La familia del quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, no aceptará los resultados de una investigación “inconclusa, sesgada y que tiene como propósito continuar con la protección de los asesinos y sellar la impunidad que prevalece en el estado”, respondió al fiscal Javier Olea Peláez la viuda del diputado asesinado, Martha Obseso Cázares.
Entrevistada en la casa donde al salir el 20 de agosto del 2009 fue asesinado el diputado local perredista y aspirante a la gubernatura del estado, Armando Chavarría, Obeso Cázares dijo que el fiscal se prepara para presentar una versión “inverosímil” y que es la misma versión que presentó Zeferino Torreblanca Galindo en el ocaso de su gobierno, en el sentido de que fue la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) la que ordenó el asesinato de su esposo. Agregó que con ello se pretende proteger al responsable intelectual que, insistió, fue el ex gobernador Torreblanca.
La viuda denunció que desde que llegó Olea Peláez a la Fiscalía la ha recibido en una sola ocasión y se ha negado a proporcionarle copia del expediente, igual que los anteriores procuradores.
Asimismo, dijo que también se ha negado a recibirla el gobernador Héctor Astudillo Flores, con quien quiere reunirse ante el riesgo de que el actual fiscal pretenda cerrar el caso “con una investigación a todas luces inconclusa, sesgada y a modo”.
El lunes, en su comparecencia ante el Congreso local, el fiscal Olea Peláez aseguró que ya están identificados los asesinos del diputado Armando Chavarría y anunció que en dos semanas tendrá resultados de la investigación y que habrá detenciones.
Consultada al respecto, la viuda de Chavarría declaró que lo que dijo el fiscal “es una impostura más de las que ya nos ha acostumbrado”.
Se quejó, también, por la “irresponsabilidad” con la que se refirió al caso del asesinato el 20 de agosto de 2009 de quien era la cabeza del poder Legislativo estatal y seguro candidato del PRD al gobierno del estado con muchas probabilidades de ganar las elecciones de febrero de 2011. “La forma en que lo tocó y el anuncio que hizo es una irresponsabilidad y no puede tomarse en serio”, dijo.
Agregó que lo que dijo quien presume ser un buen abogado, es un dislate que no cometería ni un estudiante de leyes. “Decir que en dos semanas, o tres máximo, revelará quiénes son los asesinos, me parece una absoluta impostura, una bravata más, una declaración sensacionalista, quizá para distraer los reclamos fuertes que hay de la sociedad guerrerense”, denunció.
La viuda del diputado también se quejó de la opacidad con la que ha actuado el fiscal. Dijo que desde que llegó al cargo, la ha recibido en una sola ocasión a raíz de una solicitud que fundamentó en el derecho de la familia para coadyuvar en el caso basado en la Ley General de Atención a Víctimas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y Políticos y en estricto apego a los convenios internacionales en materia de derechos humanos que tiene suscritos México.
En julio de 2016 el fiscal le adelantó lo que ahora pretende hacer público, dice
La solicitud la hizo en julio del 2016, “para conocer el estado que guarda la indagatoria por el asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera” y agregó que en ese mismo mes la recibió, pero que a pesar de la seriedad de la solicitud no tuvo la atención ni el trato que merecía la entrevista.
“Fue por demás déspota y desdeñoso al adelantar lo que dijo ayer a los diputados en el sentido de que ninguno de los anteriores procuradores había realizado investigación y que el expediente contenía pura basura”.
Explicó que en esa entrevista el fiscal le adelantó la exoneración del ex gobernador Zeferino Torreblanca, quien ha sido señalado de ser el autor intelectual del homicidio, pues frente a ella sostuvo que no había elementos para investigarlo e indiciarlo y que la única procuradora que había realizado avances en la investigación era Martha Elba Garzón Bernal.
Le dijo también que en los próximos días estaría en condiciones de darle las conclusiones del caso porque había retomado una línea de investigación y que le daría a conocer el móvil o los móviles del asesinato.
La viuda dijo que se mostró extrañada y que le contestó al fiscal que no le parecía seria la manera en que los estaba atendiendo, que ella pedía avances serios y que le daba la impresión que, como siempre, le estaba dando la vuelta al tema, porque Martha Elba Garzón había avalado las mismas conclusiones con las que quiso cerrar el caso Zeferino Torreblanca y que eso le parecía un verdadero error y falta de respeto.
Por eso dijo que cree que nuevamente el fiscal va a salir con esta versión “inverosímil” de que fue el ERPI quien ejecutó a su esposo, porque fue la misma que trascendió en las postrimerías del mandato de Zeferino Torreblanca, cuando dijo que el caso estaba concluido y que únicamente faltaba detener a los responsables.
Recordó que después de muerto el dirigente del ERPI, el comandante Ramiro, el entonces gobernador Torreblanca estaba presionando al Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo para que ejercitara acción penal en contra de cuatro supuestos miembros del ERPI como responsables, “sin aludir nunca el móvil que tuvieron para matarlo”.
Obeso advirtió que si sale con esta misma versión el fiscal Olea, “va a ser una ofensa y un agravio más para la inteligencia de la sociedad guerrerense y para el propio Congreso que representaba Armando Chavarría al momento de ser asesinado”.
Recordó que esta línea de investigación fue desechada por el Juzgado Séptimo de Distrito desde el año 2010, cuando exoneró a quienes estaba implicando el ex gobernador Torreblanca.
Insistió que con esta línea quieren proteger a Torreblanca “quien es una pieza del sistema de lo más rancio y conservador. Zeferino tuvo la suerte de ser impulsado por el PRD, pero todos sabemos de dónde proviene y los intereses que representa, de otra forma no se explica ese proteccionismo”.
Insistió que en la reunión de junio del 2016 con el fiscal le pidió copias del expediente y la fecha en la que podía pasar a recogerlas. Entonces le prometió que en 20 días, “y en 15 días ya se va a cumplir un año de esa entrevista y me ha negado hasta otra entrevista, denunció.
Ante ello, dijo que solicitó una audiencia con el gobernador, por el riesgo de que el fiscal tratara de dar conclusiones y cerrar el caso, “con una investigación a todas luces inconclusa, sesgada y a modo”, para continuar la protección a los asesinos de su esposo.
Pero denunció que tampoco ha tenido respuesta de Astudillo.
Subrayó “por esa razón no se puede tomar como serio el posicionamiento que el fiscal externó ante los diputados”.
Frente a ello, advirtió, “mi fa-milia no va a aceptar los resultados de ninguna investigación inconclusa y sesgada que tiene como propósito continuar con la protección a los asesinos y de esa forma, peligrosamente, sellar la impunidad que prevalece en el estado de Guerrero y que ha ocasionado esta grave crisis humanitaria por la que estamos atravesando”.
Política de exterminio, crimen de Estado y denuncia ante tribunales internacionales
Para Martha Obeso, la información que anunció el fiscal es una medida reactiva porque se acerca el octavo aniversario de la ejecución extrajudicial de su esposo.
“Siempre, a medida que se acerca un aniversario más, suelen salir este tipo de declaraciones que únicamente ofenden no sólo a la familia de Chavarría Barrera, sino a la sociedad guerrerense, sobre todo por el cúmulo de asesinatos despiadados, selectivos y también contra la población, como una política de exterminio ante la parálisis, la omisión y la complacencia de las autoridades encargadas de procuración de justicia”, dijo.
Insistió que el asesinato de Chavarría fue un crimen de Estado porque participaron policías ministeriales, “y esa no es idea mía ni de los medios, a nosotros siempre nos han negado el acceso a la información y al expediente, fue un ex procurador, Alberto López Rosas, quien reveló que los ejecutores materiales fueron policías ministeriales”, recordó.
Y dijo que si fue un crimen de Estado, hay redes de complicidad de muy alto nivel para impedir que se conozca la verdad, que se haga justicia plena, y que vayan a la cárcel los autores intelectuales.
Añadió que por ser crimen de Estado está consciente que sus ojos no vean la justicia y no vean presos a los autores intelectuales de este magnicidio. Pero dijo que el valor cualitativo de su lucha es pensando en que las cosas no siempre serán igual y que tendrán que cambiar.
“No podemos soportar ni resistir lo que estamos viviendo en Guerrero y en México, esta grave crisis humanitaria por la que tristemente somos noticia todos los días en todo el mundo”.
Agregó que por la misma causa ha resuelto acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y seguir dando la pelea “porque yo sé que aquí no van a hacer una investigación científica que satisfaga el anhelo de justicia de mi familia y del pueblo de Guerrero”.
Explicó que ha resuelto ir a los tribunales internacionales por la ausencia de justicia y por los niveles de impunidad que se viven en Guerrero y en México, “si algún estado del país es fallido es el de Guerrero”.
A través del presidente de la Red Década contra la Impunidad, Raúl Vera, Obeso Cázares presentó la solicitud a la CIDH en septiembre del 2015 y en diciembre de ese mismo año acudió personalmente para solicitar su admisión. Dijo que en breve acudirá nuevamente para insistir en que se admita el caso debido a que en México no ha encontrado justicia.
Desde la noche del lunes, cuando conoció lo que dijo el fiscal en el Congreso, Obeso Cázares emitió su opinión en su cuenta de Facebook: “No tengo ninguna razón para creer en la palabra del fiscal. Durante su gestión, igual que sus antecesores, también nos ha negado el acceso al expediente del caso, violando nuestro derecho constitucional. Una sola ocasión me ha recibido en audiencia, por cierto, se cumplirá un año este próximo mes de julio”.
También advirtió: “mi familia y yo, sólo aceptaremos los resultados de una investigación altamente profesional, cuyo expediente responda a los estándares del derecho internacional. Concluyó: “el 20 de agosto se cumplirán ocho años de la ejecución extrajudicial del diputado Armando Chavarría Barrera. Mi familia y la sociedad guerrerense seguimos esperando justicia. No mas mentiras ni cortinas de humo, no más protección a sus asesinos. No más impunidad”.