Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El responsable estatal del Componente Aborto Seguro, Manuel de la Cruz Candela reconoció que hay trabajadores de la Secretaría de Salud que pueden ser barreras para que las mujeres accedan a la interrupción legal del embarazo, por lo que procuran que sólo el personal no objetor tenga contacto con ellas y que los tratamientos se lleven de manera ambulatoria para no exponerlas a intentos de persuasión para que desistan.
En entrevista en oficinas centrales de la Secretaría de Salud, Manuel de la Cruz comentó que están en construcción tres Centros de Buenas Prácticas en el estado en los que se practicarán abortos seguros, uno en Chilpancingo y dos en Acapulco donde dijo que habrá “personal preparado para hacer este tipo de intervenciones”.
De la Cruz Candela informó que, en las siete jurisdicciones sanitarias en el estado, se ha mantenido el mismo comportamiento en las solicitudes de aborto que se tenían antes de la pandemia y que no se incrementó a partir de la reforma como muchos opositores alertaban.
Sólo el caso de la región Montaña, destacó es que “se incrementó la atención en zonas en las que ni siquiera esperábamos, hubo incremento de solicitud bajo voluntad personal” es decir cómo se establece en el Código Penal, antes de las 12 semanas por decisión de la mujer.
En ese sentido, dijo que “el cometido que se tiene en esta política pública del aborto seguro se está cumpliendo, porque son las que más requieren” porque se trata de una zona en la que existe más vulnerabilidad de las mujeres.
El responsable estatal del Componente Aborto Seguro recordó que en Guerrero hay más de mil 30 unidades de primer nivel, en las que se identificó a las personas trabajadoras “no objetoras de conciencia” a quienes se les capacitó y se identifican los horarios en los que están para ofrecer esta atención.
Destacó que en el primer trimestre del año realizaron una capacitación en línea en la que participaron 800 trabajadores y trabajadoras de Salud no objetoras de conciencia, además de siete capacitaciones, una para cada jurisdicción sanitaria.
Manuel de la Cruz comentó que, si se identifica algún hospital comunitario en el que “por alguna situación se rechazó de primer momento su atención, lo que hacemos es hacer el acercamiento con el hospital y dar instrucciones para la capacitación (…) de antemano, todo personal directivo de los hospitales y de las unidades de primer nivel, no pueden ser objetores de conciencia eso lo tienen bien claro”.
Reconoció también que hay objetores de conciencia “cuando las creencias están por encima del deber profesional, son cosas que nos hemos enfrentado con algún personal y lo que hacemos es darle prioridad al personal que no es objetor de conciencia, para brindarle las herramientas para que pueda realizar el procedimiento a la brevedad posible”.
También comentó que principalmente se ofrece el aborto seguro ambulatorio (dentro de las 12 primeras semanas) a las mujeres que solicitan la interrupción, “porque nos hemos dado cuenta también que, internadas las pacientes, las exponemos a este tipo de personal”.
Y que incluso buscan desarrollar un programa por el que cualquier mujer que quiera interrumpir su embarazo dentro de las 12 primeras semanas “pueda tener un número telefónico, un link de zoom y tener la orientación de un médico ginecólogo, se ponga una estrategia de dónde puede pasar por el medicamento y firmar su consentimiento informado para el tratamiento y pueda ser totalmente ambulatorio”.
Del caso de la niña de 13 años embarazada en Atoyac que fue víctima de una violación, dijo que en el momento que se acerque a la
Secretaría para solicitar la interrupción de su embarazo se le podrá realizar el procedimiento.
Y destacó la importancia de realizarle estudios para conocer el estado de su embarazo porque el 25 de enero cuando acudió al hospital de Atoyac se le dio la atención reglamentaria para estos casos que consiste en la profilaxis que es el tratamiento preventivo para evitar algunas enfermedades en este caso de transmisión sexual, además de la píldora de emergencia “son medicamentos fuertes, se le hace de conocimiento que de llegar a quedar embarazada puede tener afectaciones como malformaciones”
De acuerdo con el registro de la atención que se le dio a la niña, dijo que la víctima regresó al seguimiento el 27 de febrero, fue cuando se revisó cómo iba la efectividad de la profilaxis, fue cuando se dio el hallazgo del embarazo de 7.3 semanas.
Y posteriormente en mayo tras el consentimiento la niña fue internada y se le dio la primera dosis de misoprostol, pero durante la noche desistió de su intención de abortar y se retiró.
Manuel de la Cruz también recordó que fue la mamá de la víctima fue “la que estuvo muy insistente a pesar de que la menor no estaba plenamente convencida del procedimiento”, y que fueron trabajadores del sector salud los que notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) los que notificaron.