Alejandro Guerrero

Iguala

Padres de familia y ex trabajadores del Cendi-PT Grandeza Infantil, tomaron las instalaciones y se instalaron en plantón permanente afuera de la escuela, para insistir en su exigencia de la destitución de la directora del plantel y la directora general, Sabrina Galeana y Alma Francisca Juárez Altamirano, respectivamente, así como para pedir la reinstalación de los trabajadores despedidos.
Antes de las 8 de la mañana, un grupo de poco más de 30 inconformes colocaron una cadena en la entrada a la escuela, ubicada en la colonia Ciudad Hábitat, con lo que impidieron las clases para poco más de 100 alumnos, aasí como el ingreso de directivos, administrativos y docentes.
Los padres de familia y ex trabajadores inconformes instalaron una carpa afuera de las instalaciones, donde iniciaron un plantón indefinido, en el que se mantenían anoche para pernoctar.
A las 11 de la mañana se les había ofrecido una reunión con la directora general de los Cendi en Guerrero, Alma Francisca Juárez, pero no se presentó. Sólo llegó la directora de este plantel, Sabrina Galeana, acompañada del administrador, el ex síndico Óscar Chávez Pineda y otra persona, a la que presentaron como apoderado legal de la escuela.
En este encuentro, en el que los padres de familia manifestaron sus inconformidades por las malas condiciones de la escuela, falta de transparencia en el manejo de las cuotas que pagan y la mala calidad de los alimentos que les dan a sus hijos, así como el despido de algunas trabajadoras, la directora Sabrina Galeana les ofreció una reunión general para el viernes, pero no garantizó que asista Juárez Altamirano.
En una enorme lona, que colocaron en la carpa, los padres de familia exigen la reincorporación del personal despedido de forma injusta, “alimentos de buena calidad, no en estado de descomposición”; personal capacitado, con buen perfil académico; limpieza en las áreas verdes, utensilios adecuados en la cocina y para el consumo de alimentos de los niños.
Además, exigen rendición de cuentas de las aportaciones mensuales de 700 pesos por cada alumno, transparencia en el cobro de los seguros de vida, de lo que se pagó y cuánto se entregó de éstos. “La educación es un derecho, no un negocio” y “violencia infantil es atentar contra los derechos de los niños”, se lee en la lona.