursivas las puse por mi parte– es muy cuidadoso en detallar todos y cada una de las fases de los juicios de amparo, en materia administrativa y en materia penal, iniciados por la Promotora Internacional Santa Fe, así como del incidente de inejecución derivado, podemos presumir que la audiencia que ordenó realizar al juez Alvaro Tovilla no ha tenido lugar. De lo contrario, hubiera sido incluida en la vasta reseña de acontecimientos judiciales aparecida ayer. En consecuencia, podemos concluir que no se ha resuelto “si efectivamente existe imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo”.

En eso consiste la posición del gobierno capitalino, no en desacato. Ha alegado que por las transformaciones de hecho operadas en la porción expropiada del predio El Encino es imposible satisfacer los términos de la sentencia. Pero ofreció el cumplimiento sustituto, regulado por el artículo 107, fracción XVI que, explicaron los ministros, “tutela el daño que pudiera sufrir la sociedad o terceros por el cumplimiento de la sentencia protectora y permite al juzgador sopesar ambos, con independencia del origen de las obras correspondientes”.

Hizo algo más, mucho más importante la segunda sala en su resolución del 24 de septiembre: “ordenó dejar sin efecto el dictamen del 26 de febrero de 2003 emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito”. Ese dictamen, según la propia reseña de la Corte y el Consejo, “declaró fundado el incidente de inejecución de sentencia”. Para la elaboración de ese dictamen, “el tribunal colegiado tomó en cuenta que las autoridades responsables del Distrito Federal se negaron a cumplir con el amparo pese a los requerimientos del juez de distrito, aunque aquellas alegaran imposibilidad para cumplir”. Ese alegato de imposibilidad mereció mejor atención de la segunda sala de la Corte que del Tribunal, y por eso se ordenó la anulación del dictamen y la devolución al juzgado noveno, donde debe realizarse la audiencia ordenada por los ministros.

En la reseña de acontecimientos judiciales que a su vez formuló el subprocurador Carlos Vega Memije el lunes, al notificar el desenlace de la averiguación previa destinada a establecer la probable responsabilidad de López Obrador, no aparece mención alguna ni al dictamen del Tribunal Colegiado, que fue anulado por la Corte, ni a la decisión de la segunda sala. Si se buscó ocultar a la opinión pública que faltaba un eslabón en la cadena de acontecimientos, la oportuna y abundante información ofrecida por el Poder Judicial de la Federación obligará a que la PGR reconozca que estaba imposibilitada para determinar si había o no lugar para la acción penal y, en consecuencia, para el desafuero.

De modo que esta historia procesal, iniciada con el decreto de expropiación expedido en los últimos días de la anterior administración aún no ha concluido, ni debe pasar a la fase siguiente, en la sección instructora, hasta que el juez noveno cumpla la orden de la Corte. O será también acusado por desacato.

PRD: votar o no votar ¿esa es la cuestión?

Armando Escobar Zavala  

La democracia tiene exigencias que van mas allá de las urnas. En determinadas circunstancias, en el PRD, las elecciones por sí solas pueden rebelarse lamentablemente inadecuadas para dirimir sus controversias de selección. Los procesos electorales internos para el Partido de la Revolución Democrática han tenido un altísimo costo, han sido el inicio de una cadena de escándalos que lo han llevado al descrédito y, con ello, han arrastrado a la política.

El ejercicio amnésico de olvidar las desastrosas experiencias democráticas (basta releer el Informe Final de la Comisión para la Legalidad y la Transparencia del Partido de la Revolución Democrática, de Samuel del Villar) y, la más lamentable aún, de los cuestionados métodos locales para elegir directivos en áreas sustantivas de la vida universitaria, no remediará la cruda realidad del PRD que ha sido tomado desde dentro; que ha sucumbido ante la ambición de quienes en él han encontrado el acceso a cargos y recursos que abren la carrera hacia el poder. “La revolución democrática surgida en 1988 se ha visto pervertida por los antivalores de la corrupción”, afirma don Samuel.

Si partimos de la sorprendente disposición para la autofagia en el PRD y el rol de una militancia de barricada que nace del clientelismo mas detestable –por la manipulación de lo mejor de nuestro país: su gente y, de manera especial, la juventud estudiosa–, es fácil explicarse los motivos de la despolitización, la falta de una ideología de contornos más o menos identificables y la ausencia cabal de algún asomo de teoría. Por su visión maniquea, no es casual que el próximo 23 de mayo, Día del Estudiante, la nomenclatura universitaria convoque a una marcha de apoyo. Ante la parálisis teórica e ideológica, la movilización. Estamos en la antesala de las futuras reacciones epidérmicas de los grupos políticos enquistados en la dirección universitaria y del partido; en esa simbiosis de desastrosos resultados.

Pero lo que es más grave, en la investigación de Samuel del Villar quedó en claro que “en varias entidades el membrete del partido era parte del grupo político de los gobernadores (básicamente priístas) para seguir engañando a la gente”. Habrá que rectificar el camino.

En este proceso, la historia de linchamientos está ciertamente nutrida. Quien comete el imperdonable delito de distanciarse de candidaturas del grupo hegemónico universitario, le gana no sólo la condena en el partido, sino la rescisión laboral en la Universidad. Esta fórmula no es nueva para combatir la disidencia en los partidos políticos en México, pero debiera ser vergüenza para un partido como el del sol azteca. En la raíz de esta actitud están algunas herencias indeseables. Junto a ellas, hay que anotar los hábitos antidemocráticos y caciquiles de quienes se formaron en la política en estas prácticas que en el discurso reprueban.

No tengo precedente de que un ex rector de la UNAM haya sido designado coordinador de campaña de un aspirante a la Presidencia de la República; vamos, ni quisiera en la época orgiástica del priísmo; o que un rector haya defendido a ultranza a candidato alguno. Hubiera sido desastroso para la investigación, la cultura y la vida académica del país que esto sucediera. Para fortuna de todos, aún hay espacios donde la academia está por encima de las ambiciones políticas. La universidad debe ser la mejor trinchera de la reflexión y no el subproducto de la mezquindad.

La vieja tradición de la izquierda marxista o anarquista fue del todo abandonada. La reflexión fue pulverizada por la acción electoral. No es casual que desde entonces el partido del sol azteca carezca de un órgano informativo –hay publicaciones de algunos grupos– y esté ayuno de ideas, por lo que resulta muy explicable que se haya olvidado de contar con un órgano teórico. Hoy la inteligencia está bajo sospecha. Se privilegia el chisme y la zacandilla, se exaltan las actitudes trepadoras, la falta de escrúpulos y las carreras en pista lodosa.

Algo habrá que hacer para combatir esa tendencia de envilecimiento de la política.

Falta el análisis, el diagnóstico de un sistema de partidos que ha expandido, en la novel democracia mexicana, los vicios y corruptelas del pasado autoritario. Los partidos han terminado convertidos en medios (instrumentos) para alcanzar fines (ambiciones) de personajes y grupos que los asaltan y manipulan.

Sin la viga maestra que sustentó su estructura desde el origen hasta su derrota ante las tribus, algunos grupos en el PRD se lanzan a la aventura de exigir resolver el derecho a elegir a su candidato por medio de una elección abierta, en la que, a partir de lo documentado en el diagnóstico de don Samuel, gana el grupo que mas trapacerías comete. La fascinada “solución democrática” está asentada en terreno pantanoso, cuyo producto, se advierte, no será el resultado de un transparente proceso interno, sino de la miseria de sus dirigentes.

La necesidad de adoptar una visión más amplia de la democracia –una visión que vaya más allá de la libertad de elección y el voto– ha sido discutida pormenorizadamente no sólo en la filosofía política contemporánea, sino también en las nuevas disciplinas de la teoría de la decisión social y la teoría de la decisión pública, influidas ambas por el razonamiento económico así como por las ideas políticas.

La democracia debe otorgar un lugar central a garantizar la libertad de discusión pública y las interacciones deliberativas en la teoría y la práctica políticas –no sólo a través de las elecciones ni sólo para las elecciones–. Lo que se requiere, como observaba Rawls, es el resguardo de la “diversidad de las ideas”. El tortuoso arte de la negociación, la moderación y prudencia, en fin, todo aquello que constituye la esencia del quehacer político, nos es extrañamente ajeno.

Habrá que rescatar la olvidada práctica ateniense de compartir la decisión política.

“Enfrentemos este reto, como lo señala Cuauhtémoc                               Cárdenas, y cumplamos con esta responsabilidad histórica. Si no lo hacemos, así tengamos los mejores candidatos, que los tenemos, no habrá partido ni para el triunfo electoral, ni para nada, ni para nadie”, advierte Del Villar.

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Relator de indígenas

Miguel Angel Granados Chapa

Rodolfo Stavenhagen realiza una visita formal a México, su país, en su carácter de relator especial para derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, enviado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Formalmente, su presencia aquí es comparable a la que en el 2001 realizó Dato Param Coomaraswasmy, homólogo de Stavenhagen, enviado a estudiar el estado de la justicia en México, tema complejo al que se acercó sin el conocimiento y la profundidad debidos, por lo que su reporte no sirvió para enjuiciar válidamente al sistema judicial, aunque señaló pistas sugerentes para examinarlo.

Será muy otro el papel de Stavenhagen. Si bien la subjetividad de informarse e informar sobre lo que ocurre en su propio país puede pesar en su ánimo, su preparación como científico social (con bien ganada reputación en esa área) le permitirá, según la recomendación de Durkheim, “tratar a los hechos como cosas” y no involucrarse en ellos. Pero, en sentido contrario, su experiencia en el campo en que debe desplegar su curiosidad profesional significa una garantía de que no percibirá de modo distorsionado lo que ocurre en México, ni se someterá a influencias sesgadas, provenientes del gobierno o de las agrupaciones civiles, ámbitos a los que conoce bien.

Fue, en efecto, director general de culturas populares en la SEP y, por otra parte, presidente fundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Y como académico ha escrito o coordinado innumerables obras sobre el campo y los campesinos en México y sobre el derecho indígena en América Latina. Más todavía, y por esas razones, fue nombrado presidente de la Comisión de Seguimiento y Verificación derivada de los acuerdos de San Andrés, que no tuvo ocasión de funcionar debido a los incumplimientos de dicho pacto en que incurrió el último gobierno priísta.

La visita de doce días del relator Stavenhagen concluirá el 14 de junio. Dedicará a Chiapas los tres últimos días de su agenda. Ya se entrevistó el lunes, en el comienzo mismo de su visita, con dos Luis H. Alvarez, coordinador presidencial para el diálogo y la negociación. No ha recibido respuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ni del Ejército federal, a quienes invitó a hablar sobre el propósito de su misión. No obstante, buscará llegar a comunidades zapatistas en Ocosingo (donde funcionan varios municipios autónomos de ese talante) y visitará asentamientos en Montes Azules, donde se estudian fórmulas para resolver los dilemas entre justicia social, marco jurídico y preservación del equilibrio ecológico.

Pero la visita de Stavenhagen no se concentrará en el tema de Chiapas, aunque es obvia su centralidad en el tema que aborda. Así fue claro en su conversación con senadores y diputados con quienes se reunió el relator el martes. Enseguida viajó a Chihuahua, donde se reunió con gobernadores rarámuris. Hoy jueves habla con pueblos indígenas del nororeste, especialmente mayos y yaquis. Mañana viernes se encontrará con huicholes en el norte de Jalisco, y en Guadalajara con náhuas y etnias de otras entidades. Viajará a Oaxaca, donde lunes y martes sostendrá conversaciones con representantes del variado mosaico de comunidades, pueblos y organizaciones de aquel estado.

Especial atención deberá aplicar el relator al nuevo marco legal en materia indígena, que comienza con la estéril reforma constitucional del 2001 y ha tenido su más reciente expresión en la ley que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Este nuevo órgano gubernamental, ni siquiera original por su denominación (ya que un órgano así bautizado, y dirigido por Beatriz Paredes fue parte de la inútil respuesta del gobierno de Salinas al levantamiento zapatista) reemplaza por un lado al Instituto Nacional Indigenista y, por otro lado, a la oficina ad hoc creada por Fox al comenzar su mandato.

Las funciones de la Comisión no incluyen siquiera las que sí cumplió el INI, por lo que acaso signifique un retroceso en el abordamiento gubernamental de la cuestión indígena. La toma de conciencia del movimiento nacional de los indios, en sus diversas acepciones, y el propio alzamiento del EZLN hacían obvia la cancelación del enfoque desarrollista e integracionista que promovió la fundación del INI hace más de medio siglo. Pero no necesariamente se le ha reemplazdo por un mejor mecanismo. Las tareas de horizontalización de las funciones federales, presentadas como uno de los rasgos innovadores de la Comisión, responden a la misma intención plasmada por el doctor Alfonso Caso en la hora inicial del Instituto.

Stavenhagen se enfrentará a las reticencias y desconfianza de no pocas agrupaciones indígenas, escaldadas por el modo en que se procesó la reforma constitucional indígena y la parálisis legislativa que ha seguido a aquella presunta inclusión de los derechos y la cultura de los pueblos indios en la Carta Magna. Es tan aguda la suspicacia de algunas de esas agrupaciones que ya desde ahora ponen en duda la calidad del reporte que presente el relator, siendo que apenas se inicia el trabajo de campo que, tiempo más tarde y en combinación con otros elementos, permitirá la formulación de la relatoría correspondiente.

El relator sabe que durante su misión encontrará “violencia, crisis larvadas, focos rojos, lugares donde las autoridades no respetan los derechos humanos y donde hay injusticia, represión y arbitrariedad”. Pero indagará también el resto de los datos que configuran el panorama

Plaza Pública

 * Guerra sucia  

Miguel Angel Granados Chapa

Avanza con extrema lentitud el trabajo de la fiscalía creada ex profeso para investigar los crímenes de la guerra sucia mexicana. La Suprema Corte de Justicia acaba de recibir la petición de la Procuraduría General de la República para enfrentar el primer revés que esa oficina especializada del ministerio público recibió hace dos meses.

La Fiscalía solicitó a fines de abril a un juez federal en Monterrey órdenes de aprehensión contra dos ex directores federales de seguridad, es decir ex jefes de la policía política. Al cabo de una paciente labor, la Fiscalía reunió los elementos a su juicio necesarios para procesar a esos antiguos funcionarios por la desaparición de Jesús Piedra Ibarra. A gran velocidad, que permite suponer que no leyó siquiera el expediente, el juzgador rehusó el pedido de la fiscalía alegando que el delito de privación ilegal de la libertad ya prescribió. El ministerio público se inconformó con esa decisión, sobre la base del carácter continuo del delito de que se acusa a los indiciados, que sólo cesaría cuando se tenga noticia cierta de la suerte de Piedra Ibarra. El tribunal de segunda instancia tiene en sus manos la apelación y ha tomado su tiempo, a diferencia de su inferior, para estudiar el caso.

La negativa a girar la única orden de aprehensión hasta ahora solicitada por la Fiscalía Especial, y la lentitud del trámite en la segunda instancia fueron malas noticias para esa oficina investigadora y para el Consejo Ciudadano que, conforme a la instrucción presidencial de noviembre del 2001 fue convocado para dar seguimiento al trabajo de la fiscalía. Otros factores de orden político, por lo demás, aparecieron en el horizonte de trabajo de la oficina de que es titular Ignacio Carrillo Prieto. Y sin que nadie pretendiera interferir en la esfera de las autoridades judiciales, el Consejo estimó que una muestra de apoyo presidencial a la fiscalía, que no se ha hecho explícito desde la creación de la misma, contribuiría a establecer que efectivamente está vigente la voluntad para indagar esa porción de nuestro pasado.

El Presidente Fox recibió el 20 de mayo al consejo ciudadano de la fiscalía y a su titular. En presencia también del secretario de Gobernación y del procurador general de la República, Fox no dejó duda de su decisión de ir adelante, echando mano de los recursos legales posibles para encontrar la verdad y sancionar a quienes resulten responsables de delitos.

Como consecuencia de esa renovada posición, el procurador general de la República pidió la intervención del máximo tribunal. Según la fracción III del artículo 105 constitucional, la Corte “de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal unitario de circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de las sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascedencia así lo ameriten”.

Esta posibilidad de que la Corte atraiga la apelación será resuelta según la interpretación que el propio tribunal asigne a la palabra sentencia. En sentido estricto, el vocablo designa a la resolución judicial que pone fin a un proceso. No es este el caso de que hablamos ya que precisamente la negativa del juez impidió el que tal proceso siquiera comenzara. Se trata de una resolución, un auto que no reviste rigurosamente el carácter de sentencia. Pero ya que es un acto procesal susceptible de producir efectos definitivos y que además es apelable, podrían pesar en la decisión           de la Corte los otros términos del texto constitucional, que le permiten atraer el caso por su “interés y trascedencia”.

La Fiscalía está urgida de un paso definitorio del curso de sus tareas. Si la apelación, resuelta que sea por el tribunal regiomontano o por la Corte, no reconoce el argumento de imprescriptibilidad aducido por el ministerio público, parecerán confirmarse las reticencias, suspicacias y resistencias de quienes vieron en la creación de la Fiscalía una decisión meramente cosmética, y aun engañosa, para evitar la investigación y el castigo a quienes infringieron sus deberes legales en la persecución a las diversas formas de insurgencia armada de los años setenta y ochenta y se convirtieron de ese modo en delincuentes.

La Fiscalía no enfrenta sólo la renuencia de quienes la suponen ineficaz, sino paradójicamente también la resistencia de quienes la temen eficaz. Ese es el caso, probablemente del ex presidente Echeverría. A él mismo, o a su entorno se puede achacar una maniobra por el momento frenada, que pretendió dinamitar desde dentro la tarea de la Fiscalía. Dos agentas del ministerio público sacaron de la nada una serie de observaciones críticas al desempeño de la oficina a la que habían sido convocadas, y buscaron convertirlas en un señalamiento penal. Carecía de fundamento su intento y por eso fue desechado. Pero a las presuntas denunciantes se les vio más de una vez en conversaciones con miembros de la defensa de Echeverría, a cuyo interés conviene desprestigiar y más aún desmontar el aparato de procuración de justicia que puede producir, eventualmente, una acusación en su contra.

La Fiscalía es autónoma según el acuerdo de su creación, pero depende en mucho de la PGR. Entre los varios obstáculos que pueden frenar y hasta impedir su desarrollo, la falta de apoyo del procurador resultaría insuperable. Conseguir que la Corte intervenga en el caso mostrará que ese obstáculo no existe.

Plaza Publica

¿En qué manos estamos?

 Miguel Angel Granados Chapa

Tras 26 meses de ejercerlo, dejó su cargo la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido. Su despido o dimisión sería sólo una de las innumerables mudanzas que se producen en los gobiernos, incluido el de Fox que, según sus propias palabras, contrata para seis años. Pero la frecuencia y los modos con que se renueva el personal en la Procuraduría General de la República revisten gravedad que debe ser señalada.

La funcionaria que dejó de serlo el viernes pasado reemplazó a quien ahora es el procurador del estado de México, Alfonso Navarrete Prida. Este, miembro del equipo de Jorge Madrazo (que aceptó el eminente y activo consulado en Seattle), fue confirmado en su cargo, el segundo más importante en la PGR. Retenerlo y ratificarlo entrañaba una contradicción en el general procurador Rafael Macedo de la Concha, que al comenzar su gestión, y aún ahora, no cesa de deplorar (aunque no convirtió su continuo lamento en denuncia alguna) el estado en que halló esa oficina.

La contradicción se acentuó cuando Navarrete Prida fue blanco de una campaña interna que lo llevó a la renuncia, no sin afirmar que en la PGR podían tanto los chismes como las balas. Se insinuó que había admitido conductas delictuosas (como venta de plazas de agente judicial) y él mismo se dijo víctima de amenazas de muerte. Pero como si no se tratara de la Procuraduría de la República, encargada de combatir las más peligrosas manifestaciones de delincuencia organizada, sino de una pequeña oficina situada en una covacha, todo quedó en habladurías.

El carpicista Navarrete fue reemplazado por la moralechuguista Lima Malvido. Tiene sentido referir el origen de los funcionarios porque el pasado es presente en la PGR. Las pertenencias a equipos que antagonizaron fuertemente hace diez años influyen en las conductas de hoy. Por eso le fue dable al ex procurador Jorge Carpizo echar mano de material interno de la PGR, sustraído ilegalmente, para desprestigiar a quien sustituyó a su antiguo secretario particular.

Otros altos cargos de la PGR se retiraron o fueron cesados sin conocerse la causa o sin que se concretaran formalmente las hablillas que les atribuían comportamientos impropios de su función. En cambio, permanecen en sus tareas, y han sido y serán promovidos funcionarios que fueron legalmente sujetos a averiguaciones previas cuyo resultado es fácil prever si se sabe que ellos mismos eran los encargados de realizarlas.

Poco después de su nombramiento la subprocuradora Lima Malvido abrió, no por espontánea decisión propia sino por presiones de un conservadurismo militante al que ella no ha sido ajena, la averiguación del asesinato del cardenal Posadas Ocampo. El año pasado ella misma ofreció el parco informe sobre los avances de las nuevas líneas de investigación abiertas a instancias del cardenal Juan Sandoval, sucesor del purpurado caído a las afueras del aeropuerto de Guadalajara. Un año más tarde ya no figuró en el acto semejante, lo que prefiguraba su derrota política, consumada con su despido de sólo una semana después.

Perdió sus batallas en el frente externo y en el interno. Carpizo la incluyó, con el diputado jalisciense Fernando Guzmán, el propio cardenal Sandoval y el representante legal de este último, José Antonio Ortega Sánchez, en un “cuarteto infernal” que ahora se desmembra con la salida de la subprocuradora, y con el ataque a Ortega Sánchez. Experto de la Coparmex en seguridad pública, ahora se le embate señalando a uno de sus hijos como vinculado a secuestradores. La dupla restante es menos frágil: Sandoval obtuvo de nuevo el apoyo de la Conferencia Episcopal (o al menos su apariencia, pues el Episcopado ha sido oscilante o ambiguo en este asunto), y Guzmán sumará una tercera diputación, federal esta vez, a su historia política. Con todo, la teoría de la confusión, y con ella Carpizo, salen avantes de este lance.

En el frente interno la ex subprocuradora resultó vencida por su propio jefe (al que, eso no obstante, rindió el homenaje de la cortesía burocrática), que en el más añejo estilo admitió que el Presidente Fox la nombrara pero hizo cuanto pudo para echarla. También fue derrotada por el inexplicablemente todopoderoso director de la AFI, Genaro García Luna, que fue formalmente acusado por la Secretaría de Seguridad Pública (federal) y ha sido incapaz de detener a uno de sus hombres, a quien la justicia ha ordenado en vano detener por el asesinato de Guillermo Vélez Mendoza, hijo de Guillermo Vélez Pelayo, que hace cuarenta años fue miembro de la dirección del MURO, como lo fue el esposo de la subprocuradora despedida, Luis Rodríguez Manzanera.

Se equivocaría quien crea que el conservadurismo agresivo de entonces y de ahora han sido contenidos en la PGR. Independientemente de los efectos de lo que allí sucede en el terreno de los enfrentamientos ideológicos, lo cierto es que la gestión errática del general procurador general tiene repercusiones graves en actividades de excepcional importancia para la sociedad. Es imposible olvidar que, como procurador militar en el sexenio anterior, Macedo de la Concha pertenecía al círculo de confianza del general secretario de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre. Aunque por presiones externas él mismo se vio obligado a detenerlo, Cervantes Aguirre impulsó el nombramiento de J. Jesús Gutiérrez Rebollo, un general que en vez de combatir al narcotráfico lo servía.¿En qué manos está la procuración federal de justicia? ¿En qué manos estamos?

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Judicatura

 Miguel Angel Granados Chapa  

Tan propio como suele ser, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Juan Luis González Alcántara, no evidenciaba el jueves por la mañana ninguna de las tribulaciones que lo asediaban. Participante en una de las mesas redondas con que el Consejo de la Judicatura Federal festejó su octavo aniversario, habló con formalidad de las funciones de ese órgano y cotejó su integración y funcionamiento con el que él mismo preside, el Consejo local, y los de otras entidades.

Pero, por un lado, vivía el duelo por la pérdida de su padre, Juan José González A. Alpuche, un abogado muy próximo al ex presidente Miguel Alemán, con quien colaboró en el Consejo Nacional de Turismo, y que fuera presidente de la Asociación Nacional de Abogados y secretario del Instituto Mexicano de Cultura, dos entidades que denotaron por años la influencia alemanista. El deceso había ocurrido el 26 de mayo. Al día siguiente estalló en Estados Unidos el escándalo, el nuevo escándalo de Transportación Marítima Mexicana, TMM, que involucra a un juez civil mexicano, integrante de la judicatura a cuyo frente se encuentra González Alcántara. El propio jueves, después de su conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el magistrado anunció las medidas destinadas a investigar, y a suspender en sus funciones, al juzgador inmiscuido en la maniobra de un consorcio antaño poderoso, para burlar a sus acreedores.

Hace no mucho, TMM incurrió en una acción de contabilidad creativa, el eufemismo con que empresas como Enron denominan a maquinaciones para engatusar a los accionistas o los acreedores. La administración de la empresa de transporte marítimo, que llegó a ser orgullo del sector privado mexicano, incorporó a sus activos una cifra millonaria, resultante de la devolución de IVA que habría ganado en litigio a las autoridades fiscales. Pero lo hizo cuando el caso apenas cubría la primera instancia y en consecuencia podía ser engañoso el efecto que se buscaba crear en el mercado de valores para mejorar su cotización. Ahora TMM enfrenta un problema de mayor magnitud. Al mediar mayo estaban por vencerse términos de su deuda, y la empresa carecía de liquidez para encarar esos pagos. Requería un aplazamiento y el 12 de mayo lo consiguió por vía judicial. Pero sus acreedores pronto descubrieron que se fundaba en actos ilegales. TMM contaba con la orden de un juez que prorrogó el plazo para cubrir sus adeudos, pero quien la emitió no estaba facultado para hacerlo, ya que pertenece a la judicatura local del Distrito Federal y el caso, de permitirlo la situación de la empresa, hubiera debido tramitarse ante tribunales federales. Se sospechó que el juzgador había sido sobornado, y el miércoles pasado tuvo que suspenderse por unas horas la cotización de TMM en la Bolsa de Valores de México. El juez Hugo Muñiz Arreola proclamó de inmediato su inocencia. Pero varios indicadores lo señalan adversamente. Su intervención personal fue buscada; es decir no se presentó la demanda ante la oficialía de partes, de donde se distribuye por turnos, al azar, a cualquier juez. Y en cuanto la recibió, en sólo unas horas, a despecho de que se trataba de una jurisdicción distinta de la suya, el juzgador lo despachó con celeridad excepcional.

González Alcántara hablaba pues, el jueves, con toda tranquilidad de las formalidades de la administración de justicia mientras estaban en curso medidas para atajar este caso, de presunta corrupción en gran escala. A su lado, en la propia mesa redonda, el doctor Manuel Barquín abriría, en otro orden de cosas, una discusión que puede ser muy fértil pero que, por lo pronto, generó disgusto entre algunos de sus oyentes. Expresándose con toda libertad, quizá porque ya no se siente sujeto a las obligaciones formales de su cargo, pronto como está a concluir el plazo para el que fue elegido, Barquín hizo un elogio de la justicia ciudadana y de los jueces elegidos. En general, mostró su aprecio por la cultura judicial norteamericana, enteramente opuesta a la que rige en México, donde se ha buscado que la administración de justicia sea ejercida por profesionales que discurren por largos años a través de la carrera judicial desde cargos de escribiente hasta la magistratura propiamente dicho.

En Estados Unidos en cambio, dijo Barquín, los jueces suelen ser abogados retirados que dedican los últimos años de su vida a la impartición de justicia, pues no se requiere una sabiduría especial para hacerlo. Lo prueba así también, dijo, la justicia a cargo de jurados, a los que anima la sensatez que posee toda persona, para adquirir la cual no es preciso pasar años de puesto en puesto en el escalafón judicial. No cito textualmente sus palabras, pero ese es sin duda el sentido de sus expresiones. Tan fue así, que el director del Instituto de la Defensoría Pública (una dependencia del Consejo de la Judicatura), el magistrado César Esquinca Muñoz, se sintió obligado a expresar su desacuerdo con Barquín. No era ese el lugar para desplegar argumentos en contra, puntualizó con prudencia, pero no quiso callar. Y aun sugirió que el tema podría o debería discutirse de modo expreso en otro foro. Desde su experiencia de 40 años en la judicatura federal seguramente resintió el contraste establecido por el consejero Barquín entre el sistema norteamericano y el que priva en México. Barquín es un reputado profesor universitario que difícilmente habla a la ligera, por lo que habrá que discutir su convicción.