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Concluye el juicio contra dos presos políticos acusados del secuestro de Raúl Astudillo

Azucena Villamar e Ismael Padilla son señalados como miembros del ERPI

Los presos políticos detenidos por el secuestro del empresario Raúl Astudillo García, cometido el 17 de julio de 2000, Ismael Padilla Nava y Azucena Villamar Pasión, sólo esperan la sentencia del juez mixto de primera instancia del ramo penal con sede en Tixtla, luego de que este viernes se les informara la conclusión de su proceso.

En la mañana de ayer, a petición del juez penal en Tixtla, se efectuó la última audiencia en la que los defensores de los detenidos pidieron al juez años atrás que se les decrete libertad a sus defendidos porque no se comprobó la responsabilidad en el plagio.

Por su parte, la fiscalía adscrita al juzgado, pidió que se les dicte sentencia condenatoria, entre la máxima y la mínima, porque ambos procesados son responsables del delito de secuestro.

Raúl Astudillo fue puesto en libertad el 20 de septiembre de 2000, luego de dos meses y diez días de haber permanecido secuestrado. Su plagió se efectuó el 11 de julio de ese año por la tarde, cuando conducía su camioneta en el entronque al poblado de Apango, municipio de Tixtla.

El viernes 28 de julio de 2000, Policías Judiciales del Estado (PJE), detuvieron a Azucena Villamar Pasión, a su suegra Balbina Alonso Calixto y a su esposo, Antonio García Alonso, éste último se encontraba desaparecido, por lo que la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG) exigió su inmediata presentación.

Ese día, doña Balbina fue dejada en libertad a las 2 de la tarde. El entonces procurador de Justicia y ahora subprocurador B de la Procuraduría General de la República (PGR), Carlos Javier Vega Memije, presentó el lunes 31 de julio, a Antonio García Alonso y su esposa Azucena Pasión Villanueva, como secuestradores del empresario.

El miércoles 2 de agosto de ese año, Vega Memije afirmó que el Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), participó en el secuestro, y ese día presentó a Ismael Padilla Nava, –hermano de Felicitas Padilla Nava, quien en octubre de 1999 fue aprehendida al igual que su esposo Fenando Gatica Chino, en una presunta casa de seguridad del ERPI en la colonia del PRD, en Chilpancingo, y ambos se encuentran en el penal de Almoloya de Juárez, estado de México.

Según Vega Memije, Ismael Padilla, fue detenido el viernes 28 de julio en la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco luego de haber recogido un millón 250 mil pesos de rescate que le dieron los familiares del secuestrado.

Trasladan a tres presos políticos de Coyuca de Catalán a Iguala y Chilpancingo

* Denuncian familiares que es una medida de represión

Tres presos políticos originarios de la comunidad de Monte Grande, en la Tierra Caliente, fueron trasladados de la cárcel de Coyuca de Catalán a Iguala y Chilpancingo, según sus familiares, como parte de la represión que han sufrido desde hace casi seis años.

Los presos afectados son Custodio Gómez Salvador, Stalislao Gutiérrez González y Aurelio Díaz Milián, trasladados este jueves en la noche, informó la hija del tercero, Marisol Díaz Gutiérrez, vía telefónica a la redacción de El Sur.

Denunció que a Stanislao Gutiérrez y a Custodio Gómez los tienen incomunicados en Chilpancingo, sin que se les permita ver a sus familiares, a manera de castigo, sin alguna razón para ello.

Señaló que pidió explicación al director del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Coyuca de Catalán sobre el motivo del traslado, pero el funcionario no dio respuesta; primero dijo que era por problemas de soprepoblación en ese reclusorio, pero eso no es posible porque los únicos traltadados fueron los tres y con ellos no se resolvería el problema de sobrecupo; después sólo dijo que es una decisión del consejo técnico, sin explicar el motivo.

En nombre de la familia, la joven manifestó la petición del regreso de los presos a Coyuca de Catalán, y afirmó que la única razón del cambio a reclusorios alejados de sus familias y de la comunidad que los apoya, es seguirlos castigando injustamente, dificultando su defensa y el movimiento de sus familiares, como parte de la represión que han sufrido por su participación en defensa de los derechos del pueblo de Monte Grande, municipio de Coyuca de Catalán.

Recordó que la represión contra los tres presos viene de la familia Montúfar (de la que el más destacado de sus integrantes es el ex director de la Policía Judicial del Estado y actual secretario de Seguridad Pública en Chilpancingo, Erit Montúfar Mendoza), a cuyos miembros consideran como los principales caciques de esa región, y no descartan que en la decisión del traslado esté la mano de los Montúfar.

Custodio Gómez Salvador, Stanislao Gutiérrez González y Aurelio Díaz Milián están en la cárcel desde junio de 1998, acusados de una emboscada en diciembre de 1997 en la que murieron tres miembros de la familia Montúfar: José Montúfar, su hija Diocelina, y su nieto Ángel de Jesús Balderas Montúfar.

Los tres presos están sentenciados a 30 años de cárcel, pero esperan en poco tiempo el resultado de una demanda de amparo que interpusieron contra la sentencia, pues demostraron que los testigos de la acusación en la que se basó la condena son falsos, informó Marisol Díaz.

Dijo que la familia teme que en la cárcel de Chilpancingo los presos sufren más hostigamiento, porque ahí se encuentra recluido un miembro de la familia Montúfar, Ramiro Montúfar Burgos, quien fue trasladado de una cárcel de Estados Unidos, donde está acusado de delitos de narcotráfico.

Las familias de los presos de Monte Grande señalan que los Montúfar siempre han afectado a los habitantes de esa comunidad, y se refieren como caso reciente al asesinato de Perfecto Benítez Gutiérrez, el 7 de septiembre de 2003, del que señalan como responsable a Abel Montúfar. (De la Redacción).