Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Dos de los cuatro presos miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, calificaron como “procedentes” por el Mecanismo de Preliberación y de Amnistía, informó ayer la dirigente de la organización, Norma Mesino.
La dirigente de la OCSS y el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, se reunieron el martes con el titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación y Secretario Técnico de la Comisión de Amnistía, Crescencio Jiménez Núñez, así como con el titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Facundo Santillán Julián.
Entrevistada por teléfono, Norma Mesino informó que los funcionarios les informaron que de 28 expedientes de presos en el país que se revisaron, sólo 15 fueron calificados “procedentes” y de ellos dos son de la OCSS.
Sin embargo, para no entorpecer sus procesos omitió los nombres de los posibles beneficiarios, además dijo, porque la OCSS y la APPG van a seguir insistiendo en que deben de ser beneficiarios los cuatro miembros de esa organización.
La OCSS ha venido exigiendo la libertad de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino.
Norma Mesino informó que les explicaron que antes de que sean liberados los dos que resultaron beneficiarios deben seguir una ruta legal, aunque aclaró que de ambos la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) que documentó sus casos, ya les integró una carpeta maestra en las que comprobó la práctica de la tortura para obligarlos a que se declararan culpables de los presuntos delitos de secuestro y homicidio.
“Sólo se está buscando la manera de seguir la ruta legal”, insistió.
“Hemos estado en comunicación con el Comité de Pre liberación y lo que le pedimos fue saber cuál es el procedimiento que está buscando el Mecanismo de Preliberación y de Amnistía”, informó.
Es “lamentable” la falta de voluntad del gobierno estatal
Con respecto al caso de Gerónimo Hernández Refugio, a quien el martes la jueza de Ejecución de Penas, del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Maritza Jiménez Santiago le dictó una sentencia de tres años más de prisión por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, calificó que es “lamentable” la falta de voluntad del gobierno estatal.
Dijo que se esperaba que el integrante de la OCSS, preso en el penal de Chilpancingo, cumpliera su sentencia por el presunto delito de secuestro este diciembre, pero ahora con la nueva sentencia estaría saliendo hasta en el 2025.
La dirigente de la OCSS informó que, sin embargo, con la apelación que promovió el abogado Hegel Mariano Ramírez “estamos buscando que ya se libere”.
Se quejó de que en Guerrero no hay voluntad, a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha dado mensajes de que los presos políticos sean puestos en libertad, “son precisamente las instancias de procuración de justicia las que están obstaculizando los procesos”, denunció.
Agregó que con respecto a Orlando Ávila Mesino, que también está preso por delitos del fuero común en el penal de Acapulco, se llevó a cabo la audiencia el 25 de noviembre, cuando el juez de la causa rechazó el incidente de libertad que promovió el abogado Mariano Ramírez, y a pesar de que la instrucción quedó cerrada “estamos esperando que los jueces puedan determinar su libertad”, informó.