Padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos y normalistas tomaron una hora la caseta de Pablo Blanco en la Autopista del Sol, donde confrontaron y corrieron a empujones a un funcionario estatal, y de regreso a la escuela lanzaron piedras y petardos contra la 35 Zona Militar que se encuentra de paso sobre el bulevar Vicente Guerrero de esta ciudad.
La protesta frente a las instalaciones militares duró unos tres minutos y los manifestantes embozados colocaron la leyenda “Saavedra Hernández asesino”, en alusión al ex comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, ascendido a comandante de la Novena Región con sede en Acapulco después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y hace 15 días nombrado inspector y contralor general del Ejército.
Según recientes investigaciones periodísticas ese militar fue de los primeros mandos en conocer de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, y en saber qué pasó con los desaparecidos porque en ese periodo tenía bajo su responsabilidad al 27 Batallón de Infantería de Iguala.
La protesta de los padres comenzó alrededor de la una de la tarde en la caseta de cobro de Palo Blanco, al sur de la capital, sin obstruir por completo el tránsito, mientras una patrulla de la Policía Federal en el entronque anterior desviaba la circulación para que los automovilistas evitaran la manifestación pacífica.
Al lugar llegaron seis camiones con policías antimotines y ocho patrullas de la Policía Federal, que guardaron unos 500 metros de distancia de la protesta, donde ya se habían colocado lonas en demanda de justicia para los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados el 12 de diciembre de 2011 en un desalojo a balazos perpetrado por policías federales, estatales y ministeriales, y leyendas contra los militares.
Representando a la Secretaría General de Gobierno, Jorge Miranda Huesca llegó a la carretera y se acercó a los manifestantes para conocer sus planteamientos, y en el calor de la protesta fue rodeado de inconformes que le lanzaron reclamos.
En ese momento lanzó el brazo hacia atrás y golpeó a la señora Macedonia Torres Romero, mamá del normalista desaparecido José Luis Luna, de Amilcingo Morelos.
Entonces, los reclamos subieron a empujones y manotazos al grado de que el funcionario salió de prisa y en la salida cayó al suelo. En ese momento el abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales Sierra intervino y lo ayudó a levantarse.
En declaraciones posteriores, Rosales Sierra señaló que hay exacerbación en el movimiento social, que lleva a padres y estudiantes a “tomar posturas duras” por la falta de respuesta, pero consideró que la policía también debe implementar protocolos adecuados para tratar distintas situaciones.
Que investiguen al Ejército y el trasiego de heroína juntos, demandan
De la protesta Rosales Sierra informó que exigen la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, agilidad en las nuevas líneas de investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR), como la consignación de los policías federales y de los municipales de Huitzuco, que planteó el Grupo Interdisciplinario Independiente (GIEI) antes de salir del país, en abril y una nueva línea de investigación a la estructura militar que participó de manera directa en los ataques según lo documentó la periodista Anabel Hernández.
Insistió en que la investigación implica de manera directa a militares en la desaparición forzada de los estudiantes.
Dijo que es fundamental profundizar en el trasiego de heroína en la zona, que está unido al Ejercito mexicano.
Sin avances, señaló que “la ira, el coraje, la rabia que los padres tienen es comprensible”, dada las irregularidades evidenciadas, la lentitud en la nueva etapa de investigación y la intención de ocultar la verdad de los hechos.
Bombas contra los militares
Antes de las 3 de la tarde los activistas subieron a los autobuses de regreso. En la puerta principal de la 35 Zona Militar hicieron una breve parada.
Los más jóvenes con el rostro cubierto con playeras y piedras en mano, algunas bombas motolov y otras hechizas, que lanzaron contra las instalaciones. La puerta alta verde aún nueva se encontraba abierta, y apenas fue cerrada al final del ataque.
Los impactos fueron en las paredes, en la copa de unos árboles al interior de las instalaciones y en el piso, así como en parabrisas de tres automóviles estacionados en el exterior.
No hubo respuesta de los militares que cerraron la puerta de unos cinco metros de alto que se colocó después de las protestas de los estudiantes por los ataques en Iguala.
Extraoficialmente se sabía que esta protesta sería en el 27 Batallón de Iguala, pero desde primera hora en aquellas instalaciones se prepararon para la embestida con barricadas de costales y alambre de púas.
Los manifestantes volvieron a la Normal en Tixtla en los mismos autobuses en que llegaron, seguidos por dos patrullas de la Policía Estatal y no se reportaron más incidentes.
La investigación periodística plasmada en el libro La verdadera noche de Iguala dice que los estudiantes habrían tomado sin saber al menos dos autobuses con un cargamento de heroína por un valor de 2 millones de dólares, y los militares recibieron la instrucción de recuperarlo. En este lapso algunos estudiantes se dieron cuenta del contenido del cargamento y por esa razón habrían sido desaparecidos.