Ante el panorama de “desinformación” creado por los medios en torno a la represión a los pobladores de San Salvador Atenco, grupos armados vaticinaron un fraude en la elección del 2 de julio, y anunciaron que consideran abandonar la tregua unilateral y el estado de alerta que anunciaron para “actuar en cualquier lugar que creamos necesario, de la forma adecuada y contra el objetivo económico, político, ideológico que sea pertinente”.
En un comunicado a los medios de comunicación de la región el Comando Revolucionario del Trabajo México Bárbaro (CRTMB), Comando Jaramillista Morelense 23 de mayo (CJM–23M) y Comando Popular Revolucionario La Patria Es Primero (CPR–LPEP), integrantes de la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR–EP), señalan que está en marcha “un gran fraude electoral, una campaña de intimidación pre electoral y una estrategia de contención y represión post electoral”.
Afirman que los medios de comunicación beneficiados por la Ley Televisa han mal informado a los ciudadanos “para que quede perfectamente claro que los únicos autorizados para usar la violencia contra el pueblo son sus aparatos de represión, policías, Ejército y el siempre neutro, justo e infalible poder judicial”.
Mencionan que esos medios informativos han insistido en que nadie tiene derecho a ejercer la autodefensa, porque quienes reprimen no atentan contra la equidad y la justicia social.
Señalan que los candidatos Felipe Calderón Hinojosa, del PAN; Roberto Madrazo del PRI y Roberto Campa del Panal, “desde las campañas de mentiras, difamación y guerra sucia, aprovechan la coyuntura para endosar a quien consideran un peligro para México, la expresión de esta clase de actos”, en referencia al candidato presidencial del PRD-PT-Convergencia, Andrés Manuel López Obrador.
Los comandos armados afirman que aquellos candidatos han justificado la represión y han condenado “al pueblo organizado y combativo, a las organizaciones populares, a las formas de lucha que instrumentan estas organizaciones”.
Recuerdan esos grupos que habían decretado “una tregua unilateral para evitar que el Estado arguyera que estos actos políticos nuestros justificaban ataques a La Otra Campaña”, que encabeza el subcomandante Marcos en todo el país.
Afirman que también decretaron un “estado de alerta” porque el “Estado recrudece la represión y ataca”, y luego preguntan: “¿Bien podríamos, nuevamente, tomar la iniciativa de acciones que mostraran que tregua y alerta no significan sumisión, ni silencio, ni complicidad, ni negligencia?”.
Ante ese panorama, señalan que consideran “la posibilidad de trascender la tregua unilateral y el estado de alerta, y actuar en cualquier lugar que creamos necesario, de la forma adecuada y contra el objetivo económico, político, ideológico que sea pertinente”.
Mencionan que con “la mentira y el engaño, a través del odio y el rencor, del terror y la represión, se pretende acallar la voz del pueblo, la organización popular, las acciones políticas populares y la autodefensa organizada del pueblo”.
Los firmantes mencionan que se planea abatir la construcción del “verdadero poder popular, poder que aplica la ley y que castiga, con su brazo ejecutor, a quienes sojuzgan y reprimen al pueblo, a sus aparatos de coerción y represión, a sus medios de engaño y desinformación”.