Jacob Morales Antonio

El integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Antonio Vital Galicia alertó a médicos y enfermeras de los sistemas de salud en el estado, que la universalidad va encaminada a la privatización de los servicios y pone en riesgo la soberanía sanitaria.
Ayer por la tarde, el académico e investigador se reunió con 100 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Secretaría de Salud, en el auditorio de la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Ahí, explicó en qué consiste la universalidad de los servicios de salud y la pretensión del gobierno de modificar el artículo cuarto constitucional, que garantiza el acceso a la salud de los habitantes del país.
El también integrante de la Alianza de los Trabajadores de la Salud y empleados Públicos, sostuvo que la universalización promueve la privatización de los servicios que deben dar las instituciones públicas del Estado, en las que se tiene que invertir, y no “subrogar” los servicios de salud como se está haciendo.
“Es totalmente falso que esté dirigida a la atención de todos los mexicanos (la universalización)”, dijo, y criticó el recorte del presupuesto al sector salud, que hizo la Secretaría de Hacienda, de 8 mil 500 millones de pesos, “que equivale al 300 por ciento del gasto en salud en Guerrero. Es una contradicción que digan que se va a tener acceso al servicio de salud, cuando se recorta el presupuesto”.
Criticó que el secretario de Salud federal dijo que no se privatizará el servicio de salud, “sin embargo se está subrogando y concesionando el servicio público al sector privado”, como los laboratorios, ambulancias, y tratamientos a diabéticos y pacientes con insuficiencia renal, entre otras enfermedades.
Propuso que, para una verdadera universalización de la salud de los mexicanos, se cubra el rezago en el personal de salud, que requiere 50 mil plazas de médicos especialistas y enfermeras; y transparentar la creación de 22 mil 600 plazas en la Secretaría de Salud, y 10 mil en el ISSSTE, “no podemos hablar de un mejoramiento del servicio si falta personal”.
Además, es necesario que haya medicamentos, material y equipo, “la tendencia que está teniendo el gobierno (es que) al mismo tiempo de que se aumenta la cobertura en el Seguro Social, se subrogan los servicios de los laboratorios al sector privado” y se eliminan servicios como los análisis bacteriológicos y virales en el sector salud, y son canalizados a laboratorios privados que tardan hasta una semana en tener los resultados, cuando en el sector público era de tres días.
Otro impacto de la universalización es que se les cobrará más por el servicio a los derechohabientes; también destacó la precarización del empleo; ejemplifico que con el salario de un trabajador de la Secretaría de Salud en el estado, son contratados dos o hasta tres empleados en el Seguro Popular, y que no tienen prestaciones sociales.
Vital Galicia, informó que se está pidiendo a la Secretaría de Salud federal la basificación de 62 mil puestos en el país y la creación de 22 mil 600 puestos de trabajo, además de que las plazas se creen conforme lo requiera el sector.
El investigador destacó que la universalización de la salud y la transferencia de atenciones al sector privado, ponen en riesgo la soberanía sanitaria, “el hecho de que se transfieran al sector privado los servicios de salud, tiene su riesgo en que la salud de los mexicanos va a depender del mercado y de la empresa privada”.
Criticó que el gobierno no esté interesado en invertir en infraestructura en salud, para crear laboratorios nacionales donde se produzcan medicamentos y vacunas, que generaría un ahorro en la compra a empresas transnacionales, “esta universalización está dirigida a meter el derecho a la salud y a la vida al mercado”.
Dijo que el año pasado se invirtieron 55 mil millones de pesos para comprar medicamentos, “cuando el Estado mexicano podría producirlos con 10 mil millones, el resto pudo ser ocupado para crear plazas”,  y llamó a acabar con la corrupción, porque para este año hay un presupuesto de 260 mil millones, “pero no hay transparencia”, insistió.