El problema de la basura pasó de un proceso legal para el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, a un problema de salud, pues la Secretaría de Salud Guerrero declaró el miércoles emergencia sanitaria ante los riesgos que existe por la basura acumulada y esparcida en las calles de la capital, y que el gobierno municipal ni el estatal han podido resolver.
De acuerdo al amparo indirecto 1021/2016-1 promovido por Miguel Duarte Ortuño a favor de 58 ciudadanos de Chilpancingo, que el 7 de octubre de 2016, la Jueza Séptima de Distrito en el estado de Guerrero, Iliana Contreras Perales les otorgó contra actos del alcalde Marco Antonio Leyva Mena, y otros funcionarios, y que ordena el cierre del relleno sanitario capitalino, mandamiento que el alcalde omitió, y que generó que ahora la ciudad se convierta en un foco de infección por la basura en las calles.
El documento menciona que algunos de los actos reclamados fueron al alcalde y al Cabildo por “el funcionamiento indebido e injustificado del relleno sanitario y/o botadero de basura a cielo abierto, ubicado al sur de esta ciudad, el cual violenta nuestro derecho colectivo  a un medio ambiente sano”.
También detalla que las autoridades omitieron “aplicar los principios de prevención, precaución, y de sensibilidad de medio ambiente establecidos en la ley del artículo cuarto constitucional, ya que con tales omisiones, mantienen abierto un relleno sanitario a cielo abierto, que está saturado y fuera de su vida útil, con lo cual se produce a diario una afectación a nuestro medio ambiente, que nos repercute en lo personal y en nuestras familias, incluidos niños”.
Otra omisión del gobierno municipal, que se lee en el documento, es que “no existe un plan elaborado o desarrollado de ordenamiento territorial, pues los gases que emanan  de relleno sanitario a diario, resultan insoportables, insalubres y peligrosos”.
Además de que el gobierno capitalino no vigiló “el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, relativa a las especificaciones de protección ambiental, para la selección del sitio, diseño, y construcción, operación, monitoreo, y clausura y obras complementarias, lo que se concretiza en la omisión de cerrar o clausurar el relleno sanitario de esta ciudad, el cual se encuentra injustificadamente en operación hasta este día (cuando se otorgó el amparo)”.
El documento menciona la omisión del gobierno estatal y de otras autoridades por no emitir ninguna recomendación a la autoridad municipal, para promover el cumplimiento de la legislación ambiental.
El amparo responsabiliza también al gobierno federal porque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no atendió el problema, y “omitió  prevenir y controlar la contaminación del suelo, omitió aplicar los principios de prevención, precaución y de sustentabilidad del medio ambiente establecido en la ley, ya que mantuvo abierto un relleno sanitario a cielo abierto que está saturado y fuera de su vida útil”.
La responsabilidad la comparten diversas dependencias del gobierno federal y estatal porque “al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que les atribuyen los quejosos. Sin embargo del contenido de sus informes previos, se desprenden manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia de los actos reclamados en cada una de ellas, por lo que se tienen como ciertos los mismos”.
En la página 47 del documento ordena “conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados”, y al alcalde Marco Antonio Leyva, y al cabildo Constitucional “se abstengan de seguir depositando residuos sólidos en el relleno sanitario y/o botadero de basura a cielo abierto, ubicado al sur de Chilpancingo, en las (dos) celdas que no cumplan con las normas ambientales”.
El ordenamiento judicial fue omitido por las autoridades federales, estatales y municipales, la clausura ocurrió el viernes 27 de enero.