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En buenas condiciones, un 45% de los chalecos que tiene la SSP para policías

Un 45 por ciento de los 2 mil 831 chalecos que tiene la Secretaría de Seguridad Pública está en buenas condiciones, informó el director de Control Patrimonial del Ayuntamiento, Alirio José Rojas.
Ayer sesionaron las comisiones unidas de Hacienda y Gobernación y Seguridad Pública para atender la comparecencia del secretario de Seguridad Pública municipal, Max Lorenzo Sedano Romano, y del director de Control Patrimonial del Ayuntamiento, para seguir con el proceso de dar de baja 435 chalecos y 137 placas.
Desde la semana pasada, las comisiones unidas de Hacienda y Gobernación y Seguridad Pública están en sesión permanente para decidir sobre la baja de chalecos y placas.
En su turno, Alirio José Rojas indicó que en la revisión a los 572 bienes que se propone dar de baja del patrimonio del municipio, se encontró que hay 167 chalecos sin código y no 156, como se había reportado al inicio de la revisión; 23 están duplicados y cinco ya están en trámite administrativo para darse de baja desde 2008.
Lo que significa que quedan 377 bienes, entre chalecos y placas antibalas para ser dados de baja.
Explicó que en el caso de los 167 chalecos sin código y sin factura de compra, la Secretaría de Seguridad Pública debe hacer la solicitud a la Contraloría municipal, acompañada de una justificación,¡ que explique las condiciones por las que se dan de baja los bienes y la Contraloría deberá emitir un dictamen sobre la petición.
El síndico Ilich Lozano indicó que el Cabildo no puede avalar la destrucción de los 167 chalecos que no tienen código porque sería un acto irregular.
El director de Control Patrimonial del municipio informó a los regidores que la Auditoría General del Estado (AGE) está enterada que de los 2 mil 831 chalecos que tiene el municipio, mil 92 requieren baja y sólo están en buenas condiciones mil 273 chalecos que corresponden al 45 por ciento.
Después de escuchar los argumentos del director de Control Patrimonial, el síndico Ilich Lozano dio instrucciones para que se modifique el dictamen propuesto con las consideraciones expuestas, y que se incluya un apartado para informar a la Dirección de Sistemas que los bienes serán dados de baja.
Lozano Herrera adelantó que seguirá la revisión de los bienes de la Secretaría de Seguridad Pública para dar de baja los vehículos y ver la forma de venderlo como fierro viejo.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública indicó que son unos 700 automóviles de entre 10 y 15 años que no están en servicio y hay “muchos desaparecidos”, pero siguen en el registro del municipio.

Descentralizar el Control Patrimonial

Por su parte, Alirio José Rojas solicitó a los regidores de las comisiones de Hacienda y Gobernación y Seguridad Pública descentralizar la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Dirección de Control Patrimonial del municipio.
Explicó que una de las razones es por seguridad, por el tipo de bienes que se manejan y porque cada vez que se hace revisión se debe solicitar ayuda a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Otra de las razones, agregó, es porque la Secretaría de Seguridad Pública concentra la mayor cantidad de bienes muebles del municipio, el 37 por ciento del total y el 53 por ciento del parque vehicular.
En la sesión de ayer estuvieron también la síndica Teófila Plateros Avilés; los regidores del PRI, Emma Reyes Hernández y Karina Ríos Radilla; del PRD, Porfirio Daza Rodríguez, Julián Enrique Granados Morga y María de Jesús Antonio Reynoso; del PT, Alma Juárez Altamirano, y de Movimiento Ciudadano, María Antonieta Guzmán Visairo.

Se compromete el ex comisario de Mohoneras acusado de fraude a pagar el recibo de la CFE

 

El ex comisario de Mohoneras, municipio de Chilpancingo, Mario Castillo Barrientos se comprometió este lunes ante una comisión que encabezó el comisario interino, Francisco Cuevas Ramírez, a pagar el recibo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el servicio de energía eléctrica para el bombeo del agua potable.
Vía telefónica, el comisario interino informó, asimismo, que esta semana comenzarán las gestiones ante el gobierno del estado y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para que se integre una comisión que abra la base que dejó abandonada la policía comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), donde suponen que torturaba a sus detenidos.
Cuevas Ramírez informó que, independientemente del dinero que se comprometió a pagar el ex comisario a la CFE, debe rendir un informe ante los ciudadanos del pueblo, para que aclare el destino que dio a los apoyos gubernamentales que recibió para el pueblo y que, sin embargo, solamente entregó a ciudadanos que apoyaban al FUSDEG.
Agregó que también los comités pro-festejos de los barrios y colonias tienen que rendir informes y entregar a las nuevas autoridades locales los recursos que obtuvieron de las cooperaciones del pueblo.
El comisario interino informó que, una comisión de ciudadanos acudió nuevamente este lunes a la casa del ex comisario Mario Castillo para pedirle el dinero que tiene para el pago a la CFE, pero explicó que se encontraba acompañado de otras personas de su grupo, quienes trataron de presionarlo y cuestionaron su legitimidad, acusándolo de que no lo eligió el pueblo.
Sin embargo, dijo que fue electo en asamblea el domingo 13 de noviembre, cuando asistieron, como representantes del gobierno municipal, Humberto Calvo Memije y el secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinoza Montoya.
Pero agregó que no acudió a esa reunión el ex comisario ni nadie de su grupo, quienes ahora no quieren reconocerlo como comisario interino.
Explicó que con ese argumento, en la reunión de ayer se negaban a entregarle el dinero que deben pagar a la CFE. Posteriormente pretendieron entregarle 5 mil pesos de los 14 mil 500 que tienen que pagar a la paraestatal.
Dijo que después argumentó que no tenía el recibo y que desconocía qué cantidad tiene que pagar, y que al final, Castillo Barrientos y su grupo se comprometieron a pagar el recibo de noviembre, cuando el fontanero les presente el recibo.
Cuevas Ramírez, añadió que, sin embargo, este acuerdo no resuelve el problema de fondo, puesto que el anterior comisario y su comité tienen que rendir un informe al pueblo de todos los apoyos que recibieron para beneficio del pueblo.
Agregó que también tienen que rendir sus informes financieros y de actividades los comités pro-festejos de los barrios y colonias porque también recibieron recursos de las cooperaciones del pueblo.

 

Solicita el comisario de Petaquillas asesoría de la UPOEG para “resolver el conflicto” con el FUSDEG

 

El comisario de la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, Mario Flores Castrejón informó que tras el agravamiento del conflicto en el pueblo tras la ejecución del comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Julio Alarcón Astudillo, solicitó el apoyo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para “tener asesoría de cómo resolver el conflicto y tener mayor seguridad en el pueblo”.
Señaló que el dialogo con la UPOEG fue un “primer acercamiento”, para tener su asesoría y solventar el conflicto con la Policía Comunitaria agudizado el 10 de septiembre, cuando ambos grupos se enfrentaron a balazos y golpes en Petaquillas, con un saldo de siete retenidos de ambos bandos.
Asimismo, rechazó que él y sus partidarios sean los responsables de la ejecución del comandante Alarcón Astudillo, y exhortó a las autoridades a investigar el crimen.
Consultado por teléfono, Flores Castrejón abundó que sus cuatro compañeros señalados por el FUSDEG como los responsables del asesinato, son “completamente” inocentes, pese a seguir retenidos en la comisaría del pueblo.
Agregó que los cuatro afines a la comisaría fueron retenidos en hechos distintos, horas más tarde de la ejecución de Alarcón Astudillo en el mercado de San Francisco, quienes presentan huellas de golpes severos en el cuerpo.
Añadió que el responsable del crimen pudo ser un grupo de “mañosos” que operan en Chilpancingo, más no sus colaboradores, que laboran diariamente en la comisaría.
Expuso que, por razones de seguridad, no acudió a atender la Comisaría, que permanece sitiada por policías comunitarios del FUSDEG, quienes exigen justicia ante la ejecución de su comandante.
Mencionó que tras el asesinato del domingo, con el consenso del pueblo solicitaron el apoyo “moral y la asesoría” de la UPOEG, que se mostró receptiva y tuvieron un primer acercamiento, sin especificar con qué integrante, “para destrabar el conflicto y buscar una solución en ambas partes”.
No obstante, el comisario aclaró que este acercamiento fue solamente un diálogo telefónico, y no hay fecha concreta para reunirse en Petaquillas.
También exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno actuar para liberar a los retenidos, ya que incluso solicitó la intervención del secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinoza Montoya, para evitar un agravio, porque pensaba detenerlo el FUSDEG.

 

Se generarán garantías para que se reabra el restaurante Los Buzos, dice Evodio

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre dijo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le planteó que el próximo secretario de Seguridad Pública de Acapulco debe ser avalado por los tres órdenes de gobierno.
Afirmó que su gobierno analiza propuestas y aceptará recomendaciones que generen confianza y coordinación entre todos los órganos de gobierno.
En conferencia de prensa en la Presidencia, sobre el cierre de los cuatro restaurantes Los Buzos por los hechos de violencia e inseguridad, Evodio Velázquez declaró que al municipio le preocupa la situación y ya hizo contacto con los dueños para analizar el caso y generar garantías de seguridad para que puedan reabrir.
Reiteró que las muertes dolosas que han ocurrido son por la disputa territorial, y que su gobierno coordina esfuerzos y coopera en la estrategia de seguridad pública que encabeza el gobierno de la República.
Sostuvo que si hay una buena estrategia de “contención” con todos las fuerzas de seguridad habrá resultados.
El alcalde explicó que se reunió con el secretario de Gobernación y el gobernador Héctor Astudillo al término de la mesa de trabajo del gabinete de Seguridad Pública, este lunes, y hablaron de la inseguridad en Acapulco, así como de lo que ha hecho el municipio en la prevención del delito, y se determinó coordinación en el combate al crimen organizado.
Explicó que platicó con Osorio Chong respecto al nombramiento del secretario de Seguridad Pública municipal, y “fue respetuoso de la responsabilidad, que es compartida y que cada gobierno tiene”.
Agregó que “lo que sí planteó es que está en la condición de que todos avalemos al próximo secretario de Seguridad Pública, que no sea un tema sólo del gobierno municipal en su competencia, sino que todos busquemos en la confianza que debemos tener sea alguien que se ponga consideración y se genere la ruta de coordinación”.
Detalló que el Ayuntamiento analiza propuestas y aceptará recomendaciones, “entonces estaremos analizando en una mesa qué es lo que más conviene, más allá que es una propuesta del gobierno municipal o el grupo de Coordinación Guerrero más bien que sea la recomendación necesaria que genere garantías para todos”.
Por otra parte, el alcalde aseguró que el delito del orden común en el municipio ha venido a la baja, y el problema es “la presencia territorial del crimen organizado que se disputa en la ciudad un territorio,