Zeferino Torreblanca: el PRD sacará la casta y hará los cambios que se necesitan

El PRD tiene que hacer un análisis objetivo de lo que ha quedado pendiente del propósito que se trazaron sus fundadores en 1989.

“Coincido con lo que dijo Samuel del Villar, de que se debe hacer una auditoría integral, un término muy técnico que refiere a una revisión en el procedimiento, en los objetivos, la organización. No sólo se refiere a los dineros”.

En Guerrero se debe fortalecer al partido y cambiar la visión que sigue siendo la de un partido de oposición, cuando ya ejerce funciones de gobierno en los principales municipios.

Los videoescándalos que han sacudido las conciencias deben tomarse “como un parteaguas para los cambios estructurales que requiere el PRD. El PRD sacará la casta y estoy convencido de que se privilegiará el interés colectivo, no de grupos ni de corrientes. No puede ser que en la izquierda se tengan actitudes conservadoras ni gatopartidistas”.

Sería magnífico que la Fiscalía retomara el caso Aguas Blancas: Del Villar

Aurelio Peláez “Sería magnífico” que la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) retomara el caso de la matanza de Aguas Blancas, sostuvo Samuel del Villar, quien a finales de 1995 y en los primeros meses de 1996, fuera asesor de las viudas de los 17 campesinos asesinados en el vado.

Del Villar era entonces asesor jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, y estuvo al pendiente del trabajo de la Fiscalía para el caso, creada por el Congreso local –controlado por el gobierno estatal–, y dirigida por Alejandro Varela Vidales.

Al final de su investigación, entregada a mediados de febrero de 1996, Varela exoneró como responsables de la matanza al gobernador Rubén Figueroa Alcocer, a su ex secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán; a su ex procurador Antonio Alcocer; a su ex subsecretario de Gobierno, Rosendo Armijo de los Santos, y a su ex director de la Policía Judicial, Gustavo Oleo Godoy.

Asimismo, remitió a la cárcel a 18 policías y cuatro funcionarios estatales.

La decisión de excluir de las penas a los funcionarios de primer nivel, fue protestada por del Villar, quien reclamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el gobierno federal atrajera el caso, pero ésta remitió la demanda a la PGR. “La Suprema Corte actuó entonces como una Comisión de Derechos Humanos”, recordó Villar, entrevistado ayer en este puerto, donde ofreció una conferencia a militantes perredistas, en ocasión de los 15 años de fundado del partido.

“Sería magnífico que la Femospp revisara las actuaciones que se hicieron en ese entonces en torno a la investigación de la matanza”, refirió del Villar.

Entre las exigencias principales de las viudas y los familiares de los muertos en Aguas Blancas, por una emboscada de la Policía Estatal, está la reapertura del caso y el enjuiciamiento de Rubén Figueroa y sus ex funcionarios.

Figueroa dejaría el gobierno en marzo de 1996, pero no como resultado de la investigación de la Fiscalía de Varela, sino por la difusión del video íntegro, en el noticiero Detrás de la Noticia, de Ricardo Rocha, en Televisa, y la indignación que esto provocó en el país. Así, ante las presiones del mismo gobierno federal, fue obligado a pedir licencia al cargo, pero no fue enjuiciado por la matanza.

Consultado sobre el trabajo de la Femospp, y su titular Ignacio Carrillo, Samuel del Villar dijo: “Lo veo bien, están haciendo su trabajo”.

Tras el complot y los videoescándalos vive el PRD una crisis de subsistencia: Del Villar

Pide no olvidar a los perredistas asesinados en Guerrero

 

 Hay un complot contra López Obrador, pero la crisis se exacerbó por las evidencias de corrupción adentro, advierte. La historia de ese partido no se entiende sin el perredismo guerrerense, dice

 Aurelio Peláez

Militantes del PRD guardaron un minuto de silencio ayer, en recuerdo de los más de 300 militantes de este partido asesinados en Guerrero, desde la fundación, hace 15 años. El homenaje luctuoso fue propuesto por el ex asesor jurídico del CEN del PRD, Samuel del Villar, y quien a invitación del Frente por el Rescate de la Institucionalidad del PRD ofreció ayer una conferencia en Acapulco.

En la conferencia ante unos 200 perredistas, un Del Villar como siempre crítico dijo que prevalece en su partido “una clase política ostensiblemente contraria a la revolución democrática”, y cuestionó en este sentido la conducción de Leonel Godoy.

Destacó que efectivamente hay un complot contra el gobierno y la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, pero que la situación del PRD –a la que calificó de “crisis de subsistencia”– también se exacerbó por los casos de corrpución de destacados militantes perredistas.

Señaló que la historia del PRD no se podría entender sin el perredismo de Guerrero, pues su militancia sufrió la represión y de esta entidad son la mitad de los muertos del PRD en el país por motivos políticos, “en la lucha por la democracia”.

La ponencia de Samuel del Villar, El PRD a 15 años, ante la corrupción y la conspiración, fue crítica a la situación por la que actualmente atraviesa su partido. Del Villar se refirió a la corrupción interna en el PRD, derivada de la difusión de videos en televisión por el empresario Carlos Ahumada, tras los que se encuentra “una conspiración acreditada” del gobierno del presidente Vicente Fox y del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, “para pretender destruir al gobierno democrático de la ciudad de México y la personalidad política de Andrés Manuel López Obrador”.

En su recuento, Del Villar, uno de los fundadores del PRD y político cercano a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, de quien fue su procurador de Justicia cuando éste fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, contó que “hace quince años se constituyó el PRD. En los orígenes nos encontrábamos regularmente para defender la vida, la libertad, la dignidad de nuestros compañeros que se entregaban con todo su ser para que el partido fuese el ariete que abriría el camino de la democracia… Ahora lo hacemos para reflexionar en torno a la crisis institucional en el partido y en el país que corrompen la democracia y su legalidad”, y para evaluar “el papel que debe asumir y cumplir la revolución democrática en la instauración de la institucionalidad democrática que abra las puertas para salir de la crisis”.

En el presídium estuvieron Eloy Cisneros Guillén, Abel Salgado Valdez y Benjamín Sandoval Melo, integrantes del Frente por el Rescate de la Institucionalidad; el diputado federal Juan García Costilla, y la diputada local Adela Román Ocampo.

Del Villar criticó la salida a la crisis interna que –dijo– ha propuesto el actual presidente del CEN del PRD, Leonel Godoy: “(la dirección) planteó de plano la clausura del partido al confundir su refundación con su liquidación, cuando precisó que incluye el cambio de siglas y de colores y ‘ponerlo a disposición’, no democrática del pueblo o de las bases, sino cupular y autoritaria de una clase política ostensiblemente contraria a la revolución democrática”.

La crisis, exacerbada por casos de corrupción

El ex asesor jurídico del PRD sostuvo que “la crisis estructural (de este partido) se ha exacerbado a raíz de la corrupción de dentro y de fuera del partido nucleada por Carlos Ahumada. Convertida en corporación contra el jefe de Gobierno del DF, ahora ha llevado al gobierno de Vicente Fox al extremo del precedente histórico de expulsar del país al embajador y otros diplomáticos de Cuba, retirando en el proceso a la embajadora de México con el objetivo evidente de inhibir que se exhiba la profundidad y magnitud de la criminal conspiración”.

Los antecedentes de esta conspiración –explicó– son las seis reuniones de Salinas con Ahumada; la conspiración acreditada de una reunión de funcionarios de la PGR, el Cisen, con Carlos Ahumada, el senador panista Diego Fernández de Cevallos y los abogados de Salinas. Esto como antecedente próximo a la difusión de los videos que exhiben al secretario de Finanzas del DF, Gustavo Ponce, apostando en un casino de Las Vegas.

Así, “las nuevas realidades de la corrupción y la destrucción institucional han colocado al PRD en una crisis de subsistencia, como lo confirma el planteamiento de liquidación del señor Godoy (hecho a la revista Cambio en su edición del 1 de mayo)”.

El PRD, dijo, “debe redefinir y reorganizar de raíz su función política al servicio de la nación y del pueblo de México, si es que ha de sobrevivir en el contexto político nacional”.

Destacó que: “a escasos tres lustros de su fundación, nos encontramos que la filiación a la dictadura de la corrupción infestó también al PRD. En la forma más trágica el pueblo de México vio por televisión lo que sus afiliados experimentaron en el proceso de elecciones previas de su dirección y que, de acuerdo con su Octavo Congreso Nacional, estuvieron plagadas de irregularidades, tipificadas como fraudes electorales”.

En cuanto al gobierno del DF, sostuvo que “la personalidad política” de López Obrador y la moral pública en la investigación de la corrupción en su gobierno, así como “la firmeza política para denunciar y documentar públicamente la conspiración”, abortaron el intento de afectarlo.

Insistió que Carlos Salinas, “sus mentores y títeres son los más interesados en la liquidación del PRD. Que fue el baluarte contra la ilegitimidad y corrupción de su gobierno”.

Sostuvo que el escándalo político por la corrupción de dirigentes y funcionarios partidistas, “dejaron al partido sin brújula, sin saber ni poder encontrar su orientación en la representación del pueblo y de la Nación. La sombra de Salinas no está sólo en los videoescándalos. Su gabinete y sus personeros legaron a la representación misma de un PRD desbrujulado”.

Del Villar criticó el papel de las corrientes en el PRD, pues señaló que “el sectarismo y la corrupción son antipatriotas y traidores. Los candidatos populares son para ellos como una especie de mamá alacrán. Los alimenta con votos que se transforman en dineros públicos, puestos y canonjías”.

Propuso “cuatro derroteros indispensables” para que el PRD, “y no un cascarón con nuevo maquillaje, comience a recupera el rumbo”, entre ellos: practicar una auditoría integral actualizada para establecer responsabilidades, definir y redifinir su marco institucional que permita la reorganización del partido, a partir del principio de “cero tolerancia”.

También, “exhibir y neutralizar, con la seriedad, el rigor y la contundencia del caso la conspiración de Salinas y sus títeres, así como la ruptura del orden institucional por la participación del gobierno federal y exigir la investigación y responsabilidad necesaria para el retorno a la institucionalidad.

A su vez, preparar una elección ejemplar de la renovación de la dirección nacional –“porque Leonel Godoy sólo es un presidente de transición”– corrigiendo vicios; plantar un marco institucional, político y económico que permita la integración de un Estado democrático y social de Derecho.

Sería magnífico que la Fiscalía retomara el caso Aguas Blancas: Del Villar

 Aurelio Peláez “Sería magnífico” que la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) retomara el caso de la matanza de Aguas Blancas, sostuvo Samuel del Villar, quien a finales de 1995 y en los primeros meses de 1996, fuera asesor de las viudas de los 17 campesinos asesinados en el vado.

Del Villar era entonces asesor jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, y estuvo al pendiente del trabajo de la Fiscalía para el caso, creada por el Congreso local –controlado por el gobierno estatal–, y dirigida por Alejandro Varela Vidales.

Al final de su investigación, entregada a mediados de febrero de 1996, Varela exoneró como responsables de la matanza al gobernador Rubén Figueroa Alcocer, a su ex secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán; a su ex procurador Antonio Alcocer; a su ex subsecretario de Gobierno, Rosendo Armijo de los Santos, y a su ex director de la Policía Judicial, Gustavo Oleo Godoy.

Asimismo, remitió a la cárcel a 18 policías y cuatro funcionarios estatales.

La decisión de excluir de las penas a los funcionarios de primer nivel, fue protestada por del Villar, quien reclamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el gobierno federal atrajera el caso, pero ésta remitió la demanda a la PGR. “La Suprema Corte actuó entonces como una Comisión de Derechos Humanos”, recordó Villar, entrevistado ayer en este puerto, donde ofreció una conferencia a militantes perredistas, en ocasión de los 15 años de fundado del partido.

“Sería magnífico que la Femospp revisara las actuaciones que se hicieron en ese entonces en torno a la investigación de la matanza”, refirió del Villar.

Entre las exigencias principales de las viudas y los familiares de los muertos en Aguas Blancas, por una emboscada de la Policía Estatal, está la reapertura del caso y el enjuiciamiento de Rubén Figueroa y sus ex funcionarios.

Figueroa dejaría el gobierno en marzo de 1996, pero no como resultado de la investigación de la Fiscalía de Varela, sino por la difusión del video íntegro, en el noticiero Detrás de la Noticia, de Ricardo Rocha, en Televisa, y la indignación que esto provocó en el país. Así, ante las presiones del mismo gobierno federal, fue obligado a pedir licencia al cargo, pero no fue enjuiciado por la matanza.

Consultado sobre el trabajo de la Femospp, y su titular Ignacio Carrillo, Samuel del Villar dijo: “Lo veo bien, están haciendo su trabajo”.