El delegado de la comunidad Unidad Habitacional Magisterial, municipio de Ayutla, Romualdo Remigio Cantú acudió a la capital para pedir la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado (Codehum) en el conflicto por la falta de abastecimiento de agua que niegan los pobladores de la comunidad vecina, San Miguel.
Acompañado de habitantes de la comunidad, Remigio Cantú presentó la queja, y en una conferencia de prensa en la Codehum, ubicada en la calle Galo Soberón y Parra, en el Centro de la ciudad, llamó a las autoridades estatales a resolver la situación.
Informó que, hace unos días los habitantes de San Miguel aseguraron que ya retiraron las cadenas de la bomba que impedía que la comunidad tuviera el servicio de agua, pero esto no es suficiente, y las autoridades deben acudir a verificar los posible daños de los que responsabilizó al comisario, Felipe Victoriano Nava, y a la presidenta municipal, Hortensia Aldaco Quintana por omitir sus llamados de ayuda e incumplir un proyecto para mejorar el servicio en la comunidad Unidad Habitacional Magisterial, en donde en los tres años de su gobierno no se hizo ninguna obra en beneficio de los 355 habitantes de 130 viviendas.
Dijo que el delegado general de Gobierno en la región Costa Chica, Oscar Velasco Ambrosio acudió para mediar en el conflicto y buscar que las dos comunidades lleguen a un acuerdo, pero Aldaco Quintana se negó a participar e incluso mandó a desalojar a los pobladores de la Unidad Habitacional Magisterial a golpes.
Advirtió que si la situación no se resuelve de manera inmediata, los pobladores de la Unidad Habitacional Magisterial están dispuestos a bloquear carreteras y a protestar para que las autoridades les den una respuesta favorable.
La comunidad Unidad Habitacional Magisterial no cuenta con drenaje, sino con una fosa a la que llegan los residuos y que el Ayuntamiento se encarga de desazolvar dos veces al año, para los vecinos de San Miguel la fosa es un foco de contaminación del agua del río, a pesar de que ésta no representa un riesgo ya que guarda una distancia de más de un kilómetro.
El 28 de junio pasado las autoridades de San Miguel suspendieron el suministro de agua a sus vecinos, y según Remigio Cantú, buscaron el apoyo de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para impedirles el paso hasta la toma de agua. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).